Blog de Asesoría Duart Ferrís. Asesoría de empresas en Benifaió (Valencia)

El Catastro descubre 1,7 millones de construcciones irregulares vía satélite

Fuente: ELPAIS.COM

Unos 6.331 Ayuntamientos han recurrido al Catastro, el organismo que registra las características de todos los inmuebles, para descubrir las construcciones irregulares que los ciudadanos no han declarado y por las que deberían pagar los correspondientes impuestos (IBI, plusvalías…). Hasta la fecha este organismo dependiente del Ministerio de Hacienda ha contribuido a regularizar a partir de las imágenes obtenidas con satélites y otras fotos aéreas 1,7 millones de edificaciones de más de 4.300 consistorios. El proceso extraordinario de regularización catastral se abrió en 2013, cuando el Gobierno permitió legalizar las construcciones a cambio de una tasa de 60 euros. Desde entonces, la recaudación del IBI ha subido en 1.254 millones.

La mayor parte de las construcciones irregulares son ampliaciones de viviendas, cerramientos de terrazas, techados de áticos, construcciones suplementarias a la vivienda principal, metros ganados al jardín o al chalé y piscinas que no estaban declaradas en los correspondientes Ayuntamientos. La estadística del Catastro muestra curiosidades como que Barcelona y Granada son las dos provincias españolas donde más piscinas irregulares han aflorado con mucha diferencia tras la regularización y que en Almería, Granada, Huesca, Albacete y Ourense es donde más nuevas construcciones se han encontrado.

El 31 de diciembre termina el plazo para acogerse al proceso extraordinario de regularización catastral que se inició en 2013 y el 78% de todos los Ayuntamientos de España ya ha iniciado el proceso de revisión. El Gobierno del PP introdujo una enmienda a los Presupuestos de ese año para permitir esta especie de amnistía inmobiliaria. Los contribuyentes legalizaban sus inmuebles mediante el pago de solo 60 euros. La medida fue tachada de injusta por la oposición porque cuesta lo mismo regularizar la ampliación de una granja que un chalé de lujo en Marbella.

Desde entonces, 6.331 municipios han pedido ayuda al Catastro para trazar un preciso mapa de las construcciones de su municipio. Y hasta la semana pasada 4.340 Ayuntamientos ya habían cerrado el proceso y regularizado 1.691.000 construcciones ilegales.

Tasa de 60 euros

A través de fotografías aéreas o imágenes tomadas por satélites, el organismo dependiente de Hacienda comprueba las modificaciones que presentan los inmuebles. Traslada la información al Consistorio y envía una notificación al ciudadano para que regularice la situación de su vivienda mediante el pago de 60 euros. Estas construcciones son irregulares, porque no están registradas ante el Catastro, pero tienen que cumplir las normas urbanísticas de cada municipio.

De esta forma, se evitan abusos y que se puedan legalizar viviendas que no cumplen con la normativa. Por eso, la Cañada Real Galiana en Madrid, en la que hay unas 40.000 infraviviendas, no está afectada por este proceso de regularización catastral.

Este proceso aumenta los ingresos del municipio a través de la tasa de 60 euros para regularizar y mediante el mayor valor del inmueble, al computar más metros, a efectos de calcular el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). Además, los Consistorios podrán reclamar la parte correspondiente del impuesto, por esta superficie construida que ha descubierto, de los cuatro últimos años que no están prescritos.

Ceuta, Málaga, Pontevedra (Vigo), Huelva, Santa Cruz de Tenerife, Murcia y Lugo son las provincias con un mayor porcentaje de edificaciones urbanas y rústicas verificadas por el Catastro. Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Palencia y Badajoz también presentan un índice de comprobación superior al 70%, según datos oficiales del Ministerio de Hacienda. El registro de inmuebles de cada municipio se ha incrementado un 3% de media tras finalizar el proceso, que ha permitido a los Ayuntamientos recaudar 1.254 millones de euros más en el IBI, según cálculos de Hacienda.

Precisamente este impuesto es el más importante para las entidades locales. El último dato disponible, de 2014, muestra que la recaudación por este tributo, que se ha duplicado en la última década, supuso ya casi el 40% de los ingresos impositivos de las 8.200 entidades locales españolas. El IBI es el único tributo del sistema fiscal español cuya recaudación ha crecido durante todos los años, incluso durante los peores momentos de la crisis.

