Blog de Asesoría Duart Ferrís. Asesoría de empresas en Benifaió (Valencia)

Calendario para presentar la declaración de la renta en 2017

FUENTE:

Se acerca el mes para rendir cuentas con Hacienda en 2017 por IRPF. La agencia tributaria ya ha publicado el calendario con la fecha en la que comenzará a presentarse la declaración de la renta 2016, a partir del mes de abril de 2017. Estas son algunas fechas clave:

- A partir del 5 de abril de 2017: Presentación exclusivamente por internet del borrador de renta y de las declaraciones de Renta 2016 y Patrimonio 2016.

- Desde el 11 de mayo y hasta el 30 de junio: Presentación en entidades colaboradoras, Comunidades Autónomas y oficinas de la AEAT de la declaración. Con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta hasta el 26 de junio.

- Hasta el 26 de junio: Presentación del borrador y declaración de la renta con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta.

- Hasta el 30 de junio: Presentación del borrador y declaración de la renta en el resto de casos.

Novedades:

- Desaparece el Programa PADRE que es sustituido por el Sistema Renta WEB, una plataforma que se generaliza para todos los contribuyentes, cualquiera que sea la naturaleza de sus rentas.

- Se aprueban los modelos 121 y modelo 122. El modelo 121 se utilizará por primera vez y será para deducciones por familia numerosa o por personas con discapacidad a cargo cuando se comunique la cesión del derecho a la deducción por contribuyentes no obligados a presentar declaración.

En el caso del modelo 122 se presentará en el plazo establecido para la presentación de la declaración. Este modelo, de deducciones por familia numerosa, por personas con discapacidad a cargo o por ascendiente con dos hijos separado legalmente o sin vínculo matrimonial, en caso de regularización del derecho a la deducción por contribuyentes no obligados a presentar declaración

Identificación:

La presentación electrónica por internet podrá realizarse con DNI electrónico, certificado electrónico, Cl@ve PIN o número de referencia. Para todos los modelos podrá utilizarse el DNI electrónico y/o el certificado electrónico, de personas físicas, representantes de personas jurídicas y cualquier otra entidad. La Cl@ve PIN y el número de referencia sólo podrán ser utilizados por personas físicas.

EN FEBRERO, MES DEL AMOR, ENAMÓRATE DE TU ASESORIA

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Hacienda admite aplazar deudas al cesar el concurso de acreedores

Fuente: ELECONOMISTA.ES

Aunque en el artículo 65.2 de la Ley General Tributaria (LGT) se establece que no pueden ser aplazadas o fragmentadas en caso de concurso del obligado tributario, las deudas consideradas como créditos contra la masa, de acuerdo con la Ley Concursal, la Agencia Tributaria (AEAT) ha publicado una instrucción en la que se indican las pautas que se deben seguir cuando cesan los efectos del concurso como consecuencia de la aprobación de un convenio de acreedores.

Así, se inadmitirán todas las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas devengadas en el plazo que transcurre desde la declaración del concurso hasta la eficacia del convenio -cese de efectos del concurso-, con independencia de que se hayan presentado antes o después de esa fecha.

Basa su criterio la AEAT en que las deudas devengadas tras la fecha del auto de declaración del concurso y antes de la eficacia del convenio, que son créditos contra la masa según el artículo 84.2 de la LC y si se solicita su aplazamiento se ha de aplicar el artículo 65.2 de la LGT, según el cual son inaplazables.

Las deudas devengadas tras la fecha de eficacia del convenio, en cuanto que son créditos nacidos después del cese de efectos del concurso, son aplazables como cualquier deuda tributaría si se cumplen los requisitos legales.

Cuando se abre la fase de liquidación por incumplimiento del convenio de acreedores, y puesto que esto determina que se desplieguen de nuevo todos los efectos del concurso, todas las deudas devengadas desde el auto de declaración del concurso se consideran créditos contra la masa y son inaplazables.

Los ya concedidos deben cancelarse atendiendo a la naturaleza inaplazable sobrevenida de las deudas que son su objeto. Así, debe incluirse una condición resolutoria en el acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento de pago de estas deudas para que, de darse el caso de apertura de la fase de liquidación, se produzca la cancelación del acuerdo.

