Blog de Asesoría Duart Ferrís. Asesoría de empresas en Benifaió (Valencia)

Plazo de ingreso de los recibos del IAE

Si su empresa está obligada a pagar el IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas), recuerde que dicho impuesto:
• Puede tener el carácter de municipal. Apunte. En ese caso, quien se encarga de su gestión y recaudación suele ser el Ayuntamiento o la Diputación.
• O bien puede ser provincial o nacional, en cuyo caso es la AEAT quien realiza su gestión.
Pues bien, si satisface cuotas provinciales o nacionales, sepa que recientemente se ha modificado el plazo de ingreso en período voluntario de las cuotas correspondientes al ejercicio 2018, que ahora deberá realizarse desde el día 17 de septiembre hasta el día 20 de noviembre de 2018 (ambos incluidos).

Link: BOE

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Intento de “phising” a través de la AEAT.

Estimado cliente:

Le informamos que en los últimos días, algunas empresas están recibiendo por correo electrónico la siguiente comunicación de la Agencia Tributaria. Esta notificación es fraudulenta y en caso de haber sido notificados con la misma, no tienen que atenderla ni pinchar en el enlace que se adjunta al correo. Les acompañamos copia de la notificación fraudulenta que está siendo remitida a algunas empresas y las recomendaciones que el Ministerio de Hacienda y la Agencia Estatal de Administración Tributaria han emitido para los casos de comunicaciones de contenido falso y fraudulento.

En caso de necesitar cualquier aclaración, pueden contactar con su gestor responsable del departamento fiscal.

Atentamente.

Departamento Fiscal-Contable. Duart Ferrís SL

A continuación os dejo nota de las recomendaciones de la AEAT:

________________________________________
RECOMENDACIONES DE LA AGENCIA TRIBUTARIA.

Intentos de fraude tipo ‘phishing’ a través de Internet
A medida que se aproxima el inicio de la campaña de Renta 2017, la Agencia Tributaria viene detectando diversos intentos de fraude mediante el envío de comunicaciones por correo electrónico o mensajes SMS, en los que, suplantando su identidad e imagen, se proporcionan enlaces maliciosos donde obtener supuestos reembolsos de impuestos. Estos enlaces suelen llevar a páginas web fraudulentas en la que se suplanta nuevamente la identidad e imagen de la Agencia Tributaria y se solicita el envío de datos personales y bancarios como números y claves de tarjetas de crédito.

En cuanto la Agencia Tributaria tiene conocimiento de estos intentos de fraude, conocidos como ‘phishing’, pone en marcha las actuaciones necesarias para mitigar su efecto y cerrar todos los enlaces fraudulentos detectados.
Sin embargo, la primera medida para combatir el ‘phishing’ es la prevención de los usuarios ante comunicaciones sospechosas que soliciten datos bancarios o personales y, en ese sentido, la Agencia Tributaria:
• Recuerda que nunca solicita por correo electrónico información confidencial, económica o personal, ni números de cuenta, ni números de tarjeta de los contribuyentes.
• Aconseja desconfiar de cualquier comunicación que incluya la petición de información confidencial, económica o personal o incluya cualquier enlace que no remita a su página web o a su Sede electrónica.
• Recomienda consultar el Aviso de Seguridad de la Sede Electrónica en donde se advierte de los diferentes intentos de fraude. PINCHAR ENLACE

La Agencia Tributaria agradece la colaboración ciudadana para informar de este tipo de fraudes.
• A través de Internet: páginas web falsas y phishing
Los intentos de engaño hacen referencia a supuestos reembolsos de impuestos, mediante envíos de comunicaciones masivas por correo electrónico en los que se suplanta la identidad e imagen de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, o bien la identidad de sus directivos. Con frecuencia, los intentos de fraude hacen referencia a una supuesta información que imposibilita el envío de la devolución de la campaña de Renta y suplanta la imagen de la Agencia Tributaria.
En estos envíos de correos fraudulentos, conocidos como “phishing”, se hace referencia a un reembolso de impuestos inexistente en la que el receptor del e-mail sale beneficiado. Para poder disponer del dinero hay que acceder a una dirección web o rellenar un formulario en los que se deben aportar datos de cuentas bancarias y tarjetas de crédito.
La Agencia Tributaria recuerda que la mejor medida es la prevención de los usuarios ante comunicaciones sospechosas que incluyan la petición de datos bancarios.
La Agencia Tributaria insiste en que:
o nunca solicita por correo electrónico información confidencial, económica o personal, números de cuenta ni números de tarjeta de los contribuyentes.
o nunca paga devoluciones con cargo a tarjetas de crédito.
o nunca cobra importe alguno por los servicios que presta. El usuario solo asumirá el coste compartido de las llamadas a teléfonos 901.

