Blog de Asesoría Duart Ferrís. Asesoría de empresas en Benifaió (Valencia)

¿Por qué es una mala idea rescatar el plan de pensiones en 10 años?

Fuente: http://www.expansion.com/ahorro/pensiones/2018/02/24/5a90393f468aeb96218b4616.html

Es un plazo muy corto para exprimir la fiscalidad y el potencial de ganancias.

A partir de 2025, los titulares de planes de pensiones podrán retirar las aportaciones y los rendimientos generados con más de 10 años de antigüedad. Un plazo que empieza a correr también para las aportaciones posteriores o para las que se realizan a partir de ahora.

¿Se trata de un incentivo para los ahorradores o una medida que pervierte el espíritu de estos productos, que no es otro que complementar la pensión de jubilación? ¿Es las dos cosas a la vez?

Los expertos creen que la ventana de liquidez que abre el Gobierno puede inducir a error a los ahorradores que se estén planteando suscribir un plan para aprovechar sus ventajas fiscales, rescatar a los 10 años y utilizar el ahorro acumulado para otros fines.

Y señalan dos razones fundamentales. La primera que el plazo de 10 años es muy pequeño para sacar todo el partido posible al interés compuesto. La segunda es que la a priori fiscalidad ventajosa de los planes de pensiones se puede volver en contra del titular de un plan si rescata su ahorro en un plazo tan corto. Estas son las claves para no incurrir en errores de bulto.

-Interés compuesto. El gran leit motiv de un plan de pensiones es generar el mayor volumen posible de ganancias de cara a la jubilación. Para ello, es necesario empezar a aportar pronto y durante el mayor tiempo posible. La clave está en el interés compuesto. Es decir, en el potencial para ir sumando ganancias cuando añadimos al dinero que ya teníamos las plusvalías generadas y no materializadas porque mantenemos todo nuestro dinero en un producto.

Una permanencia de solo 10 años en un plan de pensiones limita mucho este potencial. “Es muy poco tiempo para aprovechar el interés compuesto, porque es a partir de la franja comprendida entre los 10 y los 12 años cuando se han generado los intereses suficientes para que empiece a crecer la bola de nieve”, explica José Trecet.

El analista de Finect especializado en fiscalidad recomienda a quienes quieren ahorrar y recuperar su inversión en 10 años “invertir en fondos de inversión. También permiten diferir la fiscalidad, pero a diferencia de los planes de pensiones sólo tributan por las plusvalías. Siempre sabemos lo que hay que pagar”.

-Impacto fiscal. El análisis del impacto fiscal es clave a la hora de decidir cuándo se retiran las aportaciones. Los expertos creen que contratar un plan de pensiones con el único objetivo de rebajar la factura fiscal por la vía de la reducción de la base imponible (la menor cifra entre un límite de aportaciones de 8.000 euros anuales y el 30% de los rendimientos netos del trabajo) para luego recuperar las aportaciones en 10 años puede ser un error. “No tiene sentido, es pan para hoy y hambre para mañana. Fiscalmente, la operación puede penalizar al titular de un plan”, asegura Carlos Herrera, administrador de Globalbrok y miembro de EFPA España.

La razón es que tanto las aportaciones como las plusvalías generadas son consideradas por Hacienda como un rendimiento del trabajo y no del ahorro. Por lo tanto, tributan al tipo marginal del impuesto sobre la renta, que crece a medida que aumentan los ingresos y va desde el mínimo del 19% hasta el máximo del 45%.

Por lo tanto, desde el punto de vista fiscal puede ser peor rescatar el plan cuando aún se está trabajando. Y la factura será más alta a medida que crece el salario a lo largo de la vida laboral.

Un partícipe de un fondo de pensiones que gana 30.000 euros tributará un 30% por el rescate anticipado. Pero quien gane 60.000 ó más deberá devolver el 45% del importe recuperado.

La vertiente fiscal es decisiva. Por ejemplo, los expertos no recomiendan rescatar el plan el mismo año de la jubilación. La razón es el que el salario casi siempre suele ser más elevado que la pensión (el máximo que se puede cobrar en España por una pensión pública es de poco más de 36.000 euros), por lo que la tributación es más alta.

Si quiere saber cuándo sería mejor invertir en un plan de pensiones para desgravarse, pinche aquí.