Tres supuestos

En cuanto al tratamiento de las solicitudes de aplazamiento de deudas con naturaleza de créditos concursales, la AEAT distingue tres supuestos. En los solicitados antes de la declaración de concurso pendientes de resolución, se procederá a su archivo por pérdida sobrevenida del objeto del procedimiento en base al artículo 103.2 de la LGT.

En el caso de los aplazamientos de créditos concursales solicitados tras el auto de declaración de concurso, se inadmitirá la solicitud de aplazamiento. En la medida en que el pago de los créditos tributarios queda sometido al proceso judicial en virtud de la declaración de concurso, una petición de aplazamiento carece de fundamento, y por tanto de objeto. El artículo 88,5 de la Ley de Procedimiento Administrativo permite dictar resolución de inadmisión de solicitudes “manifiestamente carentes de fundamento”. Contra esta actuación, se indicará la posibilidad de plantear los recursos procedentes.

Y en los aplazamientos de créditos privilegiados solicitados tras la fecha de eficacia del convenio, el cese de efectos del concurso que provoca la eficacia del convenio determina la exigibilidad inmediata del pago de esos créditos no sometidos al mismo, sobre los cuales, en esta nueva situación procesal, se denegará su aplazamiento, ya que como alternativa a su exigencia inmediata el acuerdo singular será el marco general en que se establezcan las condiciones para satisfacer los créditos privilegiados.

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¿Hay que pagar la plusvalía municipal al vender una casa?

Fuente: ELPAIS.COM

A las batallas judiciales por las cláusulas suelo y los gastos de formalización de las hipotecas se une ahora otra contienda que está dando mucho que hablar. Los juzgados españoles están lidiando con el pago de la plusvalía municipal, un impuesto cobrado por los ayuntamientos a los vendedores de inmuebles. Desde que estalló la crisis inmobiliaria, que ha provocado caídas en los precios de las propiedades de entre el 30% y 40%, el impuesto está siendo cuestionado.

Esta tasa grava el incremento que experimenta el valor de un terreno urbano (aunque incluya edificación) desde su adquisición a su venta y se paga siempre que un inmueble se transmite a través de una venta, una herencia, una donación o una permuta y ha pasado al menos un año en poder de la persona o empresa que lo comercializa. Cuando se vende un terreno es fácil demostrar que no ha habido incremento de valor, pero cuando se trata de un inmueble la cosa se complica. ¿Qué pasa si vendo una vivienda a un precio inferior al de compra, como ha ocurrido en los años de crisis y sigue sucediendo? En este caso, “si se trata de un impuesto que grava la revalorización de los terrenos, lo lógico sería no pagarlo cuando ha habido una depreciación”, se posiciona Jorge Daniel Mora, de OCU.

Para los ayuntamientos siempre se da ese incremento de valor, sin excepción, porque realizan el cálculo en base al valor catastral del terreno y no sobre el valor real del mismo. “Además, la normativa aplica unos porcentajes teóricos a efectos de gravar un supuesto incremento de valor que en algunas ocasiones puede no darse en la realidad”, explica Lina Guerra, directora de planificación patrimonial y fiscal de Tressis. Es decir, “el cálculo no depende en absoluto del precio de compra o venta del terreno —al contrario de lo que ocurre con la ganancia patrimonial—, sino de una fórmula matemática que aplica un incremento ficticio”, dice Pelayo de Salvador Morell, abogado del bufete deSalvador Real Estate Lawyer.

Ocurre entonces que, “aunque se venda por mucho menos de lo que se compró, como se calcula aplicando un coeficiente al valor catastral, siempre da a pagar”, apunta José María Salcedo, abogado y socio de Ático Jurídico. Muchos son los abogados que consideran que “el método de cálculo contemplado en la ley resulta tremendamente rígido pues, aunque haya pérdidas en la transmisión y una inexistencia total de incremento de valor, el resultado siempre sale favorable para las arcas municipales”, concluye Carmen Giménez titular de G&G Abogados.

Pero los vendedores no están dispuestos a pasar por el aro de una tasa que consideran injusta y de la que ya se reclama su inconstitucionalidad. En los últimos años ha crecido el número de particulares y empresas que han acudido a los juzgados a denunciar el pago indebido de la plusvalía. Concretamente, “desde la crisis inmobiliaria se han multiplicado las impugnaciones de este impuesto, en la medida en que se ha liquidado plusvalía municipal en transmisiones en las que el precio de venta ha sido inferior al de adquisición”, explica Xavier López Villaécija, director del Área Fiscal de Sanahuja Miranda Abogados. El impuesto existía antes, pero las circunstancias eran bien distintas. “Antes de la crisis a todo el mundo le daba igual, ya que el impuesto a pagar era pequeño en relación a las grandes plusvalías que se obtenían en la venta. Pero cuando la gente empezó a vender perdiendo dinero, se convirtió en un impuesto molesto”, opina Salcedo.

