Blog de Asesoría Duart Ferrís. Asesoría de empresas en Benifaió (Valencia)

Los préstamos entre particulares se abren camino en España

Fuente: CINCODIAS.COM
Centenares de pequeñas y medianas empresas han logrado financiación en los últimos años sin pasar por la sucursal de un banco o acudir al mercado cotizado. La incursión de los préstamos entre particulares, el llamado crowdlending, ha permitido que miles de inversores destinen su dinero a conceder créditos a empresas o proyectos de su interés asumiendo el riesgo de las compañías a cambio de un interesante retorno en estos tiempos de tipos al 0%.

Esta es una de las vías abiertas por las plataformas de crowdfunding, que en España arrancaron en 2012 movilizando unos 10 millones de euros, según la Universidad de Cambridge y la Asociación Española de Crowdfunding, alcanzaron los 29 millones en 2013, los 61 millones en 2014 y aún por encima el pasado ejercicio. Los préstamos directos entre particulares supusieron 20 de esos millones en 2014 y movilizaron 30 el pasado año, como fuente alternativa al crédito bancario que se prevé siga creciendo exponencialmente.

Una de las plataformas más destacadas en este segmento de negocio es Funding Circle, que nació en Reino Unido en 2011, tiene una fuerte presencia en Alemania y aterrizó en España a finales de 2014. Desde entonces ha facilitado 15 millones de euros de unos 3.000 inversores a 210 empresas del país.

Las compañías interesadas deben facturar al menos 100.000 euros anuales, tener dos años de actividad y estar al corriente de pagos; pueden registrarse a través de su web y saber si son aptas en solo 48 horas, una vez que Funding Circle comprueba las cuentas de la empresa y mantiene una entrevista telefónica con su responsable. Los créditos ofrecidos van destinados fundamentalmente a dotar de capital circulante, a sufragar inversiones en activos fijos o a la expansión de la firma.

A través de www.fundingcircle.es, las pymes pueden solicitar préstamos de entre 5.000 y 250.000 euros, a devolver en plazos que van desde los seis meses a los cinco años, a un interés nominal que oscila entre el 4,79% y el 21,78%. La plataforma cobra una comisión del 1% al 5% en función del plazo.

Una vez aceptadas las condiciones, el proyecto a financiar permanece 21 días –prorrogables por otros tantos– en la web de Funding Circle para su consulta por parte de los inversores interesados. Estos pueden ser de dos tipos.

Por un lado, los acreditados, sin límite de inversión, es decir, institucionales: fondos de inversión, empresas con más de dos millones de facturación o 300.000 euros de recursos propios, o personas físicas con rentas anuales de 50.000 euros o un patrimonio de 100.000. O bien, particulares, quienes tienen prohibido invertir más de 3.000 euros por proyecto o 10.000 euros al año.

A cambio, se les promete una rentabilidad que va del 3,79% al 20,78%, abonada mensualmente, y con la garantía de una morosidad contenida en el 2,6%. “Nuestro objetivo es financiar 1.000 millones de euros en los próximos cinco años en España”, avanza Francisco Sierra, director general de la firma en el país.

Otra iniciativa similar que acaba de nacer es Alterfin, la división de financiación alternativa de la gestora de patrimonios Auriga. A través de su plataforma E-inicia, la firma ofrece diversos servicios de crowdfunding, que van desde las donaciones a los préstamos (pendientes de la autorización de la CNMV), pasando por aportaciones a proyectos a cambio de una recompensa en forma de servicios o merchandising, o la inversión en el capital de las compañías. Su objetivo es alcanzar los cinco millones de euros de financiación durante su primer año.

Estas son dos de las iniciativas más recientes dentro del mercado de crowdlending, pero no son las únicas. La firma más consolidada del ramo en España es Comunitae, que desde 2009 ha ayudado a prestar 28,7 millones. Otras plataformas, como Arboribus o LoanBook, prestan servicios similares conectando a empresas e inversores.

