Blog de Asesoría Duart Ferrís. Asesoría de empresas en Benifaió (Valencia)

Las sanciones por ocultar bienes en el exterior superan nueve veces el valor

Fuente: ELECONOMISTA.ES

Las sanciones por no declarar o hacerlo extemporáneamente bienes en el extranjero llegan a suponer hasta nueve veces el valor de los bienes situados en el extranjero, aunque estos sean antiguos, porque según la actual legislación española estos no prescriben nunca.

Así le ha ocurrido a una mujer que tenía dos cuentas en Andorra. Una con su marido, la mitad de 400.000 euros. Y otra con su familia, ocho titulares, de la cual le corresponde un 12,5 por ciento. La cuenta no estaba declarada, pero tenía muchos años desde su constitución y sin movimientos. En total, el capital que le correspondía por ambas cuentas, su dinero en el extranjero ascendía a 440.000 euros.

La liquidación planteada por la Inspección de la Agencia Tributaria supone unas ganancias de patrimonio no justificadas en el ejercicio de 2012 de 286.115 euros; más una sanción del 150 por ciento, que suma 354.282; a la que se añade una sanción formal: de 3,2 millones de euros. El total a pagar, por lo tanto, es de 3,9 millones de euros.

No obstante, la Inspección eliminó del cómputo los valores que fueron reinvertidos, que eran 96, porque de lo contrario la sanción formal hubiera sido 960.000 euros más.

Falta muy grave

Hacienda considera que en el ejercicio de 2012, la obligada tributaria dejó de ingresar 229.831 euros y obtuvo una devolución de 5.789,39 como consecuencia de la no declaración, tanto de la ganancia patrimonial no justificada procedente de los bienes situados en el extranjero, adquiridos mediante rentas no declaradas de sus cuentas. Tampoco declaró rendimientos de capital mobiliario provenientes de un inmueble. En 2013, la situación para la Inspección siguió siendo igual.

La infracción dispuesta en la Disposición Adicional Primera de la Ley 7/2012 tiene la consideración de falta muy grave y se sanciona con multa del 150 por ciento del importe de la base de la sanción.

En este caso, la base imponible de la sanción es de 229.336,2 euros, que es la cuota íntegra resultante de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF y de modificación parcial del Impuesto sobre Sociedades, sobre el Impuesto sobre la Renta de No Residentes y sobre el Patrimonio.

La sanción formal, mientras tanto, responde, en el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre las cuentas en las entidades de crédito situadas en el extranjero, se aplica una sanción pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma cuenta que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros.

La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma cuenta, con un mínimo de 1.500 euros, cuando la declaración haya sido presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria. Del mismo modo, se sancionará la presentación de la declaración por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios.

Aunque llama más la atención la sanción del 150 por ciento impuesta por Hacienda, resulta más elevada la formal en los casos en que no se haya declarado el Modelo 720.

Negocios fallidos

Así, se añade el caso de un hombre con negocios en Brasil –todos fallidos- y en Ecuador, y con una esposa que recibió una herencia pecuniaria en Suiza, que invirtió en cancelar una hipoteca sobre su vivienda habitual de 200.000 euros. La inspección requirió al contribuyente acerca de sus inversiones e inmuebles, cuando prácticamente todo se hallaba subastado y perdido.

Al final, le imputan ganancia patrimonial no justificada por bienes en el extranjero por una oficina de Quito que tenía una hipoteca que pagaba una empresa española –lo que, para los asesores fiscales consultados, suponía renta declarada.

Finalmente, la Inspección le exigió pagar 50.000 euros por el IRPF por dicha ganancia no justificada, y se le han abierto dos expedientes sancionadores: uno, del 150 por ciento -casi 60.000 euros- y otro, por infracción formal, de 77.500 euros. Así se comprueba que, la infracción formal supera a la del 150 por ciento.

No obstante es posible regularizar la deuda tributaria no declarada en la declaración de bienes en el extranjero, eludiendo la sanción, si el contribuyente realiza una autoliquidación extemporánea voluntaria, según lo reconoce la Dirección General de Tributos en una consulta, de 9 de junio de 2017

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Nace una segunda tarifa plana sólo para mujeres autónomas

Fuente: CINCODIAS.ELPAIS.COM

Los autónomos pueden acogerse a la tarifa plana de 50 euros durante doce meses. Con ella ven reducidos sus pagos en concepto de cuotas a la Seguridad Social, quedando reducida a la mencionada cantidad, en lugar de los 270 euros (aproximadamente) que debería abonar. Sin embargo, ahora se ha aprobado un segundo supuesto que beneficia en solitario a las trabajadoras autónomas.

