Blog de Asesoría Duart Ferrís. Asesoría de empresas en Benifaió (Valencia)

La Administración dispuesta a aceptar altas y bajas por días en autónomos

Fuente: CINCODIAS.ELPAIS.COM

La Seguridad Social y otros organismos públicos implicados estarían dispuestos a adoptar un sistema de altas y bajas diarias en autónomos. Así lo han confirmado a este diario fuentes cercanas a los grupos que están negociando la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.

Esta es una de las reivindicaciones históricas de las asociaciones que defienden los derechos de los trabajadores autónomos, y que parece que puede ser una realidad con la entrada de la nueva normativa. Actualmente, un profesional por cuenta propia que se de de alta en el RETA (Régimen de Autónomos) deberá abonar la cuota mensual correspondiente a todo el mes, independientemente de que realice dicha acción el día 20, por poner un ejemplo.

Algo que, desde estas Asociaciones, consideran un abuso. Así lo han denunciado y reclamado en diversas ocasiones. También sería una medida útil para ciertos profesionales que sólo tienen actividad puntual o por ciclos, lo que favorecería la lucha contra el fraude y el trabajo en B.

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Alquilar la vivienda, aunque solo sea una semana, supone perder la deducción fiscal

Fuente: CINCODIAS.ELPAIS.COM

La deducción por vivienda habitual en el IRPF se suprimió en 2013, pero se mantiene para aquellos contribuyentes que compraron su casa antes de ese ejercicio. Aun hoy, este beneficio fiscal representa la deducción en cuota más relevante por cuantía y número de beneficiarios.

Una reciente consulta de la Dirección General de Tributos señala que la posibilidad de aplicar la desgravación desaparece en el caso de que la vivienda se ponga en alquiler, aunque solo sea unas semanas. La aclaración de Hacienda se produce en un momento en que el auge de servicios como Airbnb o Home Away está animando a muchos propietarios a alquilar sus viviendas por cortas estancias y lograr así un rendimiento económico.

Sí que es posible beneficiarse de la desgravación por vivienda y, al mismo tiempo, alquilar una habitación

Tributos recuerda que la aplicación de la deducción por adquisición de vivienda habitual requiere que el propietario resida en la casa como mínimo durante un plazo continuado de tres años. Además, para tener la consideración de residencia habitual debe ser “habitada de manera efectiva y con carácter permanente por el propio contribuyente”.

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El Supremo anula de forma definitiva el registro horario

Fuente: ELECONOMISTA.ES

Ya es definitivo: las empresas no tienen la obligación de llevar un registro diario de las horas de trabajo de sus empleados. El Tribunal Supremo (TS) ha dictado la segunda sentencia que anula la condena impuesta a una empresa de establecer un sistema de registro de la jornada de la plantilla, con lo que sienta jurisprudencia en este sentido. Una resolución que está fechada el 20 de abril de 2017 y a la que ha tenido acceso elEconomista.

La sentencia, que resuelve una demanda de los sindicatos contra Abanca, supone un varapalo a la Inspección de Trabajo, que seguía exigiéndolo a las empresas a pesar de la primera resolución del TS sobre la materia.

En el texto, del que ha sido ponente la magistrada Segoviano Astaburuaga, se reproducen los argumentos del primer fallo, dictado el 23 de marzo. Esto es: el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores (ET) “no exige la llevanza de un registro de la jornada diaria efectiva de toda la plantilla”, sino que “su finalidad es el control de la realización de horas extraordinarias”.

La primera sentencia, del Pleno de la Sala de lo Social, advertía de la conveniencia de una reforma legislativa que clarificara la obligación de llevar un registro horario y facilitara al trabajador la prueba de la realización de horas extras. Pero “esa obligación no existe por ahora y los tribunales no pueden suplir al legislador imponiendo a la empresa el establecimiento de un complicado sistema de control horario”, aseveraba, reprochándole a la Audiencia Nacional que lo estableciera en la sentencia recurrida.

Tras la resolución de los litigios que afectaban a Bankia -la primera sentencia- y a Abanca -la segunda-, queda pendiente un tercer asunto relativo al registro horario, el del Banco Sabadell, que todo indica que correrá la misma suerte.

Fuente de inseguridad jurídica

La obligatoriedad o no de tener que llevar un registro diario de la jornada había suscitado la queja de los empresarios, que denunciaban la inseguridad jurídica que creaba que la Inspección de Trabajo siguiera exigiendo, bajo la amenaza de sanción, llevar a cabo un control horario que había sido tumbado por el Supremo. Desde los sindicatos también se reclamaba certidumbre en los elementos para evitar el abuso en las horas extra.

Ambos, no obstante, coincidían en que la posición de la Inspección buscaba no empobrecer sus herramientas para luchar contra el fraude laboral y no perder ingresos por cotizaciones sociales.