Desde la consultora de soluciones tecnológicas Tecnocom, que trabaja para el grueso de la banca española, apuestan por que el sector financiero tradicional terminará acudiendo al crowdlending como servicio complementario a sus créditos, a fin de seguir dando oxígeno a sus clientes sin incurrir directamente en más riesgo, con lo que prevén que la colaboración entre ambos sectores vaya en aumento.

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Reformar las Haciendas Locales

Fuente: CINCODIAS.COM

A estas alturas de la película y con unas elecciones convocadas para el mes de junio parece que un artículo como el presente puede estar fuera de lugar. Sin embargo y cuando se están cociendo los programas electorales, cabe plantear las bases para una reforma de las Haciendas locales y que debe llevarse a cabo conjuntamente con la autonómica. Esta debe ir dirigida, en primer término, a garantizar su suficiencia y a hacerlas menos dependientes de las transferencias de otras Administraciones territoriales.

Ahora bien, esta reforma no solo debe perseguir este objetivo, sino, también, reforzar su autonomía. Los recursos de las Haciendas locales no solo han de provenir de tributos propios, sino que debe potenciarse la posibilidad de que aquéllas incidan, mediante sus ordenanzas, en su cuantificación. De esta forma, se permitirá que los municipios lleven a cabo medidas de política económica adaptadas a su particular realidad social. En conexión con esta idea, deben introducirse, en el sistema de financiación local, los principios de corresponsabilidad fiscal (el ciudadano ha de poder vincular la presión fiscal con una eficiente prestación de servicios) y de lealtad constitucional (impedir la competencia fiscal desleal entre municipios).

En otro orden de cosas, la aprobación de los nuevos estatutos de autonomía ha reabierto la polémica acerca de las competencias autonómicas en la configuración del sistema financiero local. Centrándonos en el lado del ingreso, el Estado tiene la competencia para la fijación de sus bases, entre las que se encuentra el catálogo de recursos de las Haciendas Locales. Lo anterior no impide que se produzcan cesiones de tributos por parte de las comunidades autónomas a favor de municipios y provincias.

De un lado, es posible que el Estado, mediante ley, incluya el tributo autonómico cedido como uno de los recursos de las Haciendas locales. De otro, también cabe que, sin necesidad de dicha reforma, las comunidades autónomas creen un fondo, dotado con parte de la recaudación de sus tributos –ya sean propios o cedidos del Estado–, y que se reparta entre los municipios de su ámbito territorial. Bajo cualquiera de estas modalidades, parece imprescindible que las comunidades contribuyan activamente a la financiación de sus entidades locales.

Analizando los grandes tributos locales, en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) resulta imprescindible acomodar su base imponible a la realidad del mercado inmobiliario. Dicho objetivo puede conseguirse por una doble vía. De manera preferente, mediante una modificación del modo de actuar del catastro, que debe llevar a fijar valores reales y a modificarlos rápidamente en función de la evolución del mercado. Subsidiariamente, introducirse cambios normativos que permitan, con mayor facilidad, la realización de valoraciones circunscritas a fases o zonas, limitando su ámbito territorial. De esta forma se fomenta que tales revisiones se llevaran a cabo con mayor frecuencia y, por tanto, con una mejor adaptación a la realidad.

Al objeto de incrementar la autonomía municipal y de subjetivizar el IBI, se propone la articulación de dos medidas. La primera, la introducción de tarifas progresivas en el impuesto. La segunda, la posibilidad de crear bonificaciones en las viviendas en función de criterios de capacidad económica.

Con la finalidad de que el impuesto cumpla una función extrafiscal en política de vivienda, cabe articular el establecimiento de recargos en el IBI para las que se encuentren desocupadas (pendiente de desarrollo reglamentario). La definición de estas últimas debe vincularse a la ausencia depósito de la fianza del arrendamiento en la institución competente de la comunidad autónoma.

El Impuesto sobre Actividades Económicas ha de ser objeto de una reforma en profundidad y que afecte a su estructura. La misma debe permitir que el tributo grave, efectivamente, la capacidad económica, acudiendo a la base imponible de los impuestos que gravan la renta, tanto en personas físicas como en las jurídicas.

