Blog de Asesoría Duart Ferrís. Asesoría de empresas en Benifaió (Valencia)

Un poco de luz acerca de la responsabilidad tributaria de carácter solidario

Fuente: CINCODIAS.ELPAIS.COM

La responsabilidad solidaria en el pago de deudas tributarias por parte de quienes colaboren en la ocultación y/o transmisión de bienes con la intención de sustraerlos al procedimiento ejecutivo de cobro –impidiendo así su embargo– ha sido recientemente objeto de análisis por parte del Tribunal Económico Administrativo Central (“TEAC”).

El Tribunal, en resolución al recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio (Resolución 5957/2017, de 26 de abril de 2018) se ha pronunciado acerca de los presupuestos de hecho de la declaración de responsabilidad tributaria regulada en el artículo 42.2 a) de la Ley 58/2003, General Tributaria (“LGT”).

El citado artículo establece que quienes “sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración Tributaria”, serán responsables solidarios del pago de la deuda tributaria pendiente. Dicha responsabilidad queda limitada al valor de los bienes que hubiesen podido venderse o embargarse por la Administración Tributaria.

En el caso objeto de análisis, el deudor principal, administrador y partícipe de varias sociedades dedicadas a la compraventa y reparación de vehículos – sociedades inactivas, en proceso concursal o con deudas en proceso de embargo – realizó una donación de 120.000 euros en favor de su hijo.

La cantidad donada se reinvirtió por el hijo, también dedicado a la actividad de compraventa y reparación de vehículos, en la compraventa de su primera vivienda, vivienda que precisamente constituía la residencia habitual de él mismo y de sus padres.

En base a los hechos brevemente expuestos, el 8 de enero de 2015, la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (“AEAT”) de Andalucía dictó acuerdo en virtud del cual declaraba responsable solidario de la deuda tributaria del deudor principal al donatario (esto es, a su hijo).

El citado acuerdo fue recurrido ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía (“TEAR”).

El reclamante, hijo del deudor principal, fundamentó su pretensión en el desconocimiento por su parte de la existencia de deudas del deudor principal.

Asimismo, recalcó el hecho de que, si bien en el acuerdo de derivación de responsabilidad se hacía referencia a la existencia de determinados bienes inmuebles titularidad del deudor principal, lo cierto es que dicha referencia no era precisa ya que no se identificaban los bienes inmuebles cuya ejecución se pretendió. Es más, en el expediente no solo no quedó acreditada ninguna actuación por parte de la Administración contra dichos bienes, sino que el propio recurrente señaló la existencia de dichos bienes.

Pese a ello, la Administración dictó acuerdo de derivación de responsabilidad, al considerar que no era necesaria la previa declaración de deudor fallido al tratarse de un supuesto de derivación de responsabilidad de carácter solidario.

El TEAR discrepó de la postura administrativa al entender que, pese a no ser necesaria la previa declaración del deudor principal como deudor fallido, sí era necesario acreditar la ausencia de bienes suficientes para hacer frente a las deudas tributarias en sede del deudor principal, y ello por cuanto que fue la propia Administración quien señaló dicha ausencia como indicio de la conducta culposa del reclamante.

Así, y citando al propio TEAR “Lo que ocurre, es que en el presente caso entiende este Tribunal, que a pesar de que dichos indicios pudieran llevar a pensar inequívocamente que pueda existir esa voluntad maliciosa requerida por el articulado tributario para este supuesto de responsabilidad, dichos argumentos han de ceder ante la existencia de bienes en el patrimonio del deudor con los que hacer frente a la deuda.”

A la vista de lo expuesto, el citado Tribunal declaró la contrariedad a derecho del acuerdo de derivación de responsabilidad.

La directora del Departamento de Recaudación de la AEAT interpuso contra dicha resolución recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio.

El TEAC, pese a no admitir a trámite el recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio interpuesto, realizó una serie de apreciaciones, de gran trascendencia a los efectos de la declaración de responsabilidad solidaria prevista en el artículo 42.2 a).

