Blog de Asesoría Duart Ferrís. Asesoría de empresas en Benifaió (Valencia)

El Tribunal Supremo valida los pactos sobre cláusula suelo para no litigar

Fuente: ELECONOMISTA.ES

El Tribunal Supremo (TS) considera válido el contrato privado posterior entre cliente y entidad financiera en el que se rebajaba la cláusula suelo de una hipoteca a cambio de que el cliente renuncie a acciones legales. El Alto Tribunal ha estimado el recurso de casación interpuesto por Ibercaja frente a la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza que había declarado la nulidad de la cláusula suelo y su posterior novación mediante este tipo de contrato privado.

El ponente de la sentencia, Sancho Gargallo, entiende que “habiéndose dictado la sentencia 241/13, de 9 de mayo, por la que se declaró la nulidad de cláusulas suelo de determinadas entidades bancarias por falta de transparencia, en el presente caso, el 28 de enero de 2014, las partes suscribieron sendos documentos privados por los que acordaban un suelo con renuncia expresa de acciones: Soy consciente y entiendo que el tipo de interés de mi préstamo nunca bajará del 2,25% nominal anual”.

El Alto Tribunal establece que los contratos en el presente caso no son novaciones sino transacciones, en la medida en que se conciertan en un momento en que existía una situación de incertidumbre acerca de la validez de las cláusulas suelo incorporadas a los dos contratos originales.

Esto ocurre después de haberse dictado la sentencia 241/2013, de 9 de mayo, y los posteriores autos aclaratorio y denegatorio de nulidad de actuaciones, en los que se advierte la causa propia de la transacción: evitar una controversia judicial sobre la validez de estas dos concretas cláusulas y sus efectos. Añade la sentencia que según el fallo 751/2009, de 30 de noviembre, “la transacción extrajudicial es un contrato por lo que genera un vínculo obligacional cuyo cumplimiento está sujeto a las reglas generales de los contratos”, y subraya que “como cualquier otro negocio jurídico, lo convenido por las partes tiene eficacia vinculante entre ellas en tanto no se justifique su nulidad.

El fallo, de 12 de abril de 2018, hace alusión a las conclusiones del abogado general europeo, Nils Wahl, quien consideró que la imperatividad de las normas no impide la posibilidad de transigir, siempre que el resultado sea conforme al ordenamiento jurídico y a la UE.

La sentencia cuenta con el voto particular del magistrado Orduña, quien destaca que el cliente “manifestó de forma manuscrita su conformidad, lo que muestra que el banco actuó diligentemente”.

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IVA en las indemnizaciones de empresa: ¿cómo funciona?

Fuente: FINANZAS.COM

Es habitual que en la liquidación de indemnizaciones debidas por compañías de seguros en virtud de pólizas contratadas, aquellas excluyan el pago del IVA cuando los asegurados o perjudicados son empresas, con el pretexto de que éstas podrían deducirse el importe del IVA soportado en sus declaraciones. Esta cuestión ha generado controversias no sólo entre las partes implicadas (aseguradoras y empresas perjudicadas, acreedoras de una eventual indemnización), sino también dentro del ámbito judicial, y ha dado lugar a resoluciones divergentes por parte de Juzgados y Audiencias Provinciales.

Resulta incuestionable que el IVA, en principio y con carácter general, debe ser satisfecho por el consumidor final, en este caso el que obtiene y paga la reparación y, por lo tanto, debería incluirse en la indemnización a pagar por el asegurador pues, rigiendo en nuestro derecho el principio del resarcimiento integral, debe lograrse la indemnidad del patrimonio del perjudicado, que ha tenido que abonar el impuesto.

El problema es si el beneficiario de la indemnización ha obtenido o puede obtener la devolución del importe del impuesto puesto que de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 50/1980 del Contrato de Seguro, el seguro en ningún caso puede provocar un enriquecimiento injusto para el asegurado, es decir, un enriquecimiento injustificado a costa de un perjuicio patrimonial para el asegurador.

Debe tenerse en cuenta que los preceptos que regulan las operaciones, las personas o las limitaciones del derecho a deducir el IVA soportado, arts.93 a 95 de la Ley 37/1992, contienen números supuestos que hacen necesaria la acreditación de la concurrencia en ellos del sujeto pasivo del impuesto, no siendo algo que simplemente se pueda plantear y resolver partiendo de términos generales.

