Blog de Asesoría Duart Ferrís. Asesoría de empresas en Benifaió (Valencia)

Dudas constitucionales del TS acerca del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica

Fuente: EXPANSION.COM

El Supremo, en auto de 10 de enero de 2018, ha vuelto a plantear cuestión de inconstitucionalidad relativa al Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, impuesto introducido en nuestro ordenamiento jurídico por la ley 15/2012.

El Alto Tribunal reitera las dudas que ya esgrimió ante el Tribunal Constitucional en auto de fecha 14 de junio de 2016, las cuales no fueron disipadas al inadmitirse la cuestión pues, existiendo también dudas sobre incompatibilidad con el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, debió plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que las despejara con carácter previo a acudir al Tribunal Constitucional.

Ahora, dados los últimos pronunciamientos del TJUE, el Tribunal Supremo ha llegado a la convicción de que, en lo que se refiere al Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (en adelante Ivpee), la Ley 15/2012 no presenta problemas de ajuste con el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, si bien continúan sus dudas de constitucionalidad, lo que ha dado lugar al planteamiento nuevamente de la cuestión de inconstitucionalidad mediante el auto de 10 de enero de 2018.

Hay que recordar que el Ivpee es un impuesto directo que grava la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica, respecto a las instalaciones de producción de energía eléctrica, tanto de régimen general como especial. La base imponible del Impuesto está constituida por el importe total que corresponda percibir al contribuyente por la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica, medida en barras de central, por cada instalación en el período impositivo, siendo el tipo impositivo fijo del 7%. El Ivpee entró en vigor el 1 de enero de 2013.

Pues bien, el Alto Tribunal cuestiona la finalidad extrafiscal del Ivpee, ya que su carácter recaudatorio es claro pero no su finalidad medioambiental, pues, analizando la estructura del impuesto, no se aprecia esa pretendida naturaleza medioambiental. Así, afirma el Tribunal, el impuesto grava de igual modo a quienes utilizan esas redes intensivamente como a quienes las usan en menor medida; la protección del medio ambiente hubiera aconsejado exenciones o beneficios fiscales cuando la contribución al impacto medioambiental no resultase significativa; la base imponible del Impuesto no contiene ninguna variable con incidencia medioambiental; no resulta fácil establecer una vinculación entre las inversiones en las redes de transporte y distribución y el impacto medioambiental que justifica el tributo.

Tras el análisis del controvertido impuesto, la Sala concluye afirmando que alberga serias dudas sobre la finalidad medioambiental del Ivpee y comparte con los recurrentes que el verdadero objetivo del Impuesto es reducir el déficit tarifario. No obstante, aunque el impuesto no tenga finalidad de tutela del medio ambiente no por ello lo convierte en inconstitucional, siempre y cuando ese impuesto respete los principios del artículo 31.1 de la Constitución, en concreto, el principio de capacidad económica, y aquí es donde surge la duda al Alto Tribunal, pues el Ivpee podría estar gravando una manifestación de capacidad económica ya sometida a imposición por el Impuesto sobre Actividades Económicas.

En consecuencia, el Tribunal Supremo plantea nuevamente al Tribunal Constitucional la cuestión de inconstitucionalidad de determinados artículos de la ley que regula el Ivpee por su oposición al principio de capacidad económica de acuerdo con el artículo 31.1 de la Constitución

Por tanto, vuelve a estar en manos del Tribunal Constitucional determinar si el Ivpee es o no contrario a la Constitución.

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La UE saca a Panamá y 7 países más de la lista de paraísos fiscales

Fuente: Elperiodicomediterraneo.com

La lista negra de paraísos fiscales creada hace menos de dos meses por la Unión Europea para denunciar la falta de cooperación en materia fiscal de 17 territorios o países terceros y luchar contra la evasión fiscal tiene desde ayer ocho jurisdicciones menos. Tal y como estaba previsto, los ministros de economía y finanzas de la UE (Ecofin) dieron ayer luz verde a la decisión que deja el nuevo listado únicamente con nueve territorios. Entre aquellos que salen de la lista figura Panamá, origen de uno de los escándalos –los llamamos Papeles de Panamá– que ayudaron a desvelar el uso de sociedades opacas a nivel internacional para eludir el pago de impuestos.

Junto a Panamá también abandonan la lista Barbados, Granada, la República de Corea, Macao, Mongolia, Túnez y Emiratos Árabes Unidos. Todos ellos pasarán a partir de ahora a una lista gris, tras los compromisos políticos que han asumido sus autoridades para modificar las deficiencias identificadas por la UE y acercarlas a la legislación europea y a los estándares internacionales en materia de buena gobernanza. La decisión se basa en el análisis realizado por sus expertos de los 28 compromisos políticos realizados por escrito al más alto nivel y que seguirán siendo secretos. «Para ser más creíble el proceso debe ser suficientemente transparente pero creo que sin el permiso de las respectivas jurisdicciones sería injusto revelarlos», declaró el ministro búlgaro y presidente de turno del Ecofin, Vladislav Goranov.