El Tribunal señaló que era posible la declaración de responsabilidad solidaria pese a existir bienes susceptibles de ejecución o transmisión, en del deudor principal.

No obstante, si la ausencia de tales bienes fuera tenida en cuenta por la Administración para apreciar la conducta culposa del pretendido deudor solidario, de demostrarse lo contrario –esto es, la existencia de bienes en sede del deudor principal– la conformidad a derecho del acuerdo de derivación de responsabilidad podría cuestionarse.

Para el Tribunal, la existencia o inexistencia de bienes en sede del deudor principal no es relevante. Tampoco el destino que el presunto deudor solidario pretenda dar al patrimonio del deudor principal lo es.

¿Qué elemento consideró la Administración como esencial a la hora de declarar la responsabilidad solidaria? La respuesta es la intencionalidad maliciosa del responsable basada en su conocimiento de que la donación, unida a la inexistencia de bienes realizables de titularidad del deudor principal, determinaría el perjuicio de la acción recaudatoria.

Y en ese escenario el TEAC declara de forma contundente que, si ese es uno de los indicios base de la declaración de responsabilidad, su enervación por parte del responsable acreditando la existencia de bienes sobre los que la Administración podría haber actuado, más aún cuando eran conocidos por la misma, determinaría el decaimiento de dicha declaración.

Como conclusión, en los supuestos de exigencia de responsabilidad solidaria al amparo del artículo 42.2 LGT, en la medida en que pueda acreditarse que la actuación del eventual responsable solidario no conlleva una colaboración consciente en favor de una despatrimonialización del deudor principal que impida la actuación de la Administración Tributaria, la declaración de responsabilidad podría ser cuestionada.

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Requisitos para que un autónomo reciba ayudas al contratar

Fuente: CINCODIAS.COM

Qué requisitos debe cumplir un autónomo para recibir ayudas cuando quiere contratar a un joven? ¿Y a un familiar? ¿Y si quiere convertir un contrato en prácticas, de jubilación, de sustitución o de relevo en indefinido? En la actualidad, los profesionales por cuenta propia pueden contratar y recibir algunas ayudas por parte del Estado, siempre y cuando se cumplan una serie de circunstancias que desgranamos a continuación.

Contratar a un joven

Un autónomo o una empresa con nueve o menos trabajadores puede contratar a un joven menor de 30 años y obtener ayudas por su contratación. Para ello deberá no tener ningún vínculo laboral con el trabajador. ni haber celebrado previamente un contrato de estas características.

En estos casos se puede contratar a un menor de 30 años o de 35, en caso de que tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

Entre las condiciones que debe cumplir, destaca mantener contratado al empledo como mínimo 18 meses desde que empiece la relación laboral. Las condiciones no se consideran incumplidas si se extingue el contrato con causas objetivas o despido disciplinario.

El contrato deberá ser por tiempo indefinido, a tiempo completo o parcial y se debe formalizar por escrito. Durante un año el empresario percibirá una bonificación del 100% de las cuotas a la Seguridad Social.

Contratar a un familiar

Para poder contratar a un familiar, éste debe ser cónyuge o pariente hasta el segundo grado de consanguineidad. En este caso el autónomo deberá mantener el nivel de empleo de dicho trabajador durante los seis meses posteriores a la celebración del contrato, que será indefinido a tiempo completo o parcial.

El contrato tendrá que durar un año como mínimo y si se cumplen las condiciones, se percibirá una bonificación del 100% de las cuotas a la Seguridad Social durante un año.

Conversión de un contrato en indefinido

Para obtener las bonificaciones por transformación, deberá estar en vigor el contrato. Los contratos en prácticas a la finalización de su duración inicial o prorrogada, se pueden transformar en indefinidos; los de relevo y de sustitución, también durante su vigencia. De esta medida se beneficiarán las empresas de menos de 50 trabajadores.

Por cada contrato en prácticas, de relevo o de sustitución por anticipación de la edad de jubilación o eventual se percibirán 500 por año durante tres años, y 700 al año si la contratada es una mujer. En el caso de eventual, primer empleo, la jornada pactada debe ser al menos del 50% de la correspondiente a un trabajador a tiempo completo.