Al hilo de lo anterior, el Tribunal Supremo ha tenido oportunidad de pronunciarse en numerosas resoluciones, para señalar la incompetencia de la jurisdicción civil en el tratamiento fiscal de las indemnizaciones, es decir, ésta no puede entrar a valorar si la empresa puede o no deducirse el IVA percibido como consecuencia del pago de una indemnización, ya que ello corresponde al ámbito económico administrativo. El orden civil, quedaría limitado a la procedencia o no, de incluir el IVA en una indemnización dimanante de una relación jurídico-privada.

Esta tesis se recoge en numerosas resoluciones del Tribunal Supremo (SSTS de fecha 10 de julio de 1997, 16 de marzo de 2000, 31 de mayo de 2006, 7 de noviembre de 2007, 15 de enero de 2013, entre otras), siendo interesante destacar la Sentencia nº 636/1997 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 10 de Julio de 1997, sobre la cual se estableció la referenciada doctrina:

“En el presente caso, el asegurado… no ha obtenido una ganancia indebida, por la simple razón de que la parte aseguradora… no ha sufrido un real y efectivo empobrecimiento, puesto que el haber abonado el Impuesto del Valor Añadido de una factura cargada al montante de la indemnización, y la hipotética posibilidad de una desgravación fiscal posterior del importe de dicho IVA no puede constituir dato suficiente y probatorio de un beneficio patrimonial incorrecto con respecto al asegurado, parejo a un empobrecimiento de la aseguradora; y se habla de hipotética posibilidad, pues no existe en autos dato probatorio alguno que sustente la tesis de la deducción en su correspondiente declaración de IVA el importe correspondiente a la mencionada factura”.

Esta misma sentencia no solo se pronunció sobre la incompetencia de la jurisdicción civil en cuestiones tributarias, sino que se encargó de señalar que la hipotética posibilidad de desgravación fiscal por parte de una empresa no podría constituir un dato suficiente y probatorio de un beneficio patrimonial para la misma, en perjuicio de la aseguradora.

Así pues, el criterio jurisprudencial establecido se centra en si existe o no constancia del enriquecimiento injusto que pueda suponer la inclusión del IVA la indemnización. De esta forma, en aquellos casos en que se tenga constancia de que el impuesto ha sido deducido por el empresario o profesional perjudicado o asegurado en las declaraciones trimestrales de IVA que viene obligado a hacer, o que se sepa con seguridad que se deducirá porque él mismo lo admita, no resultará procedente incluir su importe en la indemnización, pues lo contrario sería consagrar un clarísimo enriquecimiento injusto. En el resto de los casos, habrá de valorarse la prueba practicada para ver si ese enriquecimiento se ha producido o es seguro que se vaya a producir y para poder apreciarlo es necesario que haya quedado acreditado.

Por consiguiente, la mera alegación por parte de la aseguradora de la posibilidad de que la empresa pueda deducirse el IVA no bastará para rechazar su inclusión en la indemnización reclamada.

Carolina Orts Domingo, abogada del despacho GES 40 Legal Services.

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Hacienda vigila y pide información a los intermediarios de criptomonedas en España

Fuente: LAVANGUARDIA.COM

La Agencia Tributaria ha iniciado esta semana el envío de requerimientos de información a más de 60 entidades que intervienen en la adquisición o venta de criptomonedas, fundamentalmente a entidades financieras, a intermediarios como casas de cambio, pasarelas de pago y entidades vinculadas con cajeros automáticos, y a empresas que admiten pagos con criptomonedas, según indicaron a Europa Press en fuentes de este organismo.

Con estos requerimientos, Hacienda pretende obtener información adicional a los datos con los que ya cuenta a partir del análisis que viene realizando sobre el mercado de las criptomonedas. Tras el análisis de esta información adicional, la Agencia Tributaria valorará el inicio de posibles procedimientos de investigación y control en relación con el sector.

Obtener información sobre cuentas bancarias

En concreto, a las entidades bancarias y tras analizar la información obtenida por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) en relación con cuentas bancarias abiertas en el extranjero por diversas casa de cambio, la Agencia Tributaria ha decidido completar dicha información con requerimientos a un total de 16 entidades financieras que cuentan con sede social o sucursal en España.

