Blog de Asesoría Duart Ferrís. Asesoría de empresas en Benifaió (Valencia)

Ayuda para autónomos sin paro ni prestación

Fuente: CINCODIAS.COM

Son muchos los autónomos que por la coyuntura de crisis u otros motivos se han visto obligados a poner punto final a su actividad. Una situación que en muchos casos se ha alargado en el tiempo, y ha supuesto que estos profesionales no puedan acceder a prestaciones o paro, tal y como le puede ocurrir a un trabajador por cuenta ajena.

En estas situaciones, el Ejecutivo tiene aprobados una serie de criterios para que los autónomos que se encuentren en estas situaciones puedan acceder a una serie de ayudas, los cuales pueden llegar a percibir una prestación no contributiva de 425 euros mensuales durante un máximo de seis meses.

Se trata de una prestación vinculada al compromiso de la búsqueda activa de ocupación por parte del beneficiario y a la realización de un mínimo de 180 horas de formación. Del mismo modo, es compatible con las ayudas concedidas por las comunidades autónomas.

En lo que respecta al perfil de los trabajadores a los que esta va destinada, se trata de aquellos trabajadores cuya media de ingresos familiares por persona no supere el 75% del salario mínimo y que hayan cotizado en el régimen especial de trabajadores autónomos tres de los últimos cinco años.

Prestaciones para los autónomos

Por otra parte, la ley también establece una serie de situaciones por las que los autónomos pueden acceder al paro. En estos casos los profesionales deben cumplir una serie de requisitos, como estar dado de alta de la Seguridad Social, contar con el pago al corriente de las cuotas y tener cubiertas las contingencias profesionales pertinentes.

De igual modo, no se ha de haber alcanzado la edad de jubilación, a no ser que el profesional tenga acreditado un periodo de cotización requerido para ello. Asimismo, no se debe concurrir a ninguna incompatibilidad que prevea la Ley 32/2010 de 5 de agosto y deberá contar con un mínimo de cotización por cese de actividad de al menos 12 meses, que deben ser seguidos y anterior a ese cese.

En paralelo, el motivo para el que el autónomo dé por finalizada la actividad debe ser económico, técnico, productivo u organizativo y estar justificado. Dentro de los motivos económicos, se han de acreditar acreditar mediante documentos un nivel de pérdidas del 10%

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La jubilación para un autónomo que siempre cotizó lo mínimo

Fuente: CINCODIAS.COM

Una de las principales preocupaciones de los trabajadores autónomos en edad de jubilarse es conocer cuánto van a recibir en concepto de pensión. Este indicador es principalmente importante para aquellos profesionales que cuentan con un periodo de cotización mínimo, por lo que han de calcular cuál es la cantidad exacta con la que podrán contar a partir del momento en que se jubilen.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que para cobrar una pensión se debe haber cotizado, como mínimo, 15 años a la Seguridad Social. En estas circunstancias, la paga con 15 años cotizados es de 380 euros al mes, aproximadamente, con 14 pagas anuales. Una cifra que dista de aquellos profesionales que cuentan con el máximo de años cotizados, la cual es de 760 euros al mes, también fraccionados en 14 mensualidades.

Para conseguir cobrar la pensión mínima se requiere cumplir dos aspectos, de un lado tener cotizados 15 años de vida laboral, de los cuales dos se deben haber trabajado en los últimos 10 años, así como estar al corriente en el pago con las cuotas de la Seguridad Social. En el caso de que no se llegue a cumplir con estos dos aspectos, se puede solicitar una pensión no contributiva en la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad Autónoma.

Ambos indicadores, la cuantía de las pensiones y los requisitos para acceder a ella, hacen muchos de los trabajadores cambien su base de cotización en torno a los 50 años, con la que obtener una pensión más elevada. Sin embargo, para hacer este cambio hay que tener en cuenta las modificaciones legales llevadas a cabo durante esta legislatura. Entre ellas, el retraso de la edad mínima de jubilación y la prolongación temporal del análisis de la base de cotización.