En concreto, las mujeres incluidas en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por cuenta propia o como trabajadoras por cuenta propia en el grupo primero de cotización del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar que, habiendo cesado su actividad por maternidad vuelvan a realizar su actividad en los dos años siguientes a la fecha del cese, tendrán derecho a una nueva bonificación.

Esta ayuda se notará en su cuota por contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal, que quedará fijada en la cuantía de 50 euros mensuales durante los 12 meses inmediatamente siguientes a la fecha de su reincorporación al trabajo. Para ello, deberán optar por cotizar por la base mínima establecida con carácter general en el régimen especial que corresponda por razón de la actividad por cuenta propia.

De este modo, las trabajadoras por cuenta propia o autónomas que, cumpliendo con los requisitos anteriores, optasen por una base de cotización superior a la mínima indicada en el párrafo anterior, podrán aplicarse durante el período antes indicado una bonificación del 80% sobre la cuota por contingencias comunes.

Es una diferencia importante con respecto a la tarifa plana habitual. Mientras que para acceder a esta es necesario esperar dos años desde el último cese de actividad; en la nueva modalidad de tarifa plana, las mujeres que cumplan los requisitos podrán darse de alta y pagar sólo 50 euros al mes, aunque no hayan pasado esos dos años.

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CIRCULAR REGISTRO DE JORNADA

Adjunto importante circular sobre las últimas novedades sobre el registro jornada.

circular importante registro jornada

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Hacienda aprobará en breve el nuevo Suministro Inmediato de Información del IVA

Fuente: EXPANSION.COM

El director general de la Agencia Tributaria (AEAT), Santiago Menéndez, ha avanzado este jueves que esta semana o la que viene se publicará en el BOE la orden ministerial sobre el nuevo Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA, que entrará en vigor el próximo 1 de julio y en cuyo programa piloto se han gestionado ya más de 20 millones de registros de facturas en cinco meses.

Durante su intervención en la VII Jornada sobre ‘La inspección tributaria de las grandes empresas’, organizada por Deloitte Legal, Menéndez ha adelantado que en los próximos días se publicará la orden ministerial con las especificaciones técnicas del SII del IVA, que afectará a entre 60.000 y 62.000 contribuyentes que representan el 80% de la facturación del IVA.

Menéndez ha detallado que desde la puesta en marcha el pasado 1 de enero del programa piloto del SII del IVA, a la que estaban apuntadas 30 empresas, se han cruzado ya facturas recibidas y emitidas de 2.000 empresas y se han gestionado más de 20 millones de facturas (15,57 millones registros de facturas emitidas y el resto de recibidas).

Asimismo, Menéndez ha indicado que aunque el nuevo IVA en tiempo real está previsto que afecte a entre 60.000 y 62.000 contribuyentes, hay “otros grupos” que ya han mostrado su interés por el mismo a pesar de no estar obligados, gracias a las “muchísimas ventajas” que presenta, especialmente para las nuevas empresas.

“Les aporta más que les resta”, ha enfatizado Menéndez, quien ha asegurado que el proyecto “cambia la forma de relacionarse” entre la empresa y la administración tributaria y evita “errores involuntarios”. En este sentido, ha explicado que la AEAT ya tiene capacidad de información suficiente para testar la “forma de relacionarse” entre las grandes corporaciones y la Administración, y ha subrayado que el proyecto de SII “está yendo de manera correcta” y está “perfectamente lanzado”.

Entre las ventajas que presenta el SII ha recalcado el ahorro en términos de gasto público y de mantenimiento de aplicaciones y programas informáticos, así como el ahorro de costes que también va a suponer a las propias empresas.

“La Administración está perfectamente preparada, a ver si resulta que la Administración ha sido capaz de adaptarse a las nuevas tecnologías y las empresas no van a ser capaces de adaptarse, que son pioneras y muy internacionalizadas, a ver si no van a ser capaces de adaptarse al SSII modificando sus procedimientos internos credenciales y adaptándose con nuevas inversiones”, ha agregado.

Igualmente, Menéndez ha augurado que el proyecto va a generar actividad económica porque el proceso de “transparencia interna” de las empresas les va a poder permitir adoptar decisiones con “muchísima más prontitud”.

En cualquier caso, ha insistido que la Administración está “en la posición de ayudar” tras haberse “volcado” en la difusión del proyecto y haber contestado a 3.476 preguntas sobre cuestiones técnicas de las 4.095 recibidas. “Estamos flexibilizando la postura hasta donde podemos, estamos en la idea de dar asistencia y ayuda, no estamos en la idea de sancionar masivamente”, ha aseverado Menéndez, quien ha mostrado el “pleno convencimiento” de que se trata de un proyecto “bueno” para ambas partes.

