Blog de Asesoría Duart Ferrís. Asesoría de empresas en Benifaió (Valencia)

Ayudas y subvenciones.

Estimado cliente:
Le comunicamos que recientemente se han publicado una línea de ayudas que pueden ser muy interesantes para el sector de instalaciones y montajes en viviendas. Siendo los directamente beneficiarios sus clientes, ya que se subvencionan las compras directas de calderas de calefacción así como las obras por instalaciones de ventanas exteriores. Por lo que puede ser un fomento para que pueda incrementar sus ventas en su negocio.

CIRCULAR SUBVENCIONES marzo 2017
ANEXO I CARACT.TECNICAS VENTANAS
ANEXO II CARACT.TECNICAS CALDERAS

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Cómo pedir las ayudas para cambiar calderas y ventanas

Fuente: LEVANTE EL MERCANTIL VALENCIANO

Se adjudicarán por orden de solicitud, así que no hay que despistarse. El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) publicó ayer la convocatoria de ayudas del Plan Renove Renhata, un programa que contempla subvenciones para mejorar la eficiencia energética en el interior de las viviendas. La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, Maria José Salvador, anunció un plan que, por primera vez, se centra en ayudas directas a particulares para mejorar su vivienda.

El Plan Renhata aborda cuatro lineas distintas -sustitución de calderas y ventanas; y reformas de baños y cocinas- pero, de momento solo se han publicado las órdenes de ayudas centradas en la sustitución de calderas y ventanas, con un presupuesto de 200.000 y 750.000 euros respectivamente. Fuentes de la conselleria aseguraron que en breve se publicarán las otras dos. El único criterio para otorgar las ayudas será el momento de presentación de las solicitudes. El plazo comenzará el 6 de marzo y finalizará el 30 de junio. La convocatoria de ayudas la publica el Ivace, ya que es la entidad encargada de «establecer, gestionar, y tramitar» la línea de ayudas.

El Plan Renhata de Ventanas 2017 centra el objetivo en mejorar la eficiencia energética ya que «una rehabilitación térmica supone una reducción del consumo energético total del edificio de entre un 5% y un 10% anual, y por tanto, la factura energética asociada a calefacción y refrigeración será menor para el consumidor». El presupuesto es de 750.000 euros aunque se podrá incrementar la financiación.

A estas ayudas puede acogerse el propietario, inquilino o usufructurario de la vivienda, independeintemente de su renta. Ahora bien, la sustitución de ventanas y puertas-ventana (acristalamiento, marco y premarco) debe ser en la vivienda habitual y con una serie de requisitos entre los que destaca: Que formen parte del cerramiento exterior de la vivienda (no se subvenciona le cambio en las ventanas interiores); que los acristalamientos a sustituir sean acristalamientos simples; que las nuevas puertas o ventanas cuenten con marcado CE y que cuenten con una permeabilidad al aire determinada. Ahora bien, según la población donde se ubique la vivienda existen unas características térmicas u otras , que se especifican en la convocatoria.

La convocatoria también recalca que «solo serán subvencionables las renovaciones realizadas a partir de la fecha de inicio de presentación de solicitudes». No se incuyen «actuaciones de renovación que conlleven un aumento de la superficie acristalada en más de un 25%», ni renovar persianas o similares. La cuantía de la ayuda individual será como máximo de 75 euros por metro cuadrado para renovaciones completas de ventanas o puertas-ventana (acristalamiento, marco y premarco). La ayuda máxima será de 3.000 euros por vivienda.

Quien esté interesado en solicitar la ayuda debe ponerse en contacto con un comercio o empresa instaladora adherida al Plan renove Renhata de Ventanas 2017. El listado se puede consultar en la página web del Ivace www.planrenove.gva.es o a través de la oficina de campaña identificada en dicha página web. La empresa instaladora tramitará de manera telemática la solicitud y la documentación.

