Blog de Asesoría Duart Ferrís. Asesoría de empresas en Benifaió (Valencia)

AYUDAS Y SUBVENCIONES

Benifaió, septiembre de 2016
Estimado cliente:

Le comunicamos que recientemente se ha publicado la siguiente línea de ayuda:

Ayudas de apoyo a la promoción exterior de la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2016, publicadas mediante el DOCV nº7878 el pasado día 21 de septiembre, correspondiente a la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
El plazo para la presentación de solicitudes correspondiente a estas ayudas finalizara el próximo día 10 de octubre

Como características principales de estas ayudas podemos comentar lo siguiente:
Acciones apoyables y gastos subvencionables
Participación de empresas en ferias y eventos (según listado de certámenes que se adjunta)

Gastos subvencionables

Tendrán la consideración de gastos subvencionables los relativos a la contratación del espacio en dichos certámenes (metros cuadrados).

Cuantía subvencionable

Podrá alcanzar el 50% (IVA excluido) de los gastos subvencionables. Habiendo un máximo por empresa de 150.000€.

Solamente recordarles que estamos a su disposición para ampliarles la información respecto a estas ayudas poniéndose en contacto con nosotros a través del Departamento de Subvenciones. (Javier Soriano – email j.soriano@duart-ferris.com y teléfono 961794044).

Sin otro particular, quedo a la espera de sus noticias.

Documento adjunto: Listado Certamenes subvencionables 2016

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OBLIGACION DEL CONSTRUCTOR Y PROMOTOR DE AFIANZAR LAS CANTIDADES ENTREGADAS A CUENTA

OBLIGACION DEL CONSTRUCTOR Y PROMOTOR DE AFIANZAR LAS CANTIDADES ENTREGADAS A CUENTA.

Estimado Cliente/a:

Le comunicamos que el Tribunal Supremo, en Sentencia de fecha 12 de julio de 2016, ha vuelto a incidir en la obligación de afianzar las cantidades entregadas a cuenta en la venta de viviendas en proyecto o construcción. Les adjuntamos la presente circular recordatoria con el fin de que tengan en cuenta dicha obligación:

La Ley 20/2015, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, ha procedido a modificar la Ley de Ordenación de la Edificación, regulando, entre otros extremos, la percepción de las cantidades a cuenta del precio durante la construcción.

A estos efectos, la obligación de garantizar nace desde la obtención de la licencia de edificación, extendiéndose la garantía a las cantidades aportadas por los adquirientes, incluidos los impuestos aplicables, más el interés legal del dinero.

Se fijan también los requisitos que deben cumplir estas garantías, tanto si se ha contratado un seguro de caución, como si se opta por un aval.

En el caso del Seguro de caución:

- Debe emitirse una póliza individual por cada adquiriente.
- Se debe asegurar la cuantía total de las cantidades anticipadas, incluidos impuestos aplicables, incrementada en el interés legal del dinero desde la entrega del anticipo hasta la fecha prevista de entrega de la vivienda.
- El tomador del seguro y el obligado a pagar la prima es el promotor/constructor.
- El asegurado será el adquiriente según el contrato de compraventa.
- La duración del seguro no puede ser menor a la fecha de construcción y entrega de la vivienda.
- Si se concede una prórroga para la entrega de la vivienda, se puede prorrogar el seguro por el promotor/constructor, debiendo informar al asegurado.
- El asegurador puede reclamar al promotor/constructor las cantidades satisfechas a los asegurados.
- Si el asegurador ha satisfecho la indemnización, el promotor/constructor no podrá enajenar la vivienda sin haber resarcido previamente a la entidad aseguradora por la cantidad indemnizada.

En el caso de Aval:

- Se debe emitir y mantener en vigor por la totalidad de las cantidades anticipadas, incluidos impuestos aplicables, incrementada en el interés legal del dinero desde la entrega del anticipo hasta la fecha prevista de entrega de la vivienda.
- Si pasan dos años desde el incumplimiento del promotor/constructor de la obligación garantizada sin que se haya requerido por el adquiriente para la rescisión del contrato y devolución de las cantidades, se producirá la caducidad del aval.