Cooperación con grandes empresas

De igual forma, Menéndez ha explicado que en el grupo de trabajo entre grandes empresas y la administración tributaria se alcanzó hace más de un año un acuerdo que recoge compromisos por parte de las empresas acogidas al código de buenas prácticas tributarias.

Así, en el caso de que se produzca un conflicto en un procedimiento en el área de control entre empresas y Hacienda, si las empresas consideran que el comportamiento de la Administración no está siendo adecuado porque no aplica criterios jurisprudenciales y está teniendo una actitud con el contribuyente durante la inspección que excede de los “extremos de cortesía o explicación de por qué se pretende hacer liquidación en un sentido o en otro”, la empresa puede presentar una queja respecto a la situación en esa actuación concreta de control.

En el mismo sentido, la Administración tiene la garantía de que cuando considere que el contribuyente no tiene un comportamiento colaborativo, porque, por ejemplo, no aporte documentación o no sea transparente, la Administración puede enviar una comunicación al Consejo de Administración de la empresa para transmitir que se realiza un procedimiento de control y detecta que los representantes de la empresa tienen un comportamiento que choca con el código de buenas prácticas tributarias.

Más de 9.600 actas con acuerdo desde 2012

Menéndez ha resaltado que uno de los objetivos de la relación cooperativa entre los contribuyentes y la administración tributaria es añadir buenas prácticas en aras de disminuir la litigiosidad. A este respecto, ha vuelto a incidir en la relevancia de la deuda pendiente de cobro en comparación a los ajustes de 2.000 o 3.000 millones que ha realizado España para reducir su déficit.

Salvo en 1999, cuando disminuyó en 300 millones, la deuda pendiente de cobro se incrementó todos los ejercicios posteriores, si bien ha ido disminuyendo paulatinamente en los últimos años desde sus cifras récord registradas en 2013, cuando alcanzó los 50.174 millones (+13%) y en 2014, con el pico más alto de 50.226 millones (+0,1%), frente a las disminuciones de 2015, con 49.272 millones (-1,9%) y 2016, con 45.84 millones (-7%).

El director general de la AEAT ha valorado la figura en el procedimiento inspector de las actas con acuerdo a la hora de liquidar con la Administración, que supone un cauce de relación entre las partes “transparente, ágil y eficaz” para evitar litigios y para conseguir “seguridad jurídica” con procedimientos reglados. “Con esas premisas hay mucho camino por hacer y queremos avanzar en ello”, ha apuntado, tras indicar que desde 2012 se han firmado 9.688 actas con acuerdo.

Deloitte ve un escenario de “casi conflicto”

Por otra parte, el socio de Deloitte Legal, Brian Leonard, ha señalado que actualmente hay una situación de “casi conflicto” entre las grandes empresas y la administración tributaria, y ha afeado que el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, cuestionase recientemente que las pymes tributen al 18% y las grandes corporaciones solo al 7%.

Leonard ha recordado también que el presidente de la CEOE, Juan Rosell, indicó recientemente que la seguridad jurídica en España quedaba en “entre dicho” ante la “permanente” adopción de medidas de urgencia en materia tributaria. Por ello, Leonard ha abogado por buscar instrumentos de colaboración en un entorno “menos beligerante”. “A lo mejor estamos condenados a no entendernos nunca”, ha manifestado.

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Las pymes piden cambios en su tarifa eléctrica para ahorrar 440 millones

Fuente: ELECONOMISTA.ES

Las pequeñas y medianas empresas han planteado al Ministerio de Energía una reforma de las tarifas de acceso por nivel de tensión de modo que les permita lograr un ahorro de cerca de 440 millones al cambiar el tipo de peaje al que tienen que estar asignados.

La factura que un consumidor paga por su suministro de electricidad refleja tres componentes de costes: la energía, el acceso a redes y la gestión del comercializador.

Según explica Energía y sociedad, independientemente de la forma de adquisición de la energía, los costes de las redes (junto con otros costes regulados) son repercutidos a todos los consumidores a través de las tarifas de acceso.

La propuesta planteada al Gobierno pasa por realizar dos importantes cambios: el primero se produciría en la tarifa 3.0 que debería de adoptar los períodos horarios de la 3.1, lo que generaría un ahorro de unos 140 millones a un total de 737.906 empresas. Y, el segundo, afectaría a la llamada tarifa 3.1 que debería pasar a convertirse en una 6.1, lo que ahorraría otros 300 millones.