Cambios legales

Así, a partir de 2025 la base de cotización que se tomará pasará a ser de los últimos 15 años cotizados a 25 años. De igual modo, la jubilación se calculará a partir de los 67 años, dos años más que hasta ahora, que para cobrar el 100% de la pensión se debía trabajar hasta los 65 siempre y cuando se hubiesen trabajado 35 años cotizando. De hecho, para jubilarse a esta edad se deberá haber cotizado, al menos, 38 años.

Ambos indicadores constatan el clima de incertidumbre que se va a producir en los próximos años en España, ya que la proporción de cotizantes disminuirá a medida que se incremente la población pensionista. De ahí que sean numerosas las voces que clamen por el ahorro y la capitalización individual a través de la apertura de un plan de jubilación.

Una vuelta a la fiscalidad de los fondos

Fuente: CINCODIAS.COM

En el transcurso de la crisis los fondos de pensiones han perdido nada menos que el 38% de los partícipes con aportaciones sujetas a deducción fiscal; si en 2007 casi 4,4 millones de españoles hacían aportaciones, en 2015 solo las hacen 2,8 millones. Esta evolución no quiere decir que quienes aportaban al principio de la crisis hayan dejado de tener una parte de sus ahorros en los fondos de pensiones, sino que no disponen de renta liberada suficiente como para mantener el ritmo de aportaciones, como consecuencia precisamente de la pérdida de capacidad de ahorro que ha generado el ajuste de empleo y de salarios. Según los datos proporcionados por Hacienda, la mayoría de los partícipes que mantienen su aportación puntualmente, o que al menos lo hicieron en 2015, se concentra en los tramos de renta de 12.000 a 60.000 euros, aunque el grueso de la deducción está en las rentas más elevadas, a partir de los 60.000 euros.

En la última reforma fiscal, el Gobierno recortó las aportaciones anuales máximas con posibilidad de deducción, aunque no parece que tal circunstancia haya tenido nada que ver en este descenso de los partícipes que ceban regularmente su fondo. La limitación solo ha servido para aliviar los gastos fiscales, y para limar la falta de progresividad de la deducción, que beneficia más a las grandes aportaciones si provienen de partícipes con rentas elevadas.

Es lógico considerar que la caída de partícipes con aportación regular es únicamente fruto de la crisis, y en absoluto de ningún cambio en los planteamientos fiscales, y que una recuperación de la economía, del empleo y de la renta, facilitará también el avance del ahorro y la vuelta de las aportaciones de los fondos de pensiones. La capacidad de la fiscalidad para movilizar el destino del ahorro es muy importante, como ha ocurrido en el pasado con inversiones como la vivienda. No debe despreciarse, y en absoluto recortarse, dado que las dificultades venideras de la Seguridad Social para sostener prestaciones de retiro tan generosas como las actuales aconseja que la población busque complementos a sus rentas de jubilación por la vía del ahorro personal. El Gobierno debe, además, informar, como es su compromiso adquirido hace años, de la estimación de pensión para los cotizantes de más de 50 años, para que dispongan de capacidad de maniobra con su ahorro y puedan complementar su pensión si lo estiman oportuno.

Está por ver que un replanteamiento de la deducción que beneficiase más a las rentas más bajas tuviese un efecto beneficioso para los partícipes de rentas modestas. En todo caso, el tratamiento que el rescate de los fondos tiene en términos fiscales puede convertirse en un desincentivo para la capitalización, ya que tanto las aportaciones como sus rendimientos tributan como rentas anuales regulares, sin ningún alivio que incentive el ahorro.

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Qué hacer si recibes en agosto una notificación de Hacienda

Fuente: CINCODIAS.COM

Agosto sigue siendo el tradicional mes de vacaciones. En este período, las grandes ciudades funcionan al ralentí, los viajes se multiplican, muchos trabajadores optan por huir a la playa o la montaña y empresas y negocios reducen su actividad o, incluso echan el cierre. Sin embargo, para la Agencia Tributaria, agosto es un mes como cualquier otro. Hacienda no cierra por vacaciones. El octavo mes del año es tan hábil como cualquier otro.

