Blog de Asesoría Duart Ferrís. Asesoría de empresas en Benifaió (Valencia)

Así puede aprovechar el autónomo la ayuda del contrato de formación

Fuente: CINCODIAS.ELPAIS.COM

Contratar a nuevos trabajadores favoreciendo que puedan formarse mientras trabajan es el objetivo de las ayudas que se otorgan a las empresas que formalicen un contrato de formación y que cumplan con unos determinados requisitos.

La guía de contratos de trabajo que acaban de actualizar los Servicios Públicos de Empleo pone de manifiesto que este tipo de contratos se deben hacer a jóvenes desempleados inscritos en la Oficina de Empleo, que sean menores de 30 años o menores de 35 años si tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

Además, los nuevos trabajadores deberán haber estado inscritos ininterrumpidamente en la oficina de empleo al menos doce meses durante los dieciocho anteriores a la contratación, no tener experiencia laboral o que esta sea inferior a tres meses, proceder de otro sector de actividad, carecer de título oficial de enseñanza obligatoria, de título de formación profesional o de certificado de profesionalidad o ser beneficiario del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Indefinido o duración determinada

El contrato será por tiempo indefinido o de duración determinada. Si la jornada es a tiempo parcial, ésta no podrá ser superior al 50% de la correspondiente a un trabajador a tiempo completo comparable, salvo en el caso de personas beneficiarias del Sistema Naciaonal de Garantía Juvenil que podrá alcanzar el 75% de la jornada. Y el contrato se formalizará por escrito.

Los trabajadores deberán compatibilizar el empleo con la formación o justificar haberla cursado en los seis meses previos a la celebración del contrato. La formación que no será necesario que esté vinculada específicamente al puesto de trabajo objeto del contrato.

A esta modalidad de contratación se podrán acoger los autónomos o las empresas que no hayan tomado en los seis meses anteriores decisiones improcedentes. Además, deberán mantenerse el nivel de empleo alcanzado con el contrato durante, al menos un periodo equivalente a la duración de dicho contrato con un máximo de doce meses desde su celebración.

Si cumplen todas estas condiciones se obtendrán beneficios como una bonificación del 100% de la cuota de la Seguridad Social si la plantilla en la empresa es menor de 250 trabajadores o del 75% si supera ese número de trabajadores. La bonificación será por un máximo de 12 meses, pero se podrá prorrogar otro año si el trabajador sigue compatibilizando el empleo con la formación seis meses antes de la finalización del año.

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Una vivienda ‘ocupada’ está exenta de la imputación de rentas

Fuente: ELECONOMISTA.ES

Un inmueble vacío que es ocupado ilegalmente por terceros en contra de la voluntad del propietario, habiéndose iniciado un procedimiento de desahucio, siempre que quede debidamente acreditada, queda excluida de la imputación de rentas inmobiliarias previsto en el artículo 85.1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF) desde el momento en que inició dicho procedimiento y sin necesidad de esperar a su resolución.

Así, lo reconoce la Dirección General de Tributos (DGT) en una consulta vinculante de 28 de mayo de 2018, en la que explica que en principio procedería la imputación de rentas inmobiliarias por la vivienda de la que es propietario el consultante, al no estar afecta a una actividad económica ni ser generadora de rendimientos del capital, a lo que se une que no se trata de un inmueble en construcción ni de un inmueble que, por razones urbanísticas, no sea susceptible de uso.

Se razona en la consulta vinculante, que aunque no pueda hablarse lógicamente en el presente supuesto de la existencia de un arrendamiento o una cesión contractual onerosa generadora de rendimientos de capital, debe indicarse que las circunstancias que determinan la exclusión de los inmuebles generadores de rendimientos de capital de la imputación de rentas inmobiliarias, concurren asimismo en el presente supuesto.

Concluye, por lo tanto, que tanto en uno como en otro caso, el uso y disfrute del inmueble urbano están cedidos o corresponden a un tercero, sin que en ninguno de las dos situaciones el propietario puede recuperar el uso del inmueble a su voluntad.

En el caso del arrendamiento o cesión onerosa de carácter voluntario queda obligado a respetar el plazo de duración del arrendamiento establecido en el contrato, y las posibles prórrogas legales, y en el caso del inmueble ocupado ilegalmente, no puede recuperar su posesión hasta que se resuelva el procedimiento judicial iniciado y se concluya la existencia de dicha ocupación, su ilegalidad y el derecho del propietario a recuperar el inmueble.

