Los emprendedores podrán cobrar el paro en un pago único

Fuente: EXPANSION.COM

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha indicado que constituir una empresa no impide a los autónomos cobrar la prestación por desempleo en un pago único.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha sentenciado que constituir una sociedad de responsabilidad limitada “no es incompatible con la cualidad de trabajador autónomo cuando la posición jurídica del socio determina su obligada afiliación al RETA, como es el caso, no se cuestiona el efectivo desempeño de la actividad por cuenta propia en los términos legales y ni siquiera se alega -ni existe- el más mínimo indicio de fraude con tal constitución”, según informa el Alto Tribunal.

El problema que ha resuelto la Sala es el de un desempleado que capitalizó el paro en un solo pago después de fundar una mercantil de este tipo, suscribiendo él mismo el 100 % del capital, nombrándose administrador y dándose de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) diez días después de elevar a escritura pública su sociedad.

Un año después, el Servicio Público de Empleo Estatal -SPEE- le reclamó 19.567,80 euros por el cobro indebido de la prestación al haber constituido la empresa cuando en la solicitud constaba que la actividad era la de trabajador autónomo.

El juzgado rechazó la demanda del recurrente solicitando la anulación de la citada resolución y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sentenció que no hubo cobro indebido al estar dado de alta como autónomo por lo que revocó la decisión del Servicio Público de Empleo Estatal.

De acuerdo con este último fallo, la Sala de lo Social desestima el recurso de casación del abogado del Estado en el que argumentaba que el pago único de la prestación sólo es posible cuando el beneficiario se constituya como trabajador autónomo o como socio trabajador en cooperativas o sociedades laborales.

La sentencia explica que aunque la Ley 45/2002 sólo se refiere como sociedades a las cooperativas y la sociedades laborales no excluye de manera expresa ninguna otra, y añade que “cuando concurren las circunstancias fácticas y jurídicas que conducen obligatoriamente al encuadramiento y alta en el RETA de determinadas personas físicas, éstas, individualmente consideradas, siempre que la sociedad de capital lleve realmente a cabo la actividad que constituya su objeto, reúnen la cualidad de trabajadores autónomos, también a los efectos de la prestación aquí debatida”.

La sentencia, con ponencia del magistrado José Luis Gilolmo López, recuerda que desde la perspectiva finalista del estímulo del autoempleo esta es la solución adoptada en otras situaciones similares por la Sala de lo Social. En este sentido añade que aunque el RD 1300/2009, de 31 de julio, de medidas urgentes de empleo destinadas a los trabajadores autónomos y a las cooperativas y sociedades laborales no se refiera a las sociedades de capital como formas de autoempleo, “cuando, en determinadas circunstancias, alguno de sus socios puede ostentar la cualidad material de trabajadores por cuenta propia, resulta perfectamente congruente su equiparación con aquéllos, también a los efectos que aquí importan, porque sin duda contribuye a lograr la misma finalidad: el autoempleo”.

Los programas de ‘compliance’ no deben percibirse como un seguro para las empresas

Fuente: EXPANSION

La Fiscalía ha hecho pública la esperada circular sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En ella, imparte instrucciones a los fiscales sobre cómo valorar la eficacia de los planes de cumplimiento normativo.

Con este documento, el Ministerio Público imparte instrucciones a los fiscales para valorar la eficacia de los planes de compliance o cumplimiento normativo en las empresas. Tras la reforma, dichos planes se configuran como una eximente de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y, por tanto, es importante que las empresas conozcan cuáles van a ser las directrices que la Fiscalía va a tomar en consideración para aplicar o no dicha eximente.

Según explica la propia Fiscalía, los planes de compliance son una apuesta decidida del legislador por una fórmula de “autorregulación regulada” en la lucha contra la delincuencia de empresa.

Control eficaz

Entre las cuestiones que destaca la circular, destaca lo que señala sobre la conducta delictiva de sus dirigentes y los programas de control: “Si el fundamento de la imputación de la persona jurídica reside en la conducta delictiva de sus dirigentes o en el incumplimiento de sus obligaciones de control sobre los subordinados, esto será lo único que deba probar la acusación”.

No son un ’seguro’

Respecto a los programas de cumplimiento normativo que están poniendo en marcha las empresas, la circular también hace observaciones: “Sin duda, muchas empresas se han dotado y se dotarán de completos y costosos programas con la única finalidad de eludir el reproche penal, pero más allá de su adecuación formal a los requisitos que establece el Código Penal, tales programas no pueden enfocarse a conseguir este propósito sino a reafirmar una cultura corporativa de respeto a la Ley, donde la comisión de un delito constituya un acontecimiento accidental y la exención de pena, una consecuencia natural de dicha cultura”. De otra manera, advierte el Ministerio Público, “se corre el riesgo de que en el seno de la entidad los programas se perciban como una suerte de seguro frente a la acción penal”

Oficial de cumplimiento

Respecto al oficial de cumplimiento normativo o compliance officer, la Circular señala que “debe necesariamente ser un órgano de la persona jurídica, lo que facilitará el contacto diario con el funcionamiento de la propia corporación. Ello no implica que este órgano deba desempeñar por sí todas las tareas que configuran la función de cumplimiento normativo, que pueden ser realizadas por otros órganos o unidades distintos al específico de cumplimiento normativo, como la unidad de riesgos, la unidad de control interno, el servicio de prevención de riesgos laborales o el de prevención del blanqueo”. Y añade que “lo esencial será que exista un órgano supervisor del funcionamiento general del modelo, que deberá establecer claramente el responsable de las distintas funciones y tareas”.