Por lo tanto, salir a los 10 años no sólo reduce el potencial de rentabilidad de las aportaciones. También impide a los titulares exprimir el atractivo fiscal, ya que el plan se puede mantener vivo incluso después de la jubilación (y por lo tanto se puede seguir reduciendo la base imponible) siempre que no se haga uso del ahorro acumulado. Es decir, que no se rescate.

-Liquidez. Con las nuevas reglas del juego, el Gobierno permitirá retirar cualquier aportación cuando transcurran diez años desde la misma. Los expertos creen que los titulares de planes deben valorar esta opción sólo en caso de extrema necesidad. Pero al mismo tiempo recuerdan que para estos casos ya había excepciones, como las enfermedades graves o los periodos prolongados de desempleo.

Carlos Herrera cree que la iniciativa del Gobierno es una jugada “de márketing, oportunista. Lo que hay que hacer es concienciar a la sociedad española de que hay que ahorrar para la jubilación. Y también introducir medidas fiscales de fomento de los planes, porque ahora sólo los utilizan quienes tienen un alto poder adquisitivo para diferir la tributación”.

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Subvención

Estimado cliente:

Le adjunto la subvención de fomento de empleo diversidad funcional que pueden ser de su interés

subvenciones

le saluda atentamente,

Rosa Garcia
Departamento laboral.

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CIRCULAR COMERÇ INNOVA

Estimado cliente:

Le recordamos que en nuestro despacho tiene a su disposición la información actualizada sobre ayudas y subvenciones anuales que ofrecen los Organismos Oficiales: Locales, Autonómicos, Nacionales y Europeos.

Destacamos la reciente publicación de ayudas, a través de la Resolución del 26 de enero por parte de la CONSELLERIA D´ECONOMIA, al sector comercio mediante la convocatoria anticipada de AYUDAS EN MATERIA DE COMERCIO, CONSUMO Y ARTESANIA para el ejercicio 2018.

El final de la convocatoria de esta línea de subvención finaliza el próximo día 15 de Febrero.

Para más información, os adjuntamos la circular que hemos elaborado.

CIRCULAR SUBVENCION COMERCIO INNOVA

Un saludo,

Javier Soriano
Departamento Subvenciones.

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Sanción para un registrador por desoír repetidamente a Hacienda

Fuente: CINCODIAS.COM

Una resolución del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares ha confirmado la sanción de 10.000 euros impuesta a un registrador de la propiedad que se negó hasta en tres ocasiones a facilitar a la Agencia Tributaria la información que se le solicitaba sobre un inmueble para llevar a cabo una investigación fiscal [pincha aquí para ver la sentencia].

El motivo de tan cuantiosa multa fue la actuación “rebelde” del registrador al negar hasta en tres ocasiones la información registral que la Agencia Tributaria le solicitó mediante requerimiento.

En efecto, la Inspección envió hasta tres peticiones al registrador sancionado interesando la remisión de toda la información documental del historial de la finca en cuestión. En dichas solicitudes se le instaba para que enviara “copia de todos los asientos registrales” del inmueble, información necesaria, según se explicitaba, para la investigación tributaria en marcha.

Sin embargo, el registrador titular contestó a cada requerimiento enviando, una vez tras otra, la “nota simple” del inmueble, lo que resultaba inútil para los fines pretendidos porque en ella solo se referencia la titularidad vigente de la finca. Finalmente, el registrador envió un escrito a la Inspección excusando su actuación en el riguroso cumplimiento formal de la Ley Hipotecaria. Según el titular del registro, la Agencia Tributaria debió pedir expresamente una “certificación literal” o un “certificado histórico”, y no una “copia de los asientos registrales”. Las fotocopias, alegaba en su escrito, no son una forma válida para expedir la información que se solicitaba, e, incluso, de haber accedido a esta petición no formal, indicaba, podría haber incurrido en una ilegalidad sancionable por la Agencia Española de Protección de Datos.

La autoridad administrativa entendió, sin embargo, que la actuación del registrador constituía una infracción al concurrir resistencia y obstrucción a la actuación inspectora, imponiéndole la citada multa. Una sanción que confirma ahora el tribunal al entender que el registrador contumaz era plenamente consciente del contenido que se le pedía, ya que, en realidad, tampoco se le solicitó expresamente una nota simple y no tuvo problema en enviarla.

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Hacienda pone el foco en el bitcoin: investigará la incidencia de monederos virtuales y transferencias instantáneas

Fuente: ELECONOMISTA.ES

La Agencia Tributaria (AEAT) impulsará este año una serie de medidas para luchar contra el fraude, entre ellas, ha aclarado que prestará especial atención a los nuevos servicios electrónicos, como los monederos virtuales.