Los dominios reales de la Agencia Tributaria son: www.aeat.es, www.agenciatributaria.es y www.agenciatributaria.com. El acceso a la Sede Electrónica debe hacerse a través de los dominios: www.agenciatributaria.gob.es, www1.agenciatributaria.gob.es, www2.agenciatributaria.gob.es, www4.agenciatributaria.gob.es, www5.agenciatributaria.gob.es, www6.agenciatributaria.gob.es, www7.agenciatributaria.gob.es, www9.agenciatributaria.gob.es, www1.aeat.es, www2.aeat.es, www3.aeat.es, www4.aeat.es, www5.aeat.es y aeat.es.

Por otra parte, la Agencia Tributaria prohíbe expresamente la realización de “framings” o la utilización por parte de terceros de cualesquiera otros mecanismos que alteren el diseño, configuración original o contenidos en cualquiera de los dominios descritos en este Aviso de seguridad.

Mensajes de texto (SMS) no enviados por la Agencia Tributaria

Se ha detectado el envío a los contribuyentes de mensajes de texto (SMS) por parte de empresas de atención e información telefónica, que redireccionan las llamadas hacia la Agencia Tributaria y las cobran en función de su tarificación, para solicitar servicios como la solicitud del borrador de Renta y su confirmación.
La Agencia Tributaria recuerda que los teléfonos de información tributaria básica y otros servicios telefónicos son los que aparecen en su portal de Internetwww.agenciatributaria.es y a los que puede acceder desde el siguiente enlace:

o Información Tributaria Básica y otros servicios telefónicos
• Servicios telefónicos de cita previa ajenos a la Agencia Tributaria

Se ha detectado que determinados números de teléfono ofrecen la posibilidad de concertar cita previa para la confección de declaraciones o la modificación de borradores en oficinas de la Agencia Tributaria.

La Agencia Tributaria quiere dejar constancia de que estos números de teléfono son totalmente ajenos a la misma y que, además de suponer elevados costes de tarificación para los usuarios, las citas que se obtengan a través de dichos números podrían no ser válidas y por lo tanto no atenderse.

o Servicios de cita previa y otros servicios telefónicos
• También podrá concertar cita previa, de forma gratuita, a través de Internet, en www.agenciatributaria.es

Aplicaciones para móviles

Se ha detectado que en determinados markets de apps Android para móviles hay disponibles aplicaciones que utilizan la imagen de la Agencia Tributaria ofreciendo servicios en su nombre.

La Agencia Tributaria quiere dejar constancia de que las aplicaciones para móviles elaboradas por la Agencia Tributaria están exclusivamente disponibles para su descarga gratuita en AppStore y Google Play.

Colabore para evitar el fraude por Internet

Estos fraudes son detectados en muchas ocasiones gracias a la colaboración de los internautas que se ponen en contacto con los servicios de información de la Agencia Tributaria, que toma inmediatamente las medidas necesarias para perseguirlos.
En caso de duda sobre la autenticidad de cualquier correo electrónico o sitio de Internet, SMS recibidos o servicios de cita previa o similares, que afirmen estar remitidos o ser propiedad de la Agencia Tributaria, contacte con nosotros en el Centro de Atención Telefónica del Departamento de Informática Tributaria (901 200 347) para verificar su autenticidad.

La Agencia Tributaria agradece la colaboración ciudadana para informar sobre este tipo de actuaciones.

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El TJUE declara excesivas las multas fijadas por la ley antiblanqueo española

Fuente: CINCODIAS.ELPAIS.COM

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto que la libertad de circulación de capitales, se opone a una normativa de un Estado miembro, como la española, que establece que el incumplimiento de la obligación de declarar sumas elevadas de dinero efectivo que entren o salgan de su territorio, se sancione con una multa de hasta el doble del importe no declarado.

Esta sentencia responde así a la cuestión planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al que llegó el caso de un ciudadano chino que viajaba en avión de Gran Canaria a Hong Kong haciendo escala en Madrid y Ámsterdam con 92.900 euros en dinero efectivo en su equipaje. Hecho que se descubrió durante un control efectuado en la escala en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Este dinero fue incautado, previa deducción de la cantidad de 1 000 euros, correspondiente al mínimo de supervivencia establecido Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Meses más tarde el Ministerio de Economía y Competitividad, impuso una multa administrativa de 91.900 euros al nacional chino, teniendo en cuenta, como circunstancias agravantes, la notoria cuantía del importe no declarado, la falta de acreditación del origen lícito del dinero efectivo, la incoherencia de las declaraciones del interesado sobre su actividad profesional y el hecho de que el dinero efectivo se encontrara en un lugar que mostraba la intención deliberada de ocultarlo. El hombre recurrió entonces la multa ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, invocando la vulneración del principio de proporcionalidad.

