Blog de Asesoría Duart Ferrís. Asesoría de empresas en Benifaió (Valencia)

El Gobierno retrasa dos años la Administración electrónica

Fuente: ELECONOMISTA.ES

Xavier Gil Pecharromán
“La Administración sin papeles, transparente y más ágil y accesible para los ciudadanos y las empresas”, que preveían las Leyes de Procedimiento Administrativo Común y la de Régimen Jurídico del Sector Público, ambas de 2015, tendrán que esperar dos años más para su entrada en vigor.

Así, lo establece el Gobierno en un Real Decreto-Ley (RDL), publicado ayer en el BOE, al considerar que no se han alcanzado los desarrollos tecnológicos y jurídicos precisos para la entrada en vigor de la Administración Electrónica.

Se trata del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Problema competencial

La norma procede a la modificación de la disposición final séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Según ésta, el 2 de octubre de 2018, tenían que entrar en vigor las previsiones de la citada Ley relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y, también al archivo único electrónico.

Se explica en el Preámbulo de la norma que el desarrollo reglamentario que precisa el funcionamiento de algunos aspectos técnicos y procedimentales tales como las notificaciones, el registro de apoderamientos, los funcionarios habilitados o cuestiones sobre los registros generales y archivos, debe adaptarse a lo señalado en la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) 55/2018, de 24 de mayo.

En este fallo, el Pleno del TC sentencia que solo los estatutos pueden quitar, limitar o repartir la potestad reglamentaria en las comunidades autónomas. Por ello, consideró que la Ley 39/2015 incurría en inconstitucionalidad al regular que solo excepcionalmente las consejerías queden habilitadas para adoptar normas reglamentarias.

El TC estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Generalitat de Cataluña contra varios preceptos de la citada norma, al considerar que invadía competencias autonómicas.

Así, dice el Gobierno que es preciso acordar entre las Administraciones Públicas competentes las opciones que permitan una verdadera interoperabilidad respetuosa con sus respectivos ámbitos de competencias. “Este acuerdo será el marco para el diseño de los sistemas tecnológicos que han de dar soporte a los aspectos funcionales interoperables, que en el plazo actual de entrada en vigor no estarán adaptados a estas exigencias”.

En definitiva, reconoce el Ejecutivo que la imposibilidad técnico-organizativa de concluir en los plazos inicialmente previstos los procesos de adaptación a la nueva realidad, obliga a ampliarlos en este real decreto-Ley. “Con ello, se trata de implantar estos instrumentos básicos del funcionamiento de las Administraciones conforme a los principios de eficacia administrativa y garantía de los derechos de los ciudadanos y de los operadores jurídicos y económicos en la tramitación de los procedimientos administrativos, que precisamente son los principios que persigue la Ley 39/2015, de 1 de octubre”, concluye el texto.

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El canal de denuncias sobre blanqueo se hace obligatorio

Fuente: ELECONOMISTA.ES

Todos los sujetos obligados por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, incluidos abogados, procuradores u otros profesionales independientes en aquellas cuestiones que les efactan- deberán contar a partir de ahora con canales específicos para la denuncia interna de conductas contrarias a la ley o a los procedimientos internos de la entidad para permitir el cumplimiento de la misma.

Así, se establece en el Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto, que transpone al Cuarta Directiva europea sobre la materia, y que extienla obligación de crear canales de denuncia a las Administraciones Públicas para que puedan recibirdenucias sobre potenciales incumplimientos por los sujetos obligados sobre las exigencias de la normativa de prevención del blanqueo.

Los sujetos obligados deben establecer procedimientos internos para que sus empleados, directivos o agentes puedan comunicar, incluso anónimamente, información relevante sobre posibles incumplimientos de esta ley, su normativa de desarrollo o las políticas y procedimientos implantados, cometidos en el seno del sujeto obligado.

Estos procedimientos podrán integrarse en los sistemas de cumplimiento legislativo -compliance-establecidos para la comunicación de informaciones sobre la comisión de actos o conductas que puedanser contrarios a la restante normativa general o sectorial aplicable.

A estos sistemas y procedimientos se les debe aplicar lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal para los sistemas de información de denuncias internas. También, deberán, los sujetos obligados, adoptar medidas para garantizar que los empleados, directivos o agentes que informen de las infracciones cometidas en la entidad sean protegidos frente a represalias, discriminaciones y cualquier otro trato injusto.

No obstante, el RDL advierte que este mecanismo no sustituye la necesaria existencia de mecanismos específicos e independientes de comunicación interna de operaciones sospechosas de estar vinculadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo por parte de empleados.

Por otra parte, la normativa extiende el tratamiento de las medidas de diligencia reforzada a todas las personas con responsabilidad pública, tanto nacionales como extranjeras. Hasta ahora, solo las personas con responsabilidad pública extranjeras eran objeto de aplicación de automática de estas medidas.