En 2014, los Ayuntamientos cosecharon más de 13.225 millones de euros por este tributo que grava la propiedad de inmuebles urbanos, un 6,1% más que el año anterior. De hecho, las Administraciones locales son las únicas que registran superávit presupuestario desde 2012 gracias a la potencia y regularidad de este impuesto.

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Hacienda lanza otra campaña antifraude en Sucesiones, Donaciones y Transmisiones

Fuente: VALENCIAPLAZA.COM

La Conselleria de Hacienda y Modelo Económico valeciana ha puesto en marcha el Plan de Actuación de Protocolos No Autoliquidados (PAPNA), una operación que va a desarrollar el departamento de Gestión Tributaria del Instituto Valenciano de la Administración Tributaria (IVAT) junto con las Oficinas Liquidadoras, y que tiene como objetivo detectar a aquellos ciudadanos que tenían la obligación de realizar autoliquidaciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y no las han presentado.

En este plan se están cruzando los datos remitidos por las oficinas notariales con la información disponible en el IVAT de las autoliquidaciones presentadas por los ciudadanos, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Se trata de una nueva actuación del Consell en la lucha contra la evasión fiscal tras la campaña de requerimientos masivos realizada por la Generalitat en el primer semestre de este año, que se centró en el Impuesto de Patrimonio.

La iniciativa, la primera de este tipo que realiza el Consell en los últimos 20 años, permitió al IVAT recaudar 2,12 millones de euros y detectar a 539 defraudadores por bienes patrimoniales que no habían sido declarado durante 2012.

En esa ocasión, el Instituto Valenciano de Administración Tributaria cruzó los datos de las personas que habían abonado el impuesto de patrimonio en 2007, último año antes de que pasara a bonificarse, y 2012, cuando se retiró este beneficio fiscal. Después depuró los datos, de forma individualizada y manual, para llegar a las 539 contribuyentes que tenían que haber presentado autoliquidación en 2012 y no lo hicieron.

La secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, ha asegurado que “en este plan están comprometidas todas las oficinas liquidadoras de la Agencia Tributaria valenciana”, y ha añadido que “supone un paso más entre las actuaciones que llevamos a cabo desde la conselleria en la lucha contra el fraude fiscal, para lo que contamos con la colaboración de las oficinas notariales de la Comunitat”.

En este sentido, Ferrando ha afirmado que “para asegurar los servicios públicos sin tener que subir los impuestos, y mientras Madrid no nos garantice un sistema de financiación justo, uno de los pocos márgenes de maniobra que nos quedan es gestionar mejor nuestros impuestos propios y cedidos”, y ha señalado que en septiembre espera contar ya con resultados de esta primera campaña.

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Aval del Tribunal Supremo a las sociedades profesionales en contra de Hacienda

Fuente: EXPANSION.COM

En una sentencia, el Alto Tribunal anula el criterio del Fisco, que impidió a una sociedad deducirse pérdidas por creer que no es racional mantener una actividad económica con pérdidas recurrentes.

Espaldarazo del Tribunal Supremo (TS) a las sociedades profesionales. En una sentencia, el Alto Tribunal falla en contra de Hacienda, que impidió a una sociedad deducirse pérdidas por considerar que no es racional mantener una actividad económica con pérdidas recurrentes. El Supremo establece que la existencia de beneficios no es un presupuesto de la actividad económica, por lo que su falta de concurrencia no excluye la calificación de actividad económica.

El fallo afecta a un contribuyente que tenía una sociedad que acumulaba siete años de pérdidas. En paralelo, realizaba otra actividad profesional considerada “principal”. Este empresario recibió un requerimiento en el que se solicitaba que aportara los libros de registro de la actividad”secundaria”, así como los justificantes de los gastos.

La Agencia Tributaria (AEAT) consideró que este trabajo no constituía una actividad económica y suprimió todos los gastos generados por ella misma. Así, la AEAT cuestiona si la existencia de beneficios es un presupuesto de una actividad económica, si mantenerla siendo deficitaria es irracional y si una actividad calificada de hobby puede ser excluida, por este solo hecho, de lo que se consideran como actividades económicas.

