Blog de Asesoría Duart Ferrís. Asesoría de empresas en Benifaió (Valencia)

Hacienda aprobará en breve el nuevo Suministro Inmediato de Información del IVA

Fuente: EXPANSION.COM

El director general de la Agencia Tributaria (AEAT), Santiago Menéndez, ha avanzado este jueves que esta semana o la que viene se publicará en el BOE la orden ministerial sobre el nuevo Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA, que entrará en vigor el próximo 1 de julio y en cuyo programa piloto se han gestionado ya más de 20 millones de registros de facturas en cinco meses.

Durante su intervención en la VII Jornada sobre ‘La inspección tributaria de las grandes empresas’, organizada por Deloitte Legal, Menéndez ha adelantado que en los próximos días se publicará la orden ministerial con las especificaciones técnicas del SII del IVA, que afectará a entre 60.000 y 62.000 contribuyentes que representan el 80% de la facturación del IVA.

Menéndez ha detallado que desde la puesta en marcha el pasado 1 de enero del programa piloto del SII del IVA, a la que estaban apuntadas 30 empresas, se han cruzado ya facturas recibidas y emitidas de 2.000 empresas y se han gestionado más de 20 millones de facturas (15,57 millones registros de facturas emitidas y el resto de recibidas).

Asimismo, Menéndez ha indicado que aunque el nuevo IVA en tiempo real está previsto que afecte a entre 60.000 y 62.000 contribuyentes, hay “otros grupos” que ya han mostrado su interés por el mismo a pesar de no estar obligados, gracias a las “muchísimas ventajas” que presenta, especialmente para las nuevas empresas.

“Les aporta más que les resta”, ha enfatizado Menéndez, quien ha asegurado que el proyecto “cambia la forma de relacionarse” entre la empresa y la administración tributaria y evita “errores involuntarios”. En este sentido, ha explicado que la AEAT ya tiene capacidad de información suficiente para testar la “forma de relacionarse” entre las grandes corporaciones y la Administración, y ha subrayado que el proyecto de SII “está yendo de manera correcta” y está “perfectamente lanzado”.

Entre las ventajas que presenta el SII ha recalcado el ahorro en términos de gasto público y de mantenimiento de aplicaciones y programas informáticos, así como el ahorro de costes que también va a suponer a las propias empresas.

“La Administración está perfectamente preparada, a ver si resulta que la Administración ha sido capaz de adaptarse a las nuevas tecnologías y las empresas no van a ser capaces de adaptarse, que son pioneras y muy internacionalizadas, a ver si no van a ser capaces de adaptarse al SSII modificando sus procedimientos internos credenciales y adaptándose con nuevas inversiones”, ha agregado.

Igualmente, Menéndez ha augurado que el proyecto va a generar actividad económica porque el proceso de “transparencia interna” de las empresas les va a poder permitir adoptar decisiones con “muchísima más prontitud”.

En cualquier caso, ha insistido que la Administración está “en la posición de ayudar” tras haberse “volcado” en la difusión del proyecto y haber contestado a 3.476 preguntas sobre cuestiones técnicas de las 4.095 recibidas. “Estamos flexibilizando la postura hasta donde podemos, estamos en la idea de dar asistencia y ayuda, no estamos en la idea de sancionar masivamente”, ha aseverado Menéndez, quien ha mostrado el “pleno convencimiento” de que se trata de un proyecto “bueno” para ambas partes.

Cooperación con grandes empresas

De igual forma, Menéndez ha explicado que en el grupo de trabajo entre grandes empresas y la administración tributaria se alcanzó hace más de un año un acuerdo que recoge compromisos por parte de las empresas acogidas al código de buenas prácticas tributarias.

Así, en el caso de que se produzca un conflicto en un procedimiento en el área de control entre empresas y Hacienda, si las empresas consideran que el comportamiento de la Administración no está siendo adecuado porque no aplica criterios jurisprudenciales y está teniendo una actitud con el contribuyente durante la inspección que excede de los “extremos de cortesía o explicación de por qué se pretende hacer liquidación en un sentido o en otro”, la empresa puede presentar una queja respecto a la situación en esa actuación concreta de control.

En el mismo sentido, la Administración tiene la garantía de que cuando considere que el contribuyente no tiene un comportamiento colaborativo, porque, por ejemplo, no aporte documentación o no sea transparente, la Administración puede enviar una comunicación al Consejo de Administración de la empresa para transmitir que se realiza un procedimiento de control y detecta que los representantes de la empresa tienen un comportamiento que choca con el código de buenas prácticas tributarias.