Por lo tanto, un contribuyente puede recibir una notificación de la Agencia Tributaria en agosto, cuando las posibilidades de que el cartero no encuentre a nadie en casa aumentan. La legislación establece que si la Administración intenta entregar una notificación y no halla al interesado en el domicilio, debe realizar un segundo intento en el plazo de tres días y en una hora distinta. También, es obligatorio que el cartero o el agente tributario deje un aviso de llegada. Si con ello no se logra contactar con el contribuyente, Hacienda opta por la notificación edictal que consiste en publicar la notificación en un diario oficial. Siempre es recomendable recibir en tiempo las notificaciones de Hacienda, especialmente si se tratan de liquidaciones y sanciones. En caso contrario, es probable que se agote el plazo para presentar recurso o se pierda el derecho a la rebaja por pronto pago.

Si bien agosto es un mes hábil, el Tribunal Supremo abrió la puerta el año pasado en una sentencia a dejar sin efecto las notificaciones que realiza Hacienda en la época estival. El caso tiene su origen en un contribuyente catalán a quien la Agencia Tributaria remitió una notificación de sanción relacionada con el IVA los días 6 y 7 de agosto de 2009. El interesado se encontraba de vacaciones y no recibió la carta. Hacienda, siguiendo la norma, publicó la notificación en el Boletín Oficial Provincial y el acto administrativo siguió su curso. Cuando el contribuyente conoció la sanción presentó una reclamación, pero fue inadmitida por entregarse fuera de plazo.

Ante esta circunstancia, optó por recurrir al Tribunal Económico-Administrativo Regional y el caso acabó en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La defensa del contribuyente argumentó que “si la voluntad real en el intento de notificación es que el acto administrativo llegue a conocimiento del interesado, y el primer intento se produce en el mes de agosto y el destinatario está ausente, lo correcto y ajustado al espíritu de la norma que obliga a dos intentos de notificación es que este segundo intento se produzca no al día siguiente al ser el mes de agosto el mes de vacaciones por antonomasia, sino esperar a septiembre para practicar el segundo intento”. Un argumento que fue validado por el TSJC y, posteriormente, parcialmente ratificado por el Supremo.

“Si lo que se pretende es que las notificaciones lleguen a sus destinatarios, es lógico no dar validez a las realizadas cuando se sabe que no van a ser atendidas, por estar el contribuyente fuera de su domicilio por vacaciones”, defiende José María Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico. La sentencia del Supremo no significa que Hacienda no pueda enviar notificaciones a Hacienda, pero abre la puerta a que un juzgado pueda anularlas en función de “circunstancias concurrentes”.

Por otra parte, todas las empresas que tributan por el impuesto sobre sociedades reciben desde 2011 todas las notificaciones de la Agencia Tributaria por vía electrónica a través de un buzón online asignado.

Cuando una compañía recibe un correo de Hacienda y no lo abre en 10 días, se considerará entregado y rechazado. Es decir, transcurrido este plazo, se inician los procedimientos de apremio y la imposición de sanciones. Aun así, las compañías pueden seleccionar 30 días al año en el los que Hacienda no puede remitir notificaciones electrónicas. Una posibilidad que no existe en las comunicaciones en papel.

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Hacienda pierde y el autónomo se desgravará los suministros de su casa

FUENTE: CINCODIAS.COM

Buenas noticias para el autónomo que trabaja en casa. Una reciente resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) contradice el criterio seguido hasta ahora por Hacienda y abre la puerta de forma definitiva a que los autónomos que trabajan desde casa puedan deducirse en el IRPF gastos como la luz, el agua, el gas o el teléfono. Recientemente ya se habían producido sentencias en este sentido, sin embargo, ello solo tenía efectos sobre el caso juzgado y la Agencia Tributaria seguía negando la deducción y lanzando paralelas a contribuyentes que osaban desgravarse esos suministros.

