Blog de Asesoría Duart Ferrís. Asesoría de empresas en Benifaió (Valencia)

Hacienda tendrá los datos de alquileres turísticos cada tres meses

Fuente: FINANZAS.COM

Será a través de declaraciones trimestrales el procedimiento con el que las compañías que intermedian en los alquileres de pisos turísticos deberán informar al fisco sobre los datos de los propietarios y los inquilinos de estas viviendas cuya proliferación es cada vez mayor en muchas localidades.

La Agencia Tributaria obtendrá estos datos cada tres meses, según establece el proyecto de orden ministerial de Hacienda, en el que se establecen los requisitos y plazos de la declaración -será el modelo 179- que deberán cumplir compañías como Airbnb, HomeAway, Wimdu Niumba, algunas de las más representativas del sector.

Aunque el texto que regula esta fiscalización no estará en vigor hasta el próximo mes de julio, desde el pasado 1 de enero Hacienda tiene activos los controles sobre el alquiler turístico. De hecho, las plataformas virtuales podrán entregar la información del primer y segundo trimestre hasta el 31 de diciembre. La información relativa a las estancias del tercer trimestre se deben presentar antes del 31 de octubre y las del cuarto trimestre, como muy tarde a finales de enero de 2019, cuando el fisco dispondrá de los datos de todas las pernoctaciones de 2018.

Las compañías deberán incluir en esa declaración la identificación del propietario de la vivienda, el subarrendador -en caso de que lo haya-, los inquilinos, el inmueble -con la referencia catastral-, los días en los que se produce la estancia, el importe cobrado y un número de contrato. Desde Airbnb aclaran que ese decreto «debería respetar las normativas, porque los datos personales están sujetos a las leyes de protección de datos y privacidad muy estrictas».

En Exceltur consideran que la medida del fisco responde al «crecimiento descontrolado del alquiler turístico en un contexto de general opacidad». Por eso, animan a comunidades y ayuntamientos a «reforzar el marco legal» de esta actividad que ha provocado rechazos vecinales.

Gestha: aumentan los cobros de premios de lotería por empresas para evitar impuestos

Fuente: EXPANSION.COM

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han pedido al Gobierno que los premios de loterías que ganen las empresas tributen igual que los de los particulares, puesto que, según alerta, las compañías están integrando premios en su base imponible para aplicar ventajas fiscales y reducir hasta tres veces el tipo efectivo.

En concreto, según explica el colectivo, los premios superiores a 2.500 euros cobrados por los particulares están gravados al 20%, mientras que las compañías lo integran en la base imponible y tributan al tipo nominal, que generalmente es del 25% antes de las deducciones. En caso de que la sociedad esté en números rojos, podría llegar a no tributar.

Así, Gestha ha alertado de que los premios de Loterías pagados a las Sociedades se han disparado hasta superar, de enero a octubre de 2017, los 86 millones de euros, “lo que supone multiplicar por nueve lo recaudado en el mismo período de 2016″. Gestha avisa de que con esta maniobra las empresas ‘agraciadas’ podrían estar blanqueando capitales.

Tal y como señalan los técnicos, las retenciones de los premios abonados hasta octubre en el Impuesto de Sociedades escalaban por encima de los 17 millones de euros, frente a los 1,9 millones del mismo período del año anterior, una tendencia que “se consolidará con las retenciones del gravamen de los premios de diciembre”, que suponen un tercio de las ventas totales.

En este marco, los técnicos han mostrado sorpresa ante el “vertiginoso aumento de la suerte” de las empresas (un 798,9%) a diferencia del modesto aumento del 5,2% de la fortuna de las personas, por lo que sospechan que estos premios obtenidos por las compañías son, realmente, derivados por los empresarios de las compañías en pérdidas.

Para evitar el fraude, Gestha ha pedido al Gobierno que promueva una modificación legal para igualar la tributación entre ambas. También ha pedido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro que les autorice a iniciar las inspecciones a todas las sociedades con pérdidas agraciadas desde 2013.

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Hacienda simplifica en el IRPF la rectificación de errores

Fuente: ELECONOMISTA.ES

Los contribuyentes pueden solicitar la rectificación de las autoliquidaciones presentadas por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) utilizando, de forma voluntaria, el modelo de declaración aprobado por Hacienda.