En su opinión, el acuerdo cerrado por el Ecofin demuestra que «el proceso» está siendo útil y que las jurisdicciones terceras están trabajando para reformar sus políticas fiscales. «Está demostrando ya su valor. Jurisdicciones de todo el mundo han trabajado duro para comprometerse a reformar sus políticas fiscales. Nuestro objetivo es promover la buena gobernanza fiscal a nivel global», añadió.

La decisión de los 28 supone un revés para el comisario de asuntos económicos, Pierre Moscovici, que ha urgido reiteradamente a los gobiernos a que hagan públicos los compromisos para que pueda existir un verdadero control democrático y que se pueda verificar a finales de año, cuando se revisará la situación, que los territorios en cuestión han cumplido. Países como España –también Francia– comparten la idea de que los compromisos deben hacerse públicos, según aseguró el ministro español, Luis de Guindos, que consideró que cuantos menos países haya en la lista negra significa también que el proceso es el adecuado.

El ministro español discrepa, sin embargo, sobre la urgencia sobre las sanciones. «España no está en contra pero tenemos que ver si tenemos capacidad. Lo peor es anunciar sanciones y luego ver que no se tiene capacidad para aplicarlas», declaró.

SOLO NUEVE JURISDICCIONES / La decisión deja a la primera lista negra creada por la UE con solo nueve jurisdicciones negras: Samoa americana, Bahráin, Isla de Guam, Islas Marshall, Namibia, Palos, Santa Lucía, Samoa y Trinindad y Tobago. La lista se revisará una vez al año aunque los expertos del Código de conducta pueden presentar recomendaciones en cualquier momento. Los 28 remitirán en febrero sendas misivas a las ocho jurisdicciones del Caribe que se vieron afectadas por huracanes en septiembre del 2017 para que se comprometan también a solucionar las deficiencias detectadas por la Unión Europea.

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Nuevas ayudas a pymes y autónomos del sector videojuegos

Fuente: CINCODIAS.ELPAIS.COM

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, a través de Red.es lanzará en breve una convocatoria de ayudas públicas superior a los 6,25 millones de euros dirigidas a la promoción e internacionalización de las empresas del sector de los videojuegos españolas.

Aunque se desconoce aún la fecha en la que los interesados podrán inscribirse en la convocatoria, sí se sabe ya que está dirigida a pymes independientes cuya facturación no supere los dos millones de euros anuales y que, en el momento en que formalicen la solicitud de la ayuda, tengan al menos seis meses de vida en el mercado. A cada beneficiario le corresponderá un máximo de 150.000 euros, según han adelantado desde el Ministerio.

Para hacerse con la subvención, los interesados deben presentar un proyecto que tenga como meta aumentar el tamaño potencial del mercado del producto; hacer crecer la comunidad de usuarios, clientes y jugadores; mejorar el modelo de negocio; facilitar el acceso a plataformas de comercialización y distribución y promover la participación de la empresa en ferias y eventos especializados.

La concesión de estas subvenciones pretende favorecer el desarrollo empresarial de los emprendedores y jóvenes talentos del sector del videojuego, “dotándoles de mecanismos eficientes para ejecutar planes de negocio sólidos, ambiciosos y mejorar el posicionamiento e internacionalización de su producto”, ha adelantado el secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, José María Lassalle.

Sistema de libre concurrencia

Con el objetivo de que la concesión de las ayudas, que se realizará por el método de libre concurrencia, cubra las necesidades reales de este sector en constante crecimiento en España, se va a crear un grupo de expertos independientes que supervisarán la concesión y el posterior uso de estas subvenciones. Lassalle ha apuntado que, para establecer los criterios de concesión de las ayudas se han tenido en cuenta las propuestas y demandas de los propios profesionales.

Desde el Ministerio animan a la participación en el programa de ayudas no sólo a estudios consolidados, también a pymes y autónomos especializados.

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Las líneas ICO 2018 para emprendedores al detalle

Fuente: CINCODIAS.ELPAIS.COM

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha puesto en marcha una nueva línea de financiación dirigida a empresas españolas para que hagan frente al pago de proveedores, compra de mercancías o renovación de activos, entre otras gestiones. El máximo que se puede conceder es de 12,5 millones de euros para realizar operaciones de liquidez o inversiones.