Más de 9.600 actas con acuerdo desde 2012

Menéndez ha resaltado que uno de los objetivos de la relación cooperativa entre los contribuyentes y la administración tributaria es añadir buenas prácticas en aras de disminuir la litigiosidad. A este respecto, ha vuelto a incidir en la relevancia de la deuda pendiente de cobro en comparación a los ajustes de 2.000 o 3.000 millones que ha realizado España para reducir su déficit.

Salvo en 1999, cuando disminuyó en 300 millones, la deuda pendiente de cobro se incrementó todos los ejercicios posteriores, si bien ha ido disminuyendo paulatinamente en los últimos años desde sus cifras récord registradas en 2013, cuando alcanzó los 50.174 millones (+13%) y en 2014, con el pico más alto de 50.226 millones (+0,1%), frente a las disminuciones de 2015, con 49.272 millones (-1,9%) y 2016, con 45.84 millones (-7%).

El director general de la AEAT ha valorado la figura en el procedimiento inspector de las actas con acuerdo a la hora de liquidar con la Administración, que supone un cauce de relación entre las partes “transparente, ágil y eficaz” para evitar litigios y para conseguir “seguridad jurídica” con procedimientos reglados. “Con esas premisas hay mucho camino por hacer y queremos avanzar en ello”, ha apuntado, tras indicar que desde 2012 se han firmado 9.688 actas con acuerdo.

Deloitte ve un escenario de “casi conflicto”

Por otra parte, el socio de Deloitte Legal, Brian Leonard, ha señalado que actualmente hay una situación de “casi conflicto” entre las grandes empresas y la administración tributaria, y ha afeado que el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, cuestionase recientemente que las pymes tributen al 18% y las grandes corporaciones solo al 7%.

Leonard ha recordado también que el presidente de la CEOE, Juan Rosell, indicó recientemente que la seguridad jurídica en España quedaba en “entre dicho” ante la “permanente” adopción de medidas de urgencia en materia tributaria. Por ello, Leonard ha abogado por buscar instrumentos de colaboración en un entorno “menos beligerante”. “A lo mejor estamos condenados a no entendernos nunca”, ha manifestado.

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Las pymes piden cambios en su tarifa eléctrica para ahorrar 440 millones

Fuente: ELECONOMISTA.ES

Las pequeñas y medianas empresas han planteado al Ministerio de Energía una reforma de las tarifas de acceso por nivel de tensión de modo que les permita lograr un ahorro de cerca de 440 millones al cambiar el tipo de peaje al que tienen que estar asignados.

La factura que un consumidor paga por su suministro de electricidad refleja tres componentes de costes: la energía, el acceso a redes y la gestión del comercializador.

Según explica Energía y sociedad, independientemente de la forma de adquisición de la energía, los costes de las redes (junto con otros costes regulados) son repercutidos a todos los consumidores a través de las tarifas de acceso.

La propuesta planteada al Gobierno pasa por realizar dos importantes cambios: el primero se produciría en la tarifa 3.0 que debería de adoptar los períodos horarios de la 3.1, lo que generaría un ahorro de unos 140 millones a un total de 737.906 empresas. Y, el segundo, afectaría a la llamada tarifa 3.1 que debería pasar a convertirse en una 6.1, lo que ahorraría otros 300 millones.

En el caso de estas tarifas, ambas tienen el mismo nivel de tensión y la diferencia, tal y como explicaron los expertos de Energía y Sociedad es que si un suministro tiene una potencia contratada menor o igual a 450 kv se le aplica la tarifa 3.1A; en caso, contrario se le aplica la tarifa 6.1.

Según las cuentas que ha realizado la Asociación de Consumidores de Electricidad, la diferencia es notable. En el caso de las empresas que tienen que acogerse a la tarifa 3.1 el precio medio a pagar asciende a 52,6 euros, mientras que en el tramo 6.1A -con la misma tensión- se pagan 32,34 euros de media, es decir, más de 20 euros de diferencia que podían estar justicados con anterioridad por las dificultades para tener información sobre los consumos, pero que ahora han sido ya superadas.

Esta medida permitiría beneficiarse a multitud de empresas, entre ellas, supermercados medianos, talleres u hoteles que tienen este nivel de consumo y que se beneficiarían de una bajada líneal de sus costes eléctricos. De hecho, tanto algunas organizaciones regionales de Cepyme como patronales como Asedas están informadas de estas negociaciones y han mostrado su respaldo a las mismas.