En el arrendamiento, el propietario tiene derecho a las rentas por la cesión del inmueble, por lo que no procede efectuar la imputación de rentas inmobiliarias por dicho inmueble.

Por el contrario, en el caso de la ocupación ilegal del inmueble, podría surgir un rendimiento de capital inmobiliario equivalente, por la indemnización fijada en la sentencia que resolviera el procedimiento de desahucio, en la parte que correspondiera al lucro cesante o a la compensación por el valor de mercado de dicho uso y disfrute ilegal, si bien la existencia de este último rendimiento y su consiguiente sujeción al Impuesto estaría condicionada a su reconocimiento en la referida sentencia.

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El Gobierno adapta el Reglamento europeo de Protección de Datos a la normativa española

Fuente: ELECONOMISTA.ES

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, a propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, un Real Decreto-ley con medidas urgentes para adaptar el Derecho español al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), norma de la Unión Europea que al entrar en vigor el pasado 25 de mayo impuso importantes modificaciones en la legislación interna, cambios que fueron incorporados a un proyecto de ley orgánica que todavía no ha superado su tramitación parlamentaria.

La entrada en vigor del RGPD provocó, por tanto, un vacío legal que dificulta su aplicación en España, lo que podría dejar desprotegido el derecho fundamental de los ciudadanos a su privacidad. “Por eso era imprescindible y urgente la adopción de una norma con rango de ley que permita la adaptación del Derecho español al reglamento europeo en algunas cuestiones cuya regulación no está reservada a ley orgánica”, aseguran fuentes del Ministerio de Justicia. El Real Decreto-ley aprobado este viernes realiza dicha adaptación y tendrá vigencia sólo hasta el momento en el que las Cortes aprueben el proyecto de ley cuya tramitación parlamentaria sigue pendiente.

La normativa asume el novedoso régimen sancionador del RGPD, reemplaza los tipos infractores previstos en la todavía vigente Ley Orgánica 15/1999 y ratifica el régimen actual en cuanto a la duración de los procedimientos sancionadores

El Real Decreto-ley regula aspectos relacionados con la inspección, el régimen sancionador y el procedimiento de instrucción que son relevantes para la garantía efectiva del derecho a la protección de los datos personales, dado que aportan la seguridad jurídica necesaria sin cuya existencia el modelo europeo de supervisión queda debilitado y, con él, las opciones de los ciudadanos de hacer valer su privacidad.

En este sentido, el Real Decreto-ley fija cuál es el personal competente para realizar las labores de investigación previstas en el RGPD y regula el modo en que podrán desarrollar su actividad de inspección. Asimismo, determina el régimen aplicable al personal de las autoridades de supervisión de otros Estados miembros de la Unión Europea que participen en actuaciones conjuntas de investigación.

Régimen sancionador

El reglamento europeo establece un régimen sancionador aplicable en España, pero no regula cuestiones tan esenciales como los plazos de prescripción o las sanciones, al considerar que deben fijarse en el ordenamiento interno de los Estados. Esos dos factores son básicos para garantizar la seguridad jurídica de los procedimientos abiertos y proteger de manera efectiva los derechos de los ciudadanos.

De no acometer cuanto antes su regulación, sería muy complicado aplicar el régimen sancionador, lo que también debilitaría el sistema de protección de datos y generaría el riesgo de que la Comisión Europea estudiase emprender acciones contra España por incumplimiento de su reglamento general.

El Real Decreto-ley asume el novedoso régimen sancionador del RGPD y reemplaza los tipos infractores previstos en la todavía vigente Ley Orgánica 15/1999. Y ratifica el régimen actual en cuanto a la duración de los procedimientos sancionadores, que será de seis meses, aunque podrán incluir actuaciones previas de investigación durante un plazo máximo de doce meses.

En cuanto a la prescripción de las sanciones, el Real Decreto-ley opta por mantener los mismos tiempos que actualmente establece la Ley Orgánica de Protección de Datos, por lo que fija un plazo de un año para las inferiores a 40.000 euros, dos años para las comprendidas entre 40.000 y 300.000 euros y tres años para las superiores a dicha cuantía. Por otra parte, el reglamento crea un procedimiento de cooperación entre los países de la Unión Europea en los supuestos de tratamientos denominados transfronterizos, con la participación de todas las autoridades implicadas, pero no regula el modo en que el Derecho interno de los Estados habrá de verse afectado como consecuencia de los trámites previstos en la propia norma europea para estos procedimientos.