Con estos requerimientos se pretende obtener información sobre cuentas bancarias que sean origen o destino de transferencias con destino u origen en cuentas bancarias de casas de cambio de criptomonedas. Para ello, Hacienda está solicitando a las entidades financieras la titularidad de las cuentas, el número e importe de los cargos y abonos de esas cuentas y la identificación de tarjetas vinculadas con esas mismas cuentas, dado que en ocasiones la compraventa de criptomoneda se realiza mediante cargos y abonos en tarjetas, no mediante transferencias.

Análisis de la actividad de los intermediarios

Asimismo, Hacienda ha enviado requerimientos a algo menos de una decena de intermediarios como casas de cambio, pasarelas de pago o cajeros automáticos, que permiten el intercambio de euros y de criptomonedas. A estas entidades se les requiere información sobre su actividad, la relación de sus operaciones de criptomoneda con identificación de compradores y vendedores, así como importes en euros de transacciones de criptomonedas, tipo de cambio y comisiones aplicadas en euros.

Adicionalmente, en el caso de los cajeros, se solicitan contratos de arrendamiento y gestión, facturas relacionadas con el funcionamiento del cajero, importes medios mensuales de compras y ventas, distinguiendo medio de pago, y detalle de las operaciones realizadas.

Las empresas que permiten pagos con criptomonedas

Por último, la Agencia Tributaria ha enviado peticiones de información a más de 40 empresas que ofrecen en internet a sus clientes la posibilidad de realizar pagos con criptomonedas. A estas empresas se les requiere información sobre el porcentaje de su facturación cobrado en criptomonedas, facturas y tiques de productos abonados con criptomonedas, identificación de clientes, criterios de contabilización y del tipo de cambio aplicado, tratamiento de las criptomonedas recibidas e identificación de otras operaciones de la empresa con criptomonedas.

Con toda la información nueva que recabe la Agencia Tributaria, el departamento de Inspección Tributaria decidirá, tras analizar los datos obtenidos, si procede iniciar o no procedimientos inspectores en algunas de estas empresas, entidades financieras o intermediarios.

En el Plan de Control Tributario de este año Hacienda ya anunció que reforzaría el control sobre los nuevos modelos de negocio por internet y sobre los nuevos modelos de pago como monederos electrónicos, y que vigilaría el uso de las criptomonedas como el bitcoin.

En concreto, el organismo tributario aseguró que “la utilización por el crimen organizado de la internet profunda, o ‘deep web’, para el tráfico y comercio de todo tipo de bienes ilícitos, así como el empleo de criptomonedas tipo bitcoin o similar como medios de pago, es uno de los desafíos más exigentes en la actualidad”.

Para afrontar esta “amenaza”, la Agencia Tributaria indicó que se potenciaría el uso por las unidades de investigación de las nuevas tecnologías de recopilación y análisis de información en todo tipo de redes y se estudiaría la “incidencia fiscal” de estas nuevas tecnologías, como el ‘blockchain’ y, en especial, las criptomonedas.

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Circular informativa 2018

Buenos días,

Adjuntamos circular de obligaciones del año 2018 que puede ser de su interés.

Si desea mayor información al respecto de esta circular o necesita realizar cualquier consulta sobre los puntos incluidos en la misma, no dude en contactar con nuestro departamento laboral en el teléfono 96-178.29.04 o en nuestras oficinas.

Saludos.

circular obligacion 2018

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¿Por qué es una mala idea rescatar el plan de pensiones en 10 años?

Fuente: http://www.expansion.com/ahorro/pensiones/2018/02/24/5a90393f468aeb96218b4616.html

Es un plazo muy corto para exprimir la fiscalidad y el potencial de ganancias.

A partir de 2025, los titulares de planes de pensiones podrán retirar las aportaciones y los rendimientos generados con más de 10 años de antigüedad. Un plazo que empieza a correr también para las aportaciones posteriores o para las que se realizan a partir de ahora.

¿Se trata de un incentivo para los ahorradores o una medida que pervierte el espíritu de estos productos, que no es otro que complementar la pensión de jubilación? ¿Es las dos cosas a la vez?

Los expertos creen que la ventana de liquidez que abre el Gobierno puede inducir a error a los ahorradores que se estén planteando suscribir un plan para aprovechar sus ventajas fiscales, rescatar a los 10 años y utilizar el ahorro acumulado para otros fines.