El Supremo constata que el artículo 25 de la Ley del IRPF no supedita la existencia de actividad económica a la obtención de ganancias o pérdidas en el ejercicio. “El precepto invocado únicamente condiciona la existencia a la ordenación del trabajo y capital por cuenta propia con la intención de intervenir en el mercado de bienes y servicios”, apunta. “Queda, por tanto, excluido que la obtención de pérdidas sea susceptible de eliminar, por sí misma, el ejercicio de una actividad de económica”, zanja. Este razonamiento, añade la sentencia, se mantiene aunque las pérdidas pervivan en diversos ejercicios.

Respecto a la racionalidad, elSupremo admite que “si la esencia de toda actividad económica es la obtención de beneficio, es evidente que no puede sostenerse su existencia desde un punto de vista racional, cuando las pérdidas son constantes y mantenidas durante diversos ejercicios. Ahora bien, la conclusión precedente requiere un análisis exhaustivo y completo de la actividad que demuestre, tanto por los medios, de todo orden utilizados, como por los fines pretendidos, su irracionalidad”. A juicio delAlto Tribunal este análisis no se ha realizado ni por la Administración ni por la sala de instancia [el Tribunal Superior de Justicia de Madrid], lo que comporta rechazar la irracionalidad pretendida, pues las meras afirmaciones apodícticas sobre su concurrencia no son de recibo”.

Juan Ferrer, socio de JJL Abogados, explica que “es habitual que en las actividades económicas el contribuyente pierda clientes e ingresos pero mantenga gastos que se comen el beneficio, también es el caso de los negocios incipientes”.

Actividad económica: razón o hobby

La Agencia Tributaria apela en este caso a argumentos poco habituales. El Fisco cuestiona la racionalidad del contribuyente para argumentar que no hay actividad económica porque las pérdidas son recurrentes. E invalida esta actividad económica que cree “secundaria”, porque, a su juicio, se trata de un “hobby”. Para el Supremo, “la irracionalidad en el comportamiento humano, pese a las pérdidas, no se presume.

Lo que se presume es la racionalidad, y la afirmación de la irracionalidad tiene que ser probada, lo que en este caso no se ha hecho”, dice.

Sobre el concepto hobby, la sentencia del Alto Tribunal cree “indudable que una actividad de entretenimiento no puede ser excluida del ámbito de las actividades económicas por el solo hecho de ser entretenimiento. Prueba de ello es que las actividades de entretenimiento cuando tiene resultados positivos, no son excluidas del ámbito de las actividades económicas por la Administración. Su mera invocación, casi reproche, no justifica su exclusión”.

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Las normas civiles valencianas para parejas de hecho dejan de estar en vigor

Fuente: VALENCIAPLAZA.COM

El Tribunal Constitucional publicó este viernes la sentencia que declara nulos algunos artículos de la Ley de Uniones de Hecho de la Comunitat Valenciana, trámite que faltaba para que la nulidad desplegase todos sus efectos, que se resumen en que las parejas de hecho valencianas pierden todos los derechos civiles que les reconocía esta ley.

Entre ellos, los derechos de la pareja de hecho tras el fallecimiento de la otra persona, como el uso de la vivienda habitual durante un año tras el óbito.

Según el catedrático de Derecho Civil de la Universitat de València, Javier Plaza, “a partir de ahora las uniones de hecho valencianas se quedan sin derechos civiles. Tendrán el reconocimiento de uniones de hecho, pero sin ningún derecho civil reconocido”.

En declaraciones a Valencia Plaza, este catedrático recordó que “hay uniones de hecho que tienen derecho civil, las de aquellas comunidades que sí tienen una legislación propia en materia civil, sobre todo en herencias y en régimen patrimonial”. Por ello, afirmó que “se hace urgente una ley nacional de uniones de hecho que reconozca los derechos civiles, somos de los pocos países de la UE que no tenemos una ley nacional”. En este sentido, Plaza recordó que un reciente reglamento de la Unión Europea, el 1104/2016, de 24 de junio, “establece la necesidad de que haya una regulación nacional, en concreto en los efectos patrimoniales de las uniones de hecho”.