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El Tribunal Supremo valida los pactos sobre cláusula suelo para no litigar

Fuente: ELECONOMISTA.ES

El Tribunal Supremo (TS) considera válido el contrato privado posterior entre cliente y entidad financiera en el que se rebajaba la cláusula suelo de una hipoteca a cambio de que el cliente renuncie a acciones legales. El Alto Tribunal ha estimado el recurso de casación interpuesto por Ibercaja frente a la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza que había declarado la nulidad de la cláusula suelo y su posterior novación mediante este tipo de contrato privado.

El ponente de la sentencia, Sancho Gargallo, entiende que “habiéndose dictado la sentencia 241/13, de 9 de mayo, por la que se declaró la nulidad de cláusulas suelo de determinadas entidades bancarias por falta de transparencia, en el presente caso, el 28 de enero de 2014, las partes suscribieron sendos documentos privados por los que acordaban un suelo con renuncia expresa de acciones: Soy consciente y entiendo que el tipo de interés de mi préstamo nunca bajará del 2,25% nominal anual”.

El Alto Tribunal establece que los contratos en el presente caso no son novaciones sino transacciones, en la medida en que se conciertan en un momento en que existía una situación de incertidumbre acerca de la validez de las cláusulas suelo incorporadas a los dos contratos originales.

Esto ocurre después de haberse dictado la sentencia 241/2013, de 9 de mayo, y los posteriores autos aclaratorio y denegatorio de nulidad de actuaciones, en los que se advierte la causa propia de la transacción: evitar una controversia judicial sobre la validez de estas dos concretas cláusulas y sus efectos. Añade la sentencia que según el fallo 751/2009, de 30 de noviembre, “la transacción extrajudicial es un contrato por lo que genera un vínculo obligacional cuyo cumplimiento está sujeto a las reglas generales de los contratos”, y subraya que “como cualquier otro negocio jurídico, lo convenido por las partes tiene eficacia vinculante entre ellas en tanto no se justifique su nulidad.

El fallo, de 12 de abril de 2018, hace alusión a las conclusiones del abogado general europeo, Nils Wahl, quien consideró que la imperatividad de las normas no impide la posibilidad de transigir, siempre que el resultado sea conforme al ordenamiento jurídico y a la UE.

La sentencia cuenta con el voto particular del magistrado Orduña, quien destaca que el cliente “manifestó de forma manuscrita su conformidad, lo que muestra que el banco actuó diligentemente”.

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IVA en las indemnizaciones de empresa: ¿cómo funciona?

Fuente: FINANZAS.COM

Es habitual que en la liquidación de indemnizaciones debidas por compañías de seguros en virtud de pólizas contratadas, aquellas excluyan el pago del IVA cuando los asegurados o perjudicados son empresas, con el pretexto de que éstas podrían deducirse el importe del IVA soportado en sus declaraciones. Esta cuestión ha generado controversias no sólo entre las partes implicadas (aseguradoras y empresas perjudicadas, acreedoras de una eventual indemnización), sino también dentro del ámbito judicial, y ha dado lugar a resoluciones divergentes por parte de Juzgados y Audiencias Provinciales.

Resulta incuestionable que el IVA, en principio y con carácter general, debe ser satisfecho por el consumidor final, en este caso el que obtiene y paga la reparación y, por lo tanto, debería incluirse en la indemnización a pagar por el asegurador pues, rigiendo en nuestro derecho el principio del resarcimiento integral, debe lograrse la indemnidad del patrimonio del perjudicado, que ha tenido que abonar el impuesto.

El problema es si el beneficiario de la indemnización ha obtenido o puede obtener la devolución del importe del impuesto puesto que de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 50/1980 del Contrato de Seguro, el seguro en ningún caso puede provocar un enriquecimiento injusto para el asegurado, es decir, un enriquecimiento injustificado a costa de un perjuicio patrimonial para el asegurador.