Asimismo la lucha contra el fraude y el control del patrimonio exterior también se reforzará con dos nuevas fuentes de información para luchar contra el fraude -el Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA y los datos de cuentas financieras procedentes de decenas de jurisdicciones a través del proyecto CRS de la OCDE-, que facilitarán el control de actividades empresariales y profesionales ocultas, además de intensificar el control de los grandes deudores .

Así se desprende del Plan de Control Tributario 2018, cuyas directrices generales publica este martes el Ministerio de Hacienda en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y que pone de manifiesto cómo las dos nuevas fuentes de información (SII del IVA y los datos de cuentas financieras a través del proyecto CRS) serán a partir del presente año pilares esenciales en la lucha de la Agencia Tributaria contra el fraude.

Entre lo que más ha llamado la atención del nuevo plan es que Hacienda reconoce que vigilará el creciente uso de las criptomonedas y el fin al que se puedan destinar. Y es que el texto recoge que la investigación en internet y la obtención de información relacionada con los nuevos modelos de actividad económica seguirán siendo una prioridad para la Agencia Tributaria, con el fin de asegurar una tributación equitativa y para evitar prácticas discriminatorias en relación con las formas de trabajo tradicionales.

En este sentido, se prestará especial atención a los nuevos modelos de prestación de servicios y de distribución por vía electrónica, se adaptarán los sistemas de información teniendo en cuenta el crecimiento de sistemas de pago como los monederos electrónicos y las transferencias instantáneas y se mantendrá el control sobre fabricantes y prestadores de servicios online.

A todo esto se suman otros controles que la AEAT tradicionalmente viene considerando prioritarios, en ámbitos como las tramas de IVA e hidrocarburos, la división artificial de la actividad, o la utilización de testaferros y empresas fantasma.

“Mayor dificultad” para ocultar información

Asimismo, según el nuevo Plan de Control Tributario, la utilización de la información procedente del SII y el CRS, así como la consolidación de otras fuentes incorporadas en los últimos años, llevan al desarrollo de una estrategia integral que permite dar un “importante impulso” en la explotación de la información mediante un uso intensivo de tecnologías de análisis de datos.

Así, la suma de esta tecnología y de las nuevas fuentes de información abre un escenario de “mayor dificultad” para la ocultación y de más facilidad para la detección de conductas defraudatorias, de forma que la estrategia del control tributario de la AEAT se dirige hacia una mejora del cumplimiento voluntario de los contribuyentes y un ensanchamiento y consolidación de sus bases imponibles declaradas.

Rentas y bienes ocultos en el exterior

En concreto, la información del CRS resultará de especial utilidad para la detección de rentas y bienes ocultos en el extranjero por parte de grandes patrimonios, ámbito de control en el cual ya se han iniciado inspecciones vinculadas con la nueva herramienta informática de selección de contribuyentes creada el pasado año para analizar el valor del patrimonio real de personas físicas titulares de patrimonios significativos y para mejorar la definición de sus riesgos fiscales asociados.

No obstante, a pesar de las inspecciones, a lo largo de 2018 se reforzará el control a partir de más de medio centenar de riesgos fiscales predefinidos mediante la nueva herramienta de selección y enfocados a supuestos que presenten importantes rasgos de opacidad o deslocalización.

Asimismo, la actividad investigadora seguirá resultando esencial para la detección de rentas y patrimonios ocultos en paraísos fiscales o territorios con restricciones en el intercambio de información, y para la localización de bienes y derechos en España en supuestos de simulación de residencia fiscal en el extranjero.

Control de actividades empresariales y profesionales ocultas

A su vez, la implantación del SII facilitará el control de actividades empresariales y profesionales total o parcialmente ocultas, sumando este potencial de información permanente sobre transacciones comerciales a dinámicas y estrategias de control ya habituales en el ámbito de la lucha contra la economía sumergida, como las operaciones coordinadas de entrada y registro con unidades de auditoría informática, o la detección de signos externos de riqueza.

El primer intercambio de la información sobre las magnitudes esenciales de actividad a nivel mundial de los grupos multinacionales, a través del denominado ‘Informe País por País’ (CBC), previsto para a partir del próximo mes de junio, permitirá optimizar los análisis de riesgos de estos grandes grupos al objeto de detectar, regularizar y reconducir prácticas de elusión fiscal.