Ahora, la resolución del TEAC es vinculante para la Administración y de obligado cumplimiento para los funcionarios de Hacienda. ¿Qué sucedía hasta ahora? El criterio de la Agencia Tributaria, defendido en diversas consultas de la Dirección General de Tributos, permite que el autónomo que trabaja en casa se pueda deducir en el IRPF los gastos derivados de la titularidad de la vivienda como el IBI, la tasa de basuras o la cuota de la comunidad de propietarios. El importe de la deducción se fija en función de los metros cuadrados de la casa que se destinan a desarrollar la actividad profesional. Esto no cambia y continúa igual.

Sin embargo, la Agencia Tributaria vetaba hasta ahora esta misma regla en el caso de los consumos como la luz o el gas con el argumento de que no “existía un regla racional” para determinar qué parte de los suministros se utilizaba para fines particulares y qué parte para la actividad profesional.

La polémica postura de Hacienda ya fue rechazada en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y también en una reciente resolución el Tribunal-Económico Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana, que estableció que la luz o el gas puede deducirse siguiendo la misma regla de prorrateo que se utiliza para el IBI. Fue esta última resolución del TEAR lo que motivó que la Agencia Tributaria presentara un recurso de unificación de criterio ante el TEAC.

Entre el criterio de Hacienda de vetar completamente el gasto en suministros y el de permitir la desgravación en función de los metros cuadrados destinados a una actividad profesional, la resolución del TEAC adopta una postura intermedia. Por un lado, el tribunal entiende que si un autónomo asume gastos en suministros para realizar su trabajo tiene derecho a deducírselos. Hachazo al criterio de Hacienda.

Aun así, el TEAC reconoce que no existe una regla racional que permita “discernir” qué parte de, por ejemplo, el consumo de electricidad es de uso personal y qué parte tiene un fin profesional. En este punto, en lugar de cortar por lo sano como hacía hasta ahora la Agencia Tributaria, el TEAC plantea una tercera vía y defiende que se articule una fórmula que permita deducir parte de los gastos. “Podría servir, en su caso, un criterio combinado de metros cuadrados con los días laborables de la actividad y las horas en que se ejercite dicha actividad en el inmueble”, indica la resolución del TEAC. También, señala que el derecho a desgravar está también condicionado a que el obligado tributario pruebe que el consumo sujeto a deducción tiene un uso para la actividad profesional.

Así, la postura del TEAC es más beneficiosa respecto al criterio seguido por Hacienda, pero es más restrictiva que las soluciones aceptadas en algunos casos por los tribunales. “Tememos que el TEAC ha salido de un charco, para meterse en otro. Si bien esta resolución surge con el loable esfuerzo de reducir la litigiosidad, y dar seguridad jurídica a los contribuyentes sobre los gastos que realmente se pueden deducir en estos casos, lo cierto es que la prueba a la que remite el TEAC sigue siendo muy compleja, y su apreciación, subjetiva”, indica en su blog José María Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico. En su opinión, la opción que habría conllevado menos problemas hubiera sido que el TEAC permitiera sin más desgravar los suministros en función del espacio de la vivienda destinada a oficina o taller.

Salcedo enumera algunas de las cuestiones que quedan sin una respuesta clara: “¿Cuántos días a la semana trabaja el autónomo que tiene la oficina en casa? ¿Y cuántas horas? ¿Y todos los meses trabaja lo mismo? Y sobre todo, ¿cómo podrá probar un autónomo ante Hacienda que, por ejemplo, en el último mes le ha tocado trabajar todos los fines de semana, o por las noches?”

La resolución del TEAC es del pasado 10 de septiembre y, por lo tanto, es pronto para calibrar las consecuencias de una decisión que, a partir de ahora, es de obligado cumplimiento para toda la Administración Tributaria. Cabe esperar que Hacienda estudie la resolución del TEAC y elabore instrucciones internas para que los funcionarios sepan cómo actuar a partir de ahora ante estos casos. Los obligados tributarios y los asesores fiscales, por su parte, deberán estar atentos para ver exactamente qué medios de prueba sirven a ojos de Hacienda para deducir los suministros y cuáles generan problemas. Por otra parte, aquellos contribuyentes que actualmente tengan un expediente abierto por la deducción de consumibles cuentan con una nueva baza para alegar ante la Administración o los Tribunales.

