Blog de Asesoría Duart Ferrís. Asesoría de empresas en Benifaió (Valencia)

El nuevo sistema del IVA suma 50.000 contribuyentes y gestiona 1.100 millones de facturas por 950.000 millones

Fuente:eleconomista

La Agencia Tributaria reduce en 12 días los plazos medios de devolución del IVA a los contribuyentes del nuevo sistema

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Cerca de 50.000 contribuyentes se han incorporado hasta la fecha al nuevo Sistema Inmediato de Información (SII) del IVA, que ha registrado hasta comienzos de noviembre más de 1.100 millones de facturas expedidas y recibidas por un importe global que supera los 950.000 millones de euros, según informaron a Europa Press fuentes de la Agencia Tributaria.

Asimismo, la Agencia Tributaria ha reducido en 12 días los plazos medios de devolución del IVA a los contribuyentes incorporados al SII que ya están solicitando reintegros a partir de la puesta en marcha en julio del nuevo sistema de gestión del IVA.

Estas cifras de reducción de los plazos de devolución, de más del 20% en septiembre y octubre con respecto a los mismos meses del año pasado, se circunscriben a los casos de solicitudes que no requieren de un control más pormenorizado y al colectivo inscrito en el Régimen de Devolución Mensual del impuesto (’Redeme’), dado que sobre los no inscritos en el Redeme aún no hay datos interanuales comparables porque sólo pueden solicitar la devolución a final de enero próximo.

A comienzos de noviembre eran ya más de 1.100 millones las facturas expedidas y recibidas sobre las que se había remitido información a través del SII por parte del colectivo de contribuyentes incorporados al sistema, formado fundamentalmente por grandes empresas, grupos societarios a efectos del IVA y entidades inscritas en el Redeme. El importe global de las facturas incorporadas al SII supera los 950.000 millones de euros.

Hasta la fecha, cerca de 50.000 contribuyentes se han incorporado al sistema, de manera que más del 90% de los obligados al SII informan ya a la Agencia Tributaria en tiempo prácticamente real de sus transacciones comerciales con proveedores y clientes.

CHEQUEO DE FACTURAS Y ASISTENTE VIRTUAL

Además, los contribuyentes incluidos en el SII ya pueden chequear en la web de la Agencia si sus facturas coinciden con lo declarado por clientes y proveedores, y antes de final de año también podrán revisar si les falta por informar sobre operaciones de las que sí han informado esos clientes y proveedores.

La AEAT integrará también más adelante la información declarada por el contribuyente y la recibida de sus proveedores y clientes, y desarrollará una herramienta para incorporar esta información en la propia declaración del IVA.

En el apartado específico dedicado al SII en la página web de la AEAT (’banner’ del SII), se ha incorporado un asistente virtual que, mediante la utilización de herramientas de inteligencia artificial, ofrece asistencia para los contribuyentes inscritos en el sistema y que cuenta actualmente con más de 400 accesos diarios.

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El Gobierno aprueba el proyecto de Ley de Protección de Datos

Fuente:elpais

Según un comunicado del Ministerio de Justicia hecho público este viernes, el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aprobado el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos que adaptará nuestra legislación a las disposiciones del Reglamento UE 2016/679, introduciendo novedades y mejoras en la regulación de este derecho fundamental en nuestro país.

Este Reglamento Europeo que se aplicará a partir del próximo 25 de mayo de 2018, recoge como uno de sus principales objetivos acabar con la fragmentación existente en las distintas normativas de los países comunitarios. Además, persigue la adaptación de las normas de protección de datos a la rápida evolución tecnológica y los fenómenos derivados del desarrollo de la sociedad de la información y la globalización.

En el caso de España, tal y como recoge la nota del ministerio, la adaptación de nuestra legislación al Reglamento General de Protección de Datos hace necesaria la elaboración de una nueva Ley Orgánica en sustitución de la actual, cuyas normas y desarrollo deberán ser revisadas y adaptadas para evitar contradicciones. Igualmente, la AEPD deberá desarrollar cuestiones concretas que el reglamento comunitario remite a las autoridades nacionales de control y tendrá que revisar sus tratamientos de datos personales para adaptarlos a esas exigencias.

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La Justicia europea avala el impuesto a los grandes establecimientos

Fuente:eleconomista

La Abogada General de la Unión Europea Kokott asegura que un impuesto que grava a los minoristas en función de su superficie de venta no es contrario al Derecho de la Unión Europea. De este modo, avala el Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales (IGEC) que grava las grandes superficies comerciales en las Comunidades Autónomas de Cataluña, Asturias y Aragón.

La magistrada considera, en sus conclusiones presentadas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que las exenciones establecidas a favor de los pequeños comercios y las exenciones o reducciones aplicadas a determinados comercios especializados no constituyen ayudas de Estado.