Dos son las medidas fundamentales que deben adoptarse en relación al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. De un lado, actualizar el cuadro de tarifas en el IPC acumulado desde 1998. De otro, introducir dos nuevos elementos de cuantificación. En primer lugar, uno que permita tomar en consideración el verdadero valor de mercado del vehículo. En segundo lugar, otro que introduzca en el tributo una función medioambiental.

En el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se proponen dos modificaciones, una primera de carácter estructural y la segunda más limitada. De un lado, ha de pensarse en reunificar los gravámenes locales que recaen sobre la actividad constructora, suprimiendo la tasa por licencias e incrementado el tipo de gravamen de este impuesto. De otro, incluirse los proyectos de urbanización en su hecho imponible.

Es preciso reformar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana al objeto de que grave la capacidad económica real. Ello exige alterar su base imponible, abandonando el sistema actual basado en el valor catastral y sustituyéndolo por la ganancia verdaderamente obtenida, mediante remisión a los impuestos sobre la renta estatales.

Los ayuntamientos han de aumentar el uso de tasas y contribuciones especiales. Se trata, de esta manera, de hacer recaer el gravamen sobre aquellos ciudadanos que se ven especialmente beneficiados por los servicios y obras locales, en lugar de gravar al conjunto de la colectividad.

Para finalizar, la reforma de las Haciendas locales propugnada no se limita a la mejora en las figuras existentes, sino que existe espacio para someter a gravamen nuevos objetos. Se trata, en la mayor parte de los casos, de tributos que cumplan una función extrafiscal, como puede ser la limitación de la contaminación acústica, el fomento del uso racional del agua o de la movilidad en los centros urbanos. Junto a estos, también nuevos impuestos, con una finalidad estrictamente recaudatoria, como los que podrían recaer sobre los espectáculos o la publicidad.

Javier Martín es Socio Director de F&J Martin Abogados. Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense (Catedrático Acreditado)

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La sentencia del TC sobre el régimen matrimonial abre la puerta a reclamaciones fiscales

Fuente: VALENCIAPLAZA.COM

Un jurista afirma que la nulidad la Ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano dictada por el Constitucional no es compatible con su validez entre 2008 y 2016 en determinados casos en los que perjudica económicamente a los cónyuges

17/05/2016 -

VALENCIA. La sentencia del Tribunal Constitucional que declara nula la Ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano (LREMV) puede tener consecuencias jurídicas y fiscales de largo alcance para los miles de matrimonios celebrados desde el 1 de julio de 2008 sin hacer capitulaciones. Estos matrimonios se regían por el régimen de separación de bienes, y aunque la sentencia establece que no se verán afectados por la nulidad de la ley por no tener la sentencia efecto retroactivo, podría no ser así si los interesados consiguen que se les aplique el llamado efecto ex tunc, tal como han solicitado los afectados por la sentencia que anuló las cláusulas suelo de las hipotecas.

El efecto ex tunc determina en derecho que cuando una cláusula o ley es declarada nula los efectos que haya ocasionado no deben aplicarse nunca, es decir, es como si esa ley o cláusula nunca hubiera existido. Así lo explica en su blog un jurista de Alicante, Sergio Jiménez, quien opina que al declararse nula la LREMV, nunca ha existido dicha ley y los valencianos casados entre 2008 y 2016 sin haber firmado capitulaciones serían matrimonios en régimen de gananciales, tal como establece el Código Civil.

En su opinión, podría revocarse la disposición del Constitucional según la cual, en este caso, se aplicaba el efecto ex nunc y la nulidad tiene efectos desde que se publica la sentencia y no desde la creación de la norma. De prosperar, abriría la puerta a miles de reclamaciones de valencianos que durante estos ocho años se han casado, divorciado, enviudado y tenido descendencia. La casuística sería enorme y en muchos casos acarrearía largos procesos judiciales.

Jiménez compara el caso con el de las cláusulas suelo, elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y en el que la Comisión Europea ya se ha pronunciado a favor de la nulidad desde el origen

“Algo que no existe, no puede tener validez”, explica a Valencia Plaza. Este licenciado en Derecho pone el ejemplo de una persona casada en 2008 que no haya podido deducirse en la declaración de la renta la compra de su vivienda por estar las escrituras a nombre de su cónyuge. Y aunque la ley estipula la no retroactividad de una sentencia cuando ésta pueda ser desfavorable, considera que ese no es el caso.