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El Gobierno adapta la directiva europea contra el blanqueo

Fuente: ELECONOMISTA.ES

El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto ley para transponer y adaptar a la normativa española las exigencias europeas recogidas en la IV Directiva de prevención de blanqueo de capitales. El Gobierno incrementa así los límites máximos en las multas, aunque mantiene la clasificación existente en el régimen sancionador. Además, el texto aprobado por el Ejecutivo impulsa las denuncias de particulares -denominadas whistleblowing- mediante la creación de canales de denuncia tanto públicos como en el ámbito de los propios sujetos obligados de la ley.

El régimen de prevención de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo vigente en España incorpora ya la mayor parte de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) de febrero de 2012 y, con ello, la implementación anticipada de gran parte de los contenidos de la Directiva. Sin embargo, su transposición acumulaba tal retraso que ha sido objeto de procesos de infracción abiertos por la Comisión Europea.

Por otra parte, el real decreto ley establece la obligatoriedad de crear un registro de prestadores de servicios a sociedades. Finalmente se requiere de manera específica a los sujetos obligados que apliquen medidas de diligencia reforzada respecto de las relaciones de negocio que mantengan con personas o entidades relacionadas con los países que la Comisión Europea ha determinado que tienen deficiencias estratégicas en sus sistemas de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales.

Movilidad de trabajadores

Mediante el real decreto ley aprobado ayer también se transpone totalmente al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/50, relativa a los requisitos mínimos para reforzar la movilidad de los trabajadores entre Estados miembros mediante la mejora de la adquisición y el mantenimiento de los derechos complementarios de pensión. Asimismo, se extiende la aplicación de dichos derechos a la movilidad nacional, por lo que se reconocerán estos derechos a los trabajadores que cambien de empleo dentro del territorio español.

El real decreto-ley modifica la disposición adicional primera del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones. El objetivo de la norma es reducir los obstáculos a la movilidad de los trabajadores derivados de ciertos requisitos -antigüedad y edad- que las empresas imponen para adquirir derechos en los sistemas complementarios para jubilación establecidos en las empresas.

Así, en la nueva normativa aprobada ayer se establece que la edad mínima que se exija para acceder a esos derechos no puede superar los 21 años y que el periodo de antigüedad mínimo para consolidar los derechos en la empresa no puede superar los tres años.

La Directiva prevé el reconocimiento de derechos de pensión adquiridos en favor de los trabajadores que cesen la relación laboral antes de la jubilación a partir del 21 de mayo de 2018, fecha límite de la transposición.

“Es, por tanto, urgente la incorporación de lo establecido en la normativa comunitaria al ordenamiento jurídico español, puesto que la falta de reconocimiento legal de este derecho a partir de la fecha establecida genera una situación de incertidumbre e inseguridad jurídica que compromete los derechos de los trabajadores”, asegura el Ministerio de Economía y Empresa en una nota.

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Tres nuevos gastos que sí serán deducibles en autónomos

Fuente: CINCODIAS.ELPAIS.COM

La nueva Ley de Autónomos remodela los gastos que sí serán deducibles para este tipo de profesionales. A continuación se presentan los tres casos que, con la entrada en vigor de la nueva normativa, tendrán la consideración de gasto deducible, para la determinación del rendimiento neto de estimación directa:

Primas de seguro por enfermedad. Los gastos que afronta el autónomo correspondientes a su propia cobertura por enfermedad, a la de su cónyuge y a la de sus hijos menores de veinticinco años serán gastos deducibles. La normativa establece que el límite máximo deducible será de 500 euros por cada persona. Así, el trabajador por cuenta propia que pague coberturas sanitarias de cuatro personas podrá deducirse hasta 2.000 euros. En el caso de que uno de sus familiares sea discapacitado, o lo sea él mismo, el tope de deducciones será de hasta 1.500 euros por persona.

Deducciones en los recibos para los autónomos que trabajen desde casa. En aquellos casos que el trabajador por cuenta propia trabaje desde su domicilio. Con la nueva normativa podrá deducirse un 30% de los recibos de agua, gas, electricidad, telefonía e Internet. El porcentaje, se aplicará a la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie total, salvo que se pruebe un porcentaje superior o inferior.

Gastos de manutención. Cuando el trabajador autónomo realice gastos en establecimientos de restauración y hostelería debido al desarrollo de su actividad económica podrá tener deducciones. Eso sí, estos gastos deben efectuarse mediante pago electrónico y dentro de los límites establecidos para las dietas y asignaciones para gastos normales de manutención de los trabajadores.

Con la deducción por manutención los autónomos podrán deducirse hasta 26,67 euros al día. Es decir, los trabajadores por cuenta propia que gasten 26 euros en comer al día, unos 5.720 euros al año, recibirán 1.200 euros. Los 1.200 euros al año no irán a parar al bolsillo de todos los profesionales, puesto que, para recibirlos, tendrían que tener un gasto de unos 5.720 euros en comidas al año.