Así, se establece en el Real Decreto 1074/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del IRPF, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo. De esta forma se simplifica así la subsanación voluntaria de errores cometidos en la presentación de una autoliquidación.

Frente a la vía tradicional para la presentación de una solicitud de rectificación de autoliquidación con la que subsanar un error que hubiera perjudicado al propio obligado tributario, se prevé, como vía alternativa, la utilización, a tal efecto, del propio modelo de declaración.

Reducción de cargas

Explica el Preámbulo del Real Decreto que al contribuyente le resultará más sencilla la subsanación de tales errores, reduciendo las cargas administrativas, al tiempo que permitirá a la Administración tributaria resolver estos procedimientos con mayor celeridad.

Para lograr tal objetivo, se añade un nuevo artículo en el Reglamento del Impuesto, previendo, por una parte, la utilización del propio modelo de declaración para presentar una solicitud de rectificación de autoliquidación y, por otra, incluyendo algunas especialidades para este caso en el procedimiento respecto del general previsto en el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria.

Las especialidades incluidas en el articulado hacen referencia, por una parte, a que al no realizarse actuaciones formales de comprobación, el acuerdo estimatorio no tendría el efecto de cierre a ulteriores comprobaciones.

Por otra parte, se regula la misma simplificación prevista para la terminación del procedimiento de devolución en el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, consistente en la posibilidad de finalización sin resolución expresa, pues en el caso de devoluciones derivadas de la normativa del tributo la situación de facto sería la misma.

Así, si el acuerdo diese lugar exclusivamente a una devolución derivada de la normativa del tributo y no procediese el abono de intereses de demora, se entenderá notificado dicho acuerdo por la recepción de la transferencia bancaria, sin necesidad de que la Administración tributaria efectúe una liquidación provisional.

Pago de intereses

Cuando el obligado tributario considere que una autoliquidación ha perjudicado de cualquier modo sus intereses legítimos, podrá instar la rectificación de dicha autoliquidación de acuerdo con el procedimiento que esté en vigor.

Si la rectificación de una autoliquidación origina una devolución derivada de la normativa del tributo y hubieran transcurrido seis meses sin que se hubiera ordenado el pago por causa imputable a la Administración tributaria, ésta abonará el interés sobre el importe de la devolución que proceda, sin necesidad de que el obligado lo solicite.

A estos efectos, el plazo de seis meses comenzará a contarse a partir de la finalización del plazo para la presentación de la autoliquidación o, si éste hubiese concluido, a partir de la presentación de la solicitud de rectificación.

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Incentivos para autónomos que ofrece la Seguridad Social en 2018

Fuente: CINCODIAS.ELPAIS.COM

Los profesionales autónomos pueden acogerse a diversas ayudas y bonificaciones que otorga la Seguridad Social para ayudarles a pagar sus cuotas mensuales. Para poder optar a unas u otras deben cumplirse una serie de requisitos, dependiendo de cuál sea. Algunos de estos incentivos ya estaban en vigor y otros acaban de entrar. A continuación, vamos a analizar cuáles son y las condiciones que deben cumplirse.

Nuevos autónomos. Y también aquellos que no hayan estado dados de alta en el RETA en los últimos 2 años (o 3 si han disfrutado de ayudas anteriormente).

Sin importar la edad se pueden beneficiar de la tarifa plana. Se trata de una cuota de 50 euros al mes durante un año con la base mínima de cotización (bonificación del 80% d ela cuota si se cotiza por otra base). Los siguientes 6 meses, la ayuda consta de una reducción del 50% de la cuota, seguidos de 3 meses con una reducción del 30% y otros 3 meses con bonificación del 30%.
Los hombres menores de 30 y las mujeres menores de 35, además, tendrán una bonificación del 30% de la cuota un año más.
Discapacitados con un 33% o superior, víctimas de violencia de género y terrorismo también pueden acogerse a una bonificación extra del 50% durante los siguientes 48 meses (5 años en total).

Mayores de 65 años. Siempre que estén inscritos en el RETA o en el especial de trabajadores del mar, pueden acceder a una exención del 100% de las cuotas por contingencias comunes, siempre que cumplan con algunas de estas dos situaciones:
· Tener 65 años y 2 meses de edad, y haber cotizado como mínimo 35 años y 9 meses.
· Tener 65 años y 3 meses de edad y tener cotizados, al menos, 35 años y 6 meses.