Y señalan dos razones fundamentales. La primera que el plazo de 10 años es muy pequeño para sacar todo el partido posible al interés compuesto. La segunda es que la a priori fiscalidad ventajosa de los planes de pensiones se puede volver en contra del titular de un plan si rescata su ahorro en un plazo tan corto. Estas son las claves para no incurrir en errores de bulto.

-Interés compuesto. El gran leit motiv de un plan de pensiones es generar el mayor volumen posible de ganancias de cara a la jubilación. Para ello, es necesario empezar a aportar pronto y durante el mayor tiempo posible. La clave está en el interés compuesto. Es decir, en el potencial para ir sumando ganancias cuando añadimos al dinero que ya teníamos las plusvalías generadas y no materializadas porque mantenemos todo nuestro dinero en un producto.

Una permanencia de solo 10 años en un plan de pensiones limita mucho este potencial. “Es muy poco tiempo para aprovechar el interés compuesto, porque es a partir de la franja comprendida entre los 10 y los 12 años cuando se han generado los intereses suficientes para que empiece a crecer la bola de nieve”, explica José Trecet.

El analista de Finect especializado en fiscalidad recomienda a quienes quieren ahorrar y recuperar su inversión en 10 años “invertir en fondos de inversión. También permiten diferir la fiscalidad, pero a diferencia de los planes de pensiones sólo tributan por las plusvalías. Siempre sabemos lo que hay que pagar”.

-Impacto fiscal. El análisis del impacto fiscal es clave a la hora de decidir cuándo se retiran las aportaciones. Los expertos creen que contratar un plan de pensiones con el único objetivo de rebajar la factura fiscal por la vía de la reducción de la base imponible (la menor cifra entre un límite de aportaciones de 8.000 euros anuales y el 30% de los rendimientos netos del trabajo) para luego recuperar las aportaciones en 10 años puede ser un error. “No tiene sentido, es pan para hoy y hambre para mañana. Fiscalmente, la operación puede penalizar al titular de un plan”, asegura Carlos Herrera, administrador de Globalbrok y miembro de EFPA España.

La razón es que tanto las aportaciones como las plusvalías generadas son consideradas por Hacienda como un rendimiento del trabajo y no del ahorro. Por lo tanto, tributan al tipo marginal del impuesto sobre la renta, que crece a medida que aumentan los ingresos y va desde el mínimo del 19% hasta el máximo del 45%.

Por lo tanto, desde el punto de vista fiscal puede ser peor rescatar el plan cuando aún se está trabajando. Y la factura será más alta a medida que crece el salario a lo largo de la vida laboral.

Un partícipe de un fondo de pensiones que gana 30.000 euros tributará un 30% por el rescate anticipado. Pero quien gane 60.000 ó más deberá devolver el 45% del importe recuperado.

La vertiente fiscal es decisiva. Por ejemplo, los expertos no recomiendan rescatar el plan el mismo año de la jubilación. La razón es el que el salario casi siempre suele ser más elevado que la pensión (el máximo que se puede cobrar en España por una pensión pública es de poco más de 36.000 euros), por lo que la tributación es más alta.

Si quiere saber cuándo sería mejor invertir en un plan de pensiones para desgravarse, pinche aquí.

Por lo tanto, salir a los 10 años no sólo reduce el potencial de rentabilidad de las aportaciones. También impide a los titulares exprimir el atractivo fiscal, ya que el plan se puede mantener vivo incluso después de la jubilación (y por lo tanto se puede seguir reduciendo la base imponible) siempre que no se haga uso del ahorro acumulado. Es decir, que no se rescate.

-Liquidez. Con las nuevas reglas del juego, el Gobierno permitirá retirar cualquier aportación cuando transcurran diez años desde la misma. Los expertos creen que los titulares de planes deben valorar esta opción sólo en caso de extrema necesidad. Pero al mismo tiempo recuerdan que para estos casos ya había excepciones, como las enfermedades graves o los periodos prolongados de desempleo.

Carlos Herrera cree que la iniciativa del Gobierno es una jugada “de márketing, oportunista. Lo que hay que hacer es concienciar a la sociedad española de que hay que ahorrar para la jubilación. Y también introducir medidas fiscales de fomento de los planes, porque ahora sólo los utilizan quienes tienen un alto poder adquisitivo para diferir la tributación”.

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Subvención

Estimado cliente:

Le adjunto la subvención de fomento de empleo diversidad funcional que pueden ser de su interés

subvenciones

le saluda atentamente,

Rosa Garcia
Departamento laboral.

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