A la sustitución de las calderas, la Generalitat Valenciana destina 200.00 euros para que propietarios, inquilinos o usufructuarios cambien «una caldera de calefacción de baja eficiencia energética que utilice cualquier combustible no renovable, por una caldetra estanca de condensación solo calefacción o mixta que utilice gas natural o GLP con una potencia nominal comprendida entre 15 y 70 kW». La ayuda es de 300 euros y solo se subvencionará la compra de una única caldera por usuario. Al igual que ocurre con las ventanas, las calderas y las empresas instaladoras deben estar incluidas en el listado disponible en la página web del Plan Renove de la Generalitat Valenciana.

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Calendario para presentar la declaración de la renta en 2017

FUENTE:

Se acerca el mes para rendir cuentas con Hacienda en 2017 por IRPF. La agencia tributaria ya ha publicado el calendario con la fecha en la que comenzará a presentarse la declaración de la renta 2016, a partir del mes de abril de 2017. Estas son algunas fechas clave:

- A partir del 5 de abril de 2017: Presentación exclusivamente por internet del borrador de renta y de las declaraciones de Renta 2016 y Patrimonio 2016.

- Desde el 11 de mayo y hasta el 30 de junio: Presentación en entidades colaboradoras, Comunidades Autónomas y oficinas de la AEAT de la declaración. Con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta hasta el 26 de junio.

- Hasta el 26 de junio: Presentación del borrador y declaración de la renta con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta.

- Hasta el 30 de junio: Presentación del borrador y declaración de la renta en el resto de casos.

Novedades:

- Desaparece el Programa PADRE que es sustituido por el Sistema Renta WEB, una plataforma que se generaliza para todos los contribuyentes, cualquiera que sea la naturaleza de sus rentas.

- Se aprueban los modelos 121 y modelo 122. El modelo 121 se utilizará por primera vez y será para deducciones por familia numerosa o por personas con discapacidad a cargo cuando se comunique la cesión del derecho a la deducción por contribuyentes no obligados a presentar declaración.

En el caso del modelo 122 se presentará en el plazo establecido para la presentación de la declaración. Este modelo, de deducciones por familia numerosa, por personas con discapacidad a cargo o por ascendiente con dos hijos separado legalmente o sin vínculo matrimonial, en caso de regularización del derecho a la deducción por contribuyentes no obligados a presentar declaración

Identificación:

La presentación electrónica por internet podrá realizarse con DNI electrónico, certificado electrónico, Cl@ve PIN o número de referencia. Para todos los modelos podrá utilizarse el DNI electrónico y/o el certificado electrónico, de personas físicas, representantes de personas jurídicas y cualquier otra entidad. La Cl@ve PIN y el número de referencia sólo podrán ser utilizados por personas físicas.

EN FEBRERO, MES DEL AMOR, ENAMÓRATE DE TU ASESORIA

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Hacienda admite aplazar deudas al cesar el concurso de acreedores

Fuente: ELECONOMISTA.ES

Aunque en el artículo 65.2 de la Ley General Tributaria (LGT) se establece que no pueden ser aplazadas o fragmentadas en caso de concurso del obligado tributario, las deudas consideradas como créditos contra la masa, de acuerdo con la Ley Concursal, la Agencia Tributaria (AEAT) ha publicado una instrucción en la que se indican las pautas que se deben seguir cuando cesan los efectos del concurso como consecuencia de la aprobación de un convenio de acreedores.

Así, se inadmitirán todas las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas devengadas en el plazo que transcurre desde la declaración del concurso hasta la eficacia del convenio -cese de efectos del concurso-, con independencia de que se hayan presentado antes o después de esa fecha.

Basa su criterio la AEAT en que las deudas devengadas tras la fecha del auto de declaración del concurso y antes de la eficacia del convenio, que son créditos contra la masa según el artículo 84.2 de la LC y si se solicita su aplazamiento se ha de aplicar el artículo 65.2 de la LGT, según el cual son inaplazables.

Las deudas devengadas tras la fecha de eficacia del convenio, en cuanto que son créditos nacidos después del cese de efectos del concurso, son aplazables como cualquier deuda tributaría si se cumplen los requisitos legales.

Cuando se abre la fase de liquidación por incumplimiento del convenio de acreedores, y puesto que esto determina que se desplieguen de nuevo todos los efectos del concurso, todas las deudas devengadas desde el auto de declaración del concurso se consideran créditos contra la masa y son inaplazables.

