El Tribunal Supremo denuncia un nuevo tipo de abuso bancario con las hipotecas

Fuente: elmundo.es
El Tribunal Supremo ha denunciado públicamente otro abuso bancario vinculado a las hipotecas. Un abuso que, para más inri, se produce cuando fallece el hipotecado y no puede ser resuelto directamente por el Supremo como los casos de las cláusulas suelo o las preferentes.

Así lo expuso el presidente de la Sala Civil del Alto Tribunal, Francisco Marín Castán, en su intervención del pasado martes en la Cumbre Española de la Confianza. El magistrado explicó que a los tribunales están llegando casos de entidades financieras que, tras haber exigido un seguro de vida para conceder hipotecas, al producirse el fallecimiento «se desentienden del seguro» y activan la ejecución hipotecaria para reclamar el inmueble sin esperar a que los herederos puedan cobrar el seguro y seguir cumpliendo con los pagos.

Fuentes del Supremo explican que la Sala Civil ha conocido esta práctica en un encuentro reciente con magistrados de Audiencias Provinciales de toda España. Fueron estos quienes transmitieron su preocupación por situaciones que les parecían injustas pero, al mismo tiempo, difíciles de atajar.

Por ese motivo, Marín Castán, sentado junto a los ministros Íñigo Méndez de Vigo y Rafael Catalá consideró «imprescindible una reforma legislativa» que impida estos casos. El Gobierno tiene ahora entre manos una reforma hipotecaria nacida de otros abusos bancarios.

A falta de esa reforma legal, resulta difícil dar una solución judicial favorable a los usuarios. El principal problema es que la ley recoge una lista tasada de motivos que permiten frenar una ejecución hipotecaria, y la existencia de un seguro que vaya a permitir hacer frente a los pagos no está entre ellas. En esas circunstancias, los jueces se resisten a fallar contra los bancos por miedo a alejarse demasiado de la letra de la norma. «No saben qué hacer», resumió Marín Castán.

A ello se suma que las ejecuciones hipotecarias no son materia recurrible ante el Supremo, que por tanto no puede dar cobertura jurisprudencial a los jueces para que impidan esas prácticas. De ahí que Marín Castán reclamara la reforma legal.

Fuentes jurídicas indican que, pese a las dificultades, en el encuentro entre jueces se trataron diversos planteamientos jurídicos que permitirían a los jueces impedir eso casos.

Existe una variante de esa práctica que sí se pudo llevar al Supremo y a la que el Alto Tribunal ya ha puesto fin. Se trata de casos en los que se ha contratado el llamado seguro de amortización, que garantiza al banco el cobro de los pagos pendientes en caso de fallecimiento o invalidez del hipotecado. El beneficiario del seguro es, directamente, la propia entidad. Los casos detectados suponían que al producirse el fallecimiento la familia se dirigía a la aseguradora para reclamar que afrontara los pagos. La respuesta era que debía ser la entidad financiera la que lo reclamase, puesto que la beneficiaria era ella.

Pero la entidad no hacia la reclamación a la aseguradora y seguía exigiendo a los herederos las cuotas de la hipoteca. En caso de impago, acudía a la ejecución hipotecaria.

Sobre la motivación de las entidades para actuar así, fuentes jurídicas apuntan que en muchas ocasiones existe una estrecha relación entra la entidad financiera y la aseguradora. Con este sistema, ambas salen beneficiadas: una recupera el inmueble o sigue cobrando y la otra no afronta ningún desembolso.

Eso es lo que sucedió en el caso recientemente abordado por el Supremo, el de una mujer que había firmado una hipoteca de 180.000 euros con la Caixa Rural d’Algemesí y un seguro de amortización con Rural Vida. No sólo ambas entidades pertenecían «al mismo grupo» empresarial, sino que la hipoteca y el seguro se firmaron «en la misma fecha» y «en la propia sucursal de la entidad».

A la mujer se le declaró la incapacidad permanente absoluta y, «ante la inactividad» de la caja para activar el seguro, se dirigió directamente a la aseguradora para lo hiciera. La entidad le respondió que no estaba legitimada para pedirlo, puesto que la beneficiaria del seguro era la caja, no ella. Así lo ratificaron el juez de primera instancia y la Audiencia de Valencia.