El tribunal español decidió interponer una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo para que éste interpretase el Reglamento relativo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo de la Comunidad y determinase su alcance y compatibilidad con la legislación española antiblanqueo.

En su sentencia, el TJUE señala, en primer lugar, que puesto que el nacional chino debía salir del territorio de la Unión por el aeropuerto de Ámsterdam, según el Reglamento estaba obligado a declarar el dinero efectivo a las autoridades competentes neerlandesas, no a las autoridades españolas.

Asimismo, declara el tribunal que la finalidad de la Ley española y del Reglamento no consiste en castigar posibles actividades fraudulentas o ilícitas, sino el incumplimiento de una obligación de declaración. Por tanto, atendiendo a dicha finalidad, considera que la normativa española es desproporcionada, puesto que excede de lo que resulta necesario para garantizar el cumplimiento de esa obligación de declaración.

El Tribunal de Justicia señala que la desproporción radica en el hecho de que el importe máximo de la multa pueda ascender hasta el doble de la cuantía de dinero efectivo no declarada como sucede en este asunto. Sin embargo, el Reglamento no se opone, en principio, a la normativa de un Estado miembro imponga obligaciones de declaración distintas a las que él establece, de modo que los Estados miembros pueden llevar a cabo controles nacionales de los movimientos de dinero efectivo dentro de la Unión.

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Así funciona el Incremento de valor de los bienes de naturaleza urbana

Fuente:FINANZAS.COM

El impuesto municipal conocido coloquialmente como plusvalía lo regula en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. Está de actualidad desde que ha sido puesto en entredicho. Ya en febrero de 2017 el Tribunal Constitucional había anulado en parte la norma foral vasca y presagiaba movimientos en la legislación estatal. Así, el Tribunal Constitucional dictó la sentencia 59/2017, de 11 de mayo, y declaró la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 del Texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales. Por lo tanto, se declaró inconstitucional que: “la base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años”.

Una primera aproximación a lo expuesto parece señalar la derogación del impuesto por falta de hecho imponible. Pero no es así. El Tribunal Constitucional derogó únicamente el impuesto en cuanto se sometan a tributación transmisiones sin incrementos de valor de los terrenos en dicho momento.

La pregunta que se plantea es: ¿A quién corresponde acreditar el incremento? Y sólo caben dos respuestas: la Administración actuante o el contribuyente.
La praxis judicial general analizaba en cada caso la existencia o no de aumento de valor del terreno a la vista de la reclamación del contribuyente, las pruebas que aportaba y la denegación de la administración. Esto es, se partía de la presunción de incremento y la carga de la prueba de su inexistencia recaía en el contribuyente.

Sin embargo, la sentencia constitucional aludida cierra el paso a cualquier tipo de presunción sobre la existencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, en tanto el legislador no lo establezca expresamente. Y esta afirmación deriva del respeto obligado al artículo 31 de la Constitución, que pregona un sistema tributario justo, en igualdad y progresivo. En consecuencia, el legislador deberá fijar una presunción legal iuris tantum de la existencia de incremento con posibilidad de prueba en contrario. Será necesario que los Ayuntamientos acrediten la existencia de ese aumento de precio si les es discutido por el contribuyente (a través de una prueba pericial pública o privada); y en las autoliquidaciones deberán permitir el recurso, y en caso de que se alegue la inexistencia de incremento de valor deberá ser estimado, salvo que a través de la antedicha pericial municipal se acredite que sí existe ese incremento. Esto es, tras la Sentencia de 11 de mayo de 2017, una correcta interpretación de los artículos 104 y siguientes del TRLHL conlleva que corresponde al Ayuntamiento la carga de probar la existencia de hecho imponible.

Pero ya ha surgido una nueva polémica en Santander: se interpreta que, hasta que se regule de nuevo el impuesto, la Administración local no puede decir cómo se determina o no el incremento, o qué procedimiento o prueba cabe; y añade que tampoco el juez puede hacerlo porque no le compete legislar. En definitiva, considera expulsada la norma del ordenamiento. Una vez declarada la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos que son base del acto liquidatorio impugnado, éste queda anulado e impide al Ayuntamiento liquidar el impuesto hasta que el legislador no dicte nueva norma.