Responsabilidad penal del ‘compliance officer’

La Fiscalía entiende que “el oficial de cumplimiento normativo puede con su actuación delictiva transferir la responsabilidad penal a la persona jurídica puesto que está incluido entre las personas que ostentan facultades de organización y control dentro de la misma”. Además, “puede ser una de las personas que al omitir gravemente el control del subordinado permite la transferencia de responsabilidad a la persona jurídica. En este supuesto, la omisión puede llevarle a ser él mismo penalmente responsable del delito cometido por el subordinado”.

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CLOUD Y LOPD: La AEPD ha comenzado a exigir nuevos requerimientos a empresas para servicios en la nube

Fuente: ALCIM.ES

La AEPD ha emitido un comunicado “con el objetivo de informar de forma directa a los responsables que realizan transferencias internacionales de datos a EEUU”.

La Agencia recuerda que sus acciones “no están orientadas a la prohibición de utilizar herramientas concretas sino a informar a los responsables para que requieran a su proveedor de servicios, si es necesario, que les ofrezca una respuesta adaptada a la sentencia del TJUE”.

Además, aclara que la Agencia no ha anunciado la intención de iniciar procedimientos sancionadores contra las empresas. En su comunicado sólo dice que podrá iniciar un procedimiento para acordar, en su caso, la suspensión temporal de las transferencias.

Están afectadas las empresas españolas que usan, para guardar o tratar información con datos personales de sus clientes, servicios como por ejemplo Dropbox, Google Drive, Google Apps, Google Adsense, MailChimp (para gestionar el envío de emails comerciales), Facebook, Flickr, Instagram e incluso Twitter.

El próximo 29 de enero la Agencia iniciará un procedimiento contra aquellas empresas que no se hayan adaptado a la nueva normativa para suspender temporalmente sus transferencias. “Esto incluye el inicio de un procedimiento de inspección y una posible sanción con multa de 300.001 euros a 600.000 euros por comisión de una infracción muy grave de protección de datos”, ha añadido Fernández Burgueño. Para notificar a la AEPD alguna de estas modificaciones, los responsables podrán hacerlo a través de la Sede Electrónica o por correo postal.

¿Qué alternativas existen?

El único proveedor de estos servicios con autorización de la AEDP es Microsoft, ya que cumple con los requerimientos como la propia agencia sentenció en 2014 :

Los contratos de Microsoft ofrecen garantías adecuadas para que los clientes confíen sus datos personales a la compañía en el marco de los servicios corporativos de Office 365, Dynamics CRM Online y Microsoft Azure

Puedes consultar la resolución de la AEPD en la web de la Agencia en este enlace.

Fuente: ALCIM.ES

Liberarse de las deudas con un sueldo de 2.500 euros

Fuente: EXPANSION.COM

Durante el presente año 2015 se ha escrito mucho sobre la regulación de la segunda oportunidad en la legislación concursal. Y lo que se ha escrito ha sido normalmente crítico con dicha normativa, por estimarse que el legislador español seguía siendo muy cicatero con la posibilidad de liberar a las personas físicas de sus deudas para darles la oportunidad de volver a incorporarse a la economía productiva.

Las reformas legales practicadas al respecto nos llevaron ya en su momento a entender que es preciso analizar cada caso de deudor en particular, con el fin de determinar si en atención a sus circunstancias particulares le sería o no útil el mecanismo legal.

El caso típico en este sentido es el de las empresas familiares que refinanciaron sus deudas en los tiempos más agudos de la crisis, no consiguieron remontar el vuelo, concursaron y con la liquidación de su patrimonio no pudieron hacer frente al pago de tales deudas. En tal situación se encuentra un numeroso grupo de españoles que habiendo perdido sus empresas siguen siendo deudores de las cantidades no cobradas por los acreedores financieros de tales empresas, ante quienes habían avalado su pago.

Se trata concretamente del caso de una persona que percibe un sueldo mensual de 2.572,81.- euros y que tiene unas deudas, en su mayoría provenientes de avales prestados a favor de una sociedad, de 145.415,22.- . Como tal deudor había intentado un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores, que eran cuatro, de ellos tres entidades financieras, y tales acreedores se habían negado a alcanzar dicho acuerdo, el Juzgado, en el concurso consecutivo, exoneró al deudor de todas las deudas porque estimó que destinando la parte embargable de su sueldo a pagar dichas deudas serían precisos más de catorce años.