En el caso de estas tarifas, ambas tienen el mismo nivel de tensión y la diferencia, tal y como explicaron los expertos de Energía y Sociedad es que si un suministro tiene una potencia contratada menor o igual a 450 kv se le aplica la tarifa 3.1A; en caso, contrario se le aplica la tarifa 6.1.

Según las cuentas que ha realizado la Asociación de Consumidores de Electricidad, la diferencia es notable. En el caso de las empresas que tienen que acogerse a la tarifa 3.1 el precio medio a pagar asciende a 52,6 euros, mientras que en el tramo 6.1A -con la misma tensión- se pagan 32,34 euros de media, es decir, más de 20 euros de diferencia que podían estar justicados con anterioridad por las dificultades para tener información sobre los consumos, pero que ahora han sido ya superadas.

Esta medida permitiría beneficiarse a multitud de empresas, entre ellas, supermercados medianos, talleres u hoteles que tienen este nivel de consumo y que se beneficiarían de una bajada líneal de sus costes eléctricos. De hecho, tanto algunas organizaciones regionales de Cepyme como patronales como Asedas están informadas de estas negociaciones y han mostrado su respaldo a las mismas.

Para solicitar este cambio, las pequeñas empresas recuerdan que el Gobierno ha aceptado un cambio similar en otros casos.

Beneficio para la industria

La industria electrointensiva, por ejemplo, ha recibido 150 millones a través de la disposición Adicional 111ª de los Presupuestos Generales del Estado, unidos a los 60 millones que supone convertir la tarifa de acceso 6.1 B en la 6.2.

En estos casos la diferencia de precios también era notable, ya que los 1.169 suministros que tenían la tarifa 6.1B pagaban de media 26,26 euros, frente a los 14,72 euros que pagarán a partir de ahora al haber cambiado a la 6.2.

El acuerdo para el apoyo de los Presupuestos Generales del Estado 2017, alcanzado entre el PP y el PNV, incluye esta reordenación tarifaria que termina con la discriminación que venían sufriendo estas empresas de Andalucía, País Vasco, Navarra, Castilla León, Cantabria y Asturias, conectadas a líneas de alta tensión de 30 kV.

En concreto, el acuerdo se compromete a eliminar en 2018 la tarifa 6.1.B y englobar las tensiones de 30 a 36 kV en la tarifa 6.2, lo que supondría, de cumplirse el pacto, la corrección de un sobrecoste tarifario.

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El Gobierno publica los detalles del nuevo sistema de gestión inmediata del IVA

Fuente: LAVOZDEGALICIA.ES

El Boletín Oficial del Estado publicó ayer la esperada orden ministerial con los detalles que regirán el nuevo sistema de gestión del IVA en tiempo real, el llamado suministro inmediato de información (SII), que entrará en vigor el próximo 1 de julio.

El director general de la Agencia Tributaria (AEAT), Santiago Menéndez, ya avanzó el jueves que la publicación sería inmediata, y la orden ministerial, fechada el 12 de mayo, salió en el BOE coincidiendo con la celebración del patrón de Madrid, san Isidro.

La misma consta de ocho artículos, una disposición final y cinco disposiciones adicionales, en los que se detallan los requisitos y el funcionamiento del sistema, obligatorio para las empresas que superen los seis millones de euros de facturación y para aquellas acogidas al régimen de devolución mensual (Redeme) del tributo. En total, se estima en unas 62.000 las sociedades afectadas, 1.500 de ellas en Galicia.

Junto con los detalles sobre la tipología de las facturas, tanto expedidas como recibidas, cuyos datos deben enviarse a la AEAT vía electrónica (ya sea a través de servicios web basados en el intercambio de mensajes en formato XML o mediante un formulario web), la orden ministerial hace un repaso de las flexibilizaciones ya avanzadas, como es el caso de las empresas acogidas al Redeme, que estarán exentas de presentar sus registros de facturación del primer semestre del año con arreglo al SII -el resto sí tendrán que hacerlo-, por entender el fisco que ya trasladan dicha información a través del modelo 340.

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La publicación también explicita que, una vez recibida la información del IVA (en un plazo de cuatro días, que en el primer semestre en vigor se duplicará), la AEAT «procederá a responder con un mensaje que contendrá la relación de los registros de facturación aceptados, aceptados con errores y rechazados, junto con la identificación del motivo por el que han sido calificados de este modo».

La orden detalla igualmente cómo informar de «otras operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual», como pagos en metálico por más de 6.000 euros, operaciones de aseguradoras o de agencias de viajes.

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