Procedimientos transfronterizos

La aplicación del RGPD exige en muchos casos recabar el criterio de las autoridades de protección de datos de otros Estados miembros de la Unión Europea para actuar de forma coordinada en aquellos supuestos que afecten a varios países.

Según los datos de la Agencia Española de Protección de Datos, en las dos primeras semanas de aplicación del RGPD se abrieron 17 procedimientos transnacionales referidos, sobre todo, al ejercicio del derecho al olvido, el tratamiento de datos o la política de privacidad y los términos de servicio de grandes entidades tecnológicas. Dichos expedientes tienen un potencial impacto en millones de ciudadanos europeos. Las autoridades de protección de datos de la UE estiman que el número de estos procedimientos transfronterizos podría situarse entre 13.000 a 16.000 al año.

Según Justicia, “era necesario incorporar a la normativa española las especificidades de estos procedimientos transfronterizos y prever aspectos como su suspensión o la interrupción de los plazos de prescripción mientras las autoridades correspondientes revisan dichos procedimientos”.

El reglamento europeo distingue en la práctica tres tipos de tratamientos a los que aplica distintas normas procedimentales: los tratamientos transfronterizos, los transfronterizos con relevancia local en un Estado miembro y aquéllos exclusivamente nacionales. En el caso de los dos primeros supuestos, la regulación europea establece la obligación de que la autoridad principal someta los distintos proyectos de decisión a las restantes autoridades, que dispondrán de plazos tasados para la emisión de “observaciones pertinentes motivadas”, y prevé el sometimiento de la resolución al Comité Europeo de Protección de Datos en caso de no alcanzarse un acuerdo entre todas ellas.

Justicia asegura que todo ello imponía la necesidad de incorporar al procedimiento por presuntas infracciones fases específicas como la admisión a trámite de las reclamaciones o la posibilidad de archivo provisional del expediente en los supuestos en que la Agencia Española de Protección de Datos no tramite la reclamación, pero pueda tener que resolver sobre la misma.

El Real Decreto-ley incluye la previsión de suspender los procedimientos cuando sea necesario recabar el parecer de las autoridades de otros Estados europeos. “De no hacerlo así, esos expedientes podrían caducar, con las consecuencias negativas que ello conlleva no sólo respecto de la aplicación en España del reglamento europeo, sino para la garantía del derecho fundamental de los ciudadanos europeos en su conjunto a su privacidad en aquellos casos en que la Agencia Española de Protección de Datos tuviera la condición de autoridad de control principal”, sostienen fuentes del Minsiterio de Justicia.

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Plazo de ingreso de los recibos del IAE

Si su empresa está obligada a pagar el IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas), recuerde que dicho impuesto:
• Puede tener el carácter de municipal. Apunte. En ese caso, quien se encarga de su gestión y recaudación suele ser el Ayuntamiento o la Diputación.
• O bien puede ser provincial o nacional, en cuyo caso es la AEAT quien realiza su gestión.
Pues bien, si satisface cuotas provinciales o nacionales, sepa que recientemente se ha modificado el plazo de ingreso en período voluntario de las cuotas correspondientes al ejercicio 2018, que ahora deberá realizarse desde el día 17 de septiembre hasta el día 20 de noviembre de 2018 (ambos incluidos).

Link: BOE

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Intento de “phising” a través de la AEAT.

Estimado cliente:

Le informamos que en los últimos días, algunas empresas están recibiendo por correo electrónico la siguiente comunicación de la Agencia Tributaria. Esta notificación es fraudulenta y en caso de haber sido notificados con la misma, no tienen que atenderla ni pinchar en el enlace que se adjunta al correo. Les acompañamos copia de la notificación fraudulenta que está siendo remitida a algunas empresas y las recomendaciones que el Ministerio de Hacienda y la Agencia Estatal de Administración Tributaria han emitido para los casos de comunicaciones de contenido falso y fraudulento.

En caso de necesitar cualquier aclaración, pueden contactar con su gestor responsable del departamento fiscal.

Atentamente.