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Así puede aprovechar el autónomo la ayuda del contrato de formación

Fuente: CINCODIAS.ELPAIS.COM

Contratar a nuevos trabajadores favoreciendo que puedan formarse mientras trabajan es el objetivo de las ayudas que se otorgan a las empresas que formalicen un contrato de formación y que cumplan con unos determinados requisitos.

La guía de contratos de trabajo que acaban de actualizar los Servicios Públicos de Empleo pone de manifiesto que este tipo de contratos se deben hacer a jóvenes desempleados inscritos en la Oficina de Empleo, que sean menores de 30 años o menores de 35 años si tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

Además, los nuevos trabajadores deberán haber estado inscritos ininterrumpidamente en la oficina de empleo al menos doce meses durante los dieciocho anteriores a la contratación, no tener experiencia laboral o que esta sea inferior a tres meses, proceder de otro sector de actividad, carecer de título oficial de enseñanza obligatoria, de título de formación profesional o de certificado de profesionalidad o ser beneficiario del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Indefinido o duración determinada

El contrato será por tiempo indefinido o de duración determinada. Si la jornada es a tiempo parcial, ésta no podrá ser superior al 50% de la correspondiente a un trabajador a tiempo completo comparable, salvo en el caso de personas beneficiarias del Sistema Naciaonal de Garantía Juvenil que podrá alcanzar el 75% de la jornada. Y el contrato se formalizará por escrito.

Los trabajadores deberán compatibilizar el empleo con la formación o justificar haberla cursado en los seis meses previos a la celebración del contrato. La formación que no será necesario que esté vinculada específicamente al puesto de trabajo objeto del contrato.

A esta modalidad de contratación se podrán acoger los autónomos o las empresas que no hayan tomado en los seis meses anteriores decisiones improcedentes. Además, deberán mantenerse el nivel de empleo alcanzado con el contrato durante, al menos un periodo equivalente a la duración de dicho contrato con un máximo de doce meses desde su celebración.

Si cumplen todas estas condiciones se obtendrán beneficios como una bonificación del 100% de la cuota de la Seguridad Social si la plantilla en la empresa es menor de 250 trabajadores o del 75% si supera ese número de trabajadores. La bonificación será por un máximo de 12 meses, pero se podrá prorrogar otro año si el trabajador sigue compatibilizando el empleo con la formación seis meses antes de la finalización del año.

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Una vivienda ‘ocupada’ está exenta de la imputación de rentas

Fuente: ELECONOMISTA.ES

Un inmueble vacío que es ocupado ilegalmente por terceros en contra de la voluntad del propietario, habiéndose iniciado un procedimiento de desahucio, siempre que quede debidamente acreditada, queda excluida de la imputación de rentas inmobiliarias previsto en el artículo 85.1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF) desde el momento en que inició dicho procedimiento y sin necesidad de esperar a su resolución.

Así, lo reconoce la Dirección General de Tributos (DGT) en una consulta vinculante de 28 de mayo de 2018, en la que explica que en principio procedería la imputación de rentas inmobiliarias por la vivienda de la que es propietario el consultante, al no estar afecta a una actividad económica ni ser generadora de rendimientos del capital, a lo que se une que no se trata de un inmueble en construcción ni de un inmueble que, por razones urbanísticas, no sea susceptible de uso.

Se razona en la consulta vinculante, que aunque no pueda hablarse lógicamente en el presente supuesto de la existencia de un arrendamiento o una cesión contractual onerosa generadora de rendimientos de capital, debe indicarse que las circunstancias que determinan la exclusión de los inmuebles generadores de rendimientos de capital de la imputación de rentas inmobiliarias, concurren asimismo en el presente supuesto.

Concluye, por lo tanto, que tanto en uno como en otro caso, el uso y disfrute del inmueble urbano están cedidos o corresponden a un tercero, sin que en ninguno de las dos situaciones el propietario puede recuperar el uso del inmueble a su voluntad.

En el caso del arrendamiento o cesión onerosa de carácter voluntario queda obligado a respetar el plazo de duración del arrendamiento establecido en el contrato, y las posibles prórrogas legales, y en el caso del inmueble ocupado ilegalmente, no puede recuperar su posesión hasta que se resuelva el procedimiento judicial iniciado y se concluya la existencia de dicha ocupación, su ilegalidad y el derecho del propietario a recuperar el inmueble.

En el arrendamiento, el propietario tiene derecho a las rentas por la cesión del inmueble, por lo que no procede efectuar la imputación de rentas inmobiliarias por dicho inmueble.

Por el contrario, en el caso de la ocupación ilegal del inmueble, podría surgir un rendimiento de capital inmobiliario equivalente, por la indemnización fijada en la sentencia que resolviera el procedimiento de desahucio, en la parte que correspondiera al lucro cesante o a la compensación por el valor de mercado de dicho uso y disfrute ilegal, si bien la existencia de este último rendimiento y su consiguiente sujeción al Impuesto estaría condicionada a su reconocimiento en la referida sentencia.

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