“¿Quién decide lo que es desfavorable?”. En su opinión, lo desfavorable es que un cónyuge no haya podido deducirse durante ocho años la compra de un inmueble. Aunque ese matrimonio podría haber hecho capitulaciones para estar casado en régimen de gananciales durante todos estos años, considera que la nulidad debe tener efecto retroactivo precisamente por ese efecto ex tunc.

Para ello, se ampara en el caso de las cláusulas suelo elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que emitirá su sentencia previsiblemente en julio. Un caso en el que la Comisión Europea ya se ha pronunciado a favor de la nulidad desde el origen, con amenaza incluida al Gobierno de Mariano Rajoy de imponer multas a España y abrir expediente por apoyar a la banca en este asunto.

La vía para recurrir

Al no tener las sentencias del Constitucional opción a recurso, Jiménez plantea otra vía para los afectados. Concretamente, conseguir un acta de notoriedad en una notaría que dijese en apenas tres días que uno está casado en régimen de separación de bienes, al presentarle al notario un registro del matrimonio y la sentencia del Constitucional.

De esta manera, si no se lo admiten, podría recurrir contra dicha acta de notoriedad en los juzgados, consiguiendo así que la justicia se pronunciara sobre su caso. Si el contencioso fuera elevándose en los tribunales hasta alcanzar el Tribunal Supremo, sería éste el que decidiría en última instancia si el régimen es de gananciales o de separación de bienes. “Y no sería la primera vez que el Supremo y el Constitucional dictan cosas distintas”, asegura. En caso de revés del Supremo, podría acudir en última instancia al TJUE.

Entre los problemas que pueden plantearse, además del largo proceso, está que el caso del régimen económico matrimonial no es exactamente igual que el de las cláusulas suelo de las hipotecas. La mayor diferencia radica en el llamado “principio de la autonomía de la voluntad”, pues en el caso de los valencianos que se casaron en régimen de separación de bienes, la sentencia estima que no haberse manifestado durante esos ocho años unas capitulaciones para estar en régimen de gananciales supone estar de acuerdo con el régimen matrimonial en el que se casaban. Por el contrario, la autonomía de la voluntad es un principio que no era aplicable en materia de cláusulas abusivas por parte de los consumidores.

No obstante, el afectado podría argumentar contra eso que el régimen de separación de bienes de la LREMV conllevaba una serie de derechos y obligaciones que ahora desaparecen al haberse anulado la ley, por lo que la elección del régimen económico estaba condicionada por otros factores. De hecho, la sentencia establece que quienes se casaron entre 2008 y 2016 sin capitulaciones mantendrán el régimen separación de bienes en virtud de la ley anulada, pero no aclara si los derechos y obligaciones adquiridos conforme a dicha ley siguen vigentes para ellos o se han perdido.

El caso de las cláusulas suelo

El contencioso de las cláusulas suelo comienza cuando la Asociación de Usuarios de Bancos Cajas de Ahorros y Seguros (Adicae) interpone una demanda con la intención de que este tipo de cláusulas desaparezcan de los contratos hipotecarios y se devuelva el dinero cobrado por los bancos.

El Tribunal Supremo dicta sentencia en mayo de 2013 declarando nulas dichas cláusulas, pero declara en el fallo que esta sentencia no tendrá efecto retroactivo sobre contratos ya juzgados, a la vez que no obliga a los bancos demandados (BBVA, Cajamar y NCG) a devolver las cantidades ya pagadas por los clientes. El motivo de esta no retroactividad era el impacto que tendría en la banca, que se vería obligada a devolver unos 5.000 millones de euros adicionales.

Con esta sentencia, Adicae vuelve a llevar la causa a los tribunales, en este caso al Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid, que condena a todas las entidades financieras que incluyen cláusulas suelo, unas 40, a eliminarlas por ser abusivas. Sin embargo, la magistrada determina que se devolverán las cantidades a partir de la sentencia del Supremo, es decir, la retroactividad de la nulidad de las cláusulas no es total y, por tanto, no reconoce la devolución de las cantidades que la banca cobró de más a los clientes antes de esa fecha.

