Blog de Asesoría Duart Ferrís. Asesoría de empresas en Benifaió (Valencia)

El Gobierno adapta la directiva europea contra el blanqueo

Fuente: ELECONOMISTA.ES

El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto ley para transponer y adaptar a la normativa española las exigencias europeas recogidas en la IV Directiva de prevención de blanqueo de capitales. El Gobierno incrementa así los límites máximos en las multas, aunque mantiene la clasificación existente en el régimen sancionador. Además, el texto aprobado por el Ejecutivo impulsa las denuncias de particulares -denominadas whistleblowing- mediante la creación de canales de denuncia tanto públicos como en el ámbito de los propios sujetos obligados de la ley.

El régimen de prevención de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo vigente en España incorpora ya la mayor parte de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) de febrero de 2012 y, con ello, la implementación anticipada de gran parte de los contenidos de la Directiva. Sin embargo, su transposición acumulaba tal retraso que ha sido objeto de procesos de infracción abiertos por la Comisión Europea.

Por otra parte, el real decreto ley establece la obligatoriedad de crear un registro de prestadores de servicios a sociedades. Finalmente se requiere de manera específica a los sujetos obligados que apliquen medidas de diligencia reforzada respecto de las relaciones de negocio que mantengan con personas o entidades relacionadas con los países que la Comisión Europea ha determinado que tienen deficiencias estratégicas en sus sistemas de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales.

Movilidad de trabajadores

Mediante el real decreto ley aprobado ayer también se transpone totalmente al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/50, relativa a los requisitos mínimos para reforzar la movilidad de los trabajadores entre Estados miembros mediante la mejora de la adquisición y el mantenimiento de los derechos complementarios de pensión. Asimismo, se extiende la aplicación de dichos derechos a la movilidad nacional, por lo que se reconocerán estos derechos a los trabajadores que cambien de empleo dentro del territorio español.

El real decreto-ley modifica la disposición adicional primera del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones. El objetivo de la norma es reducir los obstáculos a la movilidad de los trabajadores derivados de ciertos requisitos -antigüedad y edad- que las empresas imponen para adquirir derechos en los sistemas complementarios para jubilación establecidos en las empresas.

Así, en la nueva normativa aprobada ayer se establece que la edad mínima que se exija para acceder a esos derechos no puede superar los 21 años y que el periodo de antigüedad mínimo para consolidar los derechos en la empresa no puede superar los tres años.

La Directiva prevé el reconocimiento de derechos de pensión adquiridos en favor de los trabajadores que cesen la relación laboral antes de la jubilación a partir del 21 de mayo de 2018, fecha límite de la transposición.

“Es, por tanto, urgente la incorporación de lo establecido en la normativa comunitaria al ordenamiento jurídico español, puesto que la falta de reconocimiento legal de este derecho a partir de la fecha establecida genera una situación de incertidumbre e inseguridad jurídica que compromete los derechos de los trabajadores”, asegura el Ministerio de Economía y Empresa en una nota.

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Tres nuevos gastos que sí serán deducibles en autónomos

Fuente: CINCODIAS.ELPAIS.COM

La nueva Ley de Autónomos remodela los gastos que sí serán deducibles para este tipo de profesionales. A continuación se presentan los tres casos que, con la entrada en vigor de la nueva normativa, tendrán la consideración de gasto deducible, para la determinación del rendimiento neto de estimación directa:

Primas de seguro por enfermedad. Los gastos que afronta el autónomo correspondientes a su propia cobertura por enfermedad, a la de su cónyuge y a la de sus hijos menores de veinticinco años serán gastos deducibles. La normativa establece que el límite máximo deducible será de 500 euros por cada persona. Así, el trabajador por cuenta propia que pague coberturas sanitarias de cuatro personas podrá deducirse hasta 2.000 euros. En el caso de que uno de sus familiares sea discapacitado, o lo sea él mismo, el tope de deducciones será de hasta 1.500 euros por persona.

Deducciones en los recibos para los autónomos que trabajen desde casa. En aquellos casos que el trabajador por cuenta propia trabaje desde su domicilio. Con la nueva normativa podrá deducirse un 30% de los recibos de agua, gas, electricidad, telefonía e Internet. El porcentaje, se aplicará a la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie total, salvo que se pruebe un porcentaje superior o inferior.

