Blog de Asesoría Duart Ferrís. Asesoría de empresas en Benifaió (Valencia)

Cómo ahorrar para vivir bien hasta los 100 años

Fuente: CINCODIAS.ELPAIS.COM

Empezar a ahorrar cuanto antes y hacerse a la idea de que retrasar la edad de retiro puede ser una opción. Estas son las dos medidas que hay que tomar si queremos mantener el nivel de vida cuando nos jubilemos, si tenemos en cuenta que cada vez vivimos más años y ya no es ciencia ficción pensar en llegar a ser centenarios.

Carlos Esquivias, responsable del departamento de vida y pensiones de Unespa, cree que, aunque el hecho de que la esperanza de vida de las personas sea cada vez mayor es innegable y constituye una noticia positiva, esa realidad no está exenta de desafíos.

“Y quizá el más preocupante de todos es el impacto del incremento paulatino de la longevidad en los sistemas públicos de pensiones”, y recuerda que “en la mayoría de los países de nuestro entorno son sistemas de reparto basados en la solidaridad intergeneracional –las personas que trabajan pagan las pensiones de quienes han accedido a la jubilación–, especialmente vulnerables a la evolución de la demografía”.

El aumento de la esperanza de vida y las perspectivas de menores pensiones hacen necesario empezar a ahorrar cuanto antes

De hecho, como refleja la última edición del Informe Naranja sobre las tendencias de los españoles ante la jubilación, tres de cada cuatro españoles cree que no podrá mantener su nivel de vida actual contando únicamente con el sistema público de pensiones.

En cualquier caso, para poder disfrutar de esa mayor longevidad, “es preciso planificar todo el ciclo vital. Y para eso es imprescindible tener información. Las personas que no saben a qué se enfrentan no pueden decidir qué hacer al respecto. Por ejemplo: los trabajadores que se jubilan no son conscientes de que con la cotización de un año se pagan tres meses y medio de pensión. Eso quiere decir que si vivimos 20 años como jubilados, para poder financiar ese tiempo tendríamos que cotizar casi 70 años”, explican desde BBVA.

Para Enrique Borrajeros, presidente del comité de comunicación de EFPA España, precisamente por esa longevidad las pensiones públicas van a reducirse, con toda probabilidad. Por tanto, vamos a tener que financiar más años y vamos a recibir menos dinero. “Esto determina que si queremos mantener el nivel de vida necesitaremos ahorrar más o asumir más riesgo en la inversión para aspirar a unas rentabilidades más elevadas. Una tercera opción sería retrasar la edad de jubilación, que nos permitiría incrementar el periodo de ahorro, aumentar la pensión y reducir el dinero que vamos a necesitar”.

Longevidad

Cómo ahorrar para vivir bien hasta los 100 años

Vivir más años. Según señalan desde BBVA, aquellas personas que hoy tienen 65 años vivirán de media 19 años más, en el caso de los hombres, y 23 años en el de las mujeres. Este fenómeno previsiblemente continuará creciendo, ya que dentro de 30 años las personas que alcancen en ese momento los 65 años se estima que vivirán, de media, 25 años en el caso de los hombres y casi 29 años en las mujeres.

Para Álvaro Castillo del Carpio, director de desarrollo de negocio de Mapfre Vida, “el concepto de ahorro para la jubilación seguro que se irá modificando en los próximos años por las mayores necesidades que para esta finalidad va a tener la población”. En este sentido, definir las necesidades de ahorro futuro dentro de un contexto de mayor longevidad “puede parecer sofisticado y complejo, más aún cuando el recorrido laboral de las personas es muy amplio y no siempre se tiene certeza de lo que puede ocurrir. Pero puede ser al mismo tiempo bastante sencillo de definir si se tiene claro la pérdida de ingresos que se va a tener al jubilarse”.

La esperanza de vida ha aumentado en más de diez años desde los años setenta. “Hoy se sitúa, de media, en los 83 años y vivimos casi 20 años más después de jubilarnos. Además, tenemos más salud y queremos disfrutar de nuestro retiro profesional”, apunta José Antonio Iglesias, subdirector general comercial de VidaCaixa, “por eso es cada vez más importante planificar con ayuda de un experto y con tiempo suficiente”.

Y es que “no es lo mismo comenzar a planificar la jubilación con 25 años, con un horizonte temporal amplio, que permite ir acumulando un ahorro con el que realizar inversiones con mejores expectativas de rentabilidad en el largo plazo, que empezar a planificarla con 50 años o más, cuando los objetivos suelen centrarse en preservar el capital con posiciones de menor rentabilidad y riesgo”, recuerdan en el Sabadell.

