Blog de Asesoría Duart Ferrís. Asesoría de empresas en Benifaió (Valencia)

Así funciona el Incremento de valor de los bienes de naturaleza urbana

Fuente:FINANZAS.COM

El impuesto municipal conocido coloquialmente como plusvalía lo regula en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. Está de actualidad desde que ha sido puesto en entredicho. Ya en febrero de 2017 el Tribunal Constitucional había anulado en parte la norma foral vasca y presagiaba movimientos en la legislación estatal. Así, el Tribunal Constitucional dictó la sentencia 59/2017, de 11 de mayo, y declaró la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 del Texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales. Por lo tanto, se declaró inconstitucional que: “la base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años”.

Una primera aproximación a lo expuesto parece señalar la derogación del impuesto por falta de hecho imponible. Pero no es así. El Tribunal Constitucional derogó únicamente el impuesto en cuanto se sometan a tributación transmisiones sin incrementos de valor de los terrenos en dicho momento.

La pregunta que se plantea es: ¿A quién corresponde acreditar el incremento? Y sólo caben dos respuestas: la Administración actuante o el contribuyente.
La praxis judicial general analizaba en cada caso la existencia o no de aumento de valor del terreno a la vista de la reclamación del contribuyente, las pruebas que aportaba y la denegación de la administración. Esto es, se partía de la presunción de incremento y la carga de la prueba de su inexistencia recaía en el contribuyente.

Sin embargo, la sentencia constitucional aludida cierra el paso a cualquier tipo de presunción sobre la existencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, en tanto el legislador no lo establezca expresamente. Y esta afirmación deriva del respeto obligado al artículo 31 de la Constitución, que pregona un sistema tributario justo, en igualdad y progresivo. En consecuencia, el legislador deberá fijar una presunción legal iuris tantum de la existencia de incremento con posibilidad de prueba en contrario. Será necesario que los Ayuntamientos acrediten la existencia de ese aumento de precio si les es discutido por el contribuyente (a través de una prueba pericial pública o privada); y en las autoliquidaciones deberán permitir el recurso, y en caso de que se alegue la inexistencia de incremento de valor deberá ser estimado, salvo que a través de la antedicha pericial municipal se acredite que sí existe ese incremento. Esto es, tras la Sentencia de 11 de mayo de 2017, una correcta interpretación de los artículos 104 y siguientes del TRLHL conlleva que corresponde al Ayuntamiento la carga de probar la existencia de hecho imponible.

Pero ya ha surgido una nueva polémica en Santander: se interpreta que, hasta que se regule de nuevo el impuesto, la Administración local no puede decir cómo se determina o no el incremento, o qué procedimiento o prueba cabe; y añade que tampoco el juez puede hacerlo porque no le compete legislar. En definitiva, considera expulsada la norma del ordenamiento. Una vez declarada la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos que son base del acto liquidatorio impugnado, éste queda anulado e impide al Ayuntamiento liquidar el impuesto hasta que el legislador no dicte nueva norma.

Esta interpretación novedosa y maximalista, – en caso de aplicación directa-, conllevaría un grave perjuicio para las arcas municipales y podría ser contraria a los intereses generales si impidiera la prestación de ciertos servicios públicos necesarios.

El Tribunal Supremo recibió este problema jurídico y dictó el Auto de 27 de diciembre de 2017, de admisión del recurso de casación por interés casacional. Se obligó a determinar, en un futuro inmediato, si la inconstitucionalidad de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 del TRLHL , declarada por la sentencia expresada del Tribunal Constitucional, impone la anulación de las liquidaciones y el reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos en las solicitudes de rectificación de autoliquidaciones por el IIVTNU, en todo caso, sin entrar a valorar la existencia o no en cada caso de una situación inexpresiva de capacidad económica, como defiende el juzgado. El motivo: garantizar la seguridad jurídica, la igualdad en la aplicación de la ley y el respeto de la reserva de ley en materia tributaria… Estamos a la espera de la solución judicial y legal al problema.