Los ya concedidos deben cancelarse atendiendo a la naturaleza inaplazable sobrevenida de las deudas que son su objeto. Así, debe incluirse una condición resolutoria en el acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento de pago de estas deudas para que, de darse el caso de apertura de la fase de liquidación, se produzca la cancelación del acuerdo.

Tres supuestos

En cuanto al tratamiento de las solicitudes de aplazamiento de deudas con naturaleza de créditos concursales, la AEAT distingue tres supuestos. En los solicitados antes de la declaración de concurso pendientes de resolución, se procederá a su archivo por pérdida sobrevenida del objeto del procedimiento en base al artículo 103.2 de la LGT.

En el caso de los aplazamientos de créditos concursales solicitados tras el auto de declaración de concurso, se inadmitirá la solicitud de aplazamiento. En la medida en que el pago de los créditos tributarios queda sometido al proceso judicial en virtud de la declaración de concurso, una petición de aplazamiento carece de fundamento, y por tanto de objeto. El artículo 88,5 de la Ley de Procedimiento Administrativo permite dictar resolución de inadmisión de solicitudes “manifiestamente carentes de fundamento”. Contra esta actuación, se indicará la posibilidad de plantear los recursos procedentes.

Y en los aplazamientos de créditos privilegiados solicitados tras la fecha de eficacia del convenio, el cese de efectos del concurso que provoca la eficacia del convenio determina la exigibilidad inmediata del pago de esos créditos no sometidos al mismo, sobre los cuales, en esta nueva situación procesal, se denegará su aplazamiento, ya que como alternativa a su exigencia inmediata el acuerdo singular será el marco general en que se establezcan las condiciones para satisfacer los créditos privilegiados.

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¿Hay que pagar la plusvalía municipal al vender una casa?

Fuente: ELPAIS.COM

A las batallas judiciales por las cláusulas suelo y los gastos de formalización de las hipotecas se une ahora otra contienda que está dando mucho que hablar. Los juzgados españoles están lidiando con el pago de la plusvalía municipal, un impuesto cobrado por los ayuntamientos a los vendedores de inmuebles. Desde que estalló la crisis inmobiliaria, que ha provocado caídas en los precios de las propiedades de entre el 30% y 40%, el impuesto está siendo cuestionado.

Esta tasa grava el incremento que experimenta el valor de un terreno urbano (aunque incluya edificación) desde su adquisición a su venta y se paga siempre que un inmueble se transmite a través de una venta, una herencia, una donación o una permuta y ha pasado al menos un año en poder de la persona o empresa que lo comercializa. Cuando se vende un terreno es fácil demostrar que no ha habido incremento de valor, pero cuando se trata de un inmueble la cosa se complica. ¿Qué pasa si vendo una vivienda a un precio inferior al de compra, como ha ocurrido en los años de crisis y sigue sucediendo? En este caso, “si se trata de un impuesto que grava la revalorización de los terrenos, lo lógico sería no pagarlo cuando ha habido una depreciación”, se posiciona Jorge Daniel Mora, de OCU.

Para los ayuntamientos siempre se da ese incremento de valor, sin excepción, porque realizan el cálculo en base al valor catastral del terreno y no sobre el valor real del mismo. “Además, la normativa aplica unos porcentajes teóricos a efectos de gravar un supuesto incremento de valor que en algunas ocasiones puede no darse en la realidad”, explica Lina Guerra, directora de planificación patrimonial y fiscal de Tressis. Es decir, “el cálculo no depende en absoluto del precio de compra o venta del terreno —al contrario de lo que ocurre con la ganancia patrimonial—, sino de una fórmula matemática que aplica un incremento ficticio”, dice Pelayo de Salvador Morell, abogado del bufete deSalvador Real Estate Lawyer.

Ocurre entonces que, “aunque se venda por mucho menos de lo que se compró, como se calcula aplicando un coeficiente al valor catastral, siempre da a pagar”, apunta José María Salcedo, abogado y socio de Ático Jurídico. Muchos son los abogados que consideran que “el método de cálculo contemplado en la ley resulta tremendamente rígido pues, aunque haya pérdidas en la transmisión y una inexistencia total de incremento de valor, el resultado siempre sale favorable para las arcas municipales”, concluye Carmen Giménez titular de G&G Abogados.

