Las sanciones por ocultar bienes en el exterior superan nueve veces el valor

Fuente: ELECONOMISTA.ES

Las sanciones por no declarar o hacerlo extemporáneamente bienes en el extranjero llegan a suponer hasta nueve veces el valor de los bienes situados en el extranjero, aunque estos sean antiguos, porque según la actual legislación española estos no prescriben nunca.

Así le ha ocurrido a una mujer que tenía dos cuentas en Andorra. Una con su marido, la mitad de 400.000 euros. Y otra con su familia, ocho titulares, de la cual le corresponde un 12,5 por ciento. La cuenta no estaba declarada, pero tenía muchos años desde su constitución y sin movimientos. En total, el capital que le correspondía por ambas cuentas, su dinero en el extranjero ascendía a 440.000 euros.

La liquidación planteada por la Inspección de la Agencia Tributaria supone unas ganancias de patrimonio no justificadas en el ejercicio de 2012 de 286.115 euros; más una sanción del 150 por ciento, que suma 354.282; a la que se añade una sanción formal: de 3,2 millones de euros. El total a pagar, por lo tanto, es de 3,9 millones de euros.

No obstante, la Inspección eliminó del cómputo los valores que fueron reinvertidos, que eran 96, porque de lo contrario la sanción formal hubiera sido 960.000 euros más.

Falta muy grave

Hacienda considera que en el ejercicio de 2012, la obligada tributaria dejó de ingresar 229.831 euros y obtuvo una devolución de 5.789,39 como consecuencia de la no declaración, tanto de la ganancia patrimonial no justificada procedente de los bienes situados en el extranjero, adquiridos mediante rentas no declaradas de sus cuentas. Tampoco declaró rendimientos de capital mobiliario provenientes de un inmueble. En 2013, la situación para la Inspección siguió siendo igual.

La infracción dispuesta en la Disposición Adicional Primera de la Ley 7/2012 tiene la consideración de falta muy grave y se sanciona con multa del 150 por ciento del importe de la base de la sanción.

En este caso, la base imponible de la sanción es de 229.336,2 euros, que es la cuota íntegra resultante de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF y de modificación parcial del Impuesto sobre Sociedades, sobre el Impuesto sobre la Renta de No Residentes y sobre el Patrimonio.

La sanción formal, mientras tanto, responde, en el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre las cuentas en las entidades de crédito situadas en el extranjero, se aplica una sanción pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma cuenta que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros.

La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma cuenta, con un mínimo de 1.500 euros, cuando la declaración haya sido presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria. Del mismo modo, se sancionará la presentación de la declaración por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios.

Aunque llama más la atención la sanción del 150 por ciento impuesta por Hacienda, resulta más elevada la formal en los casos en que no se haya declarado el Modelo 720.

Negocios fallidos

Así, se añade el caso de un hombre con negocios en Brasil –todos fallidos- y en Ecuador, y con una esposa que recibió una herencia pecuniaria en Suiza, que invirtió en cancelar una hipoteca sobre su vivienda habitual de 200.000 euros. La inspección requirió al contribuyente acerca de sus inversiones e inmuebles, cuando prácticamente todo se hallaba subastado y perdido.

Al final, le imputan ganancia patrimonial no justificada por bienes en el extranjero por una oficina de Quito que tenía una hipoteca que pagaba una empresa española –lo que, para los asesores fiscales consultados, suponía renta declarada.

Finalmente, la Inspección le exigió pagar 50.000 euros por el IRPF por dicha ganancia no justificada, y se le han abierto dos expedientes sancionadores: uno, del 150 por ciento -casi 60.000 euros- y otro, por infracción formal, de 77.500 euros. Así se comprueba que, la infracción formal supera a la del 150 por ciento.

No obstante es posible regularizar la deuda tributaria no declarada en la declaración de bienes en el extranjero, eludiendo la sanción, si el contribuyente realiza una autoliquidación extemporánea voluntaria, según lo reconoce la Dirección General de Tributos en una consulta, de 9 de junio de 2017

Liberarse de las deudas con un sueldo de 2.500 euros

Fuente: EXPANSION.COM

Durante el presente año 2015 se ha escrito mucho sobre la regulación de la segunda oportunidad en la legislación concursal. Y lo que se ha escrito ha sido normalmente crítico con dicha normativa, por estimarse que el legislador español seguía siendo muy cicatero con la posibilidad de liberar a las personas físicas de sus deudas para darles la oportunidad de volver a incorporarse a la economía productiva.

Las reformas legales practicadas al respecto nos llevaron ya en su momento a entender que es preciso analizar cada caso de deudor en particular, con el fin de determinar si en atención a sus circunstancias particulares le sería o no útil el mecanismo legal.

El caso típico en este sentido es el de las empresas familiares que refinanciaron sus deudas en los tiempos más agudos de la crisis, no consiguieron remontar el vuelo, concursaron y con la liquidación de su patrimonio no pudieron hacer frente al pago de tales deudas. En tal situación se encuentra un numeroso grupo de españoles que habiendo perdido sus empresas siguen siendo deudores de las cantidades no cobradas por los acreedores financieros de tales empresas, ante quienes habían avalado su pago.

Se trata concretamente del caso de una persona que percibe un sueldo mensual de 2.572,81.- euros y que tiene unas deudas, en su mayoría provenientes de avales prestados a favor de una sociedad, de 145.415,22.- . Como tal deudor había intentado un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores, que eran cuatro, de ellos tres entidades financieras, y tales acreedores se habían negado a alcanzar dicho acuerdo, el Juzgado, en el concurso consecutivo, exoneró al deudor de todas las deudas porque estimó que destinando la parte embargable de su sueldo a pagar dichas deudas serían precisos más de catorce años.