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Moncloa aparca el impuesto a la banca y gravará las transacciones financieras

Fuente: ELECONOMISTA.ES

El Gobierno sigue apostando por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2019 para lanzar subidas de impuestos o nuevos tributos. Pedro Sánchez, presidente del Ejecutivo, confirmó este lunes que esta iniciativa portará tanto el alza fiscal del diésel, por la que este combustible se igualará a la gasolina, como un impuesto a transacciones financieras. Sin embargo, Sánchez, durante su entrevista en el programa Hoy por Hoy de la Ser, evitó referirse o hablar del impuesto a la banca que su Gobierno prometió al inicio de su mandato y que es una de las reclamaciones de Podemos en el marco de las negociaciones para que la formación apoye el techo de gasto gubernamental.

En cambio, fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que el atribulado impuesto a la banca es en realidad el tributo a transacciones financieras antes mencionado, puesto que es la fórmula más factible para ejecutarlo. “Se han analizado muchas medidas y posibilidades para ello y la que parece más factible y viable es esta”, indican a elEconomista, precisando que no hay estimación sobre los ingresos suplementarios que podría generar esta medida tras su puesta en marcha. Con todo, en los presupuestos alternativos que el PSOE presentó este mismo año antes de hacerse con la Presidencia de Gobierno, el impuesto a la banca se planteaba de forma independiente al de transacciones financieras, con una recaudación aproximada de 1.000 millones de euros por cada uno de ellos.

El Gobierno renuncia al impuesto a la banca pero podría subir el IRPF a otros tramos de renta por debajo de 150.000 euros

Los citados impuestos irían acompañados en los próximos Presupuestos por la subida del tipo mínimo del Impuesto de Sociedades al 15%, según indicó María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Se trata de una medida en la que también estaría de acuerdo el partido de Pablo Iglesias, aunque, en cambio, no contaría con el indispensable apoyo de los nacionalistas del PDeCAT.

Las entidades bancarias no solo temen el nuevo impuesto a las transacciones financieras sino también la reforma de Sociedades

Desde que llegó a La Moncloa, se daba por hecho -de acuerdo con los mensajes lanzados- que Sánchez iba a poner en marcha dos impuestos a la banca. Uno finalista, para intentar paliar el déficit de la Seguridad Social, y otro para las transacciones financieras, conocido como tasa Tobin. Con el primero, de acuerdo con su plan lanzado en enero, meses antes de la moción de censura, el PSOE presentó una propuesta para recaudar unos 1.000 millones de euros con una tasa a las entidades financieras para pagar las pensiones. De hecho, este gravamen finalista había levantado ampollas en el sector financiero, ya que no se puede cargar a un colectivo de manera indiscriminada, hasta el punto de que algunos bancos, como el Santander, habían amenazado públicamente con trasladar su sede a otro país debido a la inseguridad jurídica.

Las entidades, además de a estos dos impuestos, se enfrentaban en las últimas semanas a la limitación en Sociedades. Debido a la cantidad tan relevante de activos fiscales diferidos -deducciones por provisiones y pérdidas del pasado- el sector bancario es el más perjudicado por los topes en la usabilidad de estos instrumentos.

Por otro lado, todavía hay cuestiones que afectan al sector financiero y que todavía no se han tocado en la negociación entre el Gobierno y Podemos. Esta semana se va a abordar una nueva regulación para las sociedades de inversión de capital variable (sicav) y de las sociedades cotizadas anónimas de inversión en el mercado (socimis), de manera que estos entes tributen por sus beneficios.

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El Gobierno retrasa dos años la Administración electrónica

Fuente: ELECONOMISTA.ES

Xavier Gil Pecharromán
“La Administración sin papeles, transparente y más ágil y accesible para los ciudadanos y las empresas”, que preveían las Leyes de Procedimiento Administrativo Común y la de Régimen Jurídico del Sector Público, ambas de 2015, tendrán que esperar dos años más para su entrada en vigor.

Así, lo establece el Gobierno en un Real Decreto-Ley (RDL), publicado ayer en el BOE, al considerar que no se han alcanzado los desarrollos tecnológicos y jurídicos precisos para la entrada en vigor de la Administración Electrónica.

Se trata del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Problema competencial

La norma procede a la modificación de la disposición final séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Según ésta, el 2 de octubre de 2018, tenían que entrar en vigor las previsiones de la citada Ley relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y, también al archivo único electrónico.