En cuanto a la cancelación de la garantía, la misma se producirá, además de con la expedición de la cédula de habitabilidad, la licencia de primera ocupación o el documento equivalente y la acreditación de la entrega de la vivienda al adquiriente, cuando cumplidas esas condiciones, el adquiriente rehusara recibir la vivienda.
Se determina que el incumplimiento de las obligaciones impuestas constituye una infracción en materia de consumo, aplicándose la normativa al respecto tanto general como autonómica y sin perjuicio de las competencias de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones. El incumplimiento de la obligación de constituir la garantía, dará lugar a una sanción de hasta el 25 % de las cantidades que deban ser aseguradas y, además, se impondrán las infracciones y sanciones que puedan corresponder conforme a la legislación específica en materia de ordenación de la edificación.

Recuerde que para cualquier aclaración sobre esta circular deberá ponerse en contacto con el departamento jurídico del despacho (Patricia Calabuig y Daniel Calabuig).

Atentamente les saluda:
Francis Ferrís Duart
Gerente. Asesoría Duart-Ferrís, S.L

Los datos utilizados en este envío provienen de la base de datos de DUART FERRIS, S.L., Plaza José Rovira, 7 de 46450 Benifaió
(Valencia), donde podrá ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición. Si no desea seguir recibiendo más
información comuníquenoslo

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Quién cobra indemnización por despido y quién no

Fuente: CINCODIAS.COM

La justicia europea acaba de dar un tirón de orejas a España porque considera que discrimina a los trabajadores temporales frente a los fijos. El lunes se conoció una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en que el que pide a los tribunales españoles y, por ende a sus legisladores, que equiparen las indemnizaciones por despido de los asalariados eventuales –interinos en el caso concreto del citado fallo judicial– y los que tienen un contrato indefinido.

Esta sentencia ha abierto caja de los truenos entre los distintos agentes del mercado laboral y el propio Gobierno. Los sindicatos preparan una batería de demandas para reclamar mayores indemnizaciones para los temporales que acaben sus contratos o los hayan terminado en el último año;al tiempo que la mayoría de los expertos laboralistas creen que el próximo Gobierno debería adecuar la legislación a los dicho por Bruselas.

Por su parte desde el Ministerio de Empleo hacen una primera interpretación restrictiva de la sentencia, al considerar que solo deberían equipararse las indemnizaciones de los interinos. Además aseguran que la sentencia “deja claro” que pueden existir y existen distintas modalidades contractuales en las regulaciones laborales de la UE. Esta es la distinta casuística de las actuales indemnizaciones por despido en la ley española:

45 días

La histórica indemnización por despido de 45 días por año trabajado con un tope de la cantidad equivalente a 42 mensualidades de salario dejó de aplicarse de forma generalizada para todos los despidos improcedentes (de trabajadores fijos y temporales) el pasado 12 de febrero de 2012, cuando entró en vigor la reforma laboral. Esta reforma rebajó dicha indemnización general a 33 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades.

Si bien, la nueva fórmula de calcular la indemnización hace que conserven una compensación exclusiva de 45 días solo los trabajadores con contrato indefinido que a fecha del 12 de febrero de 2012 (entrada en vigor de la reforma laboral) hubieran acumulado una indemnización que supere el equivalente a 24 mensualidades.

Mixta 45/33 días

Esta indemnización se creó en la reforma laboral de 2012 y es para los trabajadores que fueron despedidos tras la entrada en vigor de la nueva ley, pero tenían una antigüedad anterior a esa fecha. Así, es la indemnización más común en la actualidad, ya que el 71% de los trabajadores fijos tiene una antigüedad en su empleo de más de seis años (ocho millones de asalariados). A estos habría que sumar el 13% de los temporales que también llevan más de seis años en su puesto de trabajo y que en caso de ser despedidos de forma improcedente antes de que finalice su contrato también recibirían dicha indemnización.

Así, desde el 12 de febrero de 2012 se hace un doble cálculo de indemnización. Se calcula un primer tramo con la antigüedad acumulada antes de dicha fecha. Ese tramo se calcula con 45 días por año trabajado y un máximo de 42 mensualidades.

El segundo tramo corresponde al generado desde el 12 de febrero de 2012 hasta el momento del despido, y se calcula con 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades.

Hecho este doble cálculo se suman las indemnizaciones resultantes. Pero hay una excepción: los trabajadores que hayan obtenido en el primer tramo una cuantía de indemnización equivalente a más de 24 mensualidades. En ese caso, solo cobrarían la cantidad generada en el primer tramo.

