Blog de Asesoría Duart Ferrís. Asesoría de empresas en Benifaió (Valencia)

Nuevas ayudas a pymes y autónomos del sector videojuegos

Fuente: CINCODIAS.ELPAIS.COM

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, a través de Red.es lanzará en breve una convocatoria de ayudas públicas superior a los 6,25 millones de euros dirigidas a la promoción e internacionalización de las empresas del sector de los videojuegos españolas.

Aunque se desconoce aún la fecha en la que los interesados podrán inscribirse en la convocatoria, sí se sabe ya que está dirigida a pymes independientes cuya facturación no supere los dos millones de euros anuales y que, en el momento en que formalicen la solicitud de la ayuda, tengan al menos seis meses de vida en el mercado. A cada beneficiario le corresponderá un máximo de 150.000 euros, según han adelantado desde el Ministerio.

Para hacerse con la subvención, los interesados deben presentar un proyecto que tenga como meta aumentar el tamaño potencial del mercado del producto; hacer crecer la comunidad de usuarios, clientes y jugadores; mejorar el modelo de negocio; facilitar el acceso a plataformas de comercialización y distribución y promover la participación de la empresa en ferias y eventos especializados.

La concesión de estas subvenciones pretende favorecer el desarrollo empresarial de los emprendedores y jóvenes talentos del sector del videojuego, “dotándoles de mecanismos eficientes para ejecutar planes de negocio sólidos, ambiciosos y mejorar el posicionamiento e internacionalización de su producto”, ha adelantado el secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, José María Lassalle.

Sistema de libre concurrencia

Con el objetivo de que la concesión de las ayudas, que se realizará por el método de libre concurrencia, cubra las necesidades reales de este sector en constante crecimiento en España, se va a crear un grupo de expertos independientes que supervisarán la concesión y el posterior uso de estas subvenciones. Lassalle ha apuntado que, para establecer los criterios de concesión de las ayudas se han tenido en cuenta las propuestas y demandas de los propios profesionales.

Desde el Ministerio animan a la participación en el programa de ayudas no sólo a estudios consolidados, también a pymes y autónomos especializados.

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Las líneas ICO 2018 para emprendedores al detalle

Fuente: CINCODIAS.ELPAIS.COM

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha puesto en marcha una nueva línea de financiación dirigida a empresas españolas para que hagan frente al pago de proveedores, compra de mercancías o renovación de activos, entre otras gestiones. El máximo que se puede conceder es de 12,5 millones de euros para realizar operaciones de liquidez o inversiones.

Los préstamos se pueden solicitar hasta el 21 de diciembre. El beneficiario puede solicitar un préstamo o leasing para cubrir inversiones y préstamo o crédito si busca liquidez. Siempre cubrirán hasta el 100% de los proyectos objeto de subvención. Las condiciones de devolución en el primer caso es de 1 a 4 años con 0 o 1 de carencia. En el segundo supuesto, tendrá la misma carencia si el préstamo es inferior a 10 años y se puede ampliar a 2 años de carencia si se solicita entre 12 y 20 años. En cualquier modalidad, el interés podrá ser fijo o variable. Si se concede un interés variable, según el propio ICO, la revisión del tipo se hará cada 6 meses.

La Tasa Anual Equivalente (TAE) aplicable a la operación estará compuesta por el coste de la comisión inicial que en su caso aplique el banco más el tipo de interés. El TAE para operaciones a plazo igual a 1 año si es tipo fijo o variable alcanza el 2,30%; hasta los 4 años será del 4% y hasta 20 ascenderá al 4,3%.

Los conceptos financiables son activos fijos productivos nuevos o de segunda mano. Compra de vehículos, cuyo precio no supere los 30.000 euros más IVA. Los vehículos industriales podrán financiarse en un 100%. También la adquisición de empresas y otros activos para la misma; el pago de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o impuestos de la misma categoría y reforma de instalaciones.

Plazos

Se podrán sufragar las inversiones que se hayan realizado antes de la firma de la operación, siempre que no se hubieran comprado antes del 1 de enero de 2017. Desde la fecha de firma de la operación el cliente dispondrá de un año para realizar la compra objeto de financiación.

Hay que destacar que la concesión definitiva del préstamo dependerá en todo caso de la entidad financiera a la que se solicite el préstamo.