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Un poco de luz acerca de la responsabilidad tributaria de carácter solidario

Fuente: CINCODIAS.ELPAIS.COM

La responsabilidad solidaria en el pago de deudas tributarias por parte de quienes colaboren en la ocultación y/o transmisión de bienes con la intención de sustraerlos al procedimiento ejecutivo de cobro –impidiendo así su embargo– ha sido recientemente objeto de análisis por parte del Tribunal Económico Administrativo Central (“TEAC”).

El Tribunal, en resolución al recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio (Resolución 5957/2017, de 26 de abril de 2018) se ha pronunciado acerca de los presupuestos de hecho de la declaración de responsabilidad tributaria regulada en el artículo 42.2 a) de la Ley 58/2003, General Tributaria (“LGT”).

El citado artículo establece que quienes “sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración Tributaria”, serán responsables solidarios del pago de la deuda tributaria pendiente. Dicha responsabilidad queda limitada al valor de los bienes que hubiesen podido venderse o embargarse por la Administración Tributaria.

En el caso objeto de análisis, el deudor principal, administrador y partícipe de varias sociedades dedicadas a la compraventa y reparación de vehículos – sociedades inactivas, en proceso concursal o con deudas en proceso de embargo – realizó una donación de 120.000 euros en favor de su hijo.

La cantidad donada se reinvirtió por el hijo, también dedicado a la actividad de compraventa y reparación de vehículos, en la compraventa de su primera vivienda, vivienda que precisamente constituía la residencia habitual de él mismo y de sus padres.

En base a los hechos brevemente expuestos, el 8 de enero de 2015, la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (“AEAT”) de Andalucía dictó acuerdo en virtud del cual declaraba responsable solidario de la deuda tributaria del deudor principal al donatario (esto es, a su hijo).

El citado acuerdo fue recurrido ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía (“TEAR”).

El reclamante, hijo del deudor principal, fundamentó su pretensión en el desconocimiento por su parte de la existencia de deudas del deudor principal.

Asimismo, recalcó el hecho de que, si bien en el acuerdo de derivación de responsabilidad se hacía referencia a la existencia de determinados bienes inmuebles titularidad del deudor principal, lo cierto es que dicha referencia no era precisa ya que no se identificaban los bienes inmuebles cuya ejecución se pretendió. Es más, en el expediente no solo no quedó acreditada ninguna actuación por parte de la Administración contra dichos bienes, sino que el propio recurrente señaló la existencia de dichos bienes.

Pese a ello, la Administración dictó acuerdo de derivación de responsabilidad, al considerar que no era necesaria la previa declaración de deudor fallido al tratarse de un supuesto de derivación de responsabilidad de carácter solidario.

El TEAR discrepó de la postura administrativa al entender que, pese a no ser necesaria la previa declaración del deudor principal como deudor fallido, sí era necesario acreditar la ausencia de bienes suficientes para hacer frente a las deudas tributarias en sede del deudor principal, y ello por cuanto que fue la propia Administración quien señaló dicha ausencia como indicio de la conducta culposa del reclamante.

Así, y citando al propio TEAR “Lo que ocurre, es que en el presente caso entiende este Tribunal, que a pesar de que dichos indicios pudieran llevar a pensar inequívocamente que pueda existir esa voluntad maliciosa requerida por el articulado tributario para este supuesto de responsabilidad, dichos argumentos han de ceder ante la existencia de bienes en el patrimonio del deudor con los que hacer frente a la deuda.”

A la vista de lo expuesto, el citado Tribunal declaró la contrariedad a derecho del acuerdo de derivación de responsabilidad.

La directora del Departamento de Recaudación de la AEAT interpuso contra dicha resolución recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio.

El TEAC, pese a no admitir a trámite el recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio interpuesto, realizó una serie de apreciaciones, de gran trascendencia a los efectos de la declaración de responsabilidad solidaria prevista en el artículo 42.2 a).

El Tribunal señaló que era posible la declaración de responsabilidad solidaria pese a existir bienes susceptibles de ejecución o transmisión, en del deudor principal.