33 Días

La indemnización general para todos los despidos improcedentes (de fijos y temporales) desde el 12 de febrero de 2012 es de 33 días por año trabajado con un tope de la cantidad equivalente a 24 mensualidades de salario.

20 días

Los trabajadores (fijos y temporales) a los que se les aplique un despido objetivo individual o colectivo (por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción) y que resulte procedente, tienen una indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades.

12 Días

Los trabajadores con contrato temporal reciben una indemnización de 12 días por año trabajado al término de su contrato en la fecha prevista.

Sin indemnización

Los trabajadores interinos (unos 300.000 en las administraciones públicas y 200.000 más en el sector privado) no tienen indemnización al término de su contrato. Aunque si fueran despedidos de forma improcedente antes de finalizar su contrato también dispondrían de las indemnizaciones anteriores.

Tampoco la tienen los trabajadores despedidos disciplinariamente de forma procedente.

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¿Cuánto dinero cuesta vender una casa? No se olvide de los impuestos

Fuente: ELPAIS.COM

Nada es gratis. Hasta hay casos en los que deberá pagar cantidades nada despreciables por vender algo que le pertenece. Por lo menos, esto es lo que ocurre con la vivienda: así como hay que abonar unos cuantos impuestos y gastos cuando se compra un inmueble, también en la operación de venta hay que hacer frente a una serie de gravámenes. Para no tener sorpresas, es recomendable echar cuentas e investigar si podemos acogernos a algunos de los beneficios fiscales que la ley contempla en determinadas situaciones.

IRPF. Cuando se vende una propiedad inmobiliaria se puede ganar o perder dinero, según se liquide por un precio superior o inferior al que se había desembolsado para comprarla. Si hay ganancia, hay que hacerlo constar en la declaración de la renta y pagar por ello. “La eventual plusvalía tributa en el tramo del ahorro según el tipo que le corresponda”, aclara Ricardo Gulias, intermediario financiero independiente y director de RN Tu Solución Hipotecaria.

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No vale, sin embargo, con hacer una simple resta entre los precios de adquisición y de venta. “Hay que considerar también los gastos de ambas transacciones y otros conceptos”, explica Gulias. Para aclararlo, pone un ejemplo. Una persona adquiere en 2010 una vivienda por 100.000 euros; a esta cantidad le añade 7.000 euros, que reúnen los costes de la adquisición (impuestos y otros tributos y gastos) y de las mejoras realizadas, al neto de las amortizaciones. El precio de compra sobre el que calcular la plusvalía serán entonces 107.000 euros, y no 100.000.

Por otro lado, si logra vender el inmueble por 200.000 euros, habrá que restar a esta cifra los costes de la enajenación (impuestos y tributos). Si fueran de 6.000 euros, la ganancia sobre la que se tributará la da la diferencia entre 194.000 euros (precio de venta, restados los gastos) y 107.000 (precio de compra, sumados los costes), es decir, 87.000 euros. Con estas cantidades, el importe del impuesto sobre la renta se situaría en 18.890 euros, calcula Gulias.

¿Y si la vivienda es heredada? “Cuando se hereda un inmueble se le da un valor en base a las tablas del catastro, y en función de esa cantidad se hacen los cálculos”, explica el experto. Por otro lado, si no hay ganancia —si la casa se vende por un precio inferior al que se ha comprado—, no habrá que tributar por la plusvalía. Pero merece la pena declarar igualmente la pérdida patrimonial en la declaración de la renta: la ley establece que el perjuicio generado por la operación puede ser compensado con las eventuales ganancias que se obtengan a lo largo de los cuatro años siguientes.

Existen otros supuestos en los que el vendedor se ahorra pagar por la plusvalía a Hacienda. Por ejemplo, cuando la ganancia obtenida por la venta de la vivienda habitual se reinvierta para adquirir la que se será la nueva primera residencia. “Pero hay que usar todo el dinero y hacerlo en los dos años siguientes a la operación”, recuerda Gulias: “Si consigo un beneficio de 30.000 euros y solo uso 20.000, tendré que tributar por esos 10.000 euros de diferencia que no he usado para la compra del nuevo inmueble”.