Aunque el TJUE todavía no ha dictado sentencia, guiños como el que lanzaba la Comisión Europea a finales de abril, cuando amenazaba con abrir expediente a España y multarla si el Ejecutivo no dejaba de apoyar a la banca y no a las víctimas de dicha cláusula, invitan a Adicae a pensar que el fallo de este Tribunal “será favorable respecto a la fecha de devolución de cantidades”. La Comisión Europea se muestra a favor de que sí se reconozca por completo el derecho a la devolución, al considerar que al declararse nula la cláusula, esta nunca existió (efecto ex tunc).

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Sólo cinco autonomías crecen más que hace un año

Fuente: EXPANSION.COM

La ligera desaceleración de la economía española en el primer trimestre se ha dejado sentir en la mayor parte de la geografía nacional. Tan sólo cinco comunidades autónomas crecieron entre enero y marzo más que en el mismo periodo del año pasado, según un informe de la Autoridad Fiscal Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Se trata de la Comunidad Valenciana, que se aceleró un 1,2% en el primer trimestre respecto al cierre de 2015, frente al 0,8% de los tres primeros meses del pasado año; Murcia, que pasó de un avance del 0,9% al 1%; Baleares, del 0,5% al 0,9%; Canarias, del 0,6% al 0,9%; y La Rioja, del 0,8% al 0,9%.

Las que se desaceleran

El resto de las comunidades se contagiaron de la falta de tono de la economía nacional y experimentaron incrementos del PIB inferiores a los de un año antes.

Así, Andalucía pasó del 1% al 0,7%; Aragón creció un 0,4% frente al 0,8% anterior; Asturias, que se había acelerado un 1%, lo hace ahora al 0,6%; Cantabria, pasa del 0,9% al 0,6%, Castilla y León, del 1,1% al 0,7%, Castilla-La Mancha, del 1,2% al 0,7%; Cataluña, del 1% al 0,9%; Extremadura, del 1% al 0,5%; Madrid, del 0,9% al 0,7%, Navarra, del 0,9% al 0,5%; y el País Vasco, del 0,7% al 0,6%.

A la hora de comparar estos incrementos que la media nacional, son 6 las regiones que crecen por encima del conjunto de España, cuyo avance fue del 0,8%. Se trata de Murcia, la Comunidad Valenciana, Baleares, Cataluña, Canarias y La Rioja. Fueron, por este orden, las autonomías con mayores aumentos del PIB entre enero y marzo.

A continuación se situaron Galicia, con un crecimiento del 0,8%, y Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid, todas ellas con un avance del 0,7%. Completaron la lista Asturias (+0,6%), Cantabria (+0,6%), País Vasco (+0,6%), Navarra (+0,5%), Extremadura (+0,5%) y Aragón (+0,4%).

Tasas interanuales

El análisis en tasas interanuales también coloca a la cabeza del ránking a Baleares (+4,2%) y la Comunidad Valenciana (+4,1%). También registraron una aceleración superior a la media nacional (que se situó en el 3,4%) Canarias, Cataluña, Galicia y Murcia (las tres con una tasa del 3,6%), el País Vasco (3,5%) y La Rioja, que con un registro del 3,4% iguala el avance del conjunto de España.

Los menores incrementos se registraron en la Comunidad de Madrid (+3,3%), Andalucía (+3,2%), Navarra (+3,2%), Asturias (+3%), Castilla-La Mancha (+3%), Aragón (+2,9%), Extremadura (+2,8%), Castilla y León (+2,7%) y Cantabria (+2,5%).

¿Cómo se ha calculado?

La metodología empleada por AIReF combina tres tipos de informaciones estadísticas disponibles para el análisis regional: los datos mensuales de indicadores de coyuntura desagregados a nivel territorial, los datos anuales compilados en términos de contabilidad nacional por la Contabilidad Regional de España (CRE) y, finalmente, las estimaciones para el conjunto nacional publicadas por la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR).

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Deducciones al alquiler en la Renta 2015: ¿cómo tributan las rentas inmobiliarias?