El importe medio reclamado está entre los 2.000 y 5.000 euros, pero depende del valor del inmueble transmitido. El abogado de Ático Jurídico explica que recientemente ha ganado un recurso contra un ayuntamiento de la provincia de Valencia por varias liquidaciones dictadas al mismo contribuyente por un importe de más de 13.000 euros. “Pudimos acreditar que los inmuebles se habían vendido en pérdidas y el juzgado declaró la inexistencia de hecho imponible. También estamos recurriendo en municipios de Baleares y Madrid”.

La primera sentencia que inició la guerra contra las liquidaciones de plusvalía municipal fue en 2010 por un juzgado de lo contencioso de Cuenca que cuestionó la fórmula matemática aplicada. Pero una de las más significativas, al considerar que no se había producido un incremento real del valor del terreno y que no había obligación de tributar por el impuesto, fue la sentencia de 2012 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, recuerda Carmen Giménez. Cada vez más jueces sostienen ahora esta interpretación. Una de las últimas ha sido la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el pasado mes de junio, que anuló las liquidaciones reclamadas por un contribuyente por importe de 96.313 euros.

Doctrina judicial

Los jueces se están posicionando en contra de los ayuntamientos y su poco precisa fórmula de cálculo. “La doctrina de los tribunales que va consolidándose se fundamenta en que el impuesto municipal no se devenga y no existiría la obligación de tributar en casos en los que no se ha producido, en base a hechos objetivos, un incremento en el valor del terreno urbano”, apunta el director del Área Fiscal de Sanahuja Miranda Abogados. Aunque hay algunas voces críticas: “Los jueces no han interpretado la norma adecuadamente y confunden pérdida patrimonial con pérdida de valor”, cree De Salvador.

Aún así, las demandas están prosperando cuando se puede acreditar que no ha existido incremento de valor y sí depreciación. Muchas veces es necesario un peritaje, pero “en otras ocasiones basta con las propias escrituras de compraventa y tasaciones hipotecarias”, recuerda José María Salcedo.

Los expertos aconsejan pagar la plusvalía primero (dentro de los 30 días posteriores a la transmisión; seis meses en el caso de herencias), para evitar sanciones y reclamar después (tiene cuatro años para hacerlo) el importe pagado más los intereses de demora. Esto en el caso de que el contribuyente presente una autoliquidación por este impuesto. Ahora bien, “si al vendedor le notifica el ayuntamiento una liquidación tendrá solo un plazo de un mes para recurrirla”, recuerda Salcedo.

La resolución de los tribunales suele demorarse entre 12 y 18 meses. OCU recuerda que el contribuyente puede enfrentarse a un “proceso caro, largo y solo compensa si hay bastante dinero en juego y buenas perspectivas”. Si se aporta prueba pericial merece la pena acudir a juicio si la reclamación supera los 4.000 o 5.000 euros, dice Xavier López. En caso de no necesitar la pericial, sí compensa reclamar a partir de los 3.000 euros, cree Salcedo.

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Si vas a alquilar tu vivienda a una empresa, podrás tributar menos por IRPF y no se pagará IVA

Fuente: IDEALISTA.COM

Cuando hablamos del alquiler de una vivienda, pensamos en una persona física como inquilino y no siempre es así. En ocasiones es una empresa la que alquila la casa para que residan allí empleados suyos. En estos casos, el casero puede beneficiarse de la reducción del 60% de los rendimientos obtenidos en el IRPF y el arrendamiento puede estar exento de IVA.

¿Puede el arrendador beneficiarse de la reducción del 60% de los rendimientos obtenidos por alquilar su casa a una empresa? La respuesta es sí. José María Salcedo, socio del despacho de abogados Ático Jurídico, confirma que el casero puede tributar sólo por el 40% de los rendimientos, de acuerdo con una reciente resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC).