Guía de las nuevas ayudas para los autónomos

Fuente: expansion.com

La ‘tarifa plana’ de 50 euros mensuales de la Seguridad Social se amplía de seis meses a un año para los nuevos autónomos. Las subvenciones de cotizaciones sociales podrán ampliarse hasta dos años y serán compatibles con la contratación de asalariados. Bonificación total para el empleo de familiares. Podrán cobrar la pensión los autónomos con asalariados que sigan trabajando después de la edad de jubilación.

El Senado ha aprobado por unanimidad la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. La norma es el fruto del pacto de Gobierno entre el PP y Ciudadanos e introduce diversas mejoras fiscales, laborales y de Seguridad Social para un universo potencial de 3,2 millones de beneficiarios. Con estas medidas, el Ejecutivo pretende favorecer la generación de actividad y, por lo tanto de empleo, en este colectivo de pequeños empresarios y trabajadores. La norma no ha tenido ninguna enmienda en la Cámara Alta, porque en ella el Gobierno sí tiene la mayoría absoluta y ha entendido que alcanzó un amplio consenso en el Congreso de los Diputados.

La norma tiene dieciocho grandes medidas; ocho de ellas, las más importantes, deberían entrar en vigor el 1 de enero del próximo año, porque tienen que ser recogidas en los Presupuestos del próximo año. Otras diez, estarán vigentes al día siguiente de la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado, según el Ministerio de Empleo y la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

Medidas que deberían entrar en vigor el 1 de enero de 2018

Ampliación de la ‘tarifa plana’ de seis meses a un año

Los nuevos autónomos, o aquellos que reanudan la actividad como tales tras dos años de haberse dado de baja en el régimen consiguiente de la Seguridad Social, podrán disfrutar de la tarifa plana de 50 euros mensuales de cotizaciones sociales durante un año, en lugar de los seis meses actuales. Los empresarios menores de 30 años, y las mujeres, hasta los 35 años, disfrutarán de esta ventaja durante tres años.

Apoyo para volver a empezar

También para reducir el miedo al fracaso en la creación de un nuevo negocio, los empresarios podrán optar de nuevo a la tarifa plana pasados tres años desde que la tuvieron por última vez.

Se mantienen las ayudas de cuotas sociales para los que continúen la actividad

Para fomentar la continuidad de la actividad, si ello depende de los costes de la Seguridad Social, las ayudas se extenderán a dos años, de la siguiente manera: después de pagar 50 euros mensuales durante un año, en los siguientes seis meses, el Gobierno subvencionará el 50% de la cotización correspondiente, y al 30%, durante los últimos seis meses.

También se contemplan mejoras para los discapacitados, la víctimas del terrorismo y de la violencia de genero. Estas personas pagarán 50 euros durante el primer año de la actividad, en el caso de que opten por pagar la cuota mínima a la Seguridad Social. Si eligiesen pagar una cuota superior, los beneficiarios podrían aplicarse una reducción del 80% durante el primer año.

Ayudas compatibles con la contratación de asalariados

El autónomo mantendrá las ayudas en las cotizaciones sociales y la tarifa plana, aunque contrate asalariados, trabajadores por cuenta ajena. Si los contratos son indefinidos, la bonificación de las cotizaciones sociales será total. El Gobierno busca así impulsar la creación de empleo, porque hasta ahora el autónomo que contrataba un asalariado perdía la tarifa plana.

Se reducen los recargos por impago de la deuda

Se reducen a la mitad los recargos por retraso en los pagos a la Seguridad Social. Pasan del 20% al 10% de la deuda en el primer mes tras haber vencido el plazo. El recargo será del 20% cuando las cuotas se abonen dos meses después de vencido el plazo de ingreso a la Seguridad Social.

Cuando el domicilio es la empresa

Siempre que trabajen en casa, los empresarios podrán deducirse en el Impuesto sobre la Renta un 30% de los gastos de suministros, como el agua, la luz y la telefonía. Deberán demostrar que su domicilio es su empresa. Esta es una propuesta que tiene en cuenta el crecimiento del teletrabajo y la potencia de las nuevas tecnologías. También se deducirá el 50% de los gastos por carburante del vehículo empleado en la actividad laboral. La organización UPTA quiere que Hacienda sea más precisa en esta medida.

Deducciones de las comidas de trabajo

Los autónomos se podrán deducir en el Impuesto de la Renta 26,67 euros diarios por gasto en comidas de trabajo cuando la actividad se desarrolle en España. Las comidas en el extranjero tendrán una reducción en el IRPF de 48 euros diarios. En todos los casos, la manutención debe producirse en restaurantes o cafeterías debidamente reconocidos y la factura debe abonarse por medios electrónicos. Las cantidades deducibles se duplicarán en el caso de que el profesional tenga que pernoctar fuera de su casa por razones de trabajo. Como en la disposición anterior, UPTA también ha pedido a Hacienda más concreción.

