El nuevo plan contra el fraude de Hacienda convertirá el sistema de módulos en un área prioritaria para la inspección fiscal, que incrementará los controles para atajar la emisión de facturas falsas. Además, se perseguirá con ahínco a las empresas que obligan a sus empleados a darse de alta como autónomos para ahorrarse las cotizaciones sociales.
El sistema de módulos es un nido de facturas falsas”, dijo a Cinco Días la semana pasada el portavoz de los inspectores de Hacienda, Francisco de la Torre. Y precisamente la tributación de los autónomos será una de la áreas prioritarias de control en el nuevo plan contra el fraude que el Gobierno presentó el viernes.
Un autónomo o pequeño comercio que se acoge al sistema de módulos tributa no por los beneficios reales que obtiene sino por una serie de parámetros (dimensiones del local, consumo de luz, personal empleado). Y, además, tiene menos obligaciones formales y burocráticas.
Este sistema posibilita, entre otros, un fraude muy común: el autónomo que tributa en módulos emite una factura falsa para otro empresario que paga el IRPF en estimación directa o en el impuesto de sociedades. Ello no supone ningún sobrecoste para el modulero (paga lo mismo independientemente de lo que facture) mientras que el receptor de la factura puede deducirse el IVA e incrementar sus gastos, lo que permite, a su vez, reducir la base imponible en el impuesto de sociedades.
El Gobierno reconoce la existencia de este fraude y pondrá en marcha una “prueba piloto”. Una delegación de Hacienda se centrará en la investigación en módulos “para obtener datos fiables que determinen la dimensión” del problema. Además, los departamentos de inspección y gestión elaborarán un “protocolo de comprobación específico para los supuestos de emisiones de facturas falsas”. En cualquier caso, el Gobierno rechaza modificar la legislación de módulos, un vieja reclamación de los inspectores.
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