Por otro lado, los mayores de 65 años que venden su residencia habitual siempre están exentos de tributar por la plusvalía. Tampoco deben pagar el impuesto cuando usen el beneficio obtenido para constituir una renta vitalicia —exento hasta un máximo de 240.000 euros—, aunque la ganancia proceda de una vivienda que no es la habitual. También en este caso, si la reinversión es parcial se tributará solo por la diferencia entre los importes. No están obligadas a abonar el impuesto tampoco las personas con dependencia severa y, desde 2014, cuando la plusvalía proceda de dación en pago o desahucio.

La reforma fiscal que entró en vigor el 1 de enero de 2015 cambió el panorama de los beneficios fiscales. Antes, existían dos coeficientes que reducían la carga a pagar en concepto de plusvalía inmobiliaria: el de actualización, que corregía el beneficio por efecto de la inflación, y el de abatimiento, una reducción que se aplicaba a cualquier ganancia patrimonial anterior a 1994.

Con el cambio normativo, el coeficiente de actualización ha sido eliminado, mientras el de abatimiento sigue en vigor con limitaciones: solo se aplica cuando el precio de venta es inferior a los 400.000 euros, cantidad que además se refiere al total de ganancias patrimoniales. Es decir que, si vendemos la casa por 380.000 euros, en futuras operaciones solo podremos aplicar la reducción a los 20.000 que restan.

¿El resultado? Una subida de la base sobre la que calcular el tributo. Para paliarla, se han reducido los tipos impositivos: antes, los primeros 6.000 euros de rendimientos del ahorro tributan al 21%, hasta los 24.000 al 25% y al 27% por encima de esta cantidad. Tras una primera rebaja en 2015, a partir de este año se sitúan en el 19%, 21% y 23%, respectivamente.

Plusvalía municipal. Este impuesto se tiene que pagar independientemente de la edad del vendedor y de la naturaleza de la vivienda. La plusvalía municipal, o Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), es una carga local, cuya cuantía se calcula en función de unos coeficientes que establece el ayuntamiento donde radica el inmueble. “Se supone que se tiene que pagar porque parte de la ganancia obtenida se debe a la revalorización del suelo”, explica Alberto Murcia, vicepresidente de la Asociación Empresarial de la Gestión Inmobiliaria (AEGI), “pero no tiene sentido si hay pérdida”.

“No tiene sentido pagar la plusvalía municipal si la venta genera una pérdida”

Alberto Murcia, vicepresidente de AEGI

Con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria la administración ha seguido exigiendo el pago de la plusvalía municipal, pese a que el valor de la vivienda (y del suelo) haya bajado de manera considerable en numerosas provincias. “Este impuesto tenía lógica mientras los precios subían, cuando el mercado es ascendente, pero esta no es la realidad actual”, analiza Murcia. Así, cuando la venta se ha cerrado con una pérdida patrimonial, es recomendable reclamar la devolución del impuesto. “Hay bastantes sentencias que están dando razón a los vendedores”, asegura el vicepresidente de AEGI.

Notaría, registro y gestoría. Los gastos de notaría relativos a la compraventa los suele abonar el comprador, pero si el vendedor tiene una hipoteca que grava sobre el inmueble tendrá que proceder a su cancelación, tanto en el banco como en el Registro de la Propiedad, fundamental para dejar el inmueble libre de cargas. Y asumir los gastos correspondientes. La comisión de cancelación bancaria, en media, es del 0,5%, explica Gulias.

Normalmente, son las entidades que se encargan de estas operaciones, a través de su gestoría. “Este trámite ronda los 1.000 euros; los banco suelen hacer una provisión de fondos”, concluye Murcia. No hay que olvidar que, si se ha contratado una agencia inmobiliaria, sus honorarios también corren a cargo del vendedor.

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Los emprendedores podrán cobrar el paro en un pago único

Fuente: EXPANSION.COM

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha indicado que constituir una empresa no impide a los autónomos cobrar la prestación por desempleo en un pago único.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha sentenciado que constituir una sociedad de responsabilidad limitada “no es incompatible con la cualidad de trabajador autónomo cuando la posición jurídica del socio determina su obligada afiliación al RETA, como es el caso, no se cuestiona el efectivo desempeño de la actividad por cuenta propia en los términos legales y ni siquiera se alega -ni existe- el más mínimo indicio de fraude con tal constitución”, según informa el Alto Tribunal.