Gastos de manutención. Cuando el trabajador autónomo realice gastos en establecimientos de restauración y hostelería debido al desarrollo de su actividad económica podrá tener deducciones. Eso sí, estos gastos deben efectuarse mediante pago electrónico y dentro de los límites establecidos para las dietas y asignaciones para gastos normales de manutención de los trabajadores.

Con la deducción por manutención los autónomos podrán deducirse hasta 26,67 euros al día. Es decir, los trabajadores por cuenta propia que gasten 26 euros en comer al día, unos 5.720 euros al año, recibirán 1.200 euros. Los 1.200 euros al año no irán a parar al bolsillo de todos los profesionales, puesto que, para recibirlos, tendrían que tener un gasto de unos 5.720 euros en comidas al año.

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Así puede aprovechar el autónomo la ayuda del contrato de formación

Fuente: CINCODIAS.ELPAIS.COM

Contratar a nuevos trabajadores favoreciendo que puedan formarse mientras trabajan es el objetivo de las ayudas que se otorgan a las empresas que formalicen un contrato de formación y que cumplan con unos determinados requisitos.

La guía de contratos de trabajo que acaban de actualizar los Servicios Públicos de Empleo pone de manifiesto que este tipo de contratos se deben hacer a jóvenes desempleados inscritos en la Oficina de Empleo, que sean menores de 30 años o menores de 35 años si tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

Además, los nuevos trabajadores deberán haber estado inscritos ininterrumpidamente en la oficina de empleo al menos doce meses durante los dieciocho anteriores a la contratación, no tener experiencia laboral o que esta sea inferior a tres meses, proceder de otro sector de actividad, carecer de título oficial de enseñanza obligatoria, de título de formación profesional o de certificado de profesionalidad o ser beneficiario del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Indefinido o duración determinada

El contrato será por tiempo indefinido o de duración determinada. Si la jornada es a tiempo parcial, ésta no podrá ser superior al 50% de la correspondiente a un trabajador a tiempo completo comparable, salvo en el caso de personas beneficiarias del Sistema Naciaonal de Garantía Juvenil que podrá alcanzar el 75% de la jornada. Y el contrato se formalizará por escrito.

Los trabajadores deberán compatibilizar el empleo con la formación o justificar haberla cursado en los seis meses previos a la celebración del contrato. La formación que no será necesario que esté vinculada específicamente al puesto de trabajo objeto del contrato.

A esta modalidad de contratación se podrán acoger los autónomos o las empresas que no hayan tomado en los seis meses anteriores decisiones improcedentes. Además, deberán mantenerse el nivel de empleo alcanzado con el contrato durante, al menos un periodo equivalente a la duración de dicho contrato con un máximo de doce meses desde su celebración.

Si cumplen todas estas condiciones se obtendrán beneficios como una bonificación del 100% de la cuota de la Seguridad Social si la plantilla en la empresa es menor de 250 trabajadores o del 75% si supera ese número de trabajadores. La bonificación será por un máximo de 12 meses, pero se podrá prorrogar otro año si el trabajador sigue compatibilizando el empleo con la formación seis meses antes de la finalización del año.

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Una vivienda ‘ocupada’ está exenta de la imputación de rentas

Fuente: ELECONOMISTA.ES

Un inmueble vacío que es ocupado ilegalmente por terceros en contra de la voluntad del propietario, habiéndose iniciado un procedimiento de desahucio, siempre que quede debidamente acreditada, queda excluida de la imputación de rentas inmobiliarias previsto en el artículo 85.1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF) desde el momento en que inició dicho procedimiento y sin necesidad de esperar a su resolución.

Así, lo reconoce la Dirección General de Tributos (DGT) en una consulta vinculante de 28 de mayo de 2018, en la que explica que en principio procedería la imputación de rentas inmobiliarias por la vivienda de la que es propietario el consultante, al no estar afecta a una actividad económica ni ser generadora de rendimientos del capital, a lo que se une que no se trata de un inmueble en construcción ni de un inmueble que, por razones urbanísticas, no sea susceptible de uso.

Se razona en la consulta vinculante, que aunque no pueda hablarse lógicamente en el presente supuesto de la existencia de un arrendamiento o una cesión contractual onerosa generadora de rendimientos de capital, debe indicarse que las circunstancias que determinan la exclusión de los inmuebles generadores de rendimientos de capital de la imputación de rentas inmobiliarias, concurren asimismo en el presente supuesto.