Esta interpretación novedosa y maximalista, – en caso de aplicación directa-, conllevaría un grave perjuicio para las arcas municipales y podría ser contraria a los intereses generales si impidiera la prestación de ciertos servicios públicos necesarios.

El Tribunal Supremo recibió este problema jurídico y dictó el Auto de 27 de diciembre de 2017, de admisión del recurso de casación por interés casacional. Se obligó a determinar, en un futuro inmediato, si la inconstitucionalidad de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 del TRLHL , declarada por la sentencia expresada del Tribunal Constitucional, impone la anulación de las liquidaciones y el reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos en las solicitudes de rectificación de autoliquidaciones por el IIVTNU, en todo caso, sin entrar a valorar la existencia o no en cada caso de una situación inexpresiva de capacidad económica, como defiende el juzgado. El motivo: garantizar la seguridad jurídica, la igualdad en la aplicación de la ley y el respeto de la reserva de ley en materia tributaria… Estamos a la espera de la solución judicial y legal al problema.

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Un poco de luz acerca de la responsabilidad tributaria de carácter solidario

Fuente: CINCODIAS.ELPAIS.COM

La responsabilidad solidaria en el pago de deudas tributarias por parte de quienes colaboren en la ocultación y/o transmisión de bienes con la intención de sustraerlos al procedimiento ejecutivo de cobro –impidiendo así su embargo– ha sido recientemente objeto de análisis por parte del Tribunal Económico Administrativo Central (“TEAC”).

El Tribunal, en resolución al recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio (Resolución 5957/2017, de 26 de abril de 2018) se ha pronunciado acerca de los presupuestos de hecho de la declaración de responsabilidad tributaria regulada en el artículo 42.2 a) de la Ley 58/2003, General Tributaria (“LGT”).

El citado artículo establece que quienes “sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración Tributaria”, serán responsables solidarios del pago de la deuda tributaria pendiente. Dicha responsabilidad queda limitada al valor de los bienes que hubiesen podido venderse o embargarse por la Administración Tributaria.

En el caso objeto de análisis, el deudor principal, administrador y partícipe de varias sociedades dedicadas a la compraventa y reparación de vehículos – sociedades inactivas, en proceso concursal o con deudas en proceso de embargo – realizó una donación de 120.000 euros en favor de su hijo.

La cantidad donada se reinvirtió por el hijo, también dedicado a la actividad de compraventa y reparación de vehículos, en la compraventa de su primera vivienda, vivienda que precisamente constituía la residencia habitual de él mismo y de sus padres.

En base a los hechos brevemente expuestos, el 8 de enero de 2015, la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (“AEAT”) de Andalucía dictó acuerdo en virtud del cual declaraba responsable solidario de la deuda tributaria del deudor principal al donatario (esto es, a su hijo).

El citado acuerdo fue recurrido ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía (“TEAR”).

El reclamante, hijo del deudor principal, fundamentó su pretensión en el desconocimiento por su parte de la existencia de deudas del deudor principal.

Asimismo, recalcó el hecho de que, si bien en el acuerdo de derivación de responsabilidad se hacía referencia a la existencia de determinados bienes inmuebles titularidad del deudor principal, lo cierto es que dicha referencia no era precisa ya que no se identificaban los bienes inmuebles cuya ejecución se pretendió. Es más, en el expediente no solo no quedó acreditada ninguna actuación por parte de la Administración contra dichos bienes, sino que el propio recurrente señaló la existencia de dichos bienes.

Pese a ello, la Administración dictó acuerdo de derivación de responsabilidad, al considerar que no era necesaria la previa declaración de deudor fallido al tratarse de un supuesto de derivación de responsabilidad de carácter solidario.

El TEAR discrepó de la postura administrativa al entender que, pese a no ser necesaria la previa declaración del deudor principal como deudor fallido, sí era necesario acreditar la ausencia de bienes suficientes para hacer frente a las deudas tributarias en sede del deudor principal, y ello por cuanto que fue la propia Administración quien señaló dicha ausencia como indicio de la conducta culposa del reclamante.

Así, y citando al propio TEAR “Lo que ocurre, es que en el presente caso entiende este Tribunal, que a pesar de que dichos indicios pudieran llevar a pensar inequívocamente que pueda existir esa voluntad maliciosa requerida por el articulado tributario para este supuesto de responsabilidad, dichos argumentos han de ceder ante la existencia de bienes en el patrimonio del deudor con los que hacer frente a la deuda.”

A la vista de lo expuesto, el citado Tribunal declaró la contrariedad a derecho del acuerdo de derivación de responsabilidad.

La directora del Departamento de Recaudación de la AEAT interpuso contra dicha resolución recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio.