No obstante, si la ausencia de tales bienes fuera tenida en cuenta por la Administración para apreciar la conducta culposa del pretendido deudor solidario, de demostrarse lo contrario –esto es, la existencia de bienes en sede del deudor principal– la conformidad a derecho del acuerdo de derivación de responsabilidad podría cuestionarse.

Para el Tribunal, la existencia o inexistencia de bienes en sede del deudor principal no es relevante. Tampoco el destino que el presunto deudor solidario pretenda dar al patrimonio del deudor principal lo es.

¿Qué elemento consideró la Administración como esencial a la hora de declarar la responsabilidad solidaria? La respuesta es la intencionalidad maliciosa del responsable basada en su conocimiento de que la donación, unida a la inexistencia de bienes realizables de titularidad del deudor principal, determinaría el perjuicio de la acción recaudatoria.

Y en ese escenario el TEAC declara de forma contundente que, si ese es uno de los indicios base de la declaración de responsabilidad, su enervación por parte del responsable acreditando la existencia de bienes sobre los que la Administración podría haber actuado, más aún cuando eran conocidos por la misma, determinaría el decaimiento de dicha declaración.

Como conclusión, en los supuestos de exigencia de responsabilidad solidaria al amparo del artículo 42.2 LGT, en la medida en que pueda acreditarse que la actuación del eventual responsable solidario no conlleva una colaboración consciente en favor de una despatrimonialización del deudor principal que impida la actuación de la Administración Tributaria, la declaración de responsabilidad podría ser cuestionada.

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El TJUE declara excesivas las multas fijadas por la ley antiblanqueo española

Fuente: CINCODIAS.ELPAIS.COM

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto que la libertad de circulación de capitales, se opone a una normativa de un Estado miembro, como la española, que establece que el incumplimiento de la obligación de declarar sumas elevadas de dinero efectivo que entren o salgan de su territorio, se sancione con una multa de hasta el doble del importe no declarado.

Esta sentencia responde así a la cuestión planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al que llegó el caso de un ciudadano chino que viajaba en avión de Gran Canaria a Hong Kong haciendo escala en Madrid y Ámsterdam con 92.900 euros en dinero efectivo en su equipaje. Hecho que se descubrió durante un control efectuado en la escala en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Este dinero fue incautado, previa deducción de la cantidad de 1 000 euros, correspondiente al mínimo de supervivencia establecido Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Meses más tarde el Ministerio de Economía y Competitividad, impuso una multa administrativa de 91.900 euros al nacional chino, teniendo en cuenta, como circunstancias agravantes, la notoria cuantía del importe no declarado, la falta de acreditación del origen lícito del dinero efectivo, la incoherencia de las declaraciones del interesado sobre su actividad profesional y el hecho de que el dinero efectivo se encontrara en un lugar que mostraba la intención deliberada de ocultarlo. El hombre recurrió entonces la multa ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, invocando la vulneración del principio de proporcionalidad.

El tribunal español decidió interponer una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo para que éste interpretase el Reglamento relativo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo de la Comunidad y determinase su alcance y compatibilidad con la legislación española antiblanqueo.

En su sentencia, el TJUE señala, en primer lugar, que puesto que el nacional chino debía salir del territorio de la Unión por el aeropuerto de Ámsterdam, según el Reglamento estaba obligado a declarar el dinero efectivo a las autoridades competentes neerlandesas, no a las autoridades españolas.

Asimismo, declara el tribunal que la finalidad de la Ley española y del Reglamento no consiste en castigar posibles actividades fraudulentas o ilícitas, sino el incumplimiento de una obligación de declaración. Por tanto, atendiendo a dicha finalidad, considera que la normativa española es desproporcionada, puesto que excede de lo que resulta necesario para garantizar el cumplimiento de esa obligación de declaración.

El Tribunal de Justicia señala que la desproporción radica en el hecho de que el importe máximo de la multa pueda ascender hasta el doble de la cuantía de dinero efectivo no declarada como sucede en este asunto. Sin embargo, el Reglamento no se opone, en principio, a la normativa de un Estado miembro imponga obligaciones de declaración distintas a las que él establece, de modo que los Estados miembros pueden llevar a cabo controles nacionales de los movimientos de dinero efectivo dentro de la Unión.