Para solicitar este cambio, las pequeñas empresas recuerdan que el Gobierno ha aceptado un cambio similar en otros casos.

Beneficio para la industria

La industria electrointensiva, por ejemplo, ha recibido 150 millones a través de la disposición Adicional 111ª de los Presupuestos Generales del Estado, unidos a los 60 millones que supone convertir la tarifa de acceso 6.1 B en la 6.2.

En estos casos la diferencia de precios también era notable, ya que los 1.169 suministros que tenían la tarifa 6.1B pagaban de media 26,26 euros, frente a los 14,72 euros que pagarán a partir de ahora al haber cambiado a la 6.2.

El acuerdo para el apoyo de los Presupuestos Generales del Estado 2017, alcanzado entre el PP y el PNV, incluye esta reordenación tarifaria que termina con la discriminación que venían sufriendo estas empresas de Andalucía, País Vasco, Navarra, Castilla León, Cantabria y Asturias, conectadas a líneas de alta tensión de 30 kV.

En concreto, el acuerdo se compromete a eliminar en 2018 la tarifa 6.1.B y englobar las tensiones de 30 a 36 kV en la tarifa 6.2, lo que supondría, de cumplirse el pacto, la corrección de un sobrecoste tarifario.

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El Gobierno publica los detalles del nuevo sistema de gestión inmediata del IVA

Fuente: LAVOZDEGALICIA.ES

El Boletín Oficial del Estado publicó ayer la esperada orden ministerial con los detalles que regirán el nuevo sistema de gestión del IVA en tiempo real, el llamado suministro inmediato de información (SII), que entrará en vigor el próximo 1 de julio.

El director general de la Agencia Tributaria (AEAT), Santiago Menéndez, ya avanzó el jueves que la publicación sería inmediata, y la orden ministerial, fechada el 12 de mayo, salió en el BOE coincidiendo con la celebración del patrón de Madrid, san Isidro.

La misma consta de ocho artículos, una disposición final y cinco disposiciones adicionales, en los que se detallan los requisitos y el funcionamiento del sistema, obligatorio para las empresas que superen los seis millones de euros de facturación y para aquellas acogidas al régimen de devolución mensual (Redeme) del tributo. En total, se estima en unas 62.000 las sociedades afectadas, 1.500 de ellas en Galicia.

Junto con los detalles sobre la tipología de las facturas, tanto expedidas como recibidas, cuyos datos deben enviarse a la AEAT vía electrónica (ya sea a través de servicios web basados en el intercambio de mensajes en formato XML o mediante un formulario web), la orden ministerial hace un repaso de las flexibilizaciones ya avanzadas, como es el caso de las empresas acogidas al Redeme, que estarán exentas de presentar sus registros de facturación del primer semestre del año con arreglo al SII -el resto sí tendrán que hacerlo-, por entender el fisco que ya trasladan dicha información a través del modelo 340.

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La publicación también explicita que, una vez recibida la información del IVA (en un plazo de cuatro días, que en el primer semestre en vigor se duplicará), la AEAT «procederá a responder con un mensaje que contendrá la relación de los registros de facturación aceptados, aceptados con errores y rechazados, junto con la identificación del motivo por el que han sido calificados de este modo».

La orden detalla igualmente cómo informar de «otras operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual», como pagos en metálico por más de 6.000 euros, operaciones de aseguradoras o de agencias de viajes.

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La Administración dispuesta a aceptar altas y bajas por días en autónomos

Fuente: CINCODIAS.ELPAIS.COM

La Seguridad Social y otros organismos públicos implicados estarían dispuestos a adoptar un sistema de altas y bajas diarias en autónomos. Así lo han confirmado a este diario fuentes cercanas a los grupos que están negociando la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.

Esta es una de las reivindicaciones históricas de las asociaciones que defienden los derechos de los trabajadores autónomos, y que parece que puede ser una realidad con la entrada de la nueva normativa. Actualmente, un profesional por cuenta propia que se de de alta en el RETA (Régimen de Autónomos) deberá abonar la cuota mensual correspondiente a todo el mes, independientemente de que realice dicha acción el día 20, por poner un ejemplo.

Algo que, desde estas Asociaciones, consideran un abuso. Así lo han denunciado y reclamado en diversas ocasiones. También sería una medida útil para ciertos profesionales que sólo tienen actividad puntual o por ciclos, lo que favorecería la lucha contra el fraude y el trabajo en B.