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Madres que se incorporen dos años después de cese por tras maternidad, adopción o acogimiento. Pueden beneficiarse de la tarifa plana de 50 euros durante un año cotizando por la mínima o de la reducción del 80% de la cuota si cotiza por otra base.

Explotaciones agrarias. Cónyuges o hijos de autónomos del sector podrán acceder a una reducción del 30% de la aportación por contingencias comunes durante 5 años si son mayores de 50 años.

Pluriactividad. Autónomos que también tienen un trabajo como asalariados.

· Casos en los que la cotización simultánea por cuenta ajena por contingencias comunes tiene una cuantía igual o superior a 12.215,41 euros, podrán beneficiarse de una devolución del 50% del exceso, o el 50% como máximo de las cuotas en el RETA.

· Cuando ya sean asalariados y se den de alta en el RETA pueden acogerse a un tipo de cotización del 50% de la mínima durante los primeros 18 meses, y del 75% los siguientes 18.

· Trabajadores que su actividad como asalariado sea a tiempo parcial a partir del 50% de lo que corresponde al tiempo completo pueden escoger un tipo de cotización del 75% de la base mínima durante 18 meses; y del 85% los siguientes 18 meses.

Conciliación. Los autónomos padres tendrán ayudas para favorecer la contratación. En concreto, una bonificación del 100% de la cuota durante un año.

Familiares de autónomos. Los familiares de profesionales autónomos de hasta segundo grado por consanguineidad o afinidad (y parejas de hecho) pueden beneficiarse de una una reducción del 50% de la cuota sobre la base mínima durante 18 meses cuando se den de alta, y una reducción es del 25% los 6 meses siguientes. Para ello, no han podido estar dados de alta en los últimos 5 años.

Maternidad, paternidad, adopción, acogimiento o riesgo en parto o lactancia. Un incentivo que consiste en el 100% de bonificación de la cuota de autónomo, aplicada a la base media del último año.

Socios de cooperativas de trabajo asociado. Los que se dedican a la venta ambulante dados de alta en el RETA, tendrán una reducción del 50%.

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El IPC cierra el año en el 1,2% y resta poder de compra a pensionistas y funcionarios

Fuente: ELPAIS.COM

El IPC se situó en diciembre en el 1,2%, cinco décimas menos que en noviembre, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística, que achaca la caída a una subida de la gasolina y el gasóleo menor que la de hace doce meses. La tasa, la más baja del año, supone, no obstante, una pérdida de poder adquisitivo para los funcionarios y los pensionistas. Estos últimos pierden casi un punto de poder de compra, dado que la subida de las pensiones fue este año del 0,25%, el mínimo que marca la ley. Los funcionarios, por su parte, también pierden, puesto que sus sueldos subieron un 1%. Si en vez de tomar el dato interanual, que es el que se usa habitualmente como referencia para pensiones y salarios (y también el que emplea el INE para la actualización de rentas), se toma la media anual, cercana al 2%, la pérdida de poder de compra es mayor.

La evolución de los precios de los combustibles de automoción está detrás de la moderación del IPC en diciembre, que se sitúa en la tasa más baja desde noviembre de 2016. Justo después, en diciembre de 2016, la fuerte subida de los carburantes disparó el IPC hasta el 1,6%. Doce meses más tarde, la comparación con esa gran subida hace que se modere el índice y cierre el año en su tasa más baja.

El IPC cierra el año en el 1,2% y resta poder de compra a pensionistas y funcionarios

Pese a cerrar en niveles muy inferiores a los que mostraba a principios de año –del 3% en enero y febrero-, ni los pensionistas ni los funcionarios se salvan de perder poder de compra. Los primeros son los que salen peor parados, aunque ambos colectivos, en total más de 12 millones de personas, son hoy un poco más pobres —o algo menos ricos— que a comienzos de año.

Las pensiones en 2017 continuaron casi congeladas. El pasado mes de enero, a los pensionistas se les aplicó por cuarto año consecutivo la subida automática del 0,25%. Es lo que marca la fórmula de revalorización introducida en la última reforma de pensiones, que tiene en cuenta la situación financiera de la Seguridad Social, y esta lleva en números rojos desde 2012. La fórmula establece una subida mínima del 0,25% y un techo máximo del IPC más un 0,50%. Este mismo viernes, el Consejo de Ministros aprobó una nueva subida del 0,25% para 2018, la quinta.