Fuente: EXPANSION.COM

Los arrendadores tienen que tributar por las viviendas que alquilan. Existen determinadas reducciones y gastos deducibles que hay que conocer, y este año hay algunas novedades.

Los ingresos por arrendar una vivienda tributan como capital inmobiliario, restando los gastos deducibles, y en algunos casos se aplican reducciones. Sólo en el caso de que el arrendamiento se realice como actividad económica, estos ingresos se consideran actividades económicas y tributan como tales.

Según la Ley del IRPF, el arrendamiento se realiza como actividad económica cuando en el desarrollo de la actividad exista, al menos, una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa. En 2015 desaparece el requisito de contar, al menos, con un local exclusivamente destinado a la gestión de los inmuebles arrendados que se exigía para que el arrendamiento de bienes inmuebles se considerarse como actividad económica.

En el supuesto de subarrendamientos, las cantidades percibidas por el subarrendador no se considerarán rendimientos del capital inmobiliario, sino del capital mobiliario. Sin embargo, si el propietario participa en el precio del subarriendo, sí tiene la consideración de rendimientos del capital inmobiliario sin derecho a reducción, señala la Agencia Tributaria.

Son ingresos íntegros el arrendamiento de bienes inmuebles o constitución, así como su cesión de derechos, facultades de uso o disfrute, subarriendo o traspaso, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido o, en su caso, el Impuesto General Indirecto Canario. El rendimiento neto total no podrá ser inferior a la renta del inmueble,

De estos ingresos se deducen todos los gastos necesarios para su obtención (cantidades destinadas al pago de seguros del hogar, reparaciones, impuestos o suministros a nombre del arrendador), así como las cantidades destinadas a la amortización (valor catastral, excluido el valor del suelo) y de los demás bienes cedidos, siempre que respondan a su depreciación efectiva.

No son deducibles como gastos los pagos por siniestros ocurridos en los bienes inmuebles que den lugar a disminuciones en el valor del patrimonio del contribuyente ni el importe de las mejoras efectuadas en los bienes inmuebles, sin perjuicio de la recuperación de su coste por una vía de amortizaciones.

Hay un límite máximo para la deducción de los intereses de los capitales ajenos, gastos de financiación y gastos de reparación y conservación, que no podrán ser superiores al importe del rendimiento íntegro de cada bien o derecho. No obstante, el exceso podrá compensarse en los cuatro años siguientes con el mismo límite para cada inmueble.

De la diferencia entre los ingresos íntegros y los gastos deducibles se obtiene el rendimiento neto, que puede resultar negativo.

En los alquileres destinados a vivienda habitual hay una reducción del 60% del rendimiento neto. Este año desaparece la reducción del 100% cuando el arrendatario tenía entre 18 y 30 años y unos rendimientos netos del trabajo o de actividades económicas en el período impositivo superiores al IPREM.

Una vez practicada la reducción que proceda, existe una reducción del 30% del rendimiento neto en los rendimientos netos cuyo período de generación sea superior a dos años, siempre que se imputen en un único periodo impositivo, así como en los rendimientos netos obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo cuando se imputen en un único período impositivo, señala el Manual de la Renta de la Agencia Tributaria. Las reducciones no podrán superar el importe de 300.000 euros anuales.

En función de estas consideraciones generales, ¿qué situaciones se pueden dar en la imputación de rentas inmobiliarias? Estos son algunos ejemplos.

-Un particular tiene alquilado un apartamento en la playa por un importe de 700 euros al mes. Por dicho apartamento paga todos los meses 300 euros de préstamo hipotecario, ¿qué gastos puede deducir para el cálculo de la renta neta obtenida por el alquiler?

A los ingresos totales obtenidos por el alquiler, el propietario puede deducir todos aquellos gastos en los que incurra para la obtención del rendimiento, entre ellos, la parte de la cuota del préstamo que corresponda al pago de intereses, los gastos de conservación y reparación (pintura, sustitución de las instalaciones de calefacción, ascensores, puertas de seguridad…), las tasas y tributos abonados, como el IBI y la tasa de recogida de basuras, excepto el IVA cuando sea deducible) el importe de la amortización del inmueble y otros gastos incurridos como la prima de seguro de hogar, las cuotas de la comunidad de propietarios, etcétera.