Más facilidades para acompasar la cotización con la evolución del negocio

Los autónomos sólo pagarán la cotización de la Seguridad Social desde el día concreto del mes en el que se den de alta. Ya no hará falta que tengan que pagar todo el mes, aunque, por ejemplo, se hubieran dado de alta el día 20.

Los autónomos podrán darse de alta y de baja hasta tres veces en el mismo año. Se trata de reducir el miedo al fracaso y estimular la iniciativa empresarial, rebajando los obstáculos administrativos. Por la misma razón, los autónomos podrán cambiar hasta cuatro veces en el mismo año su base de cotización, en función de sus intereses e ingresos. Es una forma de adaptar los pagos a la Seguridad Social a la evolución del negocio. Es decir, que el autónomo pueda cotizar en función de los beneficios o las pérdidas que pueda tener.

Así, tendrán hasta el 1 de abril, si la solicitud se formula entre el 1 de enero y el 31 de marzo. Si el autónomo quiere cambiar de base entre el 1 de abril y el 30 de junio, el plazo terminará el 1 de julio. Y el 1 de octubre, si la solicitud ante la Seguridad Social se plantea entre el 1 de julio y el 30 de septiembre. Finalmente, la fecha límite para cambiar de base de cotización será el 1 de enero del próximo año, si la solicitud se presenta entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre.

Medidas que entran en vigor tras su publicación en el BOE

La Seguridad Social devolverá el exceso de cotización social

Se trata de reintegrar automáticamente al autónomo el exceso de cotización a la Seguridad Social que ha podido realizar por tener otro trabajo como asalariado. El beneficiario ya no tendrá que acudir a la Administración para que le devuelva lo que haya pagado de más.

Cambios en la cuota de los autónomos directivos o propietarios

El Gobierno se ha comprometido con las organizaciones de autónomos -ATA y UPTA- a negociar cada año la subida de este colectivo de autónomos, para fijarla en los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, que ya no subirá automáticamente de acuerdo a la evolución del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El Ejecutivo ha hecho esta concesión tras comprobar el impacto que ha tenido en los costes de Seguridad Social de estos autónomos la subida este año del SMI en un 8%. Visto de otra manera, una medida de alcance social para quienes dependen del SMI puede convertirse en un agravio para los autónomos que son propietarios y directivos de sus empresas. Por todas estas razones, su incremento depende de los Presupuestos Generales del Estado.

Protección para el autónomo ante un accidente ‘in itinere’

La Seguridad Social instaura la protección del autónomo que tenga un accidente de camino, o de vuelta, del trabajo -in itinere-, en cualquier medio de transporte. Será necesario que esté cotizando por riesgos profesionales. Se equipara así en esta prestación a los autónomos con los asalariados.

Compatibilidad de la pensión con el salario

Los autónomos que continúen trabajando después de cumplir la edad de jubilación, y tengan empleados, podrán hacer compatible su salario con la totalidad de la pensión. El Gobierno extiende así a los autónomos la reforma prevista para los asalariados en la futura revisión de la Seguridad Social, a través del Pacto de Toledo. Se evita que el empresario que lo desee pueda seguir trabajando y, de paso, mantener los empleos que tiene a su cargo. Ahora, sólo es compatible cobrar la mitad del salario con la mitad de la pensión. Es decir, la jubilación a tiempo parcial.

‘Tarifa plana’ de 50 euros para las madres que vuelvan al trabajo

Es una medida dirigida a las madres que decidan retomar el negocio por maternidad, adopción o acogimiento de un niño. El beneficio durará el primer año de la vuelta al trabajo. Es una excepción para que las mujeres que estén en este caso no tengan que esperar a cumplir dos años desde que fueron autónomas por última vez para poder acogerse a la tarifa plana como el resto.

Exención de cotización a la Seguridad Social en la maternidad y la paternidad

En relación con la reforma anterior, los autónomos que sean madres/padres estarán exentos de pagar la cuota a la Seguridad Social durante el periodo de baja por maternidad/paternidad, adopción, o acogimiento.

LAyuda para cuidar a menores o dependientes. Cuando el autónomo cuide un menor o una persona dependiente tendrá derecho a una exención del 100% en las cotizaciones a la Seguridad Social.