Así, teniendo en cuenta que la inflación, a falta de que el INE confirme el dato a mediados de enero, llega a diciembre en el 1,2%, la pérdida de poder de compra de los pensionistas es de 0,95 puntos porcentuales. ¿Cuánto es eso? Por poner un ejemplo, una persona con la pensión máxima habrá cobrado este año 2.573,7 euros al mes (14 pagas). La pérdida de poder adquisitivo implica que es como si hubiese cobrado al mes 2.549,25, 24,45 euros menos. Al año, 342 euros menos. Para la pensión de jubilación más baja, la del que tiene cónyuge pero no a su cargo, fijada en 605,1 euros en 14 pagas, son 5,75 euros menos al mes, 80,5 euros menos al año.

Este es el segundo año consecutivo en que los pensionistas pierden poder adquisitivo. En 2016, la brusca subida de la inflación en diciembre llevó a los 9,5 millones de pensionistas a perder 1,35 puntos de capacidad de compra. En los cuatro años anteriores, merced a una inflación baja o negativa y a que en 2013 aún no estaba en vigor la fórmula actual de revalorización de las pensiones, su bolsillo había salido ganando a final de año.

Por su parte, a los funcionarios, una vez se aprobaron los Presupuestos para 2017, se les aplicó un incremento salarial del 1%, por lo que a final de año pierden dos décimas de poder de compra. Para 2018, no hay aún acuerdo entre Gobierno y sindicatos sobre un plan para una subida de hasta el 8% en tres años. Y de haberlo, mientras no se aprueben unos Presupuestos nuevos —para 2018 se prorrogan por el momento los de 2017—, no se podría aplicar.

Inflación media

Esos cálculos están realizados con el dato de diciembre de inflación interanual, que es el que se usa habitualmente para el cálculo de las subidas salariales y cláusulas de revisión como para la actualización de las pensiones. Tradicionalmente se usaba el dato interanual de noviembre para subir las pensiones, de modo que diera tiempo a revisar las pensiones en los presupuestos del año siguiente, hasta que la reforma de 2012 dejó de referenciarlas al IPC, con lo que ahora lo lógico es usar el dato de diciembre. En todos esos casos, así como en la herramienta para actualización de rentas que proporciona el INE, se usaba la inflación interanual, más simple para calcular las ganancias y pérdidas de poder adquisitivo a largo plazo. Si en lugar de eso se toma el dato de la media anual, tanto pensionistas como funcionarios salen peor parados en 2017 y, además, habría que incluir a casi todos los trabajadores en el grupo de los que han podido comprar menos con su sueldo.

El propio Gobierno se agarró a la inflación media anual, que quedó en el -0,2%, para negar que los pensionistas perdieran poder adquisitivo el año pasado. Si nos atenemos a esa media, la inflación se va en 2017 al 1,975%, con lo que los pensionistas perderían 1,725 puntos de poder de compra, los funcionarios 0,975 y el común de trabajadores, alrededor de medio punto, dado que la media de subida salarial en convenio se sitúa este año en el 1,43%.

Quienes no pierden poder de compra se mida como se mida son los alrededor de 500.000 trabajadores que perciben el salario mínimo interprofesional (SMI), que en 2017 subió un 8% y en 2018 subirá un 4%, según acordó el Gobierno con los sindicatos la semana pasada. El Consejo de Ministros dio luz verde este viernes a esa subida, firmada solemnemente en un acto en Moncloa esta semana.

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La edad legal de jubilación ascenderá hasta los 65 años y 6 meses en 2018

Fuente: EXPANSION.COM

Los trabajadores que quieran jubilarse en 2018 con el 100% de la pensión -y no hayan cotizado 38 años y medio- tendrán que tener cumplidos 65 años y seis meses, de acuerdo con la reforma de las pensiones acordada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y los agentes sociales en 2011.

La reforma estableció un periodo transitorio desde 2013 hasta 2027 para elevar la edad de jubilación de 65 a 67 años. Así en 2019 la edad legal de jubilación ascenderá hasta los 65 años y 8 meses, en 2020 hasta los 65 años y 10 meses y en 2021 hasta los 66 años. En 2027, se situará finalmente en los 67 años.