Si el apartamento no hubiera estado alquilado durante todo el año, sino sólo durante los meses de verano, sólo serían deducibles los gastos que correspondieran al periodo durante el cual el inmueble hubiese estado alquilado. Por el periodo en el que el inmueble no estuviera arrendado,

el propietario no tributaría por rendimientos de capital inmobiliario, sino por imputación de rentas inmobiliarias, sin deducción alguna de gastos.

-Si el contribuyente dispone de un apartamento en la playa distinto de su vivienda habitual, apartamento que no quiere alquilar para poder disfrutar del mismo cuando desee, ¿cómo debe tributar por este inmueble en su declaración de la Renta?

El propietario debe tributar por el apartamento en concepto de imputación de rentas inmobiliarias, no como rendimiento de capital inmobiliario, al constituir un inmueble urbano no arrendado, no afecto a actividades económicas y no utilizado como vivienda habitual. La renta a imputar se determina en base al valor catastral del inmueble multiplicado por 2%, o por 1,1% en el caso de que el valor catastral haya sido revisado, sin que proceda la deducción de ningún tipo de gasto. La renta imputada se integrará en la base imponible general tributando al tipo marginal del impuesto.

-¿Qué ventajas recoge la normativa del Impuesto para el caso de alquileres destinados a vivienda?

Cuando el inmueble alquilado se destine a vivienda, la renta neta positiva generada por el alquiler (ingresos menos gastos) se reducirá en un 60%, siempre que dicha renta haya sido declarada por el contribuyente y no derive de una actuación de comprobación de la Administración Tributaria.

-En el supuesto de que el inmueble alquilado sea destinado por el inquilino a vivienda y, a su vez, una parte del mismo a despacho, ¿es posible que el propietario aplique el 60% de reducción a la renta neta positiva total generada por el alquiler?

El propietario sólo podrá aplicar la reducción del 60% a la parte de la renta neta positiva procedente del alquiler por el uso como vivienda del inmueble.

-Un contribuyente tiene alquilado uno de sus inmuebles a su hijo por lo que recibe 400 euros al mes, ¿qué importe debe incluir en su declaración de la Renta como rendimiento de capital inmobiliario?

En el supuesto de alquileres a parientes, la renta a considerar como rendimiento de capital inmobiliario será la obtenida según las reglas establecidas para los arrendamientos de inmuebles (ingresos menos gastos junto con la reducción del 60%), siempre y cuando sea superior al importe que resultaría de aplicar las reglas de imputación de rentas inmobiliarias (1,1% del valor catastral o 2% del valor catastral si éste no ha sido revisado).

-Respecto a los alquileres, ¿existe algún beneficio fiscal para el inquilino?

Para los contratos de alquiler celebrados con anterioridad a 1 de enero de 2015 y por los que se hubiera abonado cantidades, en concepto de alquiler, antes de dicha fecha, se mantiene la deducción estatal por alquiler de vivienda habitual del 10,05% de las cantidades pagadas durante el ejercicio, siempre que la base imponible total del contribuyente sea inferior a 24.107,20 euros anuales, ya sea en tributación individual o conjunta.

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CIRCULAR ABRIL 2016. RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Estimado Cliente:

Le adjuntamos una nueva circular relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Como recordará, se remitió una comunicación en la se les informaba sobre las novedades existentes en el campo de la responsabilidad penal y la posibilidad de que se les prestara un servicio de confección e implementación de un manual de prevención penal. Les volvemos a remitir una nueva circular ampliando y actualizando dicha información. En caso de estar interesados en recibir una visita del despacho SQUADRA ABOGADOS SLP con la finalidad de información de este tema (sin compromiso ni coste, pueden ponerse en contacto con el despacho (gestor del departamento fiscal o gestor de nóminas-laboral) y en unos días recibirán una llamada del mencionado despacho para concertar una visita en su empresa.

Atentamente,

Francis Ferrís Duart

Circular Resp. Penal Jurídicas Duart 21042016

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