El TEAC, pese a no admitir a trámite el recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio interpuesto, realizó una serie de apreciaciones, de gran trascendencia a los efectos de la declaración de responsabilidad solidaria prevista en el artículo 42.2 a).

El Tribunal señaló que era posible la declaración de responsabilidad solidaria pese a existir bienes susceptibles de ejecución o transmisión, en del deudor principal.

No obstante, si la ausencia de tales bienes fuera tenida en cuenta por la Administración para apreciar la conducta culposa del pretendido deudor solidario, de demostrarse lo contrario –esto es, la existencia de bienes en sede del deudor principal– la conformidad a derecho del acuerdo de derivación de responsabilidad podría cuestionarse.

Para el Tribunal, la existencia o inexistencia de bienes en sede del deudor principal no es relevante. Tampoco el destino que el presunto deudor solidario pretenda dar al patrimonio del deudor principal lo es.

¿Qué elemento consideró la Administración como esencial a la hora de declarar la responsabilidad solidaria? La respuesta es la intencionalidad maliciosa del responsable basada en su conocimiento de que la donación, unida a la inexistencia de bienes realizables de titularidad del deudor principal, determinaría el perjuicio de la acción recaudatoria.

Y en ese escenario el TEAC declara de forma contundente que, si ese es uno de los indicios base de la declaración de responsabilidad, su enervación por parte del responsable acreditando la existencia de bienes sobre los que la Administración podría haber actuado, más aún cuando eran conocidos por la misma, determinaría el decaimiento de dicha declaración.

Como conclusión, en los supuestos de exigencia de responsabilidad solidaria al amparo del artículo 42.2 LGT, en la medida en que pueda acreditarse que la actuación del eventual responsable solidario no conlleva una colaboración consciente en favor de una despatrimonialización del deudor principal que impida la actuación de la Administración Tributaria, la declaración de responsabilidad podría ser cuestionada.

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El TJUE declara excesivas las multas fijadas por la ley antiblanqueo española

Fuente: CINCODIAS.ELPAIS.COM

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto que la libertad de circulación de capitales, se opone a una normativa de un Estado miembro, como la española, que establece que el incumplimiento de la obligación de declarar sumas elevadas de dinero efectivo que entren o salgan de su territorio, se sancione con una multa de hasta el doble del importe no declarado.

Esta sentencia responde así a la cuestión planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al que llegó el caso de un ciudadano chino que viajaba en avión de Gran Canaria a Hong Kong haciendo escala en Madrid y Ámsterdam con 92.900 euros en dinero efectivo en su equipaje. Hecho que se descubrió durante un control efectuado en la escala en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Este dinero fue incautado, previa deducción de la cantidad de 1 000 euros, correspondiente al mínimo de supervivencia establecido Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Meses más tarde el Ministerio de Economía y Competitividad, impuso una multa administrativa de 91.900 euros al nacional chino, teniendo en cuenta, como circunstancias agravantes, la notoria cuantía del importe no declarado, la falta de acreditación del origen lícito del dinero efectivo, la incoherencia de las declaraciones del interesado sobre su actividad profesional y el hecho de que el dinero efectivo se encontrara en un lugar que mostraba la intención deliberada de ocultarlo. El hombre recurrió entonces la multa ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, invocando la vulneración del principio de proporcionalidad.

El tribunal español decidió interponer una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo para que éste interpretase el Reglamento relativo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo de la Comunidad y determinase su alcance y compatibilidad con la legislación española antiblanqueo.

En su sentencia, el TJUE señala, en primer lugar, que puesto que el nacional chino debía salir del territorio de la Unión por el aeropuerto de Ámsterdam, según el Reglamento estaba obligado a declarar el dinero efectivo a las autoridades competentes neerlandesas, no a las autoridades españolas.

Asimismo, declara el tribunal que la finalidad de la Ley española y del Reglamento no consiste en castigar posibles actividades fraudulentas o ilícitas, sino el incumplimiento de una obligación de declaración. Por tanto, atendiendo a dicha finalidad, considera que la normativa española es desproporcionada, puesto que excede de lo que resulta necesario para garantizar el cumplimiento de esa obligación de declaración.

El Tribunal de Justicia señala que la desproporción radica en el hecho de que el importe máximo de la multa pueda ascender hasta el doble de la cuantía de dinero efectivo no declarada como sucede en este asunto. Sin embargo, el Reglamento no se opone, en principio, a la normativa de un Estado miembro imponga obligaciones de declaración distintas a las que él establece, de modo que los Estados miembros pueden llevar a cabo controles nacionales de los movimientos de dinero efectivo dentro de la Unión.

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