La Abogada General señala que, en el caso catalán “no hay una diferencia de trato entre grandes y pequeños establecimientos, puesto que los más grandes sí están sujetos al IGEC, pero no resultan gravados con el impuesto por la superficie de venta que no exceda de 2 499 metros cuadrados”.

Las conclusiones rechazan una discriminación “ni manifiesta ni encubierta” de las empresas extranjeras. “Normalmente los inversores extranjeros prefieren abrir establecimientos comerciales más grandes con el fin de realizar las economías de escala necesarias para penetrar en un nuevo territorio”, añaden. “Sin embargo, el mero hecho de que -más o menos casualmente- las personas afectadas por la creación de un impuesto procedan en gran medida -o, incluso, mayoritariamente- de otros Estados miembros no puede suponer como tal una discriminación encubierta”, precisa.

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La plusvalía municipal batió su récord de recaudación antes de que la tumbara el TC

Fuente:abc
La plusvalía municipal cosechó cifras récord de recaudación en 2016, último año antes de que el Tribunal Constitucional anulara el tributo cuando se vendía a pérdidas. El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (conocido como plusvalía municipal y que grava las ganancias en ventas de terrenos) ingresó 2.577 millones de euros el año pasado –un 0,23% del PIB–, lo que supone un aumento del 7% frente a 2015, según las últimas cifras del Ministerio de Hacienda publicadas hace unos días.

Meses después de acabar dicho ejercicio fiscal, el Tribunal Constitucional falló en febrero que el impuesto era ilegal cuando gravaba «situaciones de inexistencia de incrementos de valor». Primero anuló parcialmente el tributo en cada una de las diputaciones forales y posteriormente lo hizo en la Ley estatal. En este caso, la sentencia se publicó en el BOE el 15 de junio.

La futura reforma tendrá efectos desde esta fecha. Previsiblemente, los afectados que recurran por casos anteriores, deberán hacerlo en vía judicial y el resto lo podrán hacer administrativamente. Sin embargo, hasta que no se apruebe la reforma no se sabe con certeza qué ocurrirá. Hasta entonces, los ayuntamientos pueden continuar gravando las ventas con pérdidas, aplicando la Ley de Haciendas Locales en vigor. Pese a la crisis y el hundimiento de las compraventas de viviendas y de su valor, desde 2011 el impuesto no ha dejado de elevar su recaudación a golpe de subida de tipos y valores catastrales. Hay numerosos casos de contribuyentes que en los últimos años compraron a precio de burbuja y vendieron por un menor valor y, pese a ello, pagaron plusvalía municipal. En cuatro años el impuesto ha duplicado su recaudación. Una parte de estos ingresos eran ilegales.

Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se reúnen hoy para rematar el cambio del impuesto cuando hay pérdidas. El Ministerio ya cuenta desde verano con un proyecto de reforma de la Ley. En las transmisiones onerosas -ventas- el contribuyente podrá acreditar que no hay incremento de valor con las escrituras mientras que en las gratuitas (donaciones o herencias) se tomará de referencia el valor real a efecto del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que fija cada autonomía. Si no se desglosa el valor del suelo, se calculará aplicando la proporción en la fecha de transmisión del valor catastral del terreno respecto al del inmueble.

El borrador de Hacienda deja flecos abiertos que tratarán de resolverse hoy. Los ayuntamientos han pedido que el Ministerio les compense por la pérdida recaudatoria que supondrá la reforma del impuesto. Tampoco queda clara la retroactividad para que los contribuyentes reclamen devoluciones del impuesto, ni la fórmula para ello.

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Las denuncias por delito fiscal se desploman un 78% desde máximos de 2011

Fuente:finanzas

El Gobierno considera la lucha contra el fraude como una prioridad y exhibe los datos de recaudación en esta materia, con récord casi cada año, como prueba. Sin embargo, al mismo tiempo, las denuncias por delito fiscal que realiza la Agencia Tributaria siguen una tendencia descendente que se agrava cada ejercicio. De hecho, en 2016 las áreas de inspección y de aduanas del organismo que dirige Santiago Menéndez presentaron 226 de estas demandas, lo que supone un 33% menos que las emitidas en 2015 y un desplome del 78% respecto a las 1.014 registradas en 2011, año en que se alcanzó la cifra récord. Desde entonces la denuncias acumulan cinco ejercicios de retrocesos, según consta en la Memoria de la Agencia Tributaria publicada este lunes.

La reducción del número de denuncias no es nuevo, pero parecía haberse ralentizado en 2015, cuando la caída fue del 12,8%. Sin embargo, los datos del pasado ejercicio muestran que el retroceso se acelera exponencialmente al duplicarse el ritmo de caídas. Este menor número de denuncias tiene su reflejo en una disminución de la cantidad defraudada que la Agencia Tributaria reclama por estos delitos. En concreto, el año pasado pidió 278 millones, frente a los 442 millones de 2015. Es decir, un significativo retroceso del 37%. Sin embargo, el hundimiento se multiplica y alcanza el 69,4% al compararse con los 909 millones que Hacienda reclamó en 2011.