Es decir, la norma sólo exige que el destino del inmueble arrendado sea el de vivienda, sin especificar quién puede ser el arrendatario, ni, por tanto, si es persona física o jurídica. Recuerda también el TEAC que, a partir de 2015, la ley ya no se refiere expresamente a que el arrendatario tenga que ser una persona física (ya no alude a la edad del arrendatario).

Por tanto, los ingresos obtenidos por el arrendador sí se beneficiarían de la reducción del 60% en el IRPF, aunque sea una entidad (y no una persona física), la arrendataria.

En cuanto a si el alquiler de una casa a una empresa está exento del pago del IVA, José María Salcedo recuerda que el TEAC establece que si en el propio contrato de alquiler el inquilino (una empresa) se redacta quiénes serán las personas que ocuparán la casa para destinarlo a su hogar, el arrendamiento sí estará exento de IVA.

Así, el abogado recuerda que “deberán figurar en el contrato de arrendamiento los nombres de los ocupantes de la vivienda, no pudiendo relegarse su designación para un momento posterior. Si fuera así, se estaría subarrendando la vivienda y por tanto se perdería la exención en IVA”. “Es una cuestión a tener en cuenta por aquellas empresas que quieran arrendar una vivienda para sus trabajadores y les interese (por no tener derecho a deducir las cuotas de IVA) que dicho arrendamiento esté exento de IVA”, subraya Salcedo.

En definitiva, el TEAC considera que este tipo de subarriendo puede impedir la exención del IVA en caso de que sea posterior al contrato de arrendamiento suscrito por la empresa. De ahí la importancia de que figuren en el mismo contrato los nombres de los empleados que van a estar subarrendados en la casa.

Y es que hasta el mismo Ministerio de Hacienda considera que cuando una persona jurídica arrienda una casa y posteriormente la destina a alojamiento de sus trabajadores, estaría realizando un subarriendo del inmueble, por lo que la operación no estaría exenta del IVA.

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Cómo convencer al banco de que financie a tu pyme

Fuente: CINCODIAS.COM

Cuando un banco o entidad financiera decide retirar o disminuir la financiación a una pyme, la ley de Fomento de la financiación empresarial le obliga a dicha entidad a entregar al empresario el denominado Informe financiero pyme. Se trata de un documento que recoge una evaluación del riesgo crediticio y las pautas e incidencias de pago de la pyme en cuestión, para que ésta pueda acudir a otra entidad a solicitar financiación.

Pero recientemente, desde el Colegio de Registradores de la propiedad se dieron cuenta de que ese informe que se entrega a las empresas a las que se retira la financiación también se podía usar para lo contrario, como respaldo para aquellas pymes que sí cumplen con sus pagos y que se encuentran en una posición crediticia respecto a su sector de actividad.

Por ello, han puesto en marcha una herramienta digital a la que se accede desde su web (www.registradores.org), en la que las pymes pueden solicitar de forma opcional, junto a sus cuentas anuales públicas, otro documento que refleja la situación de la empresa en cuestiones crediticias. Ylas compara con las pymes competidoras de su mismo sector, para reflejar su posición de fortaleza.

Con este documento, –que se elabora, según las directrices del Banco de España con 26 conceptos contables extraídos de las cuentas que se depositan anualmente en el registro mercantil y 9 ratios sectoriales– las pymes que salgan bien paradas en el ranking de su sector podrán acudir a las entidades bancarias argumentando su solidez crediticia respecto a la competencia.

Así, el director del Centro de Procesos Estadísticos del Colegio de Registradores, José Meléndez Pineda, ha explicado hoy que con este informe se pretende “invertir” el planteamiento de la ley, destinada a las pymes que lejos de ser cumplidoras con sus créditos, se le vaya a cortar la financiación. “Las pymes van a disponer de información objetiva para facilitar la obtención de financiación bancaria si estiman que sus ratios son buenos”, explicó Meléndez Pineda.

Para elaborar este informe el Registro Mercantil dispone de las cuentas anuales que se depositan en él y la base de datos sectorial de actividad (RSE) –esta última en propiedad junto con el Banco de España–.

La herramienta, que no había sido presentada públicamente hasta ayer, está disponible desde el pasado mes de octubre. Y según Meléndez Pineda, hasta ahora la está usando una media de unas 1.000 pymes mensuales. Si bien no será hasta pasado un año cuando desde Registradores de España puedan observar si está sirviendo para facilitar el acceso al crédito de las pymes.

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