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Alquilar la vivienda, aunque solo sea una semana, supone perder la deducción fiscal

Fuente: CINCODIAS.ELPAIS.COM

La deducción por vivienda habitual en el IRPF se suprimió en 2013, pero se mantiene para aquellos contribuyentes que compraron su casa antes de ese ejercicio. Aun hoy, este beneficio fiscal representa la deducción en cuota más relevante por cuantía y número de beneficiarios.

Una reciente consulta de la Dirección General de Tributos señala que la posibilidad de aplicar la desgravación desaparece en el caso de que la vivienda se ponga en alquiler, aunque solo sea unas semanas. La aclaración de Hacienda se produce en un momento en que el auge de servicios como Airbnb o Home Away está animando a muchos propietarios a alquilar sus viviendas por cortas estancias y lograr así un rendimiento económico.

Sí que es posible beneficiarse de la desgravación por vivienda y, al mismo tiempo, alquilar una habitación

Tributos recuerda que la aplicación de la deducción por adquisición de vivienda habitual requiere que el propietario resida en la casa como mínimo durante un plazo continuado de tres años. Además, para tener la consideración de residencia habitual debe ser “habitada de manera efectiva y con carácter permanente por el propio contribuyente”.

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El Supremo anula de forma definitiva el registro horario

Fuente: ELECONOMISTA.ES

Ya es definitivo: las empresas no tienen la obligación de llevar un registro diario de las horas de trabajo de sus empleados. El Tribunal Supremo (TS) ha dictado la segunda sentencia que anula la condena impuesta a una empresa de establecer un sistema de registro de la jornada de la plantilla, con lo que sienta jurisprudencia en este sentido. Una resolución que está fechada el 20 de abril de 2017 y a la que ha tenido acceso elEconomista.

La sentencia, que resuelve una demanda de los sindicatos contra Abanca, supone un varapalo a la Inspección de Trabajo, que seguía exigiéndolo a las empresas a pesar de la primera resolución del TS sobre la materia.

En el texto, del que ha sido ponente la magistrada Segoviano Astaburuaga, se reproducen los argumentos del primer fallo, dictado el 23 de marzo. Esto es: el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores (ET) “no exige la llevanza de un registro de la jornada diaria efectiva de toda la plantilla”, sino que “su finalidad es el control de la realización de horas extraordinarias”.

La primera sentencia, del Pleno de la Sala de lo Social, advertía de la conveniencia de una reforma legislativa que clarificara la obligación de llevar un registro horario y facilitara al trabajador la prueba de la realización de horas extras. Pero “esa obligación no existe por ahora y los tribunales no pueden suplir al legislador imponiendo a la empresa el establecimiento de un complicado sistema de control horario”, aseveraba, reprochándole a la Audiencia Nacional que lo estableciera en la sentencia recurrida.

Tras la resolución de los litigios que afectaban a Bankia -la primera sentencia- y a Abanca -la segunda-, queda pendiente un tercer asunto relativo al registro horario, el del Banco Sabadell, que todo indica que correrá la misma suerte.

Fuente de inseguridad jurídica

La obligatoriedad o no de tener que llevar un registro diario de la jornada había suscitado la queja de los empresarios, que denunciaban la inseguridad jurídica que creaba que la Inspección de Trabajo siguiera exigiendo, bajo la amenaza de sanción, llevar a cabo un control horario que había sido tumbado por el Supremo. Desde los sindicatos también se reclamaba certidumbre en los elementos para evitar el abuso en las horas extra.

Ambos, no obstante, coincidían en que la posición de la Inspección buscaba no empobrecer sus herramientas para luchar contra el fraude laboral y no perder ingresos por cotizaciones sociales.

Fuentes jurídicas apuntan que la postura de la Inspección de Trabajo y la Audiencia Nacional era jurídicamente difícil de sostener, al pretender sancionar una conducta que no se encontraba tipificada en una norma.

Los expertos laboralistas coinciden en que debe darse respuesta a la necesidad de controlar la jornada de trabajo. Y apuntan dos posibles soluciones. En primer lugar, introducir el registro en el artículo 34 del ET. Una opción, sin embargo, que contemplan complicada a la vista de la dificultad para alcanzar acuerdos en el Congreso.

La segunda -teoría sugerida en uno de los votos particulares de la primera sentencia- es que, en lugar de fundar la obligación del registro horario en el 35.5 del ET, se inspire en otros principios del Derecho laboral, como la obligación de abonar una remuneración adecuada, la prevención de riesgos o la necesidad de control sobre el tiempo de trabajo.

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