Con estos datos, el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) criticó de nuevo la opacidad de los datos de la lucha contra el fraude al considerar que pese a las grandes cifras «ocultaban» un retroceso de las denuncias por delito fiscal -la cantidad defraudada debe superar los 120.000 euros para tener esa tipificación-. En este sentido, Gestha ha propuesto en reiteradas ocasiones que se rebaje ese límite a 50.000 euros. Para este sindicato, los datos podrían significar que los esfuerzos de la Agencia Tributaria se centra más en los casos de fraude que afectan a pequeños contribuyentes físicos o jurídicos que a las multinacionales o grandes fortunas implicadas en supuestos casos de evasión fiscal como los ‘Papeles Paraísos’ o de Panamá. Asimismo, otra de las causas puede estar en el recorte de plantilla de un 9% desde 2008.

Sin embargo, desde la Agencia Tributaria justifican esta caída de las denuncias por el contexto económico de los años que se investigan. En concreto, fuentes de la Agencia Tributaria recuerdan que los datos de 2011 implica las investigaciones abiertas en los cuatro años anteriores no prescritos. Unos ejercicios que estaban afectados por la gran actividad inmobiliaria de los años de bonanza y, por tanto, el volumen de fraude era más elevado. En este sentido, las mismas fuentes sostienen que la reducción de actividad en ese importante sector, consecuencia de la contracción económica y la crisis, ha hecho que ese tipo de expedientes se hayan reducido sensiblemente.

Cambio normativo

Sin embargo, ese argumento no explica el retroceso superior al 30% vivido en el último año. Por ese motivo, fuentes del organismo también consideran que existe otra razón para este descenso. En concreto, recuerdan que 2016 fue el primer año en el que estuvo en pleno funcionamiento la reforma en la tramitación del delito fiscal contemplada en la reforma de la Ley General Tributaria de 2012. Entre otras novedades la normativa permite a la Agencia Tributaria practicar una liquidación provisional en relación a los expedientes en los que se aprecia delito, así como a efectuar el cobro de la deuda cuantificada en esa liquidación, sin perjuicio de que se inicie la tramitación penal.

Unos cambios que fuentes del departamento que dirige Santiago Menéndez consideran que ha implicado una mayor complejidad en el corto plazo de las operaciones de investigación, lo que influye en la disminución de los expedientes remitidos a vía penal. Sin embargo, también advierten de que las ventajas en el largo plazo, ya que permite un anticipo el cobro de la deuda.

La Agencia Tributaria también esgrime como positivo la mejora de su grado de eficacia en sus denuncias. Y es que hasta un 68% de las sentencias por delito fiscal se saldan con un resultado total o parcialmente favorable a las tesis del organismo, frente al 59% que existía en 2010.

Por otra parte, el informe publicado este lunes también recoge que la deuda media por fraude fiscal liquidada por la Agencia en 2016 disminuyó un 21%, hasta los 192.200 euros, frente a los 243.525 euros del año anterior. Además, el número de contribuyentes inspeccionados en 2016 se situó en los 27.618, lo que supone un retroceso del 5,66% respecto al ejercicio precedente.

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El Gobierno quiere identificar a los inquilinos de los pisos turísticos

Fuente:Lasprovincias

Hacienda quiere estrechar cada vez más el cerco sobre el alquiler de pisos turísticos a través de plataformas digitales como Airbnb o Homeaway para que los ingresos por estos arrendamientos no escapen al fisco y puedan tributar. Para ello, el Gobierno prepara un decreto que está en fase de consulta pública en el que pretende obligar a las plataformas intermediarias a realizar un formulario que deberá incluir la identificación del propietario del piso y de los inquilinos.

En concreto, el borrador del decreto establece que esa declaración informativa deberá contener el «titular de la vivienda de alquilada con fines turísticos» así como la identificación de las personas «cesionarias» y el «número de días de disfrute de la vivienda con fines turísticos». De momento, las plataformas ya han presentado alegaciones en contra de esta obligación.

Hacienda ha puesto el foco en estas prácticas y durante la campaña de la Renta avisa a los contribuyentes con pisos en estas plataformas que deben tributar las rentas percibidas por alquiler. En la última campaña de Renta, algunos incluso recibieron un mensaje de advertencia al realizar su declaración que tuvo una gran repercusión. “De acuerdo con los datos de que dispone al Agencia Tributaria usted ha realizado anuncios de alquiler de inmuebles en diferentes medios publicitarios, incluido internet. Le recordamos que, en caso de haber percibido rentas por alquiler, deben de incluirse en la declaración”, rezaba el mensaje.

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