Departamento Fiscal-Contable. Duart Ferrís SL

A continuación os dejo nota de las recomendaciones de la AEAT:

________________________________________
RECOMENDACIONES DE LA AGENCIA TRIBUTARIA.

Intentos de fraude tipo ‘phishing’ a través de Internet
A medida que se aproxima el inicio de la campaña de Renta 2017, la Agencia Tributaria viene detectando diversos intentos de fraude mediante el envío de comunicaciones por correo electrónico o mensajes SMS, en los que, suplantando su identidad e imagen, se proporcionan enlaces maliciosos donde obtener supuestos reembolsos de impuestos. Estos enlaces suelen llevar a páginas web fraudulentas en la que se suplanta nuevamente la identidad e imagen de la Agencia Tributaria y se solicita el envío de datos personales y bancarios como números y claves de tarjetas de crédito.

En cuanto la Agencia Tributaria tiene conocimiento de estos intentos de fraude, conocidos como ‘phishing’, pone en marcha las actuaciones necesarias para mitigar su efecto y cerrar todos los enlaces fraudulentos detectados.
Sin embargo, la primera medida para combatir el ‘phishing’ es la prevención de los usuarios ante comunicaciones sospechosas que soliciten datos bancarios o personales y, en ese sentido, la Agencia Tributaria:
• Recuerda que nunca solicita por correo electrónico información confidencial, económica o personal, ni números de cuenta, ni números de tarjeta de los contribuyentes.
• Aconseja desconfiar de cualquier comunicación que incluya la petición de información confidencial, económica o personal o incluya cualquier enlace que no remita a su página web o a su Sede electrónica.
• Recomienda consultar el Aviso de Seguridad de la Sede Electrónica en donde se advierte de los diferentes intentos de fraude. PINCHAR ENLACE

La Agencia Tributaria agradece la colaboración ciudadana para informar de este tipo de fraudes.
• A través de Internet: páginas web falsas y phishing
Los intentos de engaño hacen referencia a supuestos reembolsos de impuestos, mediante envíos de comunicaciones masivas por correo electrónico en los que se suplanta la identidad e imagen de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, o bien la identidad de sus directivos. Con frecuencia, los intentos de fraude hacen referencia a una supuesta información que imposibilita el envío de la devolución de la campaña de Renta y suplanta la imagen de la Agencia Tributaria.
En estos envíos de correos fraudulentos, conocidos como “phishing”, se hace referencia a un reembolso de impuestos inexistente en la que el receptor del e-mail sale beneficiado. Para poder disponer del dinero hay que acceder a una dirección web o rellenar un formulario en los que se deben aportar datos de cuentas bancarias y tarjetas de crédito.
La Agencia Tributaria recuerda que la mejor medida es la prevención de los usuarios ante comunicaciones sospechosas que incluyan la petición de datos bancarios.
La Agencia Tributaria insiste en que:
o nunca solicita por correo electrónico información confidencial, económica o personal, números de cuenta ni números de tarjeta de los contribuyentes.
o nunca paga devoluciones con cargo a tarjetas de crédito.
o nunca cobra importe alguno por los servicios que presta. El usuario solo asumirá el coste compartido de las llamadas a teléfonos 901.

Los dominios reales de la Agencia Tributaria son: www.aeat.es, www.agenciatributaria.es y www.agenciatributaria.com. El acceso a la Sede Electrónica debe hacerse a través de los dominios: www.agenciatributaria.gob.es, www1.agenciatributaria.gob.es, www2.agenciatributaria.gob.es, www4.agenciatributaria.gob.es, www5.agenciatributaria.gob.es, www6.agenciatributaria.gob.es, www7.agenciatributaria.gob.es, www9.agenciatributaria.gob.es, www1.aeat.es, www2.aeat.es, www3.aeat.es, www4.aeat.es, www5.aeat.es y aeat.es.

Por otra parte, la Agencia Tributaria prohíbe expresamente la realización de “framings” o la utilización por parte de terceros de cualesquiera otros mecanismos que alteren el diseño, configuración original o contenidos en cualquiera de los dominios descritos en este Aviso de seguridad.

Mensajes de texto (SMS) no enviados por la Agencia Tributaria

Se ha detectado el envío a los contribuyentes de mensajes de texto (SMS) por parte de empresas de atención e información telefónica, que redireccionan las llamadas hacia la Agencia Tributaria y las cobran en función de su tarificación, para solicitar servicios como la solicitud del borrador de Renta y su confirmación.
La Agencia Tributaria recuerda que los teléfonos de información tributaria básica y otros servicios telefónicos son los que aparecen en su portal de Internetwww.agenciatributaria.es y a los que puede acceder desde el siguiente enlace:

o Información Tributaria Básica y otros servicios telefónicos
• Servicios telefónicos de cita previa ajenos a la Agencia Tributaria

Se ha detectado que determinados números de teléfono ofrecen la posibilidad de concertar cita previa para la confección de declaraciones o la modificación de borradores en oficinas de la Agencia Tributaria.