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Cuánto ahorrar para mantener el nivel de vida después de jubilarse

Fuente: CINCODIAS.COM

Para disponer tras la jubilación del mismo nivel de renta real que cuando se está trabajando (un 60% de los ingresos de activo, según la OCDE) hay que contabilizar tanto la pensión que recibe de la Seguridad Social como aquella que haya ahorrado de forma particular. En el caso de España, la Seguridad Social solo proporciona el nivel del 60% citado para mantener el nivel de vida a los cotizantes que en media hayan tenido rentas iguales o inferiores a los 22.000 euros. Quienes ganen por encima de esa cantidad tendrán que generar fuentes alternativas y complementarias de ingresos para utilizarlas en el retiro.

Dando por hecho que cada cotizante lo es durante 45 años y que puede estar jubilado durante 25 años, el sistema público de pensiones proporciona unas tasas de sustitución (retorno vía pensión pública sobre el último sueldo) superiores al 100% (125,9%) para quienes ganan unos 10.000 euros, y de hasta un 63% para quienes ganan unos 20.000 euros anuales. Pero una vez sobrepasados los citados 22.000 euros al año de remuneración, las tasas de sustitución no llegan a los niveles óptimos marcados por la OCDE para los países occidentales y se hacen decrecientes a medida que crece la renta de los cotizantes.

Con 40.000 euros de salario solo se puede satisfacer un 31,4% de renta de sustitución tras jubilarse; un 25%, con sueldos de 50.000 euros, o un 12,2% para rentas anuales de 100.000 euros. Es decir, todos los colectivos de cotizantes con estos sueldos tienen que buscar fórmulas de ahorro adicional con retornos también crecientes si quieren mantener su nivel de vida. Un informe elaborado por los profesores Javier Díaz-Giménez (IESE) y Julián Díaz-Saavedra (Universidad de Granada) ha determinado cuál es el nivel de ahorro para cada colectivo, y revela que quienes ganan 30.000 euros anuales deben ahorrar además un 9,1% de su renta cada año, un ahorro creciente a medida que se eleva el nivel de remuneración. Quienes ganan 50.000 euros deben aportar a mecanismos complementarios un 16,3% de su renta cada ejercicio, y hasta un 21% si el cotizante es de los que tiene la suerte de percibir unos 100.000 euros anuales.

El sistema de Seguridad Social de reparto español, como la mayoría de los modelos europeos, tiene límites a la aportación y límites a la prestación, y es por ello que la inmensa mayoría de los niveles de renta, aunque cuantitativamente sean menos numerosos, no ven cubiertas las expectativas de renta en el retiro y tienen necesidad de complementarla. Y tienen necesidad de hacerlo porque el ahorro que generan cotizando al sistema público es decreciente e inversamente proporcional al nivel de la renta de los cotizantes. Si la base máxima de cotización (43.272 euros en 2015) a un tipo universal del 28,3% (el resto de aportaciones son para contingencias especiales, no para la pensión) genera una aportación de 12.246 euros (entre la cotización empresarial y la cotización laboral), los ahorros efectivos de cada nivel de renta son muy diferentes, y oscilan entre el 22,9% para quienes ganan hasta 40.000 euros anuales, hasta el 11,1% para quienes están en la barrera de los 100.000 euros al año.

El informe de los dos profesores citados concluye que el ahorro proporcionado por el sistema español es muy bajo, sobre todo para quienes tienen niveles de renta que superan la base máxima de cotización, que se ha elevado en los últimos años muy por encima de la inflación. Llegan al detalle de asegurar que la rentabilidad no compensa para rentas de más de 24.000 euros, mientras que tiene unos niveles aceptables para quien gana menos de esa cantidad.

Concluyen igualmente que una combinación de los tipos efectivos de cotización y de ahorro efectivo que se logra con ellos para cada tramo de renta para ejercer la solidaridad dentro del sistema público evidencia que el modelo es especialmente gravoso para quienes ganan más de los citados 24.000 euros y hasta quienes tienen rentas de 50.000 euros anuales, y que se alivian a partir de ese nivel.

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