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Así es la reforma que plantea el Gobierno para mejorar el cálculo de su pensión

Fuente: EXPANSION.COM

El Gobierno ha planteado la ampliación voluntaria a toda la vida laboral del periodo de cotización exigido para calcular la cuantía de la pensión.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha planteado que el trabajador que lo desee pueda esgrimir que la pensión se calcule con la cotización de toda su vida laboral. Báñez abre así la puerta a una de las grandes reformas que tiene pendientes la Seguridad Social para garantizar el sistema de pensiones.

Como publicó ayer EXPANSIÓN, en realidad, la ministra ha introducido el matiz de que el trabajador pueda hacerlo de forma voluntaria, lo que evita una reacción conflictiva de los sindicatos y de la izquierda parlamentaria. Como se aprecia en los cuadros que figuran en esta misma página, ya muchos países de la Unión Europea obligan a cotizar toda la vida laboral -entre 35 y 40 años- para calcular la cuantía de la pensión. Los hitos más importantes que explican la propuesta de Báñez son los siguientes:

¿Por qué plantea Fátima Báñez la ampliación voluntaria del periodo exigido de cotización a toda la vida laboral? Báñez, que se hace eco de una propuesta del Partido Popular en la Comisión del Pacto de Toledo, busca compensar a la multitud de trabajadores que han sido despedidos en los últimos años de su vida laboral. Normalmente, son empleados antiguos, con una elevada cotización a la Seguridad Social, que disminuye bruscamente al estar en desempleo. Por esta razón, el Gobierno plantea a la oposición la posibilidad de que, en lugar de los últimos años de su vida laboral, el trabajador pueda escoger la contribución que ha hecho durante toda su vida a la Seguridad Social para poder reunir más derechos con vistas a su pensión. Hay que tener en cuenta que muchos empleados salen de sus empresas con una prejubilación a partir de los 50 años.

Opción del trabajador al descarte de los peores años de cotización. La propuesta del PP en la Comisión del Pacto de Toledo abre también la posibilidad de que el trabajador con una larga carrera de cotización pudiera descartar los últimos años de su vida laboral si éstos han sido tan malos, por haber ido al desempleo, que terminen bajando su pensión futura. Según explica Gerardo Camps, portavoz del PP en la Comisión del Pacto de Toledo, por ejemplo, un trabajador que haya cotizado 42 años de su vida laboral y, por lo tanto, con el periodo de contribución cumplido -38 años en 2027-, tendría la opción de pedir a la Seguridad Social que no tuviera en cuenta sus últimos cuatro años de cotización si, en ese periodo hubiese contribuido menos por tener un trabajo de peor calidad o, por haber estado en el paro.

No se trata pues de que el trabajador pueda escoger los 25 años más favorables de su carrera laboral. Eso sería un disparate, porque, entre otras cosas, el sistema tendría graves problemas de financiación, si todo el mundo escoge sus mejores años de cotización. Ésa no es la reforma que está planteando el Gobierno.

¿Qué es el período de cotización obligatorio para calcular la cuantía de la pensión? Es uno de los llamados factores paramétricos que sirven a la Seguridad Social para abonar la primera pensión al nuevo jubilado. Tiene en cuenta los años que ha contribuido el trabajador para intentar equilibrar el esfuerzo de cotización durante la vida laboral con la pensión que cobrará al llegar a la jubilación.

¿Cuál es el tiempo obligatorio de cotización actual en España para calcular la prestación? Este año la pensión se calcula con los últimos 21 años de toda la vida laboral. En realidad, el también llamado periodo de cómputo está en un periodo transitorio, que comenzó en 2013 y acabará en 2022. En este tiempo, pasará desde los 15 a los 25 años de cotización.

¿Por qué en España no se ha contemplado toda la vida laboral como en otros países de la Unión Europea? Por varias razones. La primera es porque los sindicatos se han opuesto siempre a esa reforma. Incluso, la primera ampliación del periodo de cómputo, desde los dos a los ocho años, fue saludada en 1985 con una huelga general convocada por CCOO. La huelga fue un fracaso, pero ahí empezó el camino del histórico enfrentamiento en el socialismo español entre el Gobierno de Felipe González, y la UGT de Nicolás Redondo. En 1997, con el respaldo de los sindicatos, el periodo de cómputo pasó de 8 a 15 años. Con la transición actual desde los 15 a los 25 años, el Gobierno del PSOE en 2011 consiguió que los sindicatos respaldasen la última reforma. Sin embargo, algunos expertos opinan que la entrada plena en vigor de esta reforma, en 2022, es muy tarde, como en 2027, la del pleno retraso de la edad de jubilación, desde los 65 a los 67 años.