El problema que ha resuelto la Sala es el de un desempleado que capitalizó el paro en un solo pago después de fundar una mercantil de este tipo, suscribiendo él mismo el 100 % del capital, nombrándose administrador y dándose de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) diez días después de elevar a escritura pública su sociedad.

Un año después, el Servicio Público de Empleo Estatal -SPEE- le reclamó 19.567,80 euros por el cobro indebido de la prestación al haber constituido la empresa cuando en la solicitud constaba que la actividad era la de trabajador autónomo.

El juzgado rechazó la demanda del recurrente solicitando la anulación de la citada resolución y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sentenció que no hubo cobro indebido al estar dado de alta como autónomo por lo que revocó la decisión del Servicio Público de Empleo Estatal.

De acuerdo con este último fallo, la Sala de lo Social desestima el recurso de casación del abogado del Estado en el que argumentaba que el pago único de la prestación sólo es posible cuando el beneficiario se constituya como trabajador autónomo o como socio trabajador en cooperativas o sociedades laborales.

La sentencia explica que aunque la Ley 45/2002 sólo se refiere como sociedades a las cooperativas y la sociedades laborales no excluye de manera expresa ninguna otra, y añade que “cuando concurren las circunstancias fácticas y jurídicas que conducen obligatoriamente al encuadramiento y alta en el RETA de determinadas personas físicas, éstas, individualmente consideradas, siempre que la sociedad de capital lleve realmente a cabo la actividad que constituya su objeto, reúnen la cualidad de trabajadores autónomos, también a los efectos de la prestación aquí debatida”.

La sentencia, con ponencia del magistrado José Luis Gilolmo López, recuerda que desde la perspectiva finalista del estímulo del autoempleo esta es la solución adoptada en otras situaciones similares por la Sala de lo Social. En este sentido añade que aunque el RD 1300/2009, de 31 de julio, de medidas urgentes de empleo destinadas a los trabajadores autónomos y a las cooperativas y sociedades laborales no se refiera a las sociedades de capital como formas de autoempleo, “cuando, en determinadas circunstancias, alguno de sus socios puede ostentar la cualidad material de trabajadores por cuenta propia, resulta perfectamente congruente su equiparación con aquéllos, también a los efectos que aquí importan, porque sin duda contribuye a lograr la misma finalidad: el autoempleo”.

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Adios al ‘libro de visitas’ de la Inspección de Trabajo

Fuente: CINCODIAS.COM

Las empresas ya no tendrán que actualizar y guardar el denominado libro de visitas de la Inspección de Trabajo en el que debían llevar la cuenta de las inspecciones que les realizaba este organismo. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha aprobado una orden ministerial que ha publicado hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE) que elimina definitivamente este libro de visitas, tanto en formato papel como en formato electrónico.

Esta medida redundará en un ahorro de 700 millones de euros, que se enmarca en las medidas del Gobierno para reducir cargas administrativas, según explicó ayer el Ministerio de Empleo.

Con esta eliminación también se traslada de la empresa a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la obligación de documentar y dejar constancia de las actuaciones inspectoras realizadas en las visitas a las empresas o en las comparecencias de éstas en las oficinas de inspección.

El libro de visitas de la Inspección cuyo origen está unido a la creación de la propia Inspección de Trabajo y Seguridad Social, hace 110 años. De hecho, en 1906, el primer reglamento para el servicio de inspección de trabajo, aprobado por el entonces Ministerio de Gobernación, obligaba a que en todos los establecimientos sujetos a inspección existiera un libro de visitas.

En 2013, este libro se sustituyó por el formato electrónico, en una primera adaptación de la Inspección de Trabajo por el creciente uso de las nuevas tecnologías en las relaciones de las empresas con la Administración.

Ahora, los inspectores de trabajo, cuando realicen visitas a los centros de trabajo o comprobaciones en dependencias públicas, extenderán diligencia, según establece la orden, y podrán utilizar medios electrónicos.

En concreto, extenderán una diligencia por cada visita, reflejando las materias, aspectos examinados o incidencias, que deberán ser conservadas por un plazo de cinco años.

La orden contempla que el modelo se confeccione en versión bilingüe en las comunidades autónomas con lengua cooficial.

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