Subvenciones de cotizaciones sociales para la contratación de familiares

Los autónomos que contraten de forma indefinida como asalariados a familiares tendrán una bonificación total en las cotizaciones sociales durante un año. Las ayudas tendrán una duración de un año por trabajador y beneficiará al empleo del cónyuge, de los abuelos, los padres, los hijos y hasta los yernos. Para poder acogerse a esta bonificación de las cotizaciones sociales será necesario que el empresario no haya extinguido contratos de trabajo y los despidos no hayan sido declarados improcedentes en los doce meses anteriores a la contratación de los familiares. Despidos por causas objetivas, disciplinarias o colectivos. Además, el empresario debe mantener el nivel de empleo en los seis meses posteriores a la celebración de los contratos a familiares, que cuentan con bonificaciones a las cotizaciones sociales.

Formación

Los trabajadores por cuenta propia podrán acceder a la formación, financiada por fondos públicos, igual que los asalariados, con el fin de mejorar su competitividad y consolidar su actividad empresarial.

Diálogo social

Las organizaciones de autónomos más importantes y representativas -como ATA y UPTA- son consideradas de utilidad pública, en el mismo nivel que las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT. En el mismo sentido, a partir de la entrada en vigor de la ley, las mismas organizaciones tendrán un año para entrar en el Consejo Económica y Social. En esta institución están desde 1992 las patronales y los sindicatos CCOO y UGT, más la llamada economía social, como las cooperativas y sociedades anónimas laborales. También están representadas organizaciones del campo, el mar y las amas de casa, entre otras.

En definitiva, la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo es la reforma más importante realizada en las condiciones de funcionamiento de este colectivo desde 2007. Entonces, el Parlamento aprobó el Estatuto de los Trabajadores Autónomos. El núcleo de las modificaciones explicadas más arriba afecta al régimen de la Seguridad Social y al ámbito fiscal.

Así, en el primer ámbito, el Gobierno ha tenido en cuenta que “los ingresos [del autónomo] no son fijos, son inciertos y variables en el tiempo, como lo es su actividad emprendedora. Por lo tanto, sus obligaciones con la Seguridad Social han de adecuarse a esas circunstancias con objeto de facilitar la cotización y reducir sus cargas administrativas”.

Desde el punto de vista fiscal, el Gobierno presenta las reformas para ayudar a los autónomos a mejorar su financiación.

Niño Becerra: “La renta básica se implementará sí o sí y no sólo en España”

Fuente: eleconomista.es

Niño Becerra, catedrático de Estructura Económica en la Universidad Ramón Llull de Barcelona, cree que la renta básica universal se terminará imponiendo en toda Europa Occidental. El factor trabajo es cada vez menos necesario en el proceso productivo, mientras que el capital adquiere más relevancia y obtiene una mayor porción de la tarta. La renta básica puede terminar siendo la opción menos mala para mantener la convivencia. | Becerra descarta un corralito en Cataluña

El catedrático catalán señala en La Carta de la Bolsa que “la renta básica se implementará sí o sí, pero no será un tema solo de España. Actualmente en Finlandia y Holanda se están realizando experimentos de los que se obtendrán conclusiones fundamentales; al margen de eso, diversos municipios y regiones también han puesto en marcha rentas mínimas, rentas de inserción, … que en el fondo no son más que ensayos de una renta básica”, destaca el experto.

Este análisis del economista catalán llega un día después de que el FMI haya abierto un debate interno sobre la solvencia de la renta básica a la hora de reducir la desigualdad de ingresos.

En la última edición del Monitor Fiscal, elaborado por el equipo que lidera Vitor Gaspar, director del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional, la desigualdad y la brecha social han cobrado buena parte del protagonismo. ¿Su intención?, buscar políticas que permitan promover un crecimiento inclusivo, entre las que se encuentra la renta básica que Becerra lleva años defendiendo como herramienta para combatir los cambios productivos en Occidente.

“Pienso que dentro de unos tres años, tal vez antes, cuando se tengan datos y conclusiones de tales experimentos en Finlandia, se legislará para toda la UE o al menos para la parte occidental de la misma y se implementará la renta básica cuyo importe, obviamente, será función del poder adquisitivo y del nivel de precios de países y zonas”, asegura el catedrático.

Por ejemplo, “en el área de París será más elevada que en la de Madrid y en la de Barcelona que en la de Almendralejo. Y en eso, en la fijación de una renta básica dará igual el color de quien gobierne ya que será tan solo una decisión técnica”.