Fuentes jurídicas apuntan que la postura de la Inspección de Trabajo y la Audiencia Nacional era jurídicamente difícil de sostener, al pretender sancionar una conducta que no se encontraba tipificada en una norma.

Los expertos laboralistas coinciden en que debe darse respuesta a la necesidad de controlar la jornada de trabajo. Y apuntan dos posibles soluciones. En primer lugar, introducir el registro en el artículo 34 del ET. Una opción, sin embargo, que contemplan complicada a la vista de la dificultad para alcanzar acuerdos en el Congreso.

La segunda -teoría sugerida en uno de los votos particulares de la primera sentencia- es que, en lugar de fundar la obligación del registro horario en el 35.5 del ET, se inspire en otros principios del Derecho laboral, como la obligación de abonar una remuneración adecuada, la prevención de riesgos o la necesidad de control sobre el tiempo de trabajo.

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El futuro de la plusvalía municipal. Una oportunidad para su racionalización

Fuente: EXPANSION.COM

Hace poco supimos que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido como plusvalía municipal, cuando en la transmisión de un inmueble urbano se ha obtenido una pérdida económica.

La plusvalía municipal es un impuesto que se paga a los ayuntamientos por el aumento del valor que haya experimentado el suelo de un inmueble desde que se adquirió y que se pone de manifiesto cuando se transmite por venta, herencia o donación, entre otras operaciones.

El asunto es que, según la ley, el impuesto a pagar se calcula de forma objetiva y automática, lo cual implica que siempre resulta importe a ingresar incluso cuando se transmite un inmueble por un valor inferior al de adquisición o compra.

Así, el Constitucional en sus recientes sentencias de 16 de febrero y de 1 de marzo en relación con las normas de Guipúzcoa y de Alava, ha declarado inconstitucionales y, por tanto nulos, los artículos de estas leyes que hacen pagar plusvalía cuando no hay incremento de valor real, sino pérdida económica.

Ahora bien, debemos aclarar dos cuestiones. La primera, que estas sentencias sólo afectan a Guipúzcoa y a Alava, respectivamente, y que por tanto la Ley estatal aún sigue vigente, aunque todos esperamos que en breve el TC se pronuncie de igual manera en relación con la Ley de Haciendas Locales que rige para los ayuntamientos del resto del territorio español.

Y la segunda, que estas sentencias no consideran la actual plusvalía municipal inconstitucional en general. Incluso validan el cálculo objetivo del impuesto y el gravamen de rentas potenciales, y sólo cuando el ciudadano ha sufrido una pérdida, como las normas no le permiten probarlo, se vulnera el principio de capacidad económica del artículo 31.1 de la Constitución.

Esta situación ha provocado una avalancha de reclamaciones en los ayuntamientos presentadas tanto por quienes han sufrido pérdidas en la venta de un inmueble como por quienes consideran que han ingresado unas cuantías elevadas por este impuesto, quedando “a la espera” de que el TC se pronuncie y el legislador aproveche la oportunidad para reformar un tributo que, sin duda, adolece de graves defectos de técnica legislativa.

Aunque hace un par de semanas, Cristóbal Montoro ha manifestado que el impuesto de plusvalía es válido y legal, mostrándose reticente a su completa revisión, es evidente que es el momento de reflexionar sobre un impuesto basado en el aumento del valor del suelo de los inmuebles del que teóricamente nos hemos beneficiado desde que lo compramos hasta que lo vendemos, pero que se calcula sobre su valor catastral en el momento de la venta sin posibilidad de correcciones.

Es más, en nuestra opinión el propio Constitucional en su sentencia de 1 de marzo de 2017 va un poco más allá al referirse no solo a las situaciones de pérdida económica, sino que parece incluir un consejo general en el fundamento de derecho 3 al decir que aunque el nacimiento de la obligación tributaria dependa de la transmisión de un terreno, ello puede ser condición necesaria pero no suficiente para configurar un impuesto cuyo objeto es el “incremento de valor” de un terreno. De esta forma, continúa, a la transmisión hay que añadir la necesaria materialización de un incremento de valor del terreno, exponente de una capacidad económica real o, por lo menos, potencial.

En definitiva, esperamos que el Gobierno aproveche la situación para que la plusvalía municipal sea más racional: que cada cual pague efectivamente por el mayor valor del suelo de su inmueble, pero que nadie pague cuando haya perdido valor y que no pague lo mismo sea cual sea el incremento de ese valor.

En este sentido, la comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso ha aprobado una iniciativa en la que se pide una reforma global del impuesto en la que se tengan en cuenta fórmulas que reflejen más fielmente el verdadero incremento de valor de los terrenos, teniendo en cuenta indicadores que reflejen la evolución real del valor de los terrenos.