Todos los nacidos a partir de 1948 están afectados por el aumento progresivo de la edad de jubilación, mientras que los nacidos en 1960 ya no podrán jubilarse antes de los 67 años, salvo si tienen 38 años y medio de cotización a la Seguridad Social.

Asimismo, desde 2013 comenzó a aumentar gradualmente de 15 a 25 años el periodo de cómputo para calcular la pensión, con lo que en 2018 se hará con los últimos 21 años cotizados.
Pensiones

Las pensiones subirán a partir del próximo lunes, 1 de enero, un 0,25%, con lo que encadenarán cinco años consecutivos creciendo el mínimo legal previsto.

Este incremento, aprobado ayer por Real Decreto, es el mínimo legal establecido en la fórmula de revalorización introducida en la última reforma de pensiones, que tiene en cuenta los gastos e ingresos del sistema y establece una subida mínima del 0,25% y un techo máximo del IPC más un 0,50%.

Con este aumento, la pensión máxima se situará a partir del 1 de enero en 2.580,1 euros al mes, 6,4 euros más que en 2017.

La base máxima de cotización se mantendrá en 2018 en 3.751,2 euros, mientras que la base mínima se incrementará en el mismo porcentaje que el salario mínimo, un 4%. En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) la base máxima de cotización para 2018 se mantendrá en 3.751,2 euros mensuales y la mínima, en 919,8 euros.

No obstante, los autónomos societarios verán incrementada su base mínima un 4%, ya que la prórroga para 2018 de las cuentas públicas de 2017 ha impedido que esta base, habitualmente ligada a la evolución del SMI, se vincule a Presupuestos, tal y como quedó establecido en la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.

Tras la subida del 0,25% que experimentarán las pensiones el próximo 1 de enero, la pensión mínima de jubilación de una persona con 65 o más años y cónyuge a cargo pasará de 786,86 euros al mes por catorce pagas a 788,9 euros mensuales. Los que no tengan cónyuge cobrarán un mínimo de 639,3 euros, frente a los 637,7 euros de este año, mientras que los que tienen cónyuge pero no a cargo percibirán 606,7 euros mensuales (ahora son 605 euros).

Las pensiones mínimas de jubilación para los menores de 65 años con cónyuge a cargo subirán desde 737,5 euros al mes por catorce pagas hasta 739,5 euros, y las de los menores de 65 años sin cónyuge ascenderá a 598 euros, frente a los 596,5 euros mensuales de este año.

Por su parte, la pensión mínima de viudedad con cargas familiares se situará desde el 1 de enero en 739,5 euros mensuales por catorce pagas, en contraste con los 737,5 euros de ahora. La cuantía mínima de la pensión de viudedad para titulares con 65 años o con una discapacidad en grado igual o superior al 65% será de 639,3 euros al mes (ahora 637,7 euros mensuales), mientras que las pensiones mínimas de viudedad para personas con entre 60 y 64 años será de 598 euros al mes. Para los titulares de pensiones de viudedad con menos de 60 años el importe mínimo alcanzará en 2018 los 484,2 euros al mes (antes 482,8 euros).

Asimismo, la pensión mínima de gran invalidez con cónyuge a cargo pasará de 1.180,34 euros mensuales por catorce pagas a 1.183,4 euros mensuales, mientras que la de gran invalidez sin cónyuge subirá hasta los 959 euros desde los 956,6 euros mensuales de este año.

La pensión mínima de incapacidad permanente absoluta ascenderá desde el próximo 1 de enero a 788,9 euros mensuales por catorce pagas, frente a los 786,86 euros actuales, en tanto que las pensiones de orfandad y en favor de familiares tendrán un importe mínimo de 195,3 euros mensuales, en contraste con los 194,8 euros de ahora.

Por su lado, la cuantía de la pensión máxima pasará desde 2.573,7 euros mensuales a 2.580,1 euros al mes.

Lo que no entrará el 1 de enero en vigor es la subida de la base reguladora de la pensión de viudedad de las personas con 65 o más años con menores ingresos desde el 52% al 53%. Esta medida, cuyo cumplimiento se ha ido aplazando sucesivamente a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, se aprobará previsiblemente en enero para su entrada en vigor el 1 de febrero.

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