Debe tenerse en cuenta que los preceptos que regulan las operaciones, las personas o las limitaciones del derecho a deducir el IVA soportado, arts.93 a 95 de la Ley 37/1992, contienen números supuestos que hacen necesaria la acreditación de la concurrencia en ellos del sujeto pasivo del impuesto, no siendo algo que simplemente se pueda plantear y resolver partiendo de términos generales.

Al hilo de lo anterior, el Tribunal Supremo ha tenido oportunidad de pronunciarse en numerosas resoluciones, para señalar la incompetencia de la jurisdicción civil en el tratamiento fiscal de las indemnizaciones, es decir, ésta no puede entrar a valorar si la empresa puede o no deducirse el IVA percibido como consecuencia del pago de una indemnización, ya que ello corresponde al ámbito económico administrativo. El orden civil, quedaría limitado a la procedencia o no, de incluir el IVA en una indemnización dimanante de una relación jurídico-privada.

Esta tesis se recoge en numerosas resoluciones del Tribunal Supremo (SSTS de fecha 10 de julio de 1997, 16 de marzo de 2000, 31 de mayo de 2006, 7 de noviembre de 2007, 15 de enero de 2013, entre otras), siendo interesante destacar la Sentencia nº 636/1997 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 10 de Julio de 1997, sobre la cual se estableció la referenciada doctrina:

“En el presente caso, el asegurado… no ha obtenido una ganancia indebida, por la simple razón de que la parte aseguradora… no ha sufrido un real y efectivo empobrecimiento, puesto que el haber abonado el Impuesto del Valor Añadido de una factura cargada al montante de la indemnización, y la hipotética posibilidad de una desgravación fiscal posterior del importe de dicho IVA no puede constituir dato suficiente y probatorio de un beneficio patrimonial incorrecto con respecto al asegurado, parejo a un empobrecimiento de la aseguradora; y se habla de hipotética posibilidad, pues no existe en autos dato probatorio alguno que sustente la tesis de la deducción en su correspondiente declaración de IVA el importe correspondiente a la mencionada factura”.

Esta misma sentencia no solo se pronunció sobre la incompetencia de la jurisdicción civil en cuestiones tributarias, sino que se encargó de señalar que la hipotética posibilidad de desgravación fiscal por parte de una empresa no podría constituir un dato suficiente y probatorio de un beneficio patrimonial para la misma, en perjuicio de la aseguradora.

Así pues, el criterio jurisprudencial establecido se centra en si existe o no constancia del enriquecimiento injusto que pueda suponer la inclusión del IVA la indemnización. De esta forma, en aquellos casos en que se tenga constancia de que el impuesto ha sido deducido por el empresario o profesional perjudicado o asegurado en las declaraciones trimestrales de IVA que viene obligado a hacer, o que se sepa con seguridad que se deducirá porque él mismo lo admita, no resultará procedente incluir su importe en la indemnización, pues lo contrario sería consagrar un clarísimo enriquecimiento injusto. En el resto de los casos, habrá de valorarse la prueba practicada para ver si ese enriquecimiento se ha producido o es seguro que se vaya a producir y para poder apreciarlo es necesario que haya quedado acreditado.

Por consiguiente, la mera alegación por parte de la aseguradora de la posibilidad de que la empresa pueda deducirse el IVA no bastará para rechazar su inclusión en la indemnización reclamada.

Carolina Orts Domingo, abogada del despacho GES 40 Legal Services.

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Hacienda vigila y pide información a los intermediarios de criptomonedas en España

Fuente: LAVANGUARDIA.COM

La Agencia Tributaria ha iniciado esta semana el envío de requerimientos de información a más de 60 entidades que intervienen en la adquisición o venta de criptomonedas, fundamentalmente a entidades financieras, a intermediarios como casas de cambio, pasarelas de pago y entidades vinculadas con cajeros automáticos, y a empresas que admiten pagos con criptomonedas, según indicaron a Europa Press en fuentes de este organismo.