Los préstamos se pueden solicitar hasta el 21 de diciembre. El beneficiario puede solicitar un préstamo o leasing para cubrir inversiones y préstamo o crédito si busca liquidez. Siempre cubrirán hasta el 100% de los proyectos objeto de subvención. Las condiciones de devolución en el primer caso es de 1 a 4 años con 0 o 1 de carencia. En el segundo supuesto, tendrá la misma carencia si el préstamo es inferior a 10 años y se puede ampliar a 2 años de carencia si se solicita entre 12 y 20 años. En cualquier modalidad, el interés podrá ser fijo o variable. Si se concede un interés variable, según el propio ICO, la revisión del tipo se hará cada 6 meses.

La Tasa Anual Equivalente (TAE) aplicable a la operación estará compuesta por el coste de la comisión inicial que en su caso aplique el banco más el tipo de interés. El TAE para operaciones a plazo igual a 1 año si es tipo fijo o variable alcanza el 2,30%; hasta los 4 años será del 4% y hasta 20 ascenderá al 4,3%.

Los conceptos financiables son activos fijos productivos nuevos o de segunda mano. Compra de vehículos, cuyo precio no supere los 30.000 euros más IVA. Los vehículos industriales podrán financiarse en un 100%. También la adquisición de empresas y otros activos para la misma; el pago de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o impuestos de la misma categoría y reforma de instalaciones.

Plazos

Se podrán sufragar las inversiones que se hayan realizado antes de la firma de la operación, siempre que no se hubieran comprado antes del 1 de enero de 2017. Desde la fecha de firma de la operación el cliente dispondrá de un año para realizar la compra objeto de financiación.

Hay que destacar que la concesión definitiva del préstamo dependerá en todo caso de la entidad financiera a la que se solicite el préstamo.

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Así es la reforma que plantea el Gobierno para mejorar el cálculo de su pensión

Fuente: EXPANSION.COM

El Gobierno ha planteado la ampliación voluntaria a toda la vida laboral del periodo de cotización exigido para calcular la cuantía de la pensión.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha planteado que el trabajador que lo desee pueda esgrimir que la pensión se calcule con la cotización de toda su vida laboral. Báñez abre así la puerta a una de las grandes reformas que tiene pendientes la Seguridad Social para garantizar el sistema de pensiones.

Como publicó ayer EXPANSIÓN, en realidad, la ministra ha introducido el matiz de que el trabajador pueda hacerlo de forma voluntaria, lo que evita una reacción conflictiva de los sindicatos y de la izquierda parlamentaria. Como se aprecia en los cuadros que figuran en esta misma página, ya muchos países de la Unión Europea obligan a cotizar toda la vida laboral -entre 35 y 40 años- para calcular la cuantía de la pensión. Los hitos más importantes que explican la propuesta de Báñez son los siguientes:

¿Por qué plantea Fátima Báñez la ampliación voluntaria del periodo exigido de cotización a toda la vida laboral? Báñez, que se hace eco de una propuesta del Partido Popular en la Comisión del Pacto de Toledo, busca compensar a la multitud de trabajadores que han sido despedidos en los últimos años de su vida laboral. Normalmente, son empleados antiguos, con una elevada cotización a la Seguridad Social, que disminuye bruscamente al estar en desempleo. Por esta razón, el Gobierno plantea a la oposición la posibilidad de que, en lugar de los últimos años de su vida laboral, el trabajador pueda escoger la contribución que ha hecho durante toda su vida a la Seguridad Social para poder reunir más derechos con vistas a su pensión. Hay que tener en cuenta que muchos empleados salen de sus empresas con una prejubilación a partir de los 50 años.

Opción del trabajador al descarte de los peores años de cotización. La propuesta del PP en la Comisión del Pacto de Toledo abre también la posibilidad de que el trabajador con una larga carrera de cotización pudiera descartar los últimos años de su vida laboral si éstos han sido tan malos, por haber ido al desempleo, que terminen bajando su pensión futura. Según explica Gerardo Camps, portavoz del PP en la Comisión del Pacto de Toledo, por ejemplo, un trabajador que haya cotizado 42 años de su vida laboral y, por lo tanto, con el periodo de contribución cumplido -38 años en 2027-, tendría la opción de pedir a la Seguridad Social que no tuviera en cuenta sus últimos cuatro años de cotización si, en ese periodo hubiese contribuido menos por tener un trabajo de peor calidad o, por haber estado en el paro.

No se trata pues de que el trabajador pueda escoger los 25 años más favorables de su carrera laboral. Eso sería un disparate, porque, entre otras cosas, el sistema tendría graves problemas de financiación, si todo el mundo escoge sus mejores años de cotización. Ésa no es la reforma que está planteando el Gobierno.

¿Qué es el período de cotización obligatorio para calcular la cuantía de la pensión? Es uno de los llamados factores paramétricos que sirven a la Seguridad Social para abonar la primera pensión al nuevo jubilado. Tiene en cuenta los años que ha contribuido el trabajador para intentar equilibrar el esfuerzo de cotización durante la vida laboral con la pensión que cobrará al llegar a la jubilación.