El IVA de la taquilla es del 10% si hay pinchadiscos

Fuente: eleconomista.es

El IVA que se debe aplicar a las entradas de discoteca es del 21% si la sala no ofrece una sesión de pinchadiscos. Sin embargo, si en la programación nocturna existe, de forma continuada, la actuación de estos músicos, el IVA que soporta la taquilla del acceso a la sala es del 10%.

Así lo establece la Dirección General de Tributos (DGT) en una consulta vinculante de 22 de agosto de 2017. La decisión apunta que “la actuación de un pinchadiscos en una discoteca tiene la consideración de espectáculo cultural en vivo, por lo que el servicio de acceso a salas de fiesta, baile y discotecas cuando se ofrezca dicha actuación pasará a estar gravada al tipo impositivo reducido del 10% del Impuesto sobre el Valor Añadido”.

En este sentido, apunta que “la labor del pinchadiscos parece que no se limita a poner la música, sino que realiza una importante labor de selección musical que ha ido evolucionando hacia la propia adaptación y mezcla de los temas musicales seleccionados de manera original, de tal forma que su labor debe encuadrarse como una manifestación de la cultura”.

Los expertos de Hacienda estudian penalizar a los coches clásicos

Fuente: elecomonista.es

La comisión de expertos sobre la revisión del modelo de financiación local del Ministerio de Hacienda quiere “suprimir la actual bonificación del 100% que tienen los vehículos históricos o aquellos que tienen una antigüedad mínima de 25 años” en el Impuesto municipal sobre Vehículos de Tracción Mecánica, según la organización de Automovilistas Europeos Asociados (AEA). La organización advierte que de llevarse a efecto “se podría producir una pérdida irreparable de una parte importante de nuestro patrimonio histórico”.

Mario Arnaldo, presidente de la AEA, asegura que “el argumento medioambiental utilizado por esta comisión de expertos para justificar la eliminación de esta bonificación no se sostiene, porque el uso de este tipo de vehículos es residual, tal y como ha declarado el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, y no tiene apenas incidencia ni sobre la recaudación de un ayuntamiento ni sobre la contaminación”.

Bonificación para proteger el interés histórico

En 1988, la Comisión de Educación y Cultura del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de Ley, en la que se instaba al Gobierno para que se protegieran y tutelaran los automóviles de interés histórico, de acuerdo con las previsiones de la Ley del Patrimonio Histórico Español. Más tarde, en 1995, el Gobierno aprobó el Reglamento de Vehículos Históricos, por el que se estableció un régimen especial para salvaguardar el carácter representativo y simbólico de una determinada época de la producción automovilística, dada la importante significación que la misma tuvo en la cultura de nuestros tiempos.

Tres años después, las Cortes Generales aprobaron mediante la Ley 50/1998, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, una modificación del art. 96 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, para posibilitar a los Ayuntamientos el establecimiento de una bonificación de hasta el 100 por 100 de la cuota del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para los vehículos históricos o de más de 25 años de antigüedad, adaptando así la normativa fiscal española a la del resto de pases de la UE.

“La supresión de este pequeño beneficio fiscal, que ni siquiera compensa mínimamente el esfuerzo económico de miles de automovilistas puede poner en riesgo la preservación de una parte importante de nuestro patrimonio histórico, representado por la producción automovilística de una determinada época”, concluye Arnaldo.

La foto más reciente del crédito bancario

Fuente: CINCODIAS.ELPAIS.COM

Llevamos ya casi nueve años de caída del crédito al sector privado en España, con un adelgazamiento del 33% (611.000 millones de euros) en la deuda de las empresas y familias y por extensión de los balances bancarios. Aunque cada vez cae a menor ritmo, todavía el crédito nuevo es menor que el que se amortiza, de forma que el saldo vivo está ahora mismo cayendo a una tasa anual del 3,6%.

Si el stock de crédito sigue cayendo no es porque el coste de la financiación sea elevado, ya que el tipo de interés está en niveles muy reducidos. Es la falta de suficiente demanda solvente y el desapalancamiento que aún continua (la ratio deuda privada/PIB ha caído 50 puntos porcentuales desde el máximo en 2010) lo que explica que el stock vivo de crédito siga cayendo.

Veamos lo que dicen los datos sobre tipos de interés. En el caso de las empresas, desde que en noviembre de 2013 se alcanzara un máximo de 88 puntos básicos (pb) en el diferencial con la eurozona, la brecha ha caído a 13 pb en agosto de 2017 (último dato disponible), con un coste medio del 1,87% en España frente a 1,74% en la eurozona. Por tanto, el coste que asumen las empresas en el acceso al crédito ha caído con mucha más intensidad en España que en la zona euro desde 2013.