Concluye, por lo tanto, que tanto en uno como en otro caso, el uso y disfrute del inmueble urbano están cedidos o corresponden a un tercero, sin que en ninguno de las dos situaciones el propietario puede recuperar el uso del inmueble a su voluntad.

En el caso del arrendamiento o cesión onerosa de carácter voluntario queda obligado a respetar el plazo de duración del arrendamiento establecido en el contrato, y las posibles prórrogas legales, y en el caso del inmueble ocupado ilegalmente, no puede recuperar su posesión hasta que se resuelva el procedimiento judicial iniciado y se concluya la existencia de dicha ocupación, su ilegalidad y el derecho del propietario a recuperar el inmueble.

En el arrendamiento, el propietario tiene derecho a las rentas por la cesión del inmueble, por lo que no procede efectuar la imputación de rentas inmobiliarias por dicho inmueble.

Por el contrario, en el caso de la ocupación ilegal del inmueble, podría surgir un rendimiento de capital inmobiliario equivalente, por la indemnización fijada en la sentencia que resolviera el procedimiento de desahucio, en la parte que correspondiera al lucro cesante o a la compensación por el valor de mercado de dicho uso y disfrute ilegal, si bien la existencia de este último rendimiento y su consiguiente sujeción al Impuesto estaría condicionada a su reconocimiento en la referida sentencia.

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El Gobierno adapta el Reglamento europeo de Protección de Datos a la normativa española

Fuente: ELECONOMISTA.ES

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, a propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, un Real Decreto-ley con medidas urgentes para adaptar el Derecho español al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), norma de la Unión Europea que al entrar en vigor el pasado 25 de mayo impuso importantes modificaciones en la legislación interna, cambios que fueron incorporados a un proyecto de ley orgánica que todavía no ha superado su tramitación parlamentaria.

La entrada en vigor del RGPD provocó, por tanto, un vacío legal que dificulta su aplicación en España, lo que podría dejar desprotegido el derecho fundamental de los ciudadanos a su privacidad. “Por eso era imprescindible y urgente la adopción de una norma con rango de ley que permita la adaptación del Derecho español al reglamento europeo en algunas cuestiones cuya regulación no está reservada a ley orgánica”, aseguran fuentes del Ministerio de Justicia. El Real Decreto-ley aprobado este viernes realiza dicha adaptación y tendrá vigencia sólo hasta el momento en el que las Cortes aprueben el proyecto de ley cuya tramitación parlamentaria sigue pendiente.

La normativa asume el novedoso régimen sancionador del RGPD, reemplaza los tipos infractores previstos en la todavía vigente Ley Orgánica 15/1999 y ratifica el régimen actual en cuanto a la duración de los procedimientos sancionadores

El Real Decreto-ley regula aspectos relacionados con la inspección, el régimen sancionador y el procedimiento de instrucción que son relevantes para la garantía efectiva del derecho a la protección de los datos personales, dado que aportan la seguridad jurídica necesaria sin cuya existencia el modelo europeo de supervisión queda debilitado y, con él, las opciones de los ciudadanos de hacer valer su privacidad.

En este sentido, el Real Decreto-ley fija cuál es el personal competente para realizar las labores de investigación previstas en el RGPD y regula el modo en que podrán desarrollar su actividad de inspección. Asimismo, determina el régimen aplicable al personal de las autoridades de supervisión de otros Estados miembros de la Unión Europea que participen en actuaciones conjuntas de investigación.

Régimen sancionador

El reglamento europeo establece un régimen sancionador aplicable en España, pero no regula cuestiones tan esenciales como los plazos de prescripción o las sanciones, al considerar que deben fijarse en el ordenamiento interno de los Estados. Esos dos factores son básicos para garantizar la seguridad jurídica de los procedimientos abiertos y proteger de manera efectiva los derechos de los ciudadanos.

De no acometer cuanto antes su regulación, sería muy complicado aplicar el régimen sancionador, lo que también debilitaría el sistema de protección de datos y generaría el riesgo de que la Comisión Europea estudiase emprender acciones contra España por incumplimiento de su reglamento general.