Curiosamente, hasta ahora la ampliación del periodo de cotización exigido a toda la vida laboral era una medida regresiva. La razón es que en el cálculo de la pensión también entraban los primeros años de la vida laboral, cuando los sueldos son más bajos.

¿Hay razones técnicas para explicar por qué España contempla toda la cotización laboral para calcular la pensión? Cuando la Seguridad Social calculó ampliar el periodo de cómputo a toda la vida laboral se dio cuenta de que no podía hacerlo para los trabajadores con largas carreras laborales. En su conversión informática de los archivos de papel sólo podía reconstruir la vida laboral hasta la mitad de los años ochenta. Posteriormente, ha ido avanzando. Hoy en día todas las empresas están obligadas a informar a la Seguridad Social por vía telemática.

¿Es lo mismo una prejubilación que una jubilación? No. Ésta es una de las claves de la propuesta de Báñez. La prejubilación ha sido hasta ahora una práctica habitual de las empresas para prescindir de trabajadores mayores de 50 años. Habitualmente, muchas de estas personas se hacen autónomos -entre otras cosas, cobrando el paro de golpe- para poder llegar cuando menos a la jubilación anticipada. Ahí es cuando la Seguridad Social se hace cargo de ellos. Pero en la jubilación anticipada estos trabajadores pierden pensión en función de los años que les falten para llegar a la edad legal para cobrar toda la prestación. Prejubilación no existe como término jurídico en la Seguridad Social.

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La UE sacará de su lista negra de paraísos fiscales a Panamá y otros siete países

Fuente: ABC.ES

La Unión Europea (UE) prevé sacar de su lista negra de paraísos fiscales a Panamá, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Granada, Macao, Mongolia y Túnez, con lo que el repertorio aprobado en diciembre pasará de 17 a solo nueve jurisdicciones. La decisión llega después de que estos países hayan presentado «compromisos de alto nivel político» que ya «han sido analizados», señalaron estas fuentes.

Los Estados pasarán así a la conocida como lista gris, que incluye a aquellas jurisdicciones que no cooperan en materia de fiscalidad con la Unión Europea pero que se han comprometido a tomar medidas para corregir esta situación.

Los ministros de Economía y Finanzas de los Veintiocho tienen previsto dar luz verde al cambio como punto sin discusión en el consejo que celebrarán el próximo martes en Bruselas.

La UE adoptó el 5 de diciembre de 2017 su primera lista negra de paraísos fiscales que incluía a diecisiete países, de los que, tras la modificación, solo quedarán nueve: Samoa Americana, Baréin, Guam, Islas Marshall, Namibia, Palaos, Samoa, Santa Lucía y Trinidad y Tobago.

Para configurar esta lista de jurisdicciones que no cooperan con la UE en materia fiscal, los Estados miembros analizaron 92 territorios para comprobar si cumplían ciertos criterios en materia de fiscalidad justa, erosión de la base imponible y traslado de beneficios de un territorio a otro.

En total 64 no cumplían con los criterios, pero 47 de ellos se comprometieron a adoptar modificaciones en su legislación hasta finales de 2018 con lo que pasaron a una lista intermedia o gris.

La UE analizará periódicamente si estas jurisdicciones respetan los compromisos adoptados e irá actualizando las listas en consecuencia. Bruselas siempre ha defendido que uno de los objetivos de la lista negra era que el mero hecho de señalar a los países les alentase a tomar medidas.

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Las empresas de Valencia podrán pagar los tributos vencidos de 2017 hasta el 23 enero

Fuente: LASPROVINCIAS

Las empresas con domicilio en la ciudad de Valencia podrán pagar el martes 23 de enero sus obligaciones tributarias, cuyo plazo termina el 20 de enero. La razón está en que cae en sábado y el día siguiente hábil se celebra la fiesta local de San Vicente Mártir, según apunta la Asociación de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana (APAFCV). De este modo, el próximo martes será el último día para el pago, aunque sólo en las localidades donde el día 22 es festivo.

El último día para domiciliar el pago de las deudas tributarias correspondientes al cuarto trimestre de 2017 (mes de diciembre para grandes empresas) y retenciones fue este lunes y el último día para su presentación y pago es el día 22, con la excepción citada.