Se explica en el Preámbulo de la norma que el desarrollo reglamentario que precisa el funcionamiento de algunos aspectos técnicos y procedimentales tales como las notificaciones, el registro de apoderamientos, los funcionarios habilitados o cuestiones sobre los registros generales y archivos, debe adaptarse a lo señalado en la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) 55/2018, de 24 de mayo.

En este fallo, el Pleno del TC sentencia que solo los estatutos pueden quitar, limitar o repartir la potestad reglamentaria en las comunidades autónomas. Por ello, consideró que la Ley 39/2015 incurría en inconstitucionalidad al regular que solo excepcionalmente las consejerías queden habilitadas para adoptar normas reglamentarias.

El TC estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Generalitat de Cataluña contra varios preceptos de la citada norma, al considerar que invadía competencias autonómicas.

Así, dice el Gobierno que es preciso acordar entre las Administraciones Públicas competentes las opciones que permitan una verdadera interoperabilidad respetuosa con sus respectivos ámbitos de competencias. “Este acuerdo será el marco para el diseño de los sistemas tecnológicos que han de dar soporte a los aspectos funcionales interoperables, que en el plazo actual de entrada en vigor no estarán adaptados a estas exigencias”.

En definitiva, reconoce el Ejecutivo que la imposibilidad técnico-organizativa de concluir en los plazos inicialmente previstos los procesos de adaptación a la nueva realidad, obliga a ampliarlos en este real decreto-Ley. “Con ello, se trata de implantar estos instrumentos básicos del funcionamiento de las Administraciones conforme a los principios de eficacia administrativa y garantía de los derechos de los ciudadanos y de los operadores jurídicos y económicos en la tramitación de los procedimientos administrativos, que precisamente son los principios que persigue la Ley 39/2015, de 1 de octubre”, concluye el texto.

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El canal de denuncias sobre blanqueo se hace obligatorio

Fuente: ELECONOMISTA.ES

Todos los sujetos obligados por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, incluidos abogados, procuradores u otros profesionales independientes en aquellas cuestiones que les efactan- deberán contar a partir de ahora con canales específicos para la denuncia interna de conductas contrarias a la ley o a los procedimientos internos de la entidad para permitir el cumplimiento de la misma.

Así, se establece en el Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto, que transpone al Cuarta Directiva europea sobre la materia, y que extienla obligación de crear canales de denuncia a las Administraciones Públicas para que puedan recibirdenucias sobre potenciales incumplimientos por los sujetos obligados sobre las exigencias de la normativa de prevención del blanqueo.

Los sujetos obligados deben establecer procedimientos internos para que sus empleados, directivos o agentes puedan comunicar, incluso anónimamente, información relevante sobre posibles incumplimientos de esta ley, su normativa de desarrollo o las políticas y procedimientos implantados, cometidos en el seno del sujeto obligado.

Estos procedimientos podrán integrarse en los sistemas de cumplimiento legislativo -compliance-establecidos para la comunicación de informaciones sobre la comisión de actos o conductas que puedanser contrarios a la restante normativa general o sectorial aplicable.

A estos sistemas y procedimientos se les debe aplicar lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal para los sistemas de información de denuncias internas. También, deberán, los sujetos obligados, adoptar medidas para garantizar que los empleados, directivos o agentes que informen de las infracciones cometidas en la entidad sean protegidos frente a represalias, discriminaciones y cualquier otro trato injusto.

No obstante, el RDL advierte que este mecanismo no sustituye la necesaria existencia de mecanismos específicos e independientes de comunicación interna de operaciones sospechosas de estar vinculadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo por parte de empleados.

Por otra parte, la normativa extiende el tratamiento de las medidas de diligencia reforzada a todas las personas con responsabilidad pública, tanto nacionales como extranjeras. Hasta ahora, solo las personas con responsabilidad pública extranjeras eran objeto de aplicación de automática de estas medidas.

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El Gobierno adapta la directiva europea contra el blanqueo

Fuente: ELECONOMISTA.ES

El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto ley para transponer y adaptar a la normativa española las exigencias europeas recogidas en la IV Directiva de prevención de blanqueo de capitales. El Gobierno incrementa así los límites máximos en las multas, aunque mantiene la clasificación existente en el régimen sancionador. Además, el texto aprobado por el Ejecutivo impulsa las denuncias de particulares -denominadas whistleblowing- mediante la creación de canales de denuncia tanto públicos como en el ámbito de los propios sujetos obligados de la ley.