De esta forma, no cabe duda de que para ese deudor sí que la segunda oportunidad ha sido útil, pues puede comenzar una nueva vida, con un sueldo respetable y habiendo quedado liberado de una cuantiosa deuda que, en otro caso, le habría conducido de forma casi irremediable a la economía sumergida.

Mas información: EXPANSION.COM

¿Cómo minimizar las responsabilidades civiles y penales de los directivos?

Fuente: FINANZAS.COM

La responsabilidad de las personas jurídicas se ha concretado con los últimos cambios en la legislación española y vincula especialmente a directivos y consejeros, responsables últimos de la toma de decisiones, con las irregularidades cometidas dentro de su empresa.

La última reforma del Código Penal que entró en vigor en julio atribuye la responsabilidad de una actuación delictiva al “representante legal o administrador” por actos realizados “en nombre de la persona jurídica” o de los delitos cometidos por las personas que estén sometidas a su autoridad si no se ha ejercido “el debido control”.

Ante esta situación, ¿qué pueden hacer para intentar minimizar su responsabilidad?

En una jornada organizada por la Asociación Española de Directivos, diversos expertos legales recomendaron implementar medidas de prevención del delito dentro de las empresas, aunque advierten de que estos consejos “no suponen una exculpación del sujeto”.

Victoria García del Blanco, directora del máster en Derecho Penal Económico de la Universidad Rey Juan Carlos, cree que los planes de cumplimiento para la prevención de delitos dentro de la empresa, también llamados compliance”, son necesarios, pero “no eximen automáticamente de la responsabilidad ni civil ni penal del directivo”.

Esto es así porque el “compliance officer” vela por el cumplimiento del plan de prevención y suministra información al Consejo, o a la comisión del Consejo encargada, pero son los directivos quienes deciden qué hacer en el caso de advertir una irregularidad.

Por este motivo, según García del Blanco, el “compliance officer” no puede ser un “cabeza de turco”, ya que no posee autonomía en la toma de decisiones, sino funciones informativas y de control.

El socio responsable de servicios de Compliance en KPMG Abogados, Alain Casanovas, recuerda que dentro de la empresa “hay diferentes grados de responsabilidad”, y los administradores tienen una competencia de control inaludible e imposible de delegar totalmente.

Así, en el supuesto de que se cometa un delito dentro de la empresa del que el directivo no llegó a tener constancia, éste deberá demostrar que el plan de cumplimiento fue adecuado y proporcional, por lo que se determinará la responsabilidad en función de las competencias de los implicados en el plan.

Por otro lado, los expertos recomiendan, como medida complementaria al “compliance”, que como ésta es voluntaria para las empresas no cotizadas y también puede actuar como atenuante, la creación de una comisión delegada dentro del Consejo de Administración, con la tarea de supervisar al departamento encargado del plan de cumplimiento.

La responsabilidad de los consejeros dependerá de las competencias que tengan y de la capacidad de decisión y acción que se les transfiera” a los miembros de la comisión que supervisa el plan de prevención, afirma García del Blanco.

Asimismo, Francisco Sacristán, profesor de derecho de la Universidad Rey Juan Carlos, señala que los seguros de responsabilidad para directivos son medidas imprescindibles para cualquiera en un puesto directivo, aunque es muy importante “conocer los supuestos cubiertos” y negociar con las compañías de seguros.

Estos seguros, llamados D&O, por sus siglas en inglés, cubren la defensa jurídica de los directivos en el caso de multas y sanciones como consecuencia de su actividad laboral, sin embargo, “en el ámbito penal hay contingencias que el directivo no puede asegurar”, advierte Casanovas.

Además, recuerda que “librarse de las responsabilidades no debería ser un objetivo sino una consecuencia de una buena cultura de cumplimiento empresarial”.

Fuente: FINANZAS.COM

CIRCULAR RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Estimado/a Cliente.

Le adjunto circular sobre la novedad introducida en el Código Penal sobre la responsabilidad penal que tienen las personas jurídicas.  A partir de Julio de 2015, todas aquellas sociedades y resto de personas jurídicas con un plan de prevención de delitos, podrán estar exoneradas de cualquier responsabilidad, sin que esto se aplique a administradores y gerentes. Esto es importante debido a que las consecuencias de ser responsables de delitos penales pueden ir desde el pago de altas sanciones pecuniarias hasta la disolución y desaparición de la sociedad.

Si usted está interesado/a, deberá de hablar con su responsable de fiscal para que le pueda ampliar con más detalle la circular .

Atentamente

Circular Resp. Penal Jurídicas Duart

Circular FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO

Estimado cliente/a:

El pasado 10 de septiembre se publicó en el BOE la Ley 31/2015 de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del Trabajo Autónomo y de la Economía Social.

Entrada en vigor el 10 de octubre de 2015

A continuación, le adjunto la circular enumerando algunos aspectos de la norma.

CIRCULAR FOMENTO Y PROMOCION DEL TRABAJO AUTONOMO

Si desea más información al respecto de esta circular o necesita realizar cualquier consulta sobre los puntos incluidos en la misma, no dude en contactar con nuestro departamento laboral (Carol Villalba) en el teléfono 96-178.29.04 o en nuestras oficinas.

Asesoría Duart-Ferris, SL

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Modificación del Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio entre el Reino de España y Canadá

En el Boletín Oficial del Estado de 8 de octubre se publica el Protocolo entre el Reino de España y Canadá que modifica el Convenio entre España y Canadá para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, firmado en Ottawa el 23 de noviembre de 1976, hecho en Madrid el 18 de noviembre de 2014.

Más información:  BOE