La AEAT seguirá corrigiendo las prácticas elusivas de las multinacionales de acuerdo con las áreas de riesgo BEPS (Erosión de Bases y Traslado de Beneficios) de la OCDE en materias tales como la utilización abusiva de las políticas de precios de transferencia (intragrupo) o las estructuras de planificación fiscal agresiva, y se potenciará la detección y regularización de establecimientos permanentes pertenecientes a entidades no residentes que cuentan con estructuras operativas instrumentales en España.

Control de los grandes deudores

En el área de Recaudación, la AEAT definirá sus actuaciones buscando el efecto inducido de la gestión recaudatoria ejecutiva, al objeto de incidir en el cumplimiento espontáneo de los contribuyentes. Además, en 2018 será una actuación prioritaria de la AEAT el control sistemático de los grandes deudores, así como una exhaustiva y permanente investigación de sus patrimonios.

También se pretende impulsar la utilización de la información que proporciona el SII, dado que su inmediatez permite mejorar tanto la eficacia de los embargos como su control a posteriori, según figura en las directrices generales del Plan de Control Tributario 2018.

Igualmente, el Área de Recaudación impulsará como años anteriores la adopción de medidas cautelares, derivaciones de responsabilidad e investigaciones patrimoniales para afianzar el cobro de las deudas tributarias, y se mantendrá un control permanente para seguir reduciendo la deuda pendiente, especialmente la deuda en fase de embargo

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El Supremo decidirá a quién se le devuelve la plusvalía municipal

Fuente: EXPANSION.COM

El Tribunal Supremo (TS) resolverá en los próximos meses las condiciones en las que los contribuyentes que han pagado la plusvalía municipal sin que les correspondiese, antes del día 15 de junio de 2017, podrán recuperar el dinero pagado, una vez que entre en vigor la normativa pactada entre el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), que establece esa fecha para el inicio de las devoluciones por los Ayuntamientos.

El TS ha emitido numerosos autos en los que admite recursos de casación de contribuyentes afectados y, últimamente, hasta siete presentados por ayuntamientos en torno a la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló la parte del articulado del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (TRLHL), que regulaba el método para calcular la base imponible de la conocida popularmente como plusvalía municipal -el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU)-, .

Los municipios recurrentes argumentan que la anulación de todas las liquidaciones -con plusvalía y sin ella-, solicitada por los contribuyentes, como consecuencia de la anulación parcial del TRLHL, que de ser errónea esa interpretación produciría un grave daño al interés general, porque podría afectar a un gran número de situaciones,

Seguridad jurídica

Los autos, cuyos ponentes son los magistrados Frías Ponce y Garzón Herrero, se preguntan si es obligatoria, en todo caso, la anulación de las liquidaciones y el reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos en las solicitudes de rectificación de autoliquidaciones por el IIVTNU, sin entrar a valorar la existencia o no en cada caso de que haya existido o no un aumento real de capacidad económica, por razones de seguridad jurídica, de igualdad en la aplicación de la Ley y de respeto a la reserva de ley en materia tributaria. Así, lo han entendido diversos juzgados, que han elevado la cuestión al Alto Tribunal para que resuelva.

Ambos magistrados, en aras de la seguridad jurídica, determinan que es conveniente que el Tribunal Supremose pronuncie para que esclarezca la cuestión y determine si corresponde al Ayuntamiento la carga de la prueba de que se ha producido el incremento de valor del inmueble transmitido.

A este respecto, en los autos planteados por contribuyentes, se viene a concluir la necesidad de que el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo proceda a determinar si se produce o no el hecho imponible del IIVTNU cuando el interesado pueda acreditar la inexistencia de un aumento real del valor del terreno en la fecha de devengo del impuesto.

Garzón Herrero concluye, por ejemplo, en su auto de 30 de octubre de 2017, que ” los preceptos cuestionados deben ser declarados inconstitucionales, aunque solo en la medida en que no han previsto excluir del tributo las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor”.

Determinan ambos magistrados que el TC falla en la sentencia que la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 del TRLHL, pero únicamente en cuanto sometan a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor del inmueble.

Así, consideran que una vez expulsados del ordenamiento jurídico estos artículos la forma de determinar la existencia o no de un incremento que pueda ser sometido a tributación solo le corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa, a partir de la publicación de la sentencia del TC, llevando a cabo modificaciones en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento.

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