Con estos requerimientos, Hacienda pretende obtener información adicional a los datos con los que ya cuenta a partir del análisis que viene realizando sobre el mercado de las criptomonedas. Tras el análisis de esta información adicional, la Agencia Tributaria valorará el inicio de posibles procedimientos de investigación y control en relación con el sector.

Obtener información sobre cuentas bancarias

En concreto, a las entidades bancarias y tras analizar la información obtenida por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) en relación con cuentas bancarias abiertas en el extranjero por diversas casa de cambio, la Agencia Tributaria ha decidido completar dicha información con requerimientos a un total de 16 entidades financieras que cuentan con sede social o sucursal en España.

Con estos requerimientos se pretende obtener información sobre cuentas bancarias que sean origen o destino de transferencias con destino u origen en cuentas bancarias de casas de cambio de criptomonedas. Para ello, Hacienda está solicitando a las entidades financieras la titularidad de las cuentas, el número e importe de los cargos y abonos de esas cuentas y la identificación de tarjetas vinculadas con esas mismas cuentas, dado que en ocasiones la compraventa de criptomoneda se realiza mediante cargos y abonos en tarjetas, no mediante transferencias.

Análisis de la actividad de los intermediarios

Asimismo, Hacienda ha enviado requerimientos a algo menos de una decena de intermediarios como casas de cambio, pasarelas de pago o cajeros automáticos, que permiten el intercambio de euros y de criptomonedas. A estas entidades se les requiere información sobre su actividad, la relación de sus operaciones de criptomoneda con identificación de compradores y vendedores, así como importes en euros de transacciones de criptomonedas, tipo de cambio y comisiones aplicadas en euros.

Adicionalmente, en el caso de los cajeros, se solicitan contratos de arrendamiento y gestión, facturas relacionadas con el funcionamiento del cajero, importes medios mensuales de compras y ventas, distinguiendo medio de pago, y detalle de las operaciones realizadas.

Las empresas que permiten pagos con criptomonedas

Por último, la Agencia Tributaria ha enviado peticiones de información a más de 40 empresas que ofrecen en internet a sus clientes la posibilidad de realizar pagos con criptomonedas. A estas empresas se les requiere información sobre el porcentaje de su facturación cobrado en criptomonedas, facturas y tiques de productos abonados con criptomonedas, identificación de clientes, criterios de contabilización y del tipo de cambio aplicado, tratamiento de las criptomonedas recibidas e identificación de otras operaciones de la empresa con criptomonedas.

Con toda la información nueva que recabe la Agencia Tributaria, el departamento de Inspección Tributaria decidirá, tras analizar los datos obtenidos, si procede iniciar o no procedimientos inspectores en algunas de estas empresas, entidades financieras o intermediarios.

En el Plan de Control Tributario de este año Hacienda ya anunció que reforzaría el control sobre los nuevos modelos de negocio por internet y sobre los nuevos modelos de pago como monederos electrónicos, y que vigilaría el uso de las criptomonedas como el bitcoin.

En concreto, el organismo tributario aseguró que “la utilización por el crimen organizado de la internet profunda, o ‘deep web’, para el tráfico y comercio de todo tipo de bienes ilícitos, así como el empleo de criptomonedas tipo bitcoin o similar como medios de pago, es uno de los desafíos más exigentes en la actualidad”.

Para afrontar esta “amenaza”, la Agencia Tributaria indicó que se potenciaría el uso por las unidades de investigación de las nuevas tecnologías de recopilación y análisis de información en todo tipo de redes y se estudiaría la “incidencia fiscal” de estas nuevas tecnologías, como el ‘blockchain’ y, en especial, las criptomonedas.

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Circular informativa 2018

Buenos días,

Adjuntamos circular de obligaciones del año 2018 que puede ser de su interés.

Si desea mayor información al respecto de esta circular o necesita realizar cualquier consulta sobre los puntos incluidos en la misma, no dude en contactar con nuestro departamento laboral en el teléfono 96-178.29.04 o en nuestras oficinas.

Saludos.

circular obligacion 2018

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