En el caso concreto de las 15.853 comunidades de bienes existentes en la Comunitat Valenciana (8.075 en Valencia, 5.260 en Alicante y 1.918 en Castellón), según datos del Directorio Central de Empresas del INE, éstas tienen el inconveniente de que las entidades colaboradores no les permiten domiciliar el pago de impuestos, de modo que deben hacer el ingreso en ventanilla o por transferencia, con la cautela de hacerlo dentro del plazo establecido al efecto.

La asociación aconseja tener en cuenta que si el 20 de enero coincide con un sábado o un día inhábil en el municipio de domicilio o de la sede de la Administración, el plazo terminaría el primer día hábil siguiente del municipio del domicilio y de la sede de la Administración, aunque fuera inhábil en la sede de la entidad colaboradora.

La APAFCV defiende que Hacienda debería permitir a las comunidades de bienes domiciliar el pago de sus declaraciones.

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Se podrán cumplir los plazos declarando por medios no electrónicos

Fuente: ELECONOMISTA.ES

A partir de ahora será posible presentar cualquier declaración a través de medios no electrónicos o telemáticos, siempre que después se presente electrónica o telemáticamente, pero antes de que la Administración tributaria, remita algún requerimiento previo al inicio de procedimiento sancionador, según establece el Real Decreto 1072, de 29 de diciembre, que modifica el régimen sancionador tributario.

En este texto, se establecen las reglas a aplicar en el caso de retraso en la obligación de llevar los libros registro a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) con la finalidad de aclarar determinadas cuestiones que no han sido tratadas con detalle en la Ley General Tributaria.

En este sentido, el texto reglamentario incluye una nueva definición de lo que se debe considerar retraso en la llevanza electrónica de los Libros Registro para que se considere que se ha cometido una infracción. Con esta medida se trata de diferenciar esta conducta de la omisión contemplada en la legislación tributaria.

Se especifica que solo será aplicable la multa proporcional del 0,5 por ciento en los supuestos relativos al Libro Registro de facturas expedidas y para el de recibidas, ya que es información con un importe numérico al que aplicar la multa proporcional.

Por otra parte, se determina también qué se entiende por importe de la factura, con un concepto que abarca todas y cada una de las modalidades y se especifica la forma de aplicar mínimo y máximo trimestral.

Además, se aclara que los retrasos relativos a los Libros Registro de bienes de inversión y de determinadas operaciones intracomunitarias se sancionarán con multa fija de 150 euros por registro.

En caso de retraso producido en el procedimiento sancionador como consecuencia de la orden de completar el expediente del procedimiento inspector, se computará una interrupción justificada en el procedimiento sancionador derivado del inspector que se haya iniciado, desde el día siguiente a la fecha en que se dicte la orden de completar hasta que se notifique la nueva acta que sustituya a la formalizada o se le dé trámite de audiencia, si no es necesario incoar una nueva acta.

Así, el interesado podrá renunciar a la tramitación separada del procedimiento sancionador manifestándolo expresamente durante los dos primeros meses del procedimiento de aplicación de los tributos, salvo que antes de dicho plazo se produjese la notificación de la propuesta de resolución. En este caso, la renuncia podrá formularse hasta finalizar el trámite de alegaciones posterior.

En el procedimiento de inspección, se podrá renunciar a la tramitación separada del procedimiento sancionador durante los seis primeros meses, salvo que antes de dicho plazo se produjese la finalización del trámite de audiencia previo a la suscripción del acta; así, la renuncia podrá formularse hasta dicho momento.

El tiempo transcurrido desde el día siguiente a la orden de completar el expediente hasta la formalización de la nueva acta o el nuevo trámite de audiencia, en su caso, se recoge como interrupción justificada que no se incluirá en el cómputo del plazo de seis meses del procedimiento sancionador.

En el cómputo del plazo de renuncia a la tramitación separada en el procedimiento sancionador no se deducirán las dilaciones no imputables a la Administración y las interrupciones justificadas. Tampoco lo serán en el inspector los supuestos de suspensión y de extensión del plazo.

En casos de tramitación conjunta de los procedimientos sancionador y aplicación de los tributos es preciso notificar de forma separada el inicio del primero para que después ambos procedimientos se tramiten conjuntamente.

La redacción vigente establece que el tiempo que transcurra desde el primer intento de notificación del inicio del procedimiento sancionador hasta que se entienda notificado se considera interrupción justificada. Al eliminarse del de inspección las interrupciones justificadas, era preciso adecuar el artículo a la nueva normativa.

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