Las pymes son las más beneficiadas por la caída del tipo de interés, ya que en un préstamo de menos de un millón de euros, de una brecha máxima con la euro área de 157 pb en abril de 2013, hemos pasado a solo 10 pb en la actualidad, con un tipo de interés del 2,29% en España frente al 2,19% en la zona euro. Desde que el BCE ofrece información, nunca antes una pyme española había pagado un tipo de interés tan reducido.

En el caso de los préstamos empresariales de más de un millón de euros, el diferencial con la eurozona alcanzó un máximo de 117 pb y ha caído a 26 pb, con un tipo de interés actualmente del 1,58% en España vs 1,32% en la eurozona. Por tanto, ahora mismo, en España, una pyme paga 71 pb más que una gran empresa.

Si ponemos el punto de mira en las familias, en el préstamo destinado a la compra de vivienda, en la actualidad una familia española paga un tipo de interés del 2,07%, 17 pb más que una familia europea. Pero en el préstamo al consumo, en España el tipo de interés es 185 pb superior (7,67% vs. 5,82%). A pesar de que el tipo de interés ha caído 179 pb desde verano de 2013 en España, el diferencial con la eurozona se mantiene.

¿Cómo es posible que el crédito siga cayendo, teniendo en cuenta la importante caída del coste de la financiación? Veamos de nuevo lo que nos dicen los datos, pero en esta ocasión del flujo del nuevo crédito al sector privado.

Para préstamos de menos de un millón de euros a las empresas, el acumulado de los últimos 12 meses está aumentando a una tasa anual del 5,3%. En cambio, para los préstamos de mayor importe, está cayendo un 12,7%, una caída acusada, aunque desde finales de 2016 se está amortiguando. La suma de ambos créditos da como resultado que el crédito nuevo a las empresas está cayendo a una tasa anual del 3,9%.

En el caso de las familias, la evolución del crédito para la compra de vivienda no tiene nada que ver con el destinado al consumo. Así, mientras el primero ha pasado de crecer a tasas por encima del 30% hace un año a caer al 3,1% en el último mes, el segundo lleva ya muchos meses creciendo cada vez con más fuerza, hasta alcanzar casi el 20% en la actualidad.

En la evolución reciente del crédito hay que tener en cuenta varios factores. En primer lugar, el programa de compra de activos del BCE, que no solo está comprando deuda pública, sino también privada. Por tanto, es lógico que las grandes empresas (que son las que emiten deuda) se aprovechen de la circunstancia financiándose en los mercados con deuda en lugar de con préstamos bancarios. En segundo lugar, la caída reciente del nuevo crédito para la compra de vivienda que, en parte, se debe a las elevadas tasas de meses anteriores en los que las renegociaciones de las cláusulas suelo aparecen reflejadas como nuevo crédito. Tras aquella tempestad, ahora llega la calma. Por otra parte, el crédito al consumo crece con fuerza en parte por el tirón del consumo ante la mejora de las expectativas de las familias. Por último, el crédito a las pymes está repuntando en los últimos meses (magnífica noticia, dada la importancia de este tipo de empresas en la economía española), segmento donde hay una intensa competencia de los bancos en busca de nuevo negocio.

¿Cuándo dejará de caer el stock vivo de crédito en España? Me temo que habrá que esperar un poco más a que el crédito nuevo crezca con la fuerza suficiente para que el stock vivo comience a crecer. Pero no creo que haya que esperar mucho, ya que la ratio deuda privada/PIB está solo 3,4 pp. por encima de la media europea tras el intenso desapalancamiento ya realizado.

Si el stock de crédito todavía cae, no es ni por falta de oferta (hay un claro exceso de liquidez, a pesar de estar penalizada al 0,4% por el BCE), ni porque los bancos estén endureciendo las condiciones de acceso a la financiación, como reflejan la importante caída del tipo de interés de los préstamos y las encuestas del BCE. Así, el porcentaje de pymes españolas que identifica el acceso a la financiación como su principal problema es similar a la media europea (9,3% vs. 8,9%), y el que presenta restricciones en el acceso al crédito bancario (petición rechazada, satisfecha a coste elevado, concedida solo en parte, o no solicitado el préstamo por miedo al rechazo) es un punto inferior a la media europea (18,5% vs. 19,5%).