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Así funciona el Incremento de valor de los bienes de naturaleza urbana

Fuente: finanzas.com

El impuesto municipal conocido coloquialmente como plusvalía lo regula en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. Está de actualidad desde que ha sido puesto en entredicho. Ya en febrero de 2017 el Tribunal Constitucional había anulado en parte la norma foral vasca y presagiaba movimientos en la legislación estatal. Así, el Tribunal Constitucional dictó la sentencia 59/2017, de 11 de mayo, y declaró la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 del Texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales. Por lo tanto, se declaró inconstitucional que: “la base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años”.

Una primera aproximación a lo expuesto parece señalar la derogación del impuesto por falta de hecho imponible. Pero no es así. El Tribunal Constitucional derogó únicamente el impuesto en cuanto se sometan a tributación transmisiones sin incrementos de valor de los terrenos en dicho momento.

La pregunta que se plantea es: ¿A quién corresponde acreditar el incremento? Y sólo caben dos respuestas: la Administración actuante o el contribuyente.
La praxis judicial general analizaba en cada caso la existencia o no de aumento de valor del terreno a la vista de la reclamación del contribuyente, las pruebas que aportaba y la denegación de la administración. Esto es, se partía de la presunción de incremento y la carga de la prueba de su inexistencia recaía en el contribuyente.

Sin embargo, la sentencia constitucional aludida cierra el paso a cualquier tipo de presunción sobre la existencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, en tanto el legislador no lo establezca expresamente. Y esta afirmación deriva del respeto obligado al artículo 31 de la Constitución, que pregona un sistema tributario justo, en igualdad y progresivo. En consecuencia, el legislador deberá fijar una presunción legal iuris tantum de la existencia de incremento con posibilidad de prueba en contrario. Será necesario que los Ayuntamientos acrediten la existencia de ese aumento de precio si les es discutido por el contribuyente (a través de una prueba pericial pública o privada); y en las autoliquidaciones deberán permitir el recurso, y en caso de que se alegue la inexistencia de incremento de valor deberá ser estimado, salvo que a través de la antedicha pericial municipal se acredite que sí existe ese incremento. Esto es, tras la Sentencia de 11 de mayo de 2017, una correcta interpretación de los artículos 104 y siguientes del TRLHL conlleva que corresponde al Ayuntamiento la carga de probar la existencia de hecho imponible.

Pero ya ha surgido una nueva polémica en Santander: se interpreta que, hasta que se regule de nuevo el impuesto, la Administración local no puede decir cómo se determina o no el incremento, o qué procedimiento o prueba cabe; y añade que tampoco el juez puede hacerlo porque no le compete legislar. En definitiva, considera expulsada la norma del ordenamiento. Una vez declarada la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos que son base del acto liquidatorio impugnado, éste queda anulado e impide al Ayuntamiento liquidar el impuesto hasta que el legislador no dicte nueva norma.

Esta interpretación novedosa y maximalista, – en caso de aplicación directa-, conllevaría un grave perjuicio para las arcas municipales y podría ser contraria a los intereses generales si impidiera la prestación de ciertos servicios públicos necesarios.

El Tribunal Supremo recibió este problema jurídico y dictó el Auto de 27 de diciembre de 2017, de admisión del recurso de casación por interés casacional. Se obligó a determinar, en un futuro inmediato, si la inconstitucionalidad de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 del TRLHL , declarada por la sentencia expresada del Tribunal Constitucional, impone la anulación de las liquidaciones y el reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos en las solicitudes de rectificación de autoliquidaciones por el IIVTNU, en todo caso, sin entrar a valorar la existencia o no en cada caso de una situación inexpresiva de capacidad económica, como defiende el juzgado. El motivo: garantizar la seguridad jurídica, la igualdad en la aplicación de la ley y el respeto de la reserva de ley en materia tributaria… Estamos a la espera de la solución judicial y legal al problema.