La Agencia Tributaria quiere dejar constancia de que estos números de teléfono son totalmente ajenos a la misma y que, además de suponer elevados costes de tarificación para los usuarios, las citas que se obtengan a través de dichos números podrían no ser válidas y por lo tanto no atenderse.

o Servicios de cita previa y otros servicios telefónicos
• También podrá concertar cita previa, de forma gratuita, a través de Internet, en www.agenciatributaria.es

Aplicaciones para móviles

Se ha detectado que en determinados markets de apps Android para móviles hay disponibles aplicaciones que utilizan la imagen de la Agencia Tributaria ofreciendo servicios en su nombre.

La Agencia Tributaria quiere dejar constancia de que las aplicaciones para móviles elaboradas por la Agencia Tributaria están exclusivamente disponibles para su descarga gratuita en AppStore y Google Play.

Colabore para evitar el fraude por Internet

Estos fraudes son detectados en muchas ocasiones gracias a la colaboración de los internautas que se ponen en contacto con los servicios de información de la Agencia Tributaria, que toma inmediatamente las medidas necesarias para perseguirlos.
En caso de duda sobre la autenticidad de cualquier correo electrónico o sitio de Internet, SMS recibidos o servicios de cita previa o similares, que afirmen estar remitidos o ser propiedad de la Agencia Tributaria, contacte con nosotros en el Centro de Atención Telefónica del Departamento de Informática Tributaria (901 200 347) para verificar su autenticidad.

La Agencia Tributaria agradece la colaboración ciudadana para informar sobre este tipo de actuaciones.

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El TJUE declara excesivas las multas fijadas por la ley antiblanqueo española

Fuente: CINCODIAS.ELPAIS.COM

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto que la libertad de circulación de capitales, se opone a una normativa de un Estado miembro, como la española, que establece que el incumplimiento de la obligación de declarar sumas elevadas de dinero efectivo que entren o salgan de su territorio, se sancione con una multa de hasta el doble del importe no declarado.

Esta sentencia responde así a la cuestión planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al que llegó el caso de un ciudadano chino que viajaba en avión de Gran Canaria a Hong Kong haciendo escala en Madrid y Ámsterdam con 92.900 euros en dinero efectivo en su equipaje. Hecho que se descubrió durante un control efectuado en la escala en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Este dinero fue incautado, previa deducción de la cantidad de 1 000 euros, correspondiente al mínimo de supervivencia establecido Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Meses más tarde el Ministerio de Economía y Competitividad, impuso una multa administrativa de 91.900 euros al nacional chino, teniendo en cuenta, como circunstancias agravantes, la notoria cuantía del importe no declarado, la falta de acreditación del origen lícito del dinero efectivo, la incoherencia de las declaraciones del interesado sobre su actividad profesional y el hecho de que el dinero efectivo se encontrara en un lugar que mostraba la intención deliberada de ocultarlo. El hombre recurrió entonces la multa ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, invocando la vulneración del principio de proporcionalidad.

El tribunal español decidió interponer una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo para que éste interpretase el Reglamento relativo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo de la Comunidad y determinase su alcance y compatibilidad con la legislación española antiblanqueo.

En su sentencia, el TJUE señala, en primer lugar, que puesto que el nacional chino debía salir del territorio de la Unión por el aeropuerto de Ámsterdam, según el Reglamento estaba obligado a declarar el dinero efectivo a las autoridades competentes neerlandesas, no a las autoridades españolas.

Asimismo, declara el tribunal que la finalidad de la Ley española y del Reglamento no consiste en castigar posibles actividades fraudulentas o ilícitas, sino el incumplimiento de una obligación de declaración. Por tanto, atendiendo a dicha finalidad, considera que la normativa española es desproporcionada, puesto que excede de lo que resulta necesario para garantizar el cumplimiento de esa obligación de declaración.

El Tribunal de Justicia señala que la desproporción radica en el hecho de que el importe máximo de la multa pueda ascender hasta el doble de la cuantía de dinero efectivo no declarada como sucede en este asunto. Sin embargo, el Reglamento no se opone, en principio, a la normativa de un Estado miembro imponga obligaciones de declaración distintas a las que él establece, de modo que los Estados miembros pueden llevar a cabo controles nacionales de los movimientos de dinero efectivo dentro de la Unión.

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