Pero los vendedores no están dispuestos a pasar por el aro de una tasa que consideran injusta y de la que ya se reclama su inconstitucionalidad. En los últimos años ha crecido el número de particulares y empresas que han acudido a los juzgados a denunciar el pago indebido de la plusvalía. Concretamente, “desde la crisis inmobiliaria se han multiplicado las impugnaciones de este impuesto, en la medida en que se ha liquidado plusvalía municipal en transmisiones en las que el precio de venta ha sido inferior al de adquisición”, explica Xavier López Villaécija, director del Área Fiscal de Sanahuja Miranda Abogados. El impuesto existía antes, pero las circunstancias eran bien distintas. “Antes de la crisis a todo el mundo le daba igual, ya que el impuesto a pagar era pequeño en relación a las grandes plusvalías que se obtenían en la venta. Pero cuando la gente empezó a vender perdiendo dinero, se convirtió en un impuesto molesto”, opina Salcedo.

El importe medio reclamado está entre los 2.000 y 5.000 euros, pero depende del valor del inmueble transmitido. El abogado de Ático Jurídico explica que recientemente ha ganado un recurso contra un ayuntamiento de la provincia de Valencia por varias liquidaciones dictadas al mismo contribuyente por un importe de más de 13.000 euros. “Pudimos acreditar que los inmuebles se habían vendido en pérdidas y el juzgado declaró la inexistencia de hecho imponible. También estamos recurriendo en municipios de Baleares y Madrid”.

La primera sentencia que inició la guerra contra las liquidaciones de plusvalía municipal fue en 2010 por un juzgado de lo contencioso de Cuenca que cuestionó la fórmula matemática aplicada. Pero una de las más significativas, al considerar que no se había producido un incremento real del valor del terreno y que no había obligación de tributar por el impuesto, fue la sentencia de 2012 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, recuerda Carmen Giménez. Cada vez más jueces sostienen ahora esta interpretación. Una de las últimas ha sido la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el pasado mes de junio, que anuló las liquidaciones reclamadas por un contribuyente por importe de 96.313 euros.

Doctrina judicial

Los jueces se están posicionando en contra de los ayuntamientos y su poco precisa fórmula de cálculo. “La doctrina de los tribunales que va consolidándose se fundamenta en que el impuesto municipal no se devenga y no existiría la obligación de tributar en casos en los que no se ha producido, en base a hechos objetivos, un incremento en el valor del terreno urbano”, apunta el director del Área Fiscal de Sanahuja Miranda Abogados. Aunque hay algunas voces críticas: “Los jueces no han interpretado la norma adecuadamente y confunden pérdida patrimonial con pérdida de valor”, cree De Salvador.

Aún así, las demandas están prosperando cuando se puede acreditar que no ha existido incremento de valor y sí depreciación. Muchas veces es necesario un peritaje, pero “en otras ocasiones basta con las propias escrituras de compraventa y tasaciones hipotecarias”, recuerda José María Salcedo.

Los expertos aconsejan pagar la plusvalía primero (dentro de los 30 días posteriores a la transmisión; seis meses en el caso de herencias), para evitar sanciones y reclamar después (tiene cuatro años para hacerlo) el importe pagado más los intereses de demora. Esto en el caso de que el contribuyente presente una autoliquidación por este impuesto. Ahora bien, “si al vendedor le notifica el ayuntamiento una liquidación tendrá solo un plazo de un mes para recurrirla”, recuerda Salcedo.

La resolución de los tribunales suele demorarse entre 12 y 18 meses. OCU recuerda que el contribuyente puede enfrentarse a un “proceso caro, largo y solo compensa si hay bastante dinero en juego y buenas perspectivas”. Si se aporta prueba pericial merece la pena acudir a juicio si la reclamación supera los 4.000 o 5.000 euros, dice Xavier López. En caso de no necesitar la pericial, sí compensa reclamar a partir de los 3.000 euros, cree Salcedo.

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