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Un poco de luz acerca de la responsabilidad tributaria de carácter solidario

Fuente: CINCODIAS.ELPAIS.COM

La responsabilidad solidaria en el pago de deudas tributarias por parte de quienes colaboren en la ocultación y/o transmisión de bienes con la intención de sustraerlos al procedimiento ejecutivo de cobro –impidiendo así su embargo– ha sido recientemente objeto de análisis por parte del Tribunal Económico Administrativo Central (“TEAC”).

El Tribunal, en resolución al recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio (Resolución 5957/2017, de 26 de abril de 2018) se ha pronunciado acerca de los presupuestos de hecho de la declaración de responsabilidad tributaria regulada en el artículo 42.2 a) de la Ley 58/2003, General Tributaria (“LGT”).

El citado artículo establece que quienes “sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración Tributaria”, serán responsables solidarios del pago de la deuda tributaria pendiente. Dicha responsabilidad queda limitada al valor de los bienes que hubiesen podido venderse o embargarse por la Administración Tributaria.

En el caso objeto de análisis, el deudor principal, administrador y partícipe de varias sociedades dedicadas a la compraventa y reparación de vehículos – sociedades inactivas, en proceso concursal o con deudas en proceso de embargo – realizó una donación de 120.000 euros en favor de su hijo.

La cantidad donada se reinvirtió por el hijo, también dedicado a la actividad de compraventa y reparación de vehículos, en la compraventa de su primera vivienda, vivienda que precisamente constituía la residencia habitual de él mismo y de sus padres.

En base a los hechos brevemente expuestos, el 8 de enero de 2015, la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (“AEAT”) de Andalucía dictó acuerdo en virtud del cual declaraba responsable solidario de la deuda tributaria del deudor principal al donatario (esto es, a su hijo).

El citado acuerdo fue recurrido ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía (“TEAR”).

El reclamante, hijo del deudor principal, fundamentó su pretensión en el desconocimiento por su parte de la existencia de deudas del deudor principal.

Asimismo, recalcó el hecho de que, si bien en el acuerdo de derivación de responsabilidad se hacía referencia a la existencia de determinados bienes inmuebles titularidad del deudor principal, lo cierto es que dicha referencia no era precisa ya que no se identificaban los bienes inmuebles cuya ejecución se pretendió. Es más, en el expediente no solo no quedó acreditada ninguna actuación por parte de la Administración contra dichos bienes, sino que el propio recurrente señaló la existencia de dichos bienes.

Pese a ello, la Administración dictó acuerdo de derivación de responsabilidad, al considerar que no era necesaria la previa declaración de deudor fallido al tratarse de un supuesto de derivación de responsabilidad de carácter solidario.

El TEAR discrepó de la postura administrativa al entender que, pese a no ser necesaria la previa declaración del deudor principal como deudor fallido, sí era necesario acreditar la ausencia de bienes suficientes para hacer frente a las deudas tributarias en sede del deudor principal, y ello por cuanto que fue la propia Administración quien señaló dicha ausencia como indicio de la conducta culposa del reclamante.

Así, y citando al propio TEAR “Lo que ocurre, es que en el presente caso entiende este Tribunal, que a pesar de que dichos indicios pudieran llevar a pensar inequívocamente que pueda existir esa voluntad maliciosa requerida por el articulado tributario para este supuesto de responsabilidad, dichos argumentos han de ceder ante la existencia de bienes en el patrimonio del deudor con los que hacer frente a la deuda.”

A la vista de lo expuesto, el citado Tribunal declaró la contrariedad a derecho del acuerdo de derivación de responsabilidad.

La directora del Departamento de Recaudación de la AEAT interpuso contra dicha resolución recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio.

El TEAC, pese a no admitir a trámite el recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio interpuesto, realizó una serie de apreciaciones, de gran trascendencia a los efectos de la declaración de responsabilidad solidaria prevista en el artículo 42.2 a).

El Tribunal señaló que era posible la declaración de responsabilidad solidaria pese a existir bienes susceptibles de ejecución o transmisión, en del deudor principal.