El Real Decreto-ley asume el novedoso régimen sancionador del RGPD y reemplaza los tipos infractores previstos en la todavía vigente Ley Orgánica 15/1999. Y ratifica el régimen actual en cuanto a la duración de los procedimientos sancionadores, que será de seis meses, aunque podrán incluir actuaciones previas de investigación durante un plazo máximo de doce meses.

En cuanto a la prescripción de las sanciones, el Real Decreto-ley opta por mantener los mismos tiempos que actualmente establece la Ley Orgánica de Protección de Datos, por lo que fija un plazo de un año para las inferiores a 40.000 euros, dos años para las comprendidas entre 40.000 y 300.000 euros y tres años para las superiores a dicha cuantía. Por otra parte, el reglamento crea un procedimiento de cooperación entre los países de la Unión Europea en los supuestos de tratamientos denominados transfronterizos, con la participación de todas las autoridades implicadas, pero no regula el modo en que el Derecho interno de los Estados habrá de verse afectado como consecuencia de los trámites previstos en la propia norma europea para estos procedimientos.

Procedimientos transfronterizos

La aplicación del RGPD exige en muchos casos recabar el criterio de las autoridades de protección de datos de otros Estados miembros de la Unión Europea para actuar de forma coordinada en aquellos supuestos que afecten a varios países.

Según los datos de la Agencia Española de Protección de Datos, en las dos primeras semanas de aplicación del RGPD se abrieron 17 procedimientos transnacionales referidos, sobre todo, al ejercicio del derecho al olvido, el tratamiento de datos o la política de privacidad y los términos de servicio de grandes entidades tecnológicas. Dichos expedientes tienen un potencial impacto en millones de ciudadanos europeos. Las autoridades de protección de datos de la UE estiman que el número de estos procedimientos transfronterizos podría situarse entre 13.000 a 16.000 al año.

Según Justicia, “era necesario incorporar a la normativa española las especificidades de estos procedimientos transfronterizos y prever aspectos como su suspensión o la interrupción de los plazos de prescripción mientras las autoridades correspondientes revisan dichos procedimientos”.

El reglamento europeo distingue en la práctica tres tipos de tratamientos a los que aplica distintas normas procedimentales: los tratamientos transfronterizos, los transfronterizos con relevancia local en un Estado miembro y aquéllos exclusivamente nacionales. En el caso de los dos primeros supuestos, la regulación europea establece la obligación de que la autoridad principal someta los distintos proyectos de decisión a las restantes autoridades, que dispondrán de plazos tasados para la emisión de “observaciones pertinentes motivadas”, y prevé el sometimiento de la resolución al Comité Europeo de Protección de Datos en caso de no alcanzarse un acuerdo entre todas ellas.

Justicia asegura que todo ello imponía la necesidad de incorporar al procedimiento por presuntas infracciones fases específicas como la admisión a trámite de las reclamaciones o la posibilidad de archivo provisional del expediente en los supuestos en que la Agencia Española de Protección de Datos no tramite la reclamación, pero pueda tener que resolver sobre la misma.

El Real Decreto-ley incluye la previsión de suspender los procedimientos cuando sea necesario recabar el parecer de las autoridades de otros Estados europeos. “De no hacerlo así, esos expedientes podrían caducar, con las consecuencias negativas que ello conlleva no sólo respecto de la aplicación en España del reglamento europeo, sino para la garantía del derecho fundamental de los ciudadanos europeos en su conjunto a su privacidad en aquellos casos en que la Agencia Española de Protección de Datos tuviera la condición de autoridad de control principal”, sostienen fuentes del Minsiterio de Justicia.

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Plazo de ingreso de los recibos del IAE

Si su empresa está obligada a pagar el IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas), recuerde que dicho impuesto:
• Puede tener el carácter de municipal. Apunte. En ese caso, quien se encarga de su gestión y recaudación suele ser el Ayuntamiento o la Diputación.
• O bien puede ser provincial o nacional, en cuyo caso es la AEAT quien realiza su gestión.
Pues bien, si satisface cuotas provinciales o nacionales, sepa que recientemente se ha modificado el plazo de ingreso en período voluntario de las cuotas correspondientes al ejercicio 2018, que ahora deberá realizarse desde el día 17 de septiembre hasta el día 20 de noviembre de 2018 (ambos incluidos).

Link: BOE

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