Mientras tanto, conviene revisar los pagos recientes a los ayuntamientos por el impuesto de plusvalía y comprobar si en el caso concreto hubo aumento en el valor del suelo o pérdida económica, siendo posible impugnar la autoliquidación o presentar solicitud de devolución de ingresos indebidos, dentro del plazo de prescripción de cuatro años de la Ley General Tributaria.

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ATA defiende la figura del autónomo jubilado para luchar contra la economía sumergida

Fuente: ELECONOMISTA.ES

En España se debería seguir permitiendo la existencia de los autónomos jubilados para luchar contra la economía sumergida, según el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor.

“Si queremos seguir manteniendo las pensiones a los autónomos, tenemos que facilitar que la gente que quiera trabajar más allá de la edad de jubilación no esté dentro de la economía sumergida”, dijo Amor durante el desayuno informativo ‘Reforma fiscal y de cotizaciones sociales en el trabajo autónomo’, organizado junto a la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie).
El problema de la morosidad

Por otro lado, destacó la “morosidad” como uno de los mayores “lastres” para el colectivo, ya que “mientras no haya un régimen sancionador y la morosidad en España siga siendo gratis”, los perjudicados seguirán siendo los autónomos.

“En España hay una gran bolsa de economía sumergida y fraude. Se podría regularizar si se facilitan mecanismos para que así la economía aflore, por lo que seguimos defendiendo que tendría que haber para las familias deducciones fiscales por gastos como en sanidad, educación, reparaciones en el hogar…o mecanismo como la tarifa plana de 50 euros”, agregó.

Otro de los apartados que merece un “profundo debate”, según el propio Amor, es la cotización a tiempo parcial del autónomo. “No se puede generalizar en el mundo de los autónomos, ya que vivimos en un mundo en que es más importante la facturación que el tiempo de trabajo. Es muy complicado tener un control, aunque estoy de acuerdo en que hay que regularlo en ciertas actividades”, subrayó.
Baja maternal

Por otro lado, explicó que han solicitado que en la nueva ley urgente de autónomos, que se prevé que sea aprobada en junio, se bonifiquen al 100% las cotizaciones sociales de las autónomas durante las 16 semanas de baja maternal.

Finalmente, señaló que trabajadores tipo como los de la compañía de transporte privado Uber “no deben ser autónomos, sino asalariados”, abogando por la necesidad de “definir qué es la economía colaborativa” y que se aclare todo lo que sea necesario sobre la legalidad de estas actividades.

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Hacienda limitará este año a 1.000 euros los pagos en efectivo

Fuente: ELPERIODICOMEDITERRANEO.COM

Hacienda pretende reducir este año de los 2.500 euros actuales a 1.000 euros el límite para efectuar pagos en efectivo. La medida,que inicialmente debía haberse aprobado el año pasado, se incorporará en un anteproyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal que esta “en fase de preparación”, según elprograma nacional de reformas remitido por el Gobierno a Bruselas, junto con la actualización del programa de estabilidad 2017-2020.

España introdujo la limitación de 2.500 euros con la ley antifraude que el anterior Ejecutivo del PP aprobó en el 2012, tras la amnistía fiscal que se llevó a cabo en ese ejercicio. Esta reducción “en línea con el límite establecido en países de nuestro entorno”, según el documento.

Además de España, hay otros países de la Unión Europea (UE) que cuentan con límites en los pagos en efectivo. En Francia, el umbral de 3.000 euros se redujo a 1.000, mientras que en Italia se subió de 1.000 a 3.000 euros. Alemania, donde no existe ninguna limitación por ahora, estudian situarla en 5.000 euros. La Comisión Europea ha iniciado los pasos para ver la posibilidad de establecer restricciones a nivel comunitario.

El Gobierno, en el mismo documento, también prevé ingresar 150 millones, con algunos cambios en la lista de morosos a Hacienda. Uno de ellos será regular la posibilidad de no incluir en estos listados “a aquellos obligados tributarios que finalmente efectúen el pago, incluso tras comunicarles la propuesta de inclusión. También se modificará la ley general tributaria para incluir en la lista de deudores a os responsables solidarios y subsidiarios de las cantidades adeudadas y no pagadas”.

PRIORIDAD

El texto destaca recoge que la lucha contra el fraude y la evasión fiscal “seguirá siendo prioritaria para el Gobierno”, para lo que afirma que se intensificarán las actuaciones a nivel nacional, destacando el aumento del control de las grandes fortunas, lalucha contra la economía sumergida y las actuaciones contra la elusión fiscal de las multinacionales.

En la esfera internacional prevé seguir desempeñando un “papel activo” en las distintas iniciativas dirigidas a combatir el fraude y la evasión fiscal.

Según el Gobierno, este año los ingresos por lucha contra el fraude continuarán incrementándose al mismo ritmo que en ejercicios pasados, impulsados por la entrada en vigor de nuevas medidas con la reforma de la ley general tributaria aprobada a finales del 2015 y los nuevos sistemas de intercambio y suministro de información.

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