No obstante, si la ausencia de tales bienes fuera tenida en cuenta por la Administración para apreciar la conducta culposa del pretendido deudor solidario, de demostrarse lo contrario –esto es, la existencia de bienes en sede del deudor principal– la conformidad a derecho del acuerdo de derivación de responsabilidad podría cuestionarse.

Para el Tribunal, la existencia o inexistencia de bienes en sede del deudor principal no es relevante. Tampoco el destino que el presunto deudor solidario pretenda dar al patrimonio del deudor principal lo es.

¿Qué elemento consideró la Administración como esencial a la hora de declarar la responsabilidad solidaria? La respuesta es la intencionalidad maliciosa del responsable basada en su conocimiento de que la donación, unida a la inexistencia de bienes realizables de titularidad del deudor principal, determinaría el perjuicio de la acción recaudatoria.

Y en ese escenario el TEAC declara de forma contundente que, si ese es uno de los indicios base de la declaración de responsabilidad, su enervación por parte del responsable acreditando la existencia de bienes sobre los que la Administración podría haber actuado, más aún cuando eran conocidos por la misma, determinaría el decaimiento de dicha declaración.

Como conclusión, en los supuestos de exigencia de responsabilidad solidaria al amparo del artículo 42.2 LGT, en la medida en que pueda acreditarse que la actuación del eventual responsable solidario no conlleva una colaboración consciente en favor de una despatrimonialización del deudor principal que impida la actuación de la Administración Tributaria, la declaración de responsabilidad podría ser cuestionada.

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Requisitos para que un autónomo reciba ayudas al contratar

Fuente: CINCODIAS.COM

Qué requisitos debe cumplir un autónomo para recibir ayudas cuando quiere contratar a un joven? ¿Y a un familiar? ¿Y si quiere convertir un contrato en prácticas, de jubilación, de sustitución o de relevo en indefinido? En la actualidad, los profesionales por cuenta propia pueden contratar y recibir algunas ayudas por parte del Estado, siempre y cuando se cumplan una serie de circunstancias que desgranamos a continuación.

Contratar a un joven

Un autónomo o una empresa con nueve o menos trabajadores puede contratar a un joven menor de 30 años y obtener ayudas por su contratación. Para ello deberá no tener ningún vínculo laboral con el trabajador. ni haber celebrado previamente un contrato de estas características.

En estos casos se puede contratar a un menor de 30 años o de 35, en caso de que tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

Entre las condiciones que debe cumplir, destaca mantener contratado al empledo como mínimo 18 meses desde que empiece la relación laboral. Las condiciones no se consideran incumplidas si se extingue el contrato con causas objetivas o despido disciplinario.

El contrato deberá ser por tiempo indefinido, a tiempo completo o parcial y se debe formalizar por escrito. Durante un año el empresario percibirá una bonificación del 100% de las cuotas a la Seguridad Social.

Contratar a un familiar

Para poder contratar a un familiar, éste debe ser cónyuge o pariente hasta el segundo grado de consanguineidad. En este caso el autónomo deberá mantener el nivel de empleo de dicho trabajador durante los seis meses posteriores a la celebración del contrato, que será indefinido a tiempo completo o parcial.

El contrato tendrá que durar un año como mínimo y si se cumplen las condiciones, se percibirá una bonificación del 100% de las cuotas a la Seguridad Social durante un año.

Conversión de un contrato en indefinido

Para obtener las bonificaciones por transformación, deberá estar en vigor el contrato. Los contratos en prácticas a la finalización de su duración inicial o prorrogada, se pueden transformar en indefinidos; los de relevo y de sustitución, también durante su vigencia. De esta medida se beneficiarán las empresas de menos de 50 trabajadores.

Por cada contrato en prácticas, de relevo o de sustitución por anticipación de la edad de jubilación o eventual se percibirán 500 por año durante tres años, y 700 al año si la contratada es una mujer. En el caso de eventual, primer empleo, la jornada pactada debe ser al menos del 50% de la correspondiente a un trabajador a tiempo completo.

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