El régimen de prevención de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo vigente en España incorpora ya la mayor parte de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) de febrero de 2012 y, con ello, la implementación anticipada de gran parte de los contenidos de la Directiva. Sin embargo, su transposición acumulaba tal retraso que ha sido objeto de procesos de infracción abiertos por la Comisión Europea.

Por otra parte, el real decreto ley establece la obligatoriedad de crear un registro de prestadores de servicios a sociedades. Finalmente se requiere de manera específica a los sujetos obligados que apliquen medidas de diligencia reforzada respecto de las relaciones de negocio que mantengan con personas o entidades relacionadas con los países que la Comisión Europea ha determinado que tienen deficiencias estratégicas en sus sistemas de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales.

Movilidad de trabajadores

Mediante el real decreto ley aprobado ayer también se transpone totalmente al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/50, relativa a los requisitos mínimos para reforzar la movilidad de los trabajadores entre Estados miembros mediante la mejora de la adquisición y el mantenimiento de los derechos complementarios de pensión. Asimismo, se extiende la aplicación de dichos derechos a la movilidad nacional, por lo que se reconocerán estos derechos a los trabajadores que cambien de empleo dentro del territorio español.

El real decreto-ley modifica la disposición adicional primera del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones. El objetivo de la norma es reducir los obstáculos a la movilidad de los trabajadores derivados de ciertos requisitos -antigüedad y edad- que las empresas imponen para adquirir derechos en los sistemas complementarios para jubilación establecidos en las empresas.

Así, en la nueva normativa aprobada ayer se establece que la edad mínima que se exija para acceder a esos derechos no puede superar los 21 años y que el periodo de antigüedad mínimo para consolidar los derechos en la empresa no puede superar los tres años.

La Directiva prevé el reconocimiento de derechos de pensión adquiridos en favor de los trabajadores que cesen la relación laboral antes de la jubilación a partir del 21 de mayo de 2018, fecha límite de la transposición.

“Es, por tanto, urgente la incorporación de lo establecido en la normativa comunitaria al ordenamiento jurídico español, puesto que la falta de reconocimiento legal de este derecho a partir de la fecha establecida genera una situación de incertidumbre e inseguridad jurídica que compromete los derechos de los trabajadores”, asegura el Ministerio de Economía y Empresa en una nota.

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Tres nuevos gastos que sí serán deducibles en autónomos

Fuente: CINCODIAS.ELPAIS.COM

La nueva Ley de Autónomos remodela los gastos que sí serán deducibles para este tipo de profesionales. A continuación se presentan los tres casos que, con la entrada en vigor de la nueva normativa, tendrán la consideración de gasto deducible, para la determinación del rendimiento neto de estimación directa:

Primas de seguro por enfermedad. Los gastos que afronta el autónomo correspondientes a su propia cobertura por enfermedad, a la de su cónyuge y a la de sus hijos menores de veinticinco años serán gastos deducibles. La normativa establece que el límite máximo deducible será de 500 euros por cada persona. Así, el trabajador por cuenta propia que pague coberturas sanitarias de cuatro personas podrá deducirse hasta 2.000 euros. En el caso de que uno de sus familiares sea discapacitado, o lo sea él mismo, el tope de deducciones será de hasta 1.500 euros por persona.

Deducciones en los recibos para los autónomos que trabajen desde casa. En aquellos casos que el trabajador por cuenta propia trabaje desde su domicilio. Con la nueva normativa podrá deducirse un 30% de los recibos de agua, gas, electricidad, telefonía e Internet. El porcentaje, se aplicará a la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie total, salvo que se pruebe un porcentaje superior o inferior.

Gastos de manutención. Cuando el trabajador autónomo realice gastos en establecimientos de restauración y hostelería debido al desarrollo de su actividad económica podrá tener deducciones. Eso sí, estos gastos deben efectuarse mediante pago electrónico y dentro de los límites establecidos para las dietas y asignaciones para gastos normales de manutención de los trabajadores.

Con la deducción por manutención los autónomos podrán deducirse hasta 26,67 euros al día. Es decir, los trabajadores por cuenta propia que gasten 26 euros en comer al día, unos 5.720 euros al año, recibirán 1.200 euros. Los 1.200 euros al año no irán a parar al bolsillo de todos los profesionales, puesto que, para recibirlos, tendrían que tener un gasto de unos 5.720 euros en comidas al año.

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