Tras la publicación de la sentencia, la Comunitat Valenciana se queda como las regiones que tienen un registro de estas uniones, pero sin derechos civiles.

Derecho al uso de la vivienda común

Esta ley, elaborada para las distintas formas de convivencia que no son matrimoniales, establecía en su artículo 12 que en caso de que uno de los convivientes de la pareja de hecho falleciera se le adjudicaría a la persona sobreviviente bienes como el ajuar doméstico de la vivienda habitual de ambos.

La segunda parte de este artículo también recogía que quien sobreviviera tendría derecho “al uso de la vivienda habitual de la unión durante un año a contar desde el fallecimiento de su pareja”. Sin embargo, con la nulidad de este artículo, los valencianos pierden ese derecho.

A partir de ahora, los valencianos que deseen ser declarados pareja de hecho deberán inscribirse en el Registro de la Comunidad Autónoma correspondiente y se acogerán a las normas estatales de carácter administrativo-laboral y no en materia de derechos civiles. Es decir, permanecen aquellos efectos que son derechos de carácter administrativo-laboral derivados de la ley estatal de Seguridad Social, como las pensiones por viudedad o indemnizaciones laborales en caso de fallecimiento de la persona conviviente.

La sentencia del Constitucional señala que no es de carácter retroactivo y, por tanto, su futura publicación en el BOE no afecta a las situaciones jurídicas consolidadas hasta la fecha, salvo en lo que respecta al artículo 14. Este artículo señalaba que “si durante la unión de hecho formalizada tuviere lugar la muerte o la declaración de fallecimiento de alguna de las personas convivientes, quien sobreviva ocupará en la sucesión la misma posición que corresponde legalmente al cónyuge supérstite”, es decir, permitía en caso de fallecimiento de uno de los convivientes de la pareja de hecho, el otro tenía derecho a la herencia, tanto si fallecía habiendo realizado herencia ante notario como si no.

No obstante, la ausencia de carácter retroactivo de este artículo de derechos sucesorios se produce porque en el momento en el que el Estado interpuso el recurso de inconstitucionalidad se suspendió su aplicación y, por tanto, nunca estuvo en vigor.

Según la catedrática de derecho de la Universitat Jaume I, Carmen Boldo, “existe un agravio comparativo con otras comunidades autónomas como la catalana que tiene un derecho civil propio. Se podría haber encontrado una forma para recuperar el derecho foral perdido de los valencianos y desarrollarlo”. Además, señala que en la reforma del Estatuto de Autonomía de 2006 “sí se contempló la competencia de la Comunidad Valenciana para desarrollar el derecho foral valenciano y fue aprobado por las Cortes Generales, por lo que es un poco contradictorio que ahora pase todo esto”, ya que la propia doctrina del TC estaba basada en la actualización de los derechos históricos en materia civil.

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Los préstamos entre particulares se abren camino en España

Fuente: CINCODIAS.COM
Centenares de pequeñas y medianas empresas han logrado financiación en los últimos años sin pasar por la sucursal de un banco o acudir al mercado cotizado. La incursión de los préstamos entre particulares, el llamado crowdlending, ha permitido que miles de inversores destinen su dinero a conceder créditos a empresas o proyectos de su interés asumiendo el riesgo de las compañías a cambio de un interesante retorno en estos tiempos de tipos al 0%.

Esta es una de las vías abiertas por las plataformas de crowdfunding, que en España arrancaron en 2012 movilizando unos 10 millones de euros, según la Universidad de Cambridge y la Asociación Española de Crowdfunding, alcanzaron los 29 millones en 2013, los 61 millones en 2014 y aún por encima el pasado ejercicio. Los préstamos directos entre particulares supusieron 20 de esos millones en 2014 y movilizaron 30 el pasado año, como fuente alternativa al crédito bancario que se prevé siga creciendo exponencialmente.

Una de las plataformas más destacadas en este segmento de negocio es Funding Circle, que nació en Reino Unido en 2011, tiene una fuerte presencia en Alemania y aterrizó en España a finales de 2014. Desde entonces ha facilitado 15 millones de euros de unos 3.000 inversores a 210 empresas del país.