¿Cuál es el tiempo obligatorio de cotización actual en España para calcular la prestación? Este año la pensión se calcula con los últimos 21 años de toda la vida laboral. En realidad, el también llamado periodo de cómputo está en un periodo transitorio, que comenzó en 2013 y acabará en 2022. En este tiempo, pasará desde los 15 a los 25 años de cotización.

¿Por qué en España no se ha contemplado toda la vida laboral como en otros países de la Unión Europea? Por varias razones. La primera es porque los sindicatos se han opuesto siempre a esa reforma. Incluso, la primera ampliación del periodo de cómputo, desde los dos a los ocho años, fue saludada en 1985 con una huelga general convocada por CCOO. La huelga fue un fracaso, pero ahí empezó el camino del histórico enfrentamiento en el socialismo español entre el Gobierno de Felipe González, y la UGT de Nicolás Redondo. En 1997, con el respaldo de los sindicatos, el periodo de cómputo pasó de 8 a 15 años. Con la transición actual desde los 15 a los 25 años, el Gobierno del PSOE en 2011 consiguió que los sindicatos respaldasen la última reforma. Sin embargo, algunos expertos opinan que la entrada plena en vigor de esta reforma, en 2022, es muy tarde, como en 2027, la del pleno retraso de la edad de jubilación, desde los 65 a los 67 años.

Curiosamente, hasta ahora la ampliación del periodo de cotización exigido a toda la vida laboral era una medida regresiva. La razón es que en el cálculo de la pensión también entraban los primeros años de la vida laboral, cuando los sueldos son más bajos.

¿Hay razones técnicas para explicar por qué España contempla toda la cotización laboral para calcular la pensión? Cuando la Seguridad Social calculó ampliar el periodo de cómputo a toda la vida laboral se dio cuenta de que no podía hacerlo para los trabajadores con largas carreras laborales. En su conversión informática de los archivos de papel sólo podía reconstruir la vida laboral hasta la mitad de los años ochenta. Posteriormente, ha ido avanzando. Hoy en día todas las empresas están obligadas a informar a la Seguridad Social por vía telemática.

¿Es lo mismo una prejubilación que una jubilación? No. Ésta es una de las claves de la propuesta de Báñez. La prejubilación ha sido hasta ahora una práctica habitual de las empresas para prescindir de trabajadores mayores de 50 años. Habitualmente, muchas de estas personas se hacen autónomos -entre otras cosas, cobrando el paro de golpe- para poder llegar cuando menos a la jubilación anticipada. Ahí es cuando la Seguridad Social se hace cargo de ellos. Pero en la jubilación anticipada estos trabajadores pierden pensión en función de los años que les falten para llegar a la edad legal para cobrar toda la prestación. Prejubilación no existe como término jurídico en la Seguridad Social.

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La UE sacará de su lista negra de paraísos fiscales a Panamá y otros siete países

Fuente: ABC.ES

La Unión Europea (UE) prevé sacar de su lista negra de paraísos fiscales a Panamá, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Granada, Macao, Mongolia y Túnez, con lo que el repertorio aprobado en diciembre pasará de 17 a solo nueve jurisdicciones. La decisión llega después de que estos países hayan presentado «compromisos de alto nivel político» que ya «han sido analizados», señalaron estas fuentes.

Los Estados pasarán así a la conocida como lista gris, que incluye a aquellas jurisdicciones que no cooperan en materia de fiscalidad con la Unión Europea pero que se han comprometido a tomar medidas para corregir esta situación.

Los ministros de Economía y Finanzas de los Veintiocho tienen previsto dar luz verde al cambio como punto sin discusión en el consejo que celebrarán el próximo martes en Bruselas.

La UE adoptó el 5 de diciembre de 2017 su primera lista negra de paraísos fiscales que incluía a diecisiete países, de los que, tras la modificación, solo quedarán nueve: Samoa Americana, Baréin, Guam, Islas Marshall, Namibia, Palaos, Samoa, Santa Lucía y Trinidad y Tobago.

Para configurar esta lista de jurisdicciones que no cooperan con la UE en materia fiscal, los Estados miembros analizaron 92 territorios para comprobar si cumplían ciertos criterios en materia de fiscalidad justa, erosión de la base imponible y traslado de beneficios de un territorio a otro.

En total 64 no cumplían con los criterios, pero 47 de ellos se comprometieron a adoptar modificaciones en su legislación hasta finales de 2018 con lo que pasaron a una lista intermedia o gris.

La UE analizará periódicamente si estas jurisdicciones respetan los compromisos adoptados e irá actualizando las listas en consecuencia. Bruselas siempre ha defendido que uno de los objetivos de la lista negra era que el mero hecho de señalar a los países les alentase a tomar medidas.

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