De esta forma, no cabe duda de que para ese deudor sí que la segunda oportunidad ha sido útil, pues puede comenzar una nueva vida, con un sueldo respetable y habiendo quedado liberado de una cuantiosa deuda que, en otro caso, le habría conducido de forma casi irremediable a la economía sumergida.

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Impuesta la primera multa del 150% por declarar tarde bienes en el exterior

Fuente: ELECONOMISTA.ES

Los asesores fiscales y jurídicos del primer sancionado con una multa del 150% sobre lo reconocido fuera de plazo de la declaración de bienes en el extranjero (Modelo 720) recurrirán la sanción -liquidada con fecha de 10 de noviembre de 2015- y solicitarán al Tribunal Económico- Administrativo Central (Teac) que plantee una cuestión prejudicial a la Justicia Europea sobre la legalidad de la normativa que regula este procedimiento

Las medidas cautelares adoptadas por Hacienda frente al contribuyente pasan por el embargo preventivo de las cuentas bancarias a su nombre y de la octava parte, de su titularidad, de un edificio producto de una herencia.

Las actuaciones inspectoras se iniciaron el día 9 de marzo de 2015, mediante comunicación notificada, por agente tributario, al propio obligado tributario. Las actuaciones del procedimiento se han extendido al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y a la declaración informativa de bienes y derechos en el extranjero (Modelo 720), periodo 2012.

El instructor califica la infracción de “muy grave” y la sanciona con una multa pecuniaria proporcional del 150% del importe de la base de la sanción, que es de 169.300,65 euros, lo que la eleva a casi 254.000 euros (253.950,98 euros). La base imponible – lleva, por otra parte, unos intereses de demora de 19.060,81 euros.

Según consta en el acta de la Inspección, el contribuyente presentó fuera de plazo el Modelo 720, correspondiente a la declaración informativa de bienes y derechos situados en el extranjero del periodo 2012. La fecha de presentación fue el día 28 de julio de 2014. La declaración fue voluntaria y sin regularización extemporánea.

La primera declaración informativa del modelo 720 correspondiente al ejercicio 2012 se debió presentar del 1 de febrero al 30 de abril de 2013. Así se regula en la Disposición transitoria única de la Orden HAP/ 72/2013, de 30 de enero, por la que se aprueba el modelo 720.

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Planes de pensiones, la opción clásica para ahorrar en el IRPF

Fuente: CINCODIAS.COM

Una de las fórmulas más utilizadas para aligerar la factura fiscal es deducirse de la base imponible del impuesto sobre la renta(IRPF) las aportaciones realizadas a productos diseñados para completar la pensión de jubilación, como son los planes de pensiones o los planes de previsión asegurada (PPA).

El principal cambio que ha habido en este ámbito es que se ha reducido el límite por el que el inversor podía desgravarse. Este tope ha pasado de los 10.000 euros de 2014 (12.500 para mayores de 50 años) a un máximo genérico de 8.000 euros al año. También existe un límite relativo del 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de los rendimientos netos de actividades económicas.

Así, por ejemplo, una persona que tiene un salario neto de 40.000 euros al año y logra aportar 4.000 euros a su plan de pensiones puede obtener un ahorro fiscal de 1.520 euros, de acuerdo con cálculos del Instituto BBVA de Pensiones. Un contribuyente que gane 18.000 euros al año y aporte 2.000 euros al plan tendrá una rebaja fiscal de 490 euros.

Hay que tener en cuenta que este tipo de desgravaciones se trata realmente de un diferimiento fiscal, puesto que aunque ahora esas aportaciones a planes de pensiones no tributan, sí que habrá que pasar por el fisco a la hora de rescatar el producto. Debido a este diseño, estas tipo de deducciones son especialmente favorables para las rentas más altas, puesto que pagan los tipos más altos del IRPF y obtendrán así mayor ahorro fiscal.

Planes a largo plazo

los partícipes podrán rescatar las aportaciones que tienen más de 10 años de antigüedad.

Aunque los asesores financieros recomiendan ir aportando a los planes de pensiones a lo largo del año, para evitar entrar en Bolsa o en bonos, en un momento en que el activo esté caro, la práctica habitual es que las aportaciones se concentren en el último trimestre del año. Como las entidades financieras saben que el principal interés que tienen estos productos son su ventaja fiscal, concentran las campañas publicitarias durante los meses de noviembre y diciembre. Estas promociones suponen una ventaja adicional, ya que premian los traspasos provenientes de otras entidades financieras con bonificaciones y obsequios que van del 1,5% al 2% del capital aportado.

Rescate del plan de pensiones

A la hora de planificar el rescate del plan de pensiones, la variable fiscal es fundamental. Hay que tener en cuenta que este tipo de ingresos se asimilan a todos los efectos con rentas del trabajo, por lo que se les aplican los tipos correspondientes del IRPF. Rescatar todo lo ahorrado en el plan de pensiones de golpe puede suponer el tener que tributar con tipos marginales muy altos, mientras que si se va cobrando paulatinamente se podrá tributar por tipos más bajos.

Para más información: CINCODIAS.COM