Las compañías interesadas deben facturar al menos 100.000 euros anuales, tener dos años de actividad y estar al corriente de pagos; pueden registrarse a través de su web y saber si son aptas en solo 48 horas, una vez que Funding Circle comprueba las cuentas de la empresa y mantiene una entrevista telefónica con su responsable. Los créditos ofrecidos van destinados fundamentalmente a dotar de capital circulante, a sufragar inversiones en activos fijos o a la expansión de la firma.

A través de www.fundingcircle.es, las pymes pueden solicitar préstamos de entre 5.000 y 250.000 euros, a devolver en plazos que van desde los seis meses a los cinco años, a un interés nominal que oscila entre el 4,79% y el 21,78%. La plataforma cobra una comisión del 1% al 5% en función del plazo.

Una vez aceptadas las condiciones, el proyecto a financiar permanece 21 días –prorrogables por otros tantos– en la web de Funding Circle para su consulta por parte de los inversores interesados. Estos pueden ser de dos tipos.

Por un lado, los acreditados, sin límite de inversión, es decir, institucionales: fondos de inversión, empresas con más de dos millones de facturación o 300.000 euros de recursos propios, o personas físicas con rentas anuales de 50.000 euros o un patrimonio de 100.000. O bien, particulares, quienes tienen prohibido invertir más de 3.000 euros por proyecto o 10.000 euros al año.

A cambio, se les promete una rentabilidad que va del 3,79% al 20,78%, abonada mensualmente, y con la garantía de una morosidad contenida en el 2,6%. “Nuestro objetivo es financiar 1.000 millones de euros en los próximos cinco años en España”, avanza Francisco Sierra, director general de la firma en el país.

Otra iniciativa similar que acaba de nacer es Alterfin, la división de financiación alternativa de la gestora de patrimonios Auriga. A través de su plataforma E-inicia, la firma ofrece diversos servicios de crowdfunding, que van desde las donaciones a los préstamos (pendientes de la autorización de la CNMV), pasando por aportaciones a proyectos a cambio de una recompensa en forma de servicios o merchandising, o la inversión en el capital de las compañías. Su objetivo es alcanzar los cinco millones de euros de financiación durante su primer año.

Estas son dos de las iniciativas más recientes dentro del mercado de crowdlending, pero no son las únicas. La firma más consolidada del ramo en España es Comunitae, que desde 2009 ha ayudado a prestar 28,7 millones. Otras plataformas, como Arboribus o LoanBook, prestan servicios similares conectando a empresas e inversores.

Desde la consultora de soluciones tecnológicas Tecnocom, que trabaja para el grueso de la banca española, apuestan por que el sector financiero tradicional terminará acudiendo al crowdlending como servicio complementario a sus créditos, a fin de seguir dando oxígeno a sus clientes sin incurrir directamente en más riesgo, con lo que prevén que la colaboración entre ambos sectores vaya en aumento.

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Reformar las Haciendas Locales

Fuente: CINCODIAS.COM

A estas alturas de la película y con unas elecciones convocadas para el mes de junio parece que un artículo como el presente puede estar fuera de lugar. Sin embargo y cuando se están cociendo los programas electorales, cabe plantear las bases para una reforma de las Haciendas locales y que debe llevarse a cabo conjuntamente con la autonómica. Esta debe ir dirigida, en primer término, a garantizar su suficiencia y a hacerlas menos dependientes de las transferencias de otras Administraciones territoriales.

Ahora bien, esta reforma no solo debe perseguir este objetivo, sino, también, reforzar su autonomía. Los recursos de las Haciendas locales no solo han de provenir de tributos propios, sino que debe potenciarse la posibilidad de que aquéllas incidan, mediante sus ordenanzas, en su cuantificación. De esta forma, se permitirá que los municipios lleven a cabo medidas de política económica adaptadas a su particular realidad social. En conexión con esta idea, deben introducirse, en el sistema de financiación local, los principios de corresponsabilidad fiscal (el ciudadano ha de poder vincular la presión fiscal con una eficiente prestación de servicios) y de lealtad constitucional (impedir la competencia fiscal desleal entre municipios).

En otro orden de cosas, la aprobación de los nuevos estatutos de autonomía ha reabierto la polémica acerca de las competencias autonómicas en la configuración del sistema financiero local. Centrándonos en el lado del ingreso, el Estado tiene la competencia para la fijación de sus bases, entre las que se encuentra el catálogo de recursos de las Haciendas Locales. Lo anterior no impide que se produzcan cesiones de tributos por parte de las comunidades autónomas a favor de municipios y provincias.

De un lado, es posible que el Estado, mediante ley, incluya el tributo autonómico cedido como uno de los recursos de las Haciendas locales. De otro, también cabe que, sin necesidad de dicha reforma, las comunidades autónomas creen un fondo, dotado con parte de la recaudación de sus tributos –ya sean propios o cedidos del Estado–, y que se reparta entre los municipios de su ámbito territorial. Bajo cualquiera de estas modalidades, parece imprescindible que las comunidades contribuyan activamente a la financiación de sus entidades locales.

Analizando los grandes tributos locales, en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) resulta imprescindible acomodar su base imponible a la realidad del mercado inmobiliario. Dicho objetivo puede conseguirse por una doble vía. De manera preferente, mediante una modificación del modo de actuar del catastro, que debe llevar a fijar valores reales y a modificarlos rápidamente en función de la evolución del mercado. Subsidiariamente, introducirse cambios normativos que permitan, con mayor facilidad, la realización de valoraciones circunscritas a fases o zonas, limitando su ámbito territorial. De esta forma se fomenta que tales revisiones se llevaran a cabo con mayor frecuencia y, por tanto, con una mejor adaptación a la realidad.

Al objeto de incrementar la autonomía municipal y de subjetivizar el IBI, se propone la articulación de dos medidas. La primera, la introducción de tarifas progresivas en el impuesto. La segunda, la posibilidad de crear bonificaciones en las viviendas en función de criterios de capacidad económica.

Con la finalidad de que el impuesto cumpla una función extrafiscal en política de vivienda, cabe articular el establecimiento de recargos en el IBI para las que se encuentren desocupadas (pendiente de desarrollo reglamentario). La definición de estas últimas debe vincularse a la ausencia depósito de la fianza del arrendamiento en la institución competente de la comunidad autónoma.

El Impuesto sobre Actividades Económicas ha de ser objeto de una reforma en profundidad y que afecte a su estructura. La misma debe permitir que el tributo grave, efectivamente, la capacidad económica, acudiendo a la base imponible de los impuestos que gravan la renta, tanto en personas físicas como en las jurídicas.

Dos son las medidas fundamentales que deben adoptarse en relación al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. De un lado, actualizar el cuadro de tarifas en el IPC acumulado desde 1998. De otro, introducir dos nuevos elementos de cuantificación. En primer lugar, uno que permita tomar en consideración el verdadero valor de mercado del vehículo. En segundo lugar, otro que introduzca en el tributo una función medioambiental.

En el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se proponen dos modificaciones, una primera de carácter estructural y la segunda más limitada. De un lado, ha de pensarse en reunificar los gravámenes locales que recaen sobre la actividad constructora, suprimiendo la tasa por licencias e incrementado el tipo de gravamen de este impuesto. De otro, incluirse los proyectos de urbanización en su hecho imponible.

Es preciso reformar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana al objeto de que grave la capacidad económica real. Ello exige alterar su base imponible, abandonando el sistema actual basado en el valor catastral y sustituyéndolo por la ganancia verdaderamente obtenida, mediante remisión a los impuestos sobre la renta estatales.

Los ayuntamientos han de aumentar el uso de tasas y contribuciones especiales. Se trata, de esta manera, de hacer recaer el gravamen sobre aquellos ciudadanos que se ven especialmente beneficiados por los servicios y obras locales, en lugar de gravar al conjunto de la colectividad.

Para finalizar, la reforma de las Haciendas locales propugnada no se limita a la mejora en las figuras existentes, sino que existe espacio para someter a gravamen nuevos objetos. Se trata, en la mayor parte de los casos, de tributos que cumplan una función extrafiscal, como puede ser la limitación de la contaminación acústica, el fomento del uso racional del agua o de la movilidad en los centros urbanos. Junto a estos, también nuevos impuestos, con una finalidad estrictamente recaudatoria, como los que podrían recaer sobre los espectáculos o la publicidad.

Javier Martín es Socio Director de F&J